Con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la auditoría y áreas relacionadas información actualizada y orientación sobre cómo enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en un entorno empresarial y tecnológico, la comisión de Auditoría del Colegio llevó a cabo del 27 al 30 de noviembre la 21.a Semana de Auditoría.
Entrando en materia, Alejandro Javier Juárez Bolaños, socio director en dSoft, habló sobre el impacto transformador de las herramientas tecnológicas para la fiscalización. Explicó que estas soluciones, que van desde sistemas hasta inteligencia artificial (IA), están redefiniendo la forma en que las autoridades llevan a cabo la vigilancia tributaria. Dentro de la presentación se destacaron temas como la automatización de tareas, el análisis de datos masivos y el papel de la IA y robots en el ejercicio profesional, subrayando la necesidad de adaptarse a estas innovaciones para mejorar la eficiencia y reducir riesgos fiscales y económicos.
Por otro lado, se dio paso a una mesa de análisis integrada por Kathy Gregoire, directora ejecutiva en Pronatura México; José Luis Quiñones Aguilar, director de finanzas en Juguetibici; David Romero Morfin, director general en Fincomún; y Alejandro Barrios Uribe, vicepresidente y administrador de finanzas en Grupo Sahuayo, quienes se reunieron para abordar el impacto del avance tecnológico en sus respectivos negocios.
El tema recurrente fue la resistencia al cambio, especialmente en aspectos fiscales y en la gestión eficiente de la información. Al respecto se destacó el papel crucial de la IA en la optimización de procesos y la toma de decisiones, resaltando la necesidad de adaptarse a las transformaciones digitales. Asimismo, se compartieron experiencias prácticas, como el uso exitoso de herramientas como los ERP durante la pandemia y la importancia de la conciliación contable con herramientas específicas.
Por último, los líderes subrayaron la necesidad de profesionales especializados en tecnología y enfatizaron que la tecnología es un medio, no un fin, instando a buscar nuevas formas de generar negocio y conocimiento a través de la innovación.
Siguiendo con la temática del impacto de los avances tecnológicos, pero ahora desde el el quehacer de los auditores independientes, las expertas de la comisión de Auditoría, Sandra Centeno Leiva, Eugenia López Blancas y Teresa Cruz Rodríguez, fueron las encargadas de debatir el tema. En ese sentido evaluaron el impacto positivo en la eficiencia de la auditoría, identificaron retos futuros en la continua integración tecnológica y exploraron cómo la tecnología ha influido en la alineación con la nueva norma de gestión de calidad.
Dentro de sus consejos a otras firmas, coincidieron en la necesidad de una cuidadosa implementación, ajustes metodológicos y preparación para los desafíos inherentes a esta transformación tecnológica.
Continuando con el programa, Alfredo Molina Mercado, miembro de la comisión organizadora, abundó en los aspectos críticos de las auditorías a través de los CFDI, desde la evolución del comprobante en 2005 hasta su papel actual como herramienta fundamental ante el SAT. Molina resaltó la importancia de la conciliación y el análisis de estos comprobantes para respaldar los procedimientos de auditoría.
Como recomendaciones, centradas en la adaptación de procedimientos a la realidad de cada entidad, el ponente destacó la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y considerar las características específicas de las operaciones financieras para garantizar la eficacia de la auditoría y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
En su turno, Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del CINIF, centró su presentación en los riesgos dentro del contexto de las normativas NIS 1 y NIS 2, enfocándose en la divulgación de información de sostenibilidad, la cual incluye visualizar, evaluar y distinguir una amplia gama de riesgos. Hizo énfasis en las nuevas normas internacionales que exigen a las entidades revelar información detallada sobre riesgos y oportunidades en áreas como gobierno corporativo, estrategia, administración de riesgos y métricas. “La urgencia de estas normativas, radica en proporcionar información útil para inversionistas, acreedores y otros usuarios de información financiera”, comentó.
Por su parte, Jorge Enrique Santibáñez Fajardo, socio en Mazars Auditores, analizó la Norma Internacional sobre Aseguramiento de la Sostenibilidad (ISSA) 5000, donde aseguró que la norma es esencial para asegurar la precisión en la divulgación de información de sostenibilidad por parte de las entidades. El expositor destacó la relevancia de la propuesta ISSA 5000, delineando requisitos generales para compromisos de aseguramiento sobre sostenibilidad, y señaló la evolución de las normativas de reporte, las cuales generan confianza mediante servicios de aseguramiento para satisfacer las crecientes demandas de diversos usuarios.
