El Hotel Marquis Reforma fue sede del 11.° Encuentro de temas fiscales del sector financiero, un evento organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio. Este encuentro, realizado el 3 de octubre, reunió a destacados expertos del ámbito fiscal y legal, quienes compartieron sus conocimientos sobre las últimas recomendaciones y alternativas para los contribuyentes.
La inauguración foro estuvo a cargo de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio. Durante su discurso, Ramírez enfatizó la importancia de este encuentro en el contexto actual, caracterizado por constantes cambios económicos y normativos que impactan directamente en la operación del sector financiero. “La colaboración y el diálogo son fundamentales en un entorno tan dinámico. Este tipo de eventos nos brinda la oportunidad de aprender unos de otros y de crear soluciones colectivas que beneficien a nuestros clientes y a la industria en general”, comentó.
Además, el presidente subrayó la relevancia de abordar temas críticos como la fiscalización, la digitalización de procesos y la adaptación a nuevas tecnologías. Ramírez animó a los asistentes a participar activamente en las sesiones y a aprovechar al máximo la experiencia compartida por los expertos, quienes cuentan con una trayectoria sólida en el campo fiscal.
Dando inicio con las pláticas, Allen Saracho Carrillo, integrante de la comisión Fiscal y Pablo Javier Corvera Caraza, socio en Chevez Ruiz Zamarripa, abordaron el tratamiento fiