La comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental reunió del 19 al 23 de mayo a expertos de instituciones clave como ASF, FGR, INEGI, INAP y TFJA en la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental 2025. El evento evidenció que la contabilidad pública ha evolucionado más allá del registro técnico, consolidándose como una herramienta esencial para la transparencia, la justicia social y el desarrollo sostenible.
Uno de los ejes centrales fue el nuevo enfoque patrimonial en la contabilidad gubernamental, vigente desde el 1 de enero de 2025. Rosa María Cruz Lesbros, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, destacó que este cambio responde a la necesidad de conocer la situación financiera del sector público con objetividad y continuidad. Explicó que las nuevas reglas de registro y evaluación sustituyen los métodos anteriores por un modelo más claro y específico que abarca temas como bienes intangibles, pasivos, provisiones y contingencias. Subrayó la importancia del control físico de inventarios y concluyó: “La información debe mostrar lo que es”.
El enfoque social y de género también estuvo presente en la agenda. Claudia Sofía Corichi García, titular de Vinculación y Género en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abordó el tema de la brecha salarial como expresión de violencia económica estructural. “Aunque está regulado, aún hay mucho que hacer”, afirmó, proponiendo auditorías de brecha salarial, un Sistema Nacional de Cuidados y el impulso a la participación femenina en carreras STEM, como parte de una estrategia de justicia social y desarrollo económico sostenible.
En el panel “La contabilidad como elemento indispensable para la transparencia y rendición de cuentas”, expertos como Diego Carlos Nieto Sánchez, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Martín Pérez García, socio de Auditoria en Mazars Auditores; y José Juan Lazo Sarmiento, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) ha sido clave para armonizar los registros contables entre entes públicos. No obstante, señalaron que subsisten desafíos como la disparidad de criterios entre organismos, la escasez de personal capacitado y la necesidad de avanzar hacia la adopción de normas internacionales. “Con lo que se tiene hoy se está cumpliendo, pero no es totalmente transparente”, advirtió Pérez García.
Otro de los temas destacados fue el uso del lenguaje claro en la administración pública. Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), sostuvo que el lenguaje técnico y opaco puede ser una barrera para la ciudadanía e incluso una puerta para la corrupción. Propuso adoptar el enfoque de comunicación clara como herramienta para recuperar la confianza institucional, alineado con compromisos internacionales como el ODS 16.
Desde una óptica legal, Mauricio Reyna Rendón, abogado fiscalista, analizó los retos jurídicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente las contradicciones normativas y la necesidad de delimitar conceptos clave para evitar sanciones desproporcionadas. Llamó a una interpretación sólida y técnica que fortalezca el Estado de derecho y la lucha anticorrupción.
Por su parte, Claudia Laura Mancera Monroy, también integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, reafirmó el papel del estado de situación financiera como herramienta clave para la fiscalización. Subrayó que su elaboración debe apegarse a los principios contables vigentes, incluir notas explicativas y permitir su consulta en tiempo real para apoyar la toma de decisiones públicas.
El impacto de la tecnología fue abordado por Nicolás Domínguez García, asesor de la Fiscalía General de la República, quien señaló que la inteligencia artificial está transformando la contabilidad gubernamental al automatizar procesos y fortalecer el análisis de datos. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta barreras como la falta de regulación, infraestructura y capacitación. “La IA no sustituye al contador público, transforma su papel”, afirmó.
Por otro lado, Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del Sector Gubernamental en el IMCP, ofreció un balance general de la aplicación de la LGCG, resaltando avances importantes en algunas entidades federativas. Sin embargo, alertó sobre las brechas que persisten en los municipios, donde los bajos presupuestos y la carencia de personal técnico afectan el cumplimiento normativo. Llamó a modernizar los sistemas, profesionalizar a los servidores públicos y adoptar tecnologías como big data y minería de datos: “Ya no es un tema opcional, es sustancial para elevar la calidad de la información”.