El socio de PwC, Francisco Javier Álvarez Mendoza, abordó el impacto significativo de la tecnología dentro de la auditoría. Hizo hincapié en la rápida transformación impulsada por la inteligencia artificial y advirtió sobre la necesidad urgente de adaptarse a estos cambios continuos. Álvarez remarcó que, si bien la tecnología no reemplazará a los auditores, la falta de adaptación podría resultar en la pérdida de empleos. "Los profesionales de auditoría deberán adoptar activamente herramientas tecnológicas, como bases de datos automatizadas y estrategias de auditoría eficientes, para mantener la calidad y la relevancia en la profesión”.
Para cerrar el segundo día de actividades, Orlando Corona Lara, Rolando Silva Briceño y Edgar Enríquez Álvarez, de la comisión de Seguridad Social, exploraron el impacto de los avances tecnológicos centrándose en la fiscalización y los dictámenes fiscales. En ese sentido, razonaron cómo, a pesar de la falta de reformas fiscales, el SAT, el Seguro Social y los Estados han mejorado la recaudación mediante tecnología avanzada.
Los expositores también resaltaron la relevancia actual del dictamen del Seguro Social, considerando el aumento de afiliados a pesar de un crecimiento económico moderado. En ese punto, se abordaron cambios significativos, como la transición a lo electrónico en 2018 y las adaptaciones necesarias por reformas laborales. Además, se discutieron temas como la conciliación de nóminas con CFDI, la regulación del teletrabajo y la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos para cumplir con obligaciones en seguridad social y minimizar riesgos.
En la tercera jornada de ponencias, el director general de Megahabilidades, Ricardo Medina Alarcón, centró su participación en explorar como la IA ha impactado en campos como la contabilidad y la auditoría fiscal. Medina comentó que, aunque la IA no es novedosa, su relevancia actual se ve potenciada por factores como la velocidad de comunicación, el 5G y la computación en la nube. “La IA ha ingresado en la sexta ola de innovación, ya que aborda tecnologías como el internet de las cosas y el blockchain”.
También habló sobre la creciente influencia de la inteligencia artificial en la auditoría y fiscalización, mencionando casos específicos como el análisis financiero automatizado de empresas como Bimbo.
En la participación de Verónica Abigaíl Galindo López, socia en Salles Sainz - Grant Thornton, se desarrolló el tema de la transformación del auditor en un entorno de auditoría en constante evolución. La expositora subrayó la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, especialmente en la era de la digitalización, la automatización y la analítica de datos. Mencionó que las profesionales tendrán que desarrollar habilidades técnicas, éticas y emocionales; “la auditoría debe evolucionar hacia un enfoque más analítico y menos dependiente de procesos manuales tradicionales”.
Pese a los desafíos y cambios significativos en el entorno de la auditoría, Galindo afirmó que la profesión no desaparecerá. “Los auditores debemos abrazar la transformación, adquirir nuevas habilidades y mantenernos comprometidos con los principios éticos y de calidad para seguir proporcionando un análisis objetivo y fundamentado en normas”.
En la presentación de Fernando Ruiz Monroy, socio de Auditoría en EY, ofreció una actualización sobre los proyectos del Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, por sus siglas en inglés). Razonó sobre normas recientemente aprobadas, como la NIA 315 y la NIA 220; asimismo compartió detalles sobre proyectos en curso y propuestas futuras, incluyendo aspectos como tecnología y sostenibilidad. Por último, enfatizó la relevancia de estar informados sobre estos desarrollos, ya que tendrán impacto directo en las auditorías en los años venideros.
Rafael Yela Gutiérrez y Bernardo Soto Peñafiel dieron una visión detallada sobre las Tecnologías de Información (TI) y los controles generales de las TI, retomando la NIA 315 revisada. “La norma busca lograr una identificación y valoración más robusta de los riesgos de incorrección material, promoviendo respuestas más efectivas a estos riesgos”.
Dentro de los cambios incluyen la promoción de la congruencia en la aplicación de procedimientos, la escalabilidad de la norma a través de requerimientos basados en principios, y la simplificación para su aplicación en auditorías de diversas entidades. Otros puntos abordados fueron la evaluación separada del riesgo inherente y del riesgo de control, el reconocimiento de la importancia de la tecnología de la información, y la necesidad de una comprensión sólida de los controles generales de TI.
En el último día del evento, Cipriano Fernández Maya, miembro de la Comisión Administradora de Calidad de Firmas de Contadores Públicos, abundó sobre la transición normativa de control a gestión de calidad en auditorías, donde se presentaron fechas clave, obligaciones para firmas y se hizo énfasis en la importancia de salvaguardar la independencia, capacitar inspectores y promover sistemas de gestión de calidad.
