La comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental reunió del 19 al 23 de mayo a expertos de instituciones clave como ASF, FGR, INEGI, INAP y TFJA en la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental 2025. El evento evidenció que la contabilidad pública ha evolucionado más allá del registro técnico, consolidándose como una herramienta esencial para la transparencia, la justicia social y el desarrollo sostenible.
Uno de los ejes centrales fue el nuevo enfoque patrimonial en la contabilidad gubernamental, vigente desde el 1 de enero de 2025. Rosa María Cruz Lesbros, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, destacó que este cambio responde a la necesidad de conocer la situación financiera del sector público con objetividad y continuidad. Explicó que las nuevas reglas de registro y evaluación sustituyen los métodos anteriores por un modelo más claro y específico que abarca temas como bienes intangibles, pasivos, provisiones y contingencias. Subrayó la importancia del control físico de inventarios y concluyó: “La información debe mostrar lo que es”.
El enfoque social y de género también estuvo presente en la agenda. Claudia Sofía Corichi García, titular de Vinculación y Género en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abordó el tema de la brecha salarial como expresión de violencia económica estructural. “Aunque está regulado, aún hay mucho que hacer”, afirmó, proponiendo auditorías de brecha salarial, un Sistema Nacional de Cuidados y el impulso a la participación femenina en carreras STEM, como parte de una estrategia de justicia social y desarrollo económico sostenible.
En el panel “La contabilidad como elemento indispensable para la transparencia y rendición de cuentas”, expertos como Diego Carlos Nieto Sánchez, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Martín Pérez García, socio de Auditoria en Mazars Auditores; y José Juan Lazo Sarmiento, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) ha sido clave para armonizar los registros contables entre entes públicos. No obstante, señalaron que subsisten desafíos como la disparidad de criterios entre organismos, la escasez de personal capacitado y la necesidad de avanzar hacia la adopción de normas internacionales. “Con lo que se tiene hoy se está cumpliendo, pero no es totalmente transparente”, advirtió Pérez García.
Otro de los temas destacados fue el uso del lenguaje claro en la administración pública. Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), sostuvo que el lenguaje técnico y opaco puede ser una barrera para la ciudadanía e incluso una puerta para la corrupción. Propuso adoptar el enfoque de comunicación clara como herramienta para recuperar la confianza institucional, alineado con compromisos internacionales como el ODS 16.
Desde una óptica legal, Mauricio Reyna Rendón, abogado fiscalista, analizó los retos jurídicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente las contradicciones normativas y la necesidad de delimitar conceptos clave para evitar sanciones desproporcionadas. Llamó a una interpretación sólida y técnica que fortalezca el Estado de derecho y la lucha anticorrupción.
Por su parte, Claudia Laura Mancera Monroy, también integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, reafirmó el papel del estado de situación financiera como herramienta clave para la fiscalización. Subrayó que su elaboración debe apegarse a los principios contables vigentes, incluir notas explicativas y permitir su consulta en tiempo real para apoyar la toma de decisiones públicas.
El impacto de la tecnología fue abordado por Nicolás Domínguez García, asesor de la Fiscalía General de la República, quien señaló que la inteligencia artificial está transformando la contabilidad gubernamental al automatizar procesos y fortalecer el análisis de datos. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta barreras como la falta de regulación, infraestructura y capacitación. “La IA no sustituye al contador público, transforma su papel”, afirmó.
Por otro lado, Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del Sector Gubernamental en el IMCP, ofreció un balance general de la aplicación de la LGCG, resaltando avances importantes en algunas entidades federativas. Sin embargo, alertó sobre las brechas que persisten en los municipios, donde los bajos presupuestos y la carencia de personal técnico afectan el cumplimiento normativo. Llamó a modernizar los sistemas, profesionalizar a los servidores públicos y adoptar tecnologías como big data y minería de datos: “Ya no es un tema opcional, es sustancial para elevar la calidad de la información”.
