Este 23 de septiembre, el Colegio abrió sus puertas para presentar la octava edición del Foro fintech, encuentro en el que especialistas y profesionales de distintas áreas compartieron reflexiones, experiencias y discutieron sobre cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo las actividades organizacionales y, con ello, el rol del contador público y afines.
El foro dio inicio con la intervención de Alberto Ratia Mendoza, quien habló del ecosistema fintech desde la mirada del inversionista. Subrayó que hoy la diversificación es más accesible gracias a plataformas digitales que permiten invertir desde casa en instrumentos tan variados como Cetes, bonos, crowdfunding e, incluso, pymes. Aseguró que el sistema financiero mexicano atraviesa una transformación digital profunda, en la que las sucursales pierden terreno frente a los dispositivos inteligentes.
Seguido se presentó Jazmín García Juvenal y Mayra Espejel Rodríguez, quienes expusieron las tendencias regulatorias en torno a los activos digitales, en particular, sobre las stablecoins. Al respecto, compararon el enfoque que existe en Estados Unidos, donde los emisores son tratados como entidades financieras bajo supervisión de la Reserva Federal (Fed), con el marco europeo, el cual, bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), impone reglas estrictas de transparencia, capital y reservas.
Ambas especialistas destacaron que el mercado de estas monedas estables pasó a más de 160 mil millones de dólares en el periodo de 2014 a 2025.
El foro también abrió espacio para discutir sobre la función de la Inteligencia Artificial (IA). Carina Herrera Escalante y Rafael de Pina Lima cuestionaron si el uso de esta herramienta en las empresas debe verse como un gasto o como una inversión estratégica. Coincidieron en que su mayor valor radica en la interpretación de datos, la detección de anomalías y la experimentación constante, donde el contador público debe asumir un rol clave en la adopción de la IA.
Más adelante, Silvia Rosa Matus de la Cruz, junto con Edmundo Romero Lázaro y Aimée Cortés Méndez, pusieron sobre la mesa los retos en materia de prevención de lavado de dinero. Sobre ello, recalcaron con los asistentes presenciales y remotos la importancia que tienen los procedimientos como la integración de expedientes, el análisis de perfiles y la debida diligencia en relaciones con terceros. Matus de la Cruz fue enfática al señalar que la responsabilidad del contador no solo es legal y regulatoria, sino también ética y preventiva, con efectos directos en la confianza del mercado y en la lucha contra la delincuencia económica.
Para platicar sobre el ámbito legal, se contó con la ponencia de Adriana Jiménez Sandoval y Francisco Pinilla, quienes revisaron el estado de la Ley Fintech, promulgada en 2018. Señalaron que, mientras países como Reino Unido ya han avanzado hacia marcos específicos para la tokenización y las stablecoins, en México no existe aún un proyecto formal de reforma, lo que obliga al país a mirar hacia afuera y adaptarse hacia una Ley Fintech 2.0.
Por su parte, Carlos Francisco Pérez Mejía y Jorge Manlio Sentíes Medellín hablaron de los desafíos en el reconocimiento de intangibles en las fintech, mientras que Francisco Javier Sánchez Hernández y Juan Ramón Carcaño López apuntaron que México se acerca a la barrera de las 400 startups en el sector, lo que llevará a la CNBV a reforzar su vigilancia sobre auditorías externas y a atender riesgos como el robo de identidad y la integridad de las bases de datos.
Por su parte, Débora Carrizo, quien presentó su panel de forma digital, versó acerca de la tokenización de activos tangibles como el nuevo lenguaje financiero, y Jorge López Farjeat habló del emergente concepto del Internet del valor, capaz de transferir activos digitales con la misma velocidad y seguridad que hoy se comparte información en la red.
El cierre estuvo marcado por reflexiones sobre los pagos digitales y la ciberseguridad a cargo de Carlos Castillo Perera, fundador de Chipipay, y Ricardo Tapia, quienes advirtieron sobre el crecimiento de fraudes y hackeos en la era fintech.
Por último, Josué González Martínez, Daniel Salas Torres y Juan Carlos Santillán expusieron las consideraciones fiscales que persisten en torno a los activos digitales, especialmente en su tratamiento en ISR y en el ajuste anual por inflación de acuerdo con las leyes vigentes.
Eventos recientes
Del 22 al 25 de septiembre, el Colegio fue sede de la 21ª Semana de temas fiscales selectos, un espacio destinado a reforzar el conocimiento de los asistentes sobre tópicos fiscales clave en esa materia, y que fue coordinado por Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Ernesto Torres García, Marcial Agapito Cavazos Ortiz y Alejandro Javier Sánchez Calderón, representantes de la comisión técnica de Investigación Fiscal. La jornada contó con ocho ponencias a lo largo de cuatro días, donde contadores y abogados especialistas detallaron distintos temas de interés para profesionistas y contribuyentes interesados.El primer tema fue la Enajenación de acciones a personas morales, con la presentación de Elio Fernando Zurita Morales y Jorge León Manzanilla Cañizares, proceso que supone la transmisión de la propiedad de acciones y, por lo tanto, tiene implicaciones fiscales significativas. Así, durante la ponencia se detalló el proceso para calcular el monto original ajustado y su relevancia para determinar la utilidad o pérdida neta sobre la cual se aplicarán los impuestos correspondientes en la venta de las acciones. Además, se comentaron los costos fiscales derivados de la transferencia de estos activos por reestructuraciones de sociedades.En Esquemas reportables, Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón compartieron el concepto, marco legal y la importancia de ellos. Como complemento, se señalaron las diferencias entre esquemas generalizados y personalizados, junto con ejemplos que permitieran identificar sus características. Durante su ponencia, se reiteró el concepto de asesor fiscal, personas que, en el desarrollo de su profesión, se encargan de un esquema reportable, con lo que se detallaron sus responsabilidades y riesgos en el incumplimiento, así como las multas relacionadas a su ejercicio.El segundo día se presentó la ponencia de José Gerardo Alfaro Osorio y Manuel Torres García Villalobos, donde se detallaron los aspectos clave de las operaciones entre partes relacionadas que competen al apropiado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tras comentar el marco normativo contenido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) con relación a los precios de transferencia y los criterios que deben aplicarse para realizar ajustes a ellos, los ponentes señalaron la importancia de las declaraciones anuales de partes relacionadas contenidas en el plan de acción Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), ya que permiten contar con más información para las administraciones fiscales mediante un reporte escalonado que refleje consistencia en la organización a distintos niveles. En Acreditamiento de ISR pagado en el extranjero, Paola Irene Salvador López y Miguel Ángel Temblador Torres dieron continuidad a la jornada. Durante su presentación delinearon el papel de este acreditamiento como un medio unilateral para evitar la doble tributación; por ello, los ponentes compartieron los métodos para el cálculo de la utilidad fiscal, ya que permite determinar el límite de acreditamiento en función del país o territorio relacionado.Para el tercer día se presentaron dos ponencias complementarias: Razón de negocios y materialidad de las operaciones, por Cecilia Bustamante Bejarano y Ángel José Turanzas Díaz; y Revisiones del SAT y defensa fiscal, por Alejandro Javier Torres Rivero y Daniel Eugenio De la Parra Huerta.Primero se definió el concepto de materialidad y se comentó a la audiencia la manera en que se ha convertido en un eje de fiscalización para la autoridad en cualquier procedimiento relacionado con auditorías. Sin embargo, según señalan, al ser un concepto abierto a interpretación debido a su falta de regulación, puede llevarse a extremos absurdos que pongan a los contribuyentes en una situación vulnerable; incluso cuando los elementos brindados por la autoridad son rechazados, esta no emite una indicación sobre los elementos ideales para demostrar materialidad, con lo que deja expuesto al contribuyente al criterio de los tribunales.Este concepto se extiende a todos los conceptos indeterminados con espacio a la interpretación, por lo que se debe contar con un constante proceso de actualización que permita anticiparse a las medidas de la autoridad, como sus revisiones y vigilancias, para prevenir antes de reparar. Aún así, la prevención implica también el conocimiento sobre los medios al alcance del contribuyente para protegerse frente a la autoridad, por ello los expositores abonaron en el conocimiento reactivo sobre las acciones y recursos administrativos y jurisdiccionales que brindan defensa al tributario. Finalmente, las ultimas conferencias a de esta jornada fueron Ingresos de personas físicas y Régimen simplificado de confianza. La primera, dirigida por Edyth Ramírez Sánchez y Arturo Camacho Osegueda, quienes se encargaron de destacar dos aspectos clave acerca del tema: los ingresos de las personas físicas son un tema complejo que debe ser atendido con detalle y, por lo tanto, el profesional debe brindar apoyo minucioso para permitir al contribuyente presentar sus obligaciones apropiadamente. Esto requiere un compromiso bidireccional, donde el contribuyente comunica transparentemente sus ingresos al profesional y el profesional permanece informado para poder brindar un soporte profesional adecuado.Adrián Urbina Galicia y Humberto Cruz Hernández presentaron la última conferencia de este evento, donde detallaron los requisitos y obligaciones del Régimen simplificado de confianza (RESICO) para personas físicas y morales. Durante su charla señalaron la importancia de conocer estas características para hacer uso del régimen de manera correcta y evitar la expulsión del contribuyente, por lo que su uso debe implicar una labor de planeación preliminar que señale la compatibilidad entre el régimen y la persona moral o física. Finalmente, los coordinadores del evento agradecieron a los asistentes y les invitaron a mantenerse actualizados en materia fiscal de manera regular, ya que es un campo donde la información hace una enorme diferencia para el cumplimiento.