Por su parte, Heidi Martínez Marín expuso sobre la implementación de la Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 (NIGC 1) y la evaluación del sistema. Algunos de los enfoques centrales fueron la valoración de riesgos, gobierno corporativo y ética, donde consideró importante la necesidad de personalizar el Sistema de Gestión de Calidad según la naturaleza única de cada firma de auditoría. Martínez Marín guio a los participantes a través de ejercicios prácticos, destacando la importancia de la evaluación anual del SGC para garantizar la seguridad en el logro de objetivos.
Para abarcar temas relacionados con la ética, Juan Carlos Bojorges Pérez, ex presidente del Colegio, versó sobre las consideraciones éticas en el ámbito empresarial, comenzando con el surgimiento de la Business Ethics en la década de 1970 a raíz del caso Watergate. También habló acerca de la evolución de la ética empresarial a lo largo de las décadas, desde la prioridad de las ganancias en los años 80 hasta los escándalos financieros en la década de 1990.
De manera práctica, detalló los problemas éticos internos y externos, haciendo énfasis en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Desarrollo Sustentable como elementos clave para una actuación consciente y comprometida en los negocios.
Finalmente, Gustavo Adolfo Solís Montes, director general en Grupo Cynthus, platicó sobre las herramientas tecnológicas de apoyo para los auditores. Dentro de esas herramientas, figuraron las capacidades esenciales para la auditoría, como el análisis de datos, la ejecución de tareas repetitivas, la resolución de problemas complejos y el acceso remoto a recursos digitales. “Los auditores deben comprender sus propios requisitos para así seleccionar las herramientas más útiles”.
Además, compartió que, aunque la tecnología es crucial, solo constituye una parte de la solución; sugirió a los auditores a reconocer su doble función: auditar la tecnología y utilizarla eficazmente en su propio trabajo. Por último, comentó sobre la necesidad de una aproximación proactiva por parte de los auditores para identificar sus necesidades específicas y elegir las herramientas que mejor se adapten a sus requerimientos.
Eventos recientes
El Colegio, con motivo de los últimos cambios en la normatividad, presentó el curso Sueldos y prestaciones: Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social, el cual contó con la participación de especialistas en seguridad social, investigación fiscal, contribuciones locales y expertos en derecho laboral. Dicho evento se presentó del 6 al 8 de mayo de 2025.En el primer panel, los especialistas Óscar De la Vega Gómez y Regina De La Vega Castillo analizaron el panorama actual tras la reforma de 2021, en la que se prohibió la subcontratación de personal y se establecieron nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.Al respecto, dialogaron sobre las obligaciones y puntos críticos para mantener el registro en el REPSE, recordaron que las empresas deben actualizar constantemente la información del registro, mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener claramente definido su objeto social y las actividades registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras obligaciones.Asimismo, De La Vega Castillo destacó los recientes cambios en los criterios de inspección por parte de las autoridades laborales. “El objetivo de estas inspecciones es verificar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre servicios especializados. Las inspecciones pueden ser iniciales, periódicas, compulsivas o extraordinarias, dependiendo de la situación específica de cada empresa”, informó.También discutieron varias iniciativas que podrían implementarse en 2025, tales como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días, la ampliación del permiso de paternidad, la opción de teletrabajo, entre otras.Por su parte, Julio César Suárez Domínguez versó acerca de las consideraciones del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En su ponencia mencionó que, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece de manera directa que las empresas se encuentran obligadas a repartir PTU, se consideran todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, así como todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.Sobre lo anterior, explicó quiénes son los sujetos exentos al pago de la PTU, entre ellos las empresas de nueva creación, las empresas de industria extractiva e instituciones de asistencia privada. En tanto, Sergio Alejandro Ríos Alonso, de la comisión de Contribuciones Locales, compartió los puntos de interés en materia del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la CDMX y el Estado de México.El segundo día de conferencias y siguiendo con el tema de deducción de nómina, Humberto Cruz Hernández y José Pablo Casales García comentaron que, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores será de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social.Agregó que, con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. “La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total”, señaló.Aclaró que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo Segundo Transitorio, y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente en 2023.Un tema importante fue el de la reforma a la ley del Infonavit, donde Miguel Ángel Silva Pedroza informó que el objeto es establecer bases para el desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, regular la figura del arrendamiento social, ampliar los beneficios previstos y el fortalecimiento del Infonavit y su operación.Siguiendo con las participaciones, los expertos comentaron que el CFDI de nómina es la principal herramienta de fiscalización digital. “En estos comprobantes se cruzan declaraciones anuales, provisionales y contabilidad; además, es la base para cartas invitación, auditorías electrónicas y control del gasto deducible”, puntualizó Casales García.Ya en el último día de actividades, Pablo Limón Mestre informó que un trabajador expatriado es aquella persona que tiene sus intereses en su país de origen, pero es transferido por una empresa multinacional, de manera temporal o permanente, a prestar sus servicios a otro país.Sobre este tema, el contador Limón Mestre especificó que el aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los treinta días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de seis meses de anticipación.Los responsables de cerrar con el curso fueron Jorge Manzanilla Cañizares y Manuel García Villalobos, quienes platicaron sobre los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y los aspectos fiscales relacionados con las prestaciones de previsión social, respectivamente.