En su turno, Alfredo Cristalinas Kaulitz, académico de la UNAM-FCA, ofreció una lectura desde el nuevo institucionalismo económico para entender los recientes cambios disruptivos en la administración pública federal. Enfatizó que “las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, los jugadores”, por lo que evaluaciones como la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial o la centralización de funciones deben hacerse con “criterio prudencial”, más allá del juicio político. Afirmó que el verdadero reto está en lograr una implementación organizacional eficaz que profesionalice y legitime socialmente dichas reformas, pues “el diseño puede ser magnífico, pero sin ejecución adecuada, el objetivo se diluye”.
El vicepresidente del Sector Gubernamental en el IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó la utilidad del estado de flujo de fondos como herramienta clave para la toma de decisiones financieras en el sector público. Subrayó que, a diferencia del estado de actividades —que refleja lo contable devengado—, el flujo de fondos muestra el dinero realmente disponible, alertando que aún hay entidades que ignoran este reporte obligatorio. “El estado de actividades no es dinero. Mucha gente se quiere gastar los 1,600 cuando ese dinero no existe”, advirtió con claridad.
Con una exposición crítica, Rogelio Santillán Buelna, fundador de Embajada Gubernamental, evaluó los 15 años de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, afirmando que su enfoque es más de gestión que puramente contable. Señaló un incumplimiento generalizado y prácticas preocupantes como la simulación y la imposición de un quinto estado financiero sin sustento técnico. Llamó al gremio contable a recuperar su papel central: “La transparencia inicia con las cuentas, y las cuentas vienen de la contabilidad”.
Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Emisor del CINIF, abordó la urgencia de integrar criterios de sostenibilidad en la contabilidad pública. Explicó que ya existen avances normativos a nivel internacional —como el proyecto del International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) para reportar riesgos climáticos— y nacional, con las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Subrayó que “la sostenibilidad es impostergable” y debe considerarse tanto por sus implicaciones éticas como por sus efectos en la percepción financiera de las entidades.
Benjamín Reyes Torres, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y María de Lourdes Chávez, responsable del departamento de Estrategias de Integridad en el INEGI, reflexionaron sobre los códigos de ética en el sector público, señalando que “actuar con ética no es una opción, es una obligación”. Compartieron la experiencia del INEGI como un ejemplo de institucionalización de la ética, con acciones como un decálogo de conducta, campañas internas y capacitación continua. Chávez puntualizó: “Si tratáramos a todas las personas con respeto, evitaríamos muchas denuncias”.
Luis Armando Carranza Camarena y Adrián Cruz Pérez, del INAP, recordaron que la cuenta pública es el documento por excelencia de rendición de cuentas. Aunque cumple su función técnica, señalaron el reto de traducirla a formatos comprensibles para la ciudadanía. “El ciudadano de a pie debe entenderla para ejercer su derecho al control social”, afirmaron.
El magistrado en la Sala Regional Noroeste II en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sonora, Marco Antonio Escobar Cuapio, presentó un criterio jurisprudencial relevante que declara ilegal la exigencia de “integraciones especiales” no previstas por ley. Subrayó que “las cuestiones técnicas contables no pueden imponerse desde lo tributario” y que las facultades de comprobación del SAT deben respetar el principio de legalidad y la especificidad del contexto contable.
Finalmente, para cerrar las actividades del evento, en el panel sobre sanciones a servidores públicos, se discutieron casos reales de abuso de funciones, omisiones técnicas y acoso laboral. Javier Vargas Zempoaltecatl, titular en la Contraloría del Estado de México; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Estado de México; Graciela Josefina Cámara Guerrero, presidenta de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; y Gricelda Sánchez Carranza, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en la importancia del acompañamiento jurídico, la capacitación y la individualización de sanciones. “La labor preventiva de las contralorías puede evitar sanciones”, afirmó Vargas, mientras que Gándara subrayó que “el dolo y la reincidencia deben ser elementos clave al calificar la gravedad de las faltas”.
