Especialistas en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en el Colegio presentaron el 14 de julio la plática en línea Delincuencia organizada: escenarios de alertamiento, en la que se habló de los principales panoramas para la prevención, combate y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Las disertaciones estuvieron a cargo de Antinea Azul Mata Gutiérrez y Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza (también coordinador del curso), ambos comisionados técnicos de PLD, quienes abordaron los temas de las herramientas en la gestión de riesgos, del diseño de alertas eficaces, de algunos escenarios de alertamiento relacionadas con el delito de extorsión, fraude, tráfico de indocumentados, robo de hidrocarburos, entre otros.
Antinea Azul Mata, quien es agente de cumplimiento Oficial de una sofom en Unifin Financiera, comentó que como oficiales de cumplimiento tienen un reto muy importante: tomar decisiones, por lo que es indispensable hacer un compliance de PLD que apoye a la entidad financiera para evitar que la delincuencia organizada lave dinero.
“Si queremos hacer un compliance que proteja a la entidad financiera, si tenemos la intención como auditor de dar ese plus a esta entidad que nos está contratando, no sólo es hacer un checklist, tenemos que conocer los productos, servicios y negocios del cliente; así como los procesos internos, porque nos va a permitir mapear dónde están los riesgos, dónde tenemos qué reforzar y dónde podríamos establecer otros controles”.
Ante esta premisa, Mata Gutiérrez comentó que el punto de partida es conocer cómo opera la delincuencia organizada para que, con base en este conocimiento, se puedan implementar las herramientas necesarias que permitan elaborar y poner en práctica un sistema de cumplimiento que esté alineado con lo que requiere el cliente y que tenga un panorama general de los posibles riesgos que puede enfrentar.
“Se entiende por delincuencia organizada a aquellas actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada con el fin de obtener un beneficio financiero o material”.
La abogada agregó que el término de delincuencia organizada tiene como antecedente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2003, que estableció dos elementos: el grupo de crimen organizado y un delito grave, componentes que son el punto de partida para establecer cuatro tipos de actores criminales como el grupo mafioso, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores criminales extranjeros.
Al tener en cuenta este antecedente, se pueden determinar una serie de alertas, que son indicativos de los comportamientos particulares de los clientes, de los usuarios, del mercado y de aquellas “situaciones atípicas que presentan las operaciones o transacciones que puedan encubrir actividades de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo”.
En este contexto, Antinea Azul Mata expuso los tres tipos de alertas: por coincidencia de nombre, las transaccionales y por datos del cliente.
“La combinación de alertas hace mucho más eficaz nuestra actividad de detección de posibles operaciones de recursos de procedencia ilícita”.
Acto seguido, los expositores hablaron de los diferentes tipos de extorsión y del modus operandi de la delincuencia organizada, y de cómo estos delitos han traspasado fronteras. A lo largo de sus intervenciones mencionaron en qué consisten los tipos de extorsión, al tiempo que fueron ejemplificando los indicadores y escenarios de alertamientos, que permitan al cliente tener un panorama general de cómo controlar los riesgos y de las alertas que se pueden establecer para detectar la comisión de delitos de lavado de dinero.
Por último, Antinea Azul Mata Gutiérrez y Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza cerraron sus intervenciones con una serie de recomendaciones como el que se tiene que contar con un enfoque basado en riesgos que permita determinar los elementos, que de acuerdo con cada entidad, representa una amenaza mayor.
“Una vez que se tienen definidos los elementos y los indicadores de riesgo de cada entidad, es necesario analizar qué tipo de operaciones ilícitas podrían ser susceptibles de presentarse. Unir diferentes tipos de parámetros logra alertas cada vez más efectivas que posibiliten no requerir un equipo grande de analistas. Las alertas deben ser concordantes con el tipo de cliente, producto o servicio que cada entidad proporciona”, concluyó Mata Gutiérrez.