En su turno, Alfredo Cristalinas Kaulitz, académico de la UNAM-FCA, ofreció una lectura desde el nuevo institucionalismo económico para entender los recientes cambios disruptivos en la administración pública federal. Enfatizó que “las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, los jugadores”, por lo que evaluaciones como la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial o la centralización de funciones deben hacerse con “criterio prudencial”, más allá del juicio político. Afirmó que el verdadero reto está en lograr una implementación organizacional eficaz que profesionalice y legitime socialmente dichas reformas, pues “el diseño puede ser magnífico, pero sin ejecución adecuada, el objetivo se diluye”.
El vicepresidente del Sector Gubernamental en el IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó la utilidad del estado de flujo de fondos como herramienta clave para la toma de decisiones financieras en el sector público. Subrayó que, a diferencia del estado de actividades —que refleja lo contable devengado—, el flujo de fondos muestra el dinero realmente disponible, alertando que aún hay entidades que ignoran este reporte obligatorio. “El estado de actividades no es dinero. Mucha gente se quiere gastar los 1,600 cuando ese dinero no existe”, advirtió con claridad.
Con una exposición crítica, Rogelio Santillán Buelna, fundador de Embajada Gubernamental, evaluó los 15 años de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, afirmando que su enfoque es más de gestión que puramente contable. Señaló un incumplimiento generalizado y prácticas preocupantes como la simulación y la imposición de un quinto estado financiero sin sustento técnico. Llamó al gremio contable a recuperar su papel central: “La transparencia inicia con las cuentas, y las cuentas vienen de la contabilidad”.
Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Emisor del CINIF, abordó la urgencia de integrar criterios de sostenibilidad en la contabilidad pública. Explicó que ya existen avances normativos a nivel internacional —como el proyecto del International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) para reportar riesgos climáticos— y nacional, con las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Subrayó que “la sostenibilidad es impostergable” y debe considerarse tanto por sus implicaciones éticas como por sus efectos en la percepción financiera de las entidades.
Benjamín Reyes Torres, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y María de Lourdes Chávez, responsable del departamento de Estrategias de Integridad en el INEGI, reflexionaron sobre los códigos de ética en el sector público, señalando que “actuar con ética no es una opción, es una obligación”. Compartieron la experiencia del INEGI como un ejemplo de institucionalización de la ética, con acciones como un decálogo de conducta, campañas internas y capacitación continua. Chávez puntualizó: “Si tratáramos a todas las personas con respeto, evitaríamos muchas denuncias”.
Luis Armando Carranza Camarena y Adrián Cruz Pérez, del INAP, recordaron que la cuenta pública es el documento por excelencia de rendición de cuentas. Aunque cumple su función técnica, señalaron el reto de traducirla a formatos comprensibles para la ciudadanía. “El ciudadano de a pie debe entenderla para ejercer su derecho al control social”, afirmaron.
El magistrado en la Sala Regional Noroeste II en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sonora, Marco Antonio Escobar Cuapio, presentó un criterio jurisprudencial relevante que declara ilegal la exigencia de “integraciones especiales” no previstas por ley. Subrayó que “las cuestiones técnicas contables no pueden imponerse desde lo tributario” y que las facultades de comprobación del SAT deben respetar el principio de legalidad y la especificidad del contexto contable.
Finalmente, para cerrar las actividades del evento, en el panel sobre sanciones a servidores públicos, se discutieron casos reales de abuso de funciones, omisiones técnicas y acoso laboral. Javier Vargas Zempoaltecatl, titular en la Contraloría del Estado de México; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Estado de México; Graciela Josefina Cámara Guerrero, presidenta de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; y Gricelda Sánchez Carranza, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en la importancia del acompañamiento jurídico, la capacitación y la individualización de sanciones. “La labor preventiva de las contralorías puede evitar sanciones”, afirmó Vargas, mientras que Gándara subrayó que “el dolo y la reincidencia deben ser elementos clave al calificar la gravedad de las faltas”.