En la conferencia mensual con especialistas, el Colegio dio la bienvenida a los abogados Luis F. Kudo y Manuel Niño de Rivera de KNR Abogados. Este evento, celebrado el 8 de mayo, se centró en el tema de la Responsabilidad legal de los contadores, con el apoyo de KNR Abogados.Los temas principales del día giraron en torno a la responsabilidad administrativa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en línea con el Código Fiscal de la Federación (CFF), el proceso de sanciones, los mecanismos de defensa y la responsabilidad civil entre particulares. El objetivo fue profundizar en las obligaciones derivadas del incumplimiento y los deberes fiscales.La conferencia comenzó con una cálida bienvenida y una introducción al tema por parte de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Comité Ejecutivo, y Guadalupe Saldívar Olivares, vicepresidenta de Comunicación e Imagen. El presidente del Colegio destacó la relevancia del tema, pues la responsabilidad legal del contador se refiere a las obligaciones y deberes que tienen los contadores públicos ante la ley mientras ejercen su profesión. Esto significa que pueden ser considerados responsables legalmente y, por lo tanto, enfrentar sanciones si sus acciones u omisiones causan daño a sus clientes, al Estado o a terceros, por ello, la importancia de hacer sinergias de ambas profesiones (Contaduría y el Derecho).La presentación inició con Luis F. Kudo, experto en derecho fiscal, administrativo y de propiedad intelectual, quien habló de la responsabilidad del contador desde un punto de vista legal, particularmente de la responsabilidad que tiene el contador frente a sus clientes o al Estado."Responsabilidad significa afrontar nuestros actos u omisiones, ser responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Un contador puede tener tres tipos de responsabilidades legales: civil, penal —donde el contador podría enfrentar responsabilidad penal— y administrativa", explicó.El abogado dijo que, aunque tanto la responsabilidad civil como la administrativa surgen de errores u omisiones del contador, se aplican en contextos diferentes, sin situaciones similares y con consecuencias distintas.La responsabilidad civil se refiere a la obligación legal que tiene el contador público de compensar los daños económicos que cause a sus clientes o a terceros debido a errores, omisiones, negligencia o dolo en el ejercicio de su profesión. En pocas palabras, se enfoca en reparar económicamente a quienes se ven afectados por la mala práctica del contador.Por otro lado, la responsabilidad administrativa abarca el conjunto de obligaciones y deberes que los contadores públicos deben cumplir ante las autoridades administrativas, principalmente el SAT, en lo que respecta al cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales."En esencia, se trata de la responsabilidad que el contador tiene ante el Estado por su ejercicio profesional, que incluye ciertas facultades. La premisa legal es que no puede haber responsabilidad del contador si no existe una norma legal que establezca una obligación que se haya incumplido", añadió.Además, el abogado Kudo destacó que, en la relación del contador como particular frente a la administración pública, debe haber necesariamente una ley incumplida para que la Administración pueda señalar la falta y al responsable. A diferencia de la responsabilidad civil, en la administrativa no siempre hay un vínculo contractual.En tanto, Manuel Niño de Rivera, experto en derecho mercantil y civil y como abogado litigante en soluciones de controversias corporativas, se sumó a la exposición con la responsabilidad civil como el perjuicio que le puede causar a sus clientes el actuar de forma incorrecta en el ejercicio de las funciones del contador. De esta forma, definió a la responsabilidad “como responder por una acción o una omisión que va a causar una afectación en el patrimonio de nuestro cliente; en ese sentido, la responsabilidad civil se entiende como la obligación de reparar un daño o perjuicio causado a otra persona, una actuación que estará regulada con base en las leyes, normas, reglamentos y Código de Ética Profesional”.En materia de los tipos de responsabilidad civil, el abogado Niño de Rivera destacó la responsabilidad civil contractual, la cual se enfoca en el incumplimiento de acuerdos específicos con el cliente, mientras que la responsabilidad civil extracontractual se basa en el daño causado a terceros fuera de una relación contractual, generalmente por negligencia o una actuación ilícita del contador en el ejercicio de su profesión. Ambos tipos buscan la reparación del daño o perjuicio económico sufrido por la parte afectada.Para cerrar su intervención, el ponente mencionó que la prevención en la responsabilidad civil para el contador implica adoptar una mentalidad proactiva y diligente en el ejercicio de su profesión, implementando medidas que minimicen los riesgos de cometer errores u omisiones que puedan generar daños económicos a sus clientes o a terceros, protegiéndose así legal y financieramente. Para ello es necesario contar con un contrato bien redactado, documentar todo, que prevalezca la comunicación constante, haya pólizas de responsabilidad civil profesional y que haya capacitación continua.