Eventos recientes
La comisión de Sostenibilidad del Colegio organizó el foro Control Interno ASG: del reporteo al aseguramiento, espacio enfocado en los cambios que están redefiniendo la forma en que las organizaciones reportan y gestionan su información ambiental, social y de gobernanza (ASG).Durante la sesión, realizada el 28 de abril, Diana Sánchez García, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso y Carlos Carrillo Contreras compartieron sus perspectivas sobre este proceso de transformación. A pesar de abordar el tema desde distintos ángulos, los tres especialistas coincidieron en un punto fundamental: la sostenibilidad se consolida como un elemento estratégico que requiere estructuras formales de control y mecanismos de aseguramiento que respalden la confiabilidad de la información.Diana Sánchez García abrió la jornada abordando la transformación de los reportes de sostenibilidad. Explicó que, durante años, las empresas divulgaron información bajo criterios propios, lo que generó inconsistencias, comparabilidad limitada y riesgos de manipulación. “Este contexto dio paso a la creación de normas estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, que buscan dotar de mayor transparencia y confiabilidad a los datos ASG”, comentó.En su intervención, destacó que a partir de 2026 la divulgación de información de sostenibilidad dejará de ser opcional, lo que incrementa la necesidad de contar con procesos sólidos de aseguramiento. En este sentido, subrayó el papel del control interno como un elemento esencial, apoyado en marcos como COSO, no como una carga burocrática, sino como un sistema que fortalece la gestión, previene errores y protege la confianza de los usuarios. Casos como el de Volkswagen ilustran las consecuencias de una débil trazabilidad en la información reportada. Asimismo, señaló que la presión por adoptar prácticas ASG no solo recae en grandes corporaciones, sino también en pequeñas y medianas empresas, impulsadas por cadenas de suministro y exigencias del sistema financiero.Por su parte, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso profundizó en la integración transversal del control interno en materia de sostenibilidad. Señaló que las organizaciones que ya operan bajo marcos robustos deben incorporar los temas ASG en todos sus procesos, desde la generación hasta la divulgación de información.Durante su exposición, presentó la nueva norma ISA 5000, que entrará en vigor en diciembre de 2026, y que regulará los encargos de aseguramiento sobre información de sostenibilidad. Esta norma permitirá emitir conclusiones tanto de aseguramiento limitado como razonable, dependiendo del alcance y profundidad de los procedimientos aplicados. También enfatizó que los profesionales encargados de estos trabajos deberán contar con experiencia comprobable y operar bajo estándares de calidad.Hidalgo Valdivieso detalló algunos de los principales retos que enfrentan las organizaciones, como la ausencia de controles adecuados, la falta de evidencia suficiente, criterios mal definidos o sesgos en la información. Para enfrentar estos desafíos, destacó la importancia de establecer condiciones previas, entre ellas procesos claros de identificación de información ASG, criterios accesibles y una gobernanza alineada al control interno.Finalmente, Carlos Carrillo Contreras abordó el papel de la tecnología en el ecosistema de sostenibilidad. Explicó que el ciclo de la información ASG, desde su captura hasta su aseguramiento, está siendo transformado por plataformas digitales que permiten mayor integración y trazabilidad. Sin embargo, advirtió que estas herramientas también implican retos, como costos elevados o dependencia de la calidad de los datos internos.Señaló que existen soluciones integrales y también herramientas especializadas para aspectos específicos, como la medición de emisiones de carbono, lo que puede generar fragmentación si no se gestiona adecuadamente. Asimismo, destacó el crecimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial y la incorporación de funcionalidades ASG en sistemas empresariales tradicionales. A pesar de ello, herramientas como Excel continúan siendo ampliamente utilizadas, especialmente por organizaciones pequeñas, aunque con riesgos importantes de error.Carrillo concluyó que más allá de la tecnología, el verdadero diferenciador radica en la calidad de los datos, el gobierno de la información y la solidez del control interno. En su visión, la adopción de criterios ASG no solo responde a exigencias regulatorias, sino que impulsa la institucionalización de las empresas, mejora su acceso a financiamiento y fortalece su credibilidad ante el mercado.