Eventos recientes
El 15 de agosto el Colegio fue sede del curso Características del sistema automatizado en actividades no financieras, con la intención de dar a conocer características, funcionalidades y requisitos indispensables de un sistema automatizado alineado a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A la cita acudieron Teresita del Niño de Jesús Mendoza Espinosa, socia fundadora de Diaso, una línea de sistemas de software diseñada para la optimización de procesos administrativos y el cumplimiento normativo empresarial; y Yessica Trujillo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero, quien además se encargó de la coordinación de este espacio.Para comenzar, Mendoza Espinoza comentó la relevancia de preservar el cumplimiento de estos sistemas automatizados debido a la reciente reforma del 7 de agosto de 2026 en la LFPIORPI, que establece obligaciones de implementación y operación para actividades vulnerables. Por ello, el primer paso de este curso de actualización fue definir qué es un mecanismo automatizado y de qué manera está regulado por el cuerpo normativo citado.Un mecanismo automatizado es un conjunto de procesos, sistemas o herramientas tecnológicas que permiten la revisión continua de actos u operaciones; según comenta la experta, estos sistemas pueden estar compuestos de diversas herramientas, como bases de datos u hojas de cálculo, pero deben contener funciones alineadas con la norma y deben ser verificables por la autoridad. Además, estos mecanismos deberán alinearse al capítulo XIII, artículo 41 de la LFPIORPI, por lo que la ingeniera Mendoza desarrolló los supuestos que debe cumplir un mecanismo automatizado entre los que destacó que los datos recuperados deben ser conservados y actualizados, con el fin de ser accesibles a lo largo del tiempo para sustentar operaciones previas; y la capacidad de emitir alertas sobre las operaciones con Personas Usuarias de Grado de Riesgo alto y Personas Políticamente Expuestas, con el fin de mantener vigilancia activa en los datos recuperados.Adicionalmente, se destacó la importancia de mantener un enfoque basado en riesgos (EBR) para la carga y procesamiento de la información de estos sistemas automatizados, con el fin de aprovechar la información como una herramienta estratégica de detección temprana de riesgos y no solo como un extractor y almacenamiento de información que no dirija la toma de decisiones.El curso continuó con la exploración de un sistema ejemplo que permitió a la audiencia identificar las mejores prácticas y posibilidades al alcance, como la determinación de monitores que permita al sistema alertar sobre excesos en transacciones o un cambio en la tendencia de las operaciones con cada cliente. Con este ejemplo, la experta señaló la importancia de que el sistema analice todas las operaciones para comparar e identificar riesgos, no solo aquellas que presenten anomalías, ya que las operaciones totales son las que permiten visualizar operaciones que salen de la media.
Este 13 de agosto, el Colegio llevó a cabo la octava edición del Foro de expertos en comercio exterior, un espacio dedicado al análisis y actualización profesional que reunió a especialistas y comisionados de la institución para abordar los principales retos que enfrenta México ante la evolución del entorno comercial internacional. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó la importancia de mantener una actualización permanente frente a las transformaciones que experimenta el comercio exterior.En el primer panel, Georgina Estrada Aguirre explicó que la incertidumbre derivada de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un factor que las empresas deben considerar en sus procesos de planeación, particularmente en materia de inversiones. Por su parte, Juan Antonio Castro Chávez analizó los desafíos relacionados con la fiscalización y la defensa de las empresas ante los cambios normativos; sobre ello, destacó la necesidad de fortalecer la preparación jurídica y contable para atender posibles controversias.En tanto, Rosaura Aguilar Peña y Gerardo Canseco Romero centraron su participación en la manifestación de valor electrónica y sus implicaciones para el cumplimiento. Explicaron que este mecanismo resulta relevante para determinar el valor en aduana de las mercancías, base para el cálculo de impuestos y cuotas compensatorias, y precisaron que la responsabilidad principal de transmitir y realizar la manifestación corresponde al importador. Los especialistas señalaron que dicha manifestación busca fortalecer la trazabilidad y congruencia de las operaciones mediante la integración de documentación como facturas, comprobantes de pago, contratos y gastos