El 7 de mayo se presentó en el Colegio el Taller para la Declaración de transparencia para donatarias autorizadas, con la intención de brindar a los asistentes soporte en la preparación y presentación de dicha declaración conforme a las normativas tributarias, proceso cuyo plazo de entrega vence el 31 de mayo. Se contó con la participación de Maribel Trejo Estudillo, Maribel De La Llave González y la coordinación de Alma Goretti Rivera Pérez, expertas en el tema e integrantes de la comisión técnica Sector Empresa de Entidades con Propósitos no Lucrativos.Las expertas señalaron una reforma reciente en la Resolución Miscelánea Fiscal, en la regla 3.10.5, fracción IV, que establece los requisitos y características de los documentos que brindan a acreditación de las actividades realizadas por una donataria autorizada. Estos requisitos incluyen el señalamiento de la denominación o razón social de la organización; las actividades por las que se solicita la autorización que deben estar relacionadas con un objeto social o fin respectivo; el lugar donde se realizan esas actividades; y, el fundamento de la competencia de la autoridad que emite la autorización.De esta forma, el acreditamiento de actividades es un oficio expedido por una autoridad federal o local cuya función es hacer de conocimiento público la labor que ejerce una donataria y los objetivos que persigue. Determinar la intención de las donatarias facilita brindar seguimiento a los donativos, para que los donantes y autoridades tengan la tranquilidad de que el uso de los recursos donados a esté alineado con estos intereses establecidos en el acreditamiento de actividades.Para las donatarias que quieran recibir su acreditamiento, es relevante identificar la autoridad competente en función de cada donataria. Mientras que una donataria enfocada en la recuperación de especies en peligro de extinción podrá encontrar competente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), una dedicada a la recuperación de patrimonio cultural o artístico deberá localizar una autoridad más competente que la antes mencionada, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Además, durante el curso se compartió la reestructuración del capítulo relacionado con Personas Morales con Fines no Lucrativos, de la RMF 2025. Con esta reestructuración se constituye la nueva regla 3.10.1, que integra normativas contenidas a lo largo del capítulo dentro de la RMF de 2024.Para seguir con el tema central del curso, las ponentes mostraron algunos puntos clave a considerar durante la presentación de la declaración de transparencia para donatarias autorizadas, fundamentada legalmente en el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). El objetivo de esta declaración es garantizar la transparencia del patrimonio; uso y destino de los donativos recibidos; y actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos de la organización.Primero, se debe considerar una preparación apropiada de requisitos técnicos; las ponentes señalaron que el uso de algunos navegadores puede causar errores en la validación de la información capturada, por lo que recomendaron anticipar su declaración a la fecha límite, con el fin de tener un margen de acción ante un fallo de software.Después, se debe verificar con anticipación la vigencia de archivos y claves de la donataria necesarias para la declaración, como el Registro Federal de Contribuyentes, contraseñas, y e.firma. De igual forma, es importante preparar la información que se capturará y los documentos que deban ser digitalizados listos para ser enviados, ya que la plataforma expirará la sesión después de 20 minutos de inactividad.Posteriormente, las ponentes compartieron a detalle los elementos que contiene la Declaración informativa de transparencia para Donatarias Autorizadas. Señalaron cada campo de cada sección y los documentos necesarios para su llenado, con el fin de facilitar aún más el proceso de preparación y, en consecuencia, presentación. A la par, alimentaron la presentación con la participación de los asistentes, quienes expusieron sus dudas específicas y encontrar resoluciones basadas en la experiencia y conocimientos de las expositoras.