Eventos recientes
En el marco de la conferencia mensual de abril organizada por el Colegio, se llevó a cabo el foro Parques industriales, impulso de cadenas de valor, en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), el pasado 9 de abril. La sesión fue impartida por Claudia Esteves Cano, directora general de la AMPIP, y moderada por Miguel Ángel Tavares Sánchez, asesor del Comité Ejecutivo.Durante su intervención, Esteves Cano explicó la evolución de la manufactura global y el papel estratégico que ha adquirido México en las cadenas de valor. En ese sentido, comentó que la AMPIP, fundada en 1986 tras la apertura comercial del país, agrupa actualmente al 95% de los desarrolladores industriales, con presencia en todo el territorio nacional.Asimismo, señaló que México ha logrado consolidarse como un destino clave para la manufactura, gracias a su cercanía con Estados Unidos, su experiencia exportadora y la creciente integración de sus cadenas productivas. Al respecto, destacó que el país cuenta con 477 parques industriales clase A en operación, que suman alrededor de 85 millones de metros cuadrados, superando incluso la oferta total del resto de América Latina.En cuanto a la distribución regional, indicó que el desarrollo industrial responde a distintas vocaciones: el norte del país se enfoca en la exportación, el Bajío en manufactura avanzada, particularmente en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico, mientras que el centro ha fortalecido su papel logístico, impulsado por el auge del comercio electrónico tras la pandemia.Por otro lado, abordó el impacto del fenómeno de nearshoring. En ese contexto, explicó que factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia y diversos conflictos internacionales han detonado una demanda sin precedentes de espacios industriales en México. Como resultado, precisó que la absorción neta anual pasó de 2 a 5 millones de metros cuadrados entre 2021 y 2024, mientras que la disponibilidad se redujo del 6% al 2%.Derivado de esta presión, agregó, se han registrado incrementos significativos en los precios de renta, así como una aceleración en el desarrollo de nuevos parques. Actualmente, detalló, existen 103 proyectos en construcción que añadirán entre 7 y 8 millones de metros cuadrados adicionales.En ese mismo sentido, mencionó que, como parte del denominado Plan México, la AMPIP se comprometió a desarrollar 100 parques industriales durante el sexenio. A la fecha, puntualizó, ya se han entregado 20 de estos proyectos, con una inversión de 711 millones de dólares y la instalación de 245 empresas.No obstante, advirtió que el crecimiento del sector enfrenta importantes retos estructurales. En particular, subrayó las limitaciones en infraestructura energética, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, lo que podría restringir el desarrollo de nuevos proyectos industriales de gran escala.Aun así, destacó la resiliencia del sector. En ese sentido, comentó que, pese a un entorno complejo en materia regulatoria, fiscal y financiera, los desarrolladores han mantenido un fuerte dinamismo. También señaló que enfrentan desafíos como la falta de incentivos fiscales, restricciones al financiamiento y altos costos en infraestructura, llegando incluso a realizar inversiones que posteriormente son transferidas al Estado.Respecto a la inversión, indicó que, aunque cerca del 90% de los desarrolladores son de capital mexicano, la participación extranjera sigue siendo relevante por su escala. En términos generales, explicó, la inversión en el sector se distribuye aproximadamente en un 70–75% nacional y un 25–30% internacional.Por otra parte, destacó la evolución de los parques industriales hacia modelos de “nueva generación”. En ese contexto, explicó que estos desarrollos incorporan tecnología, criterios de sostenibilidad y mejores condiciones para los trabajadores. Asimismo, señaló que la composición de las empresas también ha cambiado, ya que actualmente alrededor del 36% de las compañías instaladas en parques industriales son mexicanas.Finalmente, subrayó que la toma de decisiones para la instalación de empresas o el desarrollo de nuevos parques responde a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura, como energía, agua y conectividad, así como la logística, los costos, la seguridad y la sostenibilidad.En este contexto, también hizo una distinción entre los parques industriales formales, con administración centralizada y estándares definidos y las zonas industriales tradicionales, muchas de las cuales, señaló, han quedado rezagadas o han sido absorbidas por la expansión urbana.A manera de conclusión, enfatizó que el principal reto hacia adelante será modernizar la infraestructura nacional, atender los rezagos existentes y mantener la competitividad de México como un actor estratégico en la manufactura global.
En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