incrementables. Asimismo, resaltaron la necesidad de coordinación entre las áreas legales, fiscales y de logística de las empresas, así como con agentes aduanales y asesores externos.En el tercer panel, Leticia Yamel y José Luis Ortiz discutieron la relevancia del T-MEC para México y los retos asociados con su proceso de revisión. Destacaron la relevancia del tratado para el crecimiento del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la posición de México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.En este contexto, señalaron la relevancia de sectores como el automotriz, agrícola, de maquinaria y equipo eléctrico, combustibles y productos médicos, cuyas cadenas mantienen interdependencia entre los tres países. “La revisión del tratado representa un desafío para la certidumbre de las inversiones y las operaciones comerciales”, precisó José Luis.Posteriormente, Sandra López y Blanca Hernández abordaron la función de los aranceles y las alternativas disponibles para las empresas con el propósito de reducir su impacto; al respecto, señalaron que estos impuestos cumplen funciones de recaudación, protección de la industria nacional y regulación del comercio.También comentaron que los aranceles pueden incrementar los costos de importación y afectar los márgenes de las empresas, por lo que presentaron mecanismos como el programa IMMEX, PROSEC, la regla octava, entre otros.De igual forma, se presentaron Balam Riquelme y Marco Antonio Martínez, quienes abordaron los medios de defensa a partir de las características del actual sistema judicial. En su presentación, explicaron en qué consisten las herramientas jurídicas con las que cuentan las empresas ante posibles controversias derivadas de actos de autoridad.El sexto panel fue dedicado al incremento de las sanciones y a las medidas para prevenir dichos actos, los cuales están previstos en los artículos 176 y 178 de la Ley Aduanera; para ello, Berenice Egure y Julián Luna hablaron sobre fortalecer los procesos de verificación y control interno, particularmente en la identificación de proveedores extranjeros, validación de domicilios y correcta integración de la información relacionada con las operaciones.Los especialistas precisaron que “las empresas deben verificar previamente que las mercancías no estén sujetas a prohibiciones de importación o exportación y establecer controles sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a cada fracción arancelaria”.Finalmente, Gloria Rocío Estrada y Alberto Ruiz Rioja versaron sobre los cambios en la figura del agente aduanal y sus efectos en las operaciones contables. Los especialistas detallaron que la patente constituye la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a una persona física para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los distintos regímenes aduaneros.Explicaron la función del agente como representante legal de los importadores y exportadores, e informaron que su responsabilidad no se limita a facilitar los trámites administrativos, sino que comprende obligaciones fiscales, aduaneras, civiles y, en determinados supuestos, penales.
El 13 de agosto tuvo lugar en el Colegio de Contadores Públicos de México la firma de un convenio de colaboración con Siigo Aspel, empresa tecnológica especializada en soluciones de software contable, administrativo y de gestión empresarial. El objetivo de esta convergencia es construir oportunidades de cooperación para fortalecer a la profesión contable mediante el uso y desarrollo de tecnología.A la firma del acuerdo acudió Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Hans Ludwig Schmal Jiménez, vicepresidente de producto de Siigo Aspel. Durante el encuentro comentaron la importancia de mantenerse a la vanguardia tecnológica y técnica de manera continua, sobre todo para la profesión contable; adicionalmente, la presidenta Rosalía comentó que incluso con la importancia que alcanzan las herramientas y métodos digitales, el criterio profesional del contador público siempre será fundamental para aplicarlos de manera responsable y efectiva.El acuerdo supone honrar estos principios de unidad entre la tecnología y la labor profesional para conseguir objetivos conjuntos y crear nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina contable y la tecnología aplicada a la toma de decisiones, la eficiencia de procesos y el levantamiento de información de calidad.Así, ambos representantes sellaron el compromiso con la firma de los instrumentos que reflejan su acuerdo de cooperación. María Luisa Ramírez, directora del Colegio, y Fernando Ramírez Cordero, analista senior de relaciones públicas en Siigo Aspel, acudieron a la cita para reforzar el compromiso de ambas organizaciones.