El 18 de septiembre, el Colegio fue sede de la conferencia IVA en las plataformas tecnológicas, con la colaboración de la Universidad Anáhuac, donde se dieron a conocer los servicios digitales que son sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sus implicaciones prácticas para prestadores y usuarios.El espacio fue precedido por Mario Ramón Escobosa Barojas, contador público certificado y catedrático de la Anáhuac. Al comienzo de la conferencia, el ponente señaló que el pago de impuestos en México cada vez es más complejo, por lo que mantenerse actualizado es fundamental.Para contextualizar, actualmente se encuentra en vigencia el Plan maestro del SAT, una estrategia que busca reforzar la recaudación sin crear ni aumentar impuestos. Para conseguirlo, se han prohibido condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, combatido al fraude y potenciado la modernización tecnológica. Según comenta Escabosa, el plan ha resultado provechoso hasta ahora, ya que la recaudación representa una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno mexicano y ha alcanzado un mayor volumen de recaudación, pero sin incrementar la cantidad de contribuyentes.En este contexto ocurren los ajustes realizados mediante la regla 3.7.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el 28 de julio, que reforman las obligaciones fiscales derivadas del comercio mediante plataformas digitales. Actividad que, según comenta el ponente, cuenta con una penetración de mercado del 84% en México y ubica a Latinoamérica como la segunda región con mayor crecimiento de este comercio durante el 2024.La reforma busca combatir limitar la exención fiscal que era aprovechada por plataformas de comercio digital para reducir la cantidad de impuestos generados por esta actividad, produciendo una competencia desleal con la industria local al aprovechar los “minimis”, umbrales de tolerancia que permitían importar productos sin generar impuestos adicionales debido a la mínima aportación que suponía.Con estos cambios, las mercancías que no superen el valor de 1 dólar estadounidense seguirán sin generar IVA ni impuestos aduanales; pero si su valor se coloca entre 50 a 117 dólares producirá un 17% en estos impuestos o un 19% si excede ese umbral. Según comenta Escobosa, este cambio ya se ve reflejado en el consumidor, pero se espera que su presencia quede de manifiesto durante los próximos meses, ya que algunas empresas han comenzado a absorber estos impuestos, pero dejarán de hacerlo paulatinamente.Para finalizar su sesión, el ponente dio algunos ejemplos donde quedaron de manifiesto estos cambios que producirán, en términos generales, un aumento de precios en los productos importados mediante plataformas comerciales digitales, especialmente con insumos provenientes de naciones que carezcan de tratados comerciales con México.
El Colegio, en colaboración con la comisión Fiscal, presentó este 17 de septiembre el foro Iniciativa Fiscal para 2026, evento que reunió a destacados panelistas que presentaron las implicaciones y reformas fiscales propuestas en el Paquete Económico del Gobierno para el próximo año.En la presentación, Rodrigo Ramírez Venegas, uno de los panelistas, inició con las presentaciones destacando que la actual administración presentó, ante el Congreso de la Unión, su Paquete Económico para 2026, el cual establece un plan de ingresos y gastos para el país. El especialista enfatizó que este paquete no solo detalla las expectativas de recaudación, sino que también incluye cambios en diversas leyes fiscales para garantizar un sistema más equitativo y ordenado en el pago de impuestos.En particular, habló sobre la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), que grava ciertos bienes y servicios considerados nocivos para la salud y el medio ambiente. A manera de ejemplo, mencionó que se propone una cuota de $1.1584 por cada cigarro enajenado o importado, lo que refleja un esfuerzo por desincentivar el consumo de tabaco. Además, comentó que se introducirán nuevos gravámenes a edulcorantes y a juegos de azar.Por su parte, María Enriqueta Mancilla Rendón continuó la charla enfocándose en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; explicó que, según el artículo 42, el Ejecutivo debe enviar al Congreso un documento detallado con los objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas, tales como el crecimiento, la inflación, la tasa de interés y el precio del petróleo.Al respecto, destacó la importancia de este procedimiento para asegurar la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Además, mencionó que el documento debe incluir una enumeración de los programas prioritarios y sus montos, lo que permitirá una evaluación más clara de cómo se utilizarán los fondos públicos en beneficio de la sociedad.Siguiendo con las presentaciones, Juan Alberto Torres Romero abordó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), centrándose en el sistema financiero. Destacó que se implementará una deducción del 25% de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aunque el resto de las cuotas no será deducible.De igual manera, anunció que se homologará el tratamiento de créditos incobrables para instituciones de crédito con el resto de los contribuyentes, eliminando el régimen especial establecido en la LISR.Para cerrar el foro, Luis Alberto Placencia Alarcón dialogó sobre la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF); resaltó que esta iniciativa es estructural y abarca un total de 43 artículos del CFF, lo que sugiere una revisión profunda de la legislación fiscal. La propuesta incluye 25 reformas, 17 adiciones y una derogación, lo que busca modernizar el marco fiscal mexicano y adaptarlo a las necesidades actuales de México.