El 24 de abril se celebró en el Colegio una sesión de profunda actualización organizada por la comisión técnica de Contribuciones Locales bajo la coordinación de Jazmín Vera Montes de Oca, precedido por Ariel Morales García y José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada: Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC). Durante el espacio se dio análisis del Reglamento del Seguro Social (RSS) aplicable a los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado y a las complejidades del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), con el fin de promover medidas preventivas a los riesgos de fiscalización de este sector.Para comenzar, se destacó la importancia de la industria de la construcción a nivel nacional, ya que cuenta con 1.7 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que equivale al 7.5% del total nacional. Sin embargo, también es una industria con retos críticos, ya que se contabilizan más de 60 accidentes diarios en ella. Por ello es fundamental tener una apropiada gestión de riesgos y cumplimiento patronal.Los expositores dieron a conocer los marcos legales aplicables al sector, encabezado por el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (ROTIC) y el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social (LSS). Entre otros puntos, se comentó la importancia de la correcta identificación del patrón de una construcción, ya que propietarios de las obras, y constructores son sujetos a obligaciones; así los propietarios se convierten en patrones obligados que asumen una responsabilidad solidaria que debe ser acreditada fehacientemente. Con esta información preliminar se presentó el SIROC, una herramienta digital que sustituyó en 2017 al Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) y se ha convertido en un eje fundamental para el registro de obras públicas y privadas, con el fin de cumplir con las obligaciones de seguridad social de forma digital, eficiente y transparente. Durante la ponencia se dio un recorrido por el sistema digital y se brindaron detalles para poder reportar incidencias de manera apropiada que incluyen la suspensión o reanudación de las obras, su cancelación y los reportes bimestrales, obligación que determina el estatus de cumplimiento de la obra y coteja el avance financiero contra el avance real.Finalmente, como recomendación final, los ponentes señalaron a la importancia de complementar estos registros digitales con un expediente administrativo y contable robusto que incluya, entre otros elementos, contratos, planos arquitectónicos, análisis de mano de obra, nóminas, facturas de subcontratistas, registros ante el REPSE, etc. La preservación de este expediente es fundamental para esta industria que, según los expertos, demanda un control interno impecable que permita mitigar riesgos que puedan poner en peligro a los trabajadores, la fiscalización de la obra o deriven en visitas domiciliarias y multas.
La noche de este jueves 23 de abril, el Colegio celebró la ceremonia de clausura de sus diplomados, que reunió a egresados, docentes, familiares y autoridades académicas para reconocer la culminación de diversos programas especializados.La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la institución, Rosalía Ortega López; la directora ejecutiva, María Luisa Ramírez Hernández; y el presidente de la comisión Académica de Diplomados, Pedro Zugarramurdi Martiarena, quienes refrendaron el compromiso con la formación continua. Durante el evento, se subrayó que los egresados, además de adquirir conocimientos técnicos, fortalecieron sus competencias para el desarrollo profesional y el impacto en su entorno laboral.En voz de la contadora Ortega López, se reconoció el esfuerzo y la determinación de los más de 100 estudiantes que se dieron cita de manera presencial, así como de un grupo de egresados que se conectó de manera virtual. “El cierre de estos diplomados no solo representa la culminación de una etapa formativa, sino una herramienta clave que fortalecerá su trayectoria profesional, brindándoles mayores competencias y oportunidades en el ámbito laboral”.El momento central fue la entrega de diplomas, en la que se reconoció a quienes concluyeron programas como el de Preparación para el Examen Uniforme de Certificación (EUC), Normas de Información Financiera, Innovación Financiera, Blockchain e Inteligencia Artificial, así como diplomados en áreas como Reingeniería Integral de sueldos y salarios, Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero, Seguridad Social, entre otros.La celebración procedió con un mensaje a cargo de la docente y contadora Catalina Mejía Balcázar, quien dirigió palabras de cierre a los egresados. “Formar parte de este Colegio les brinda acceso a una red profesional sólida, capacitación continua y herramientas que impulsan su desarrollo y proyección en el ámbito contable”.Finalmente, la ceremonia concluyó en un ambiente de convivencia, donde estudiantes, docentes y familiares compartieron momentos memorables y disfrutaron de un cóctel tradicional, amenizado por un grupo musical.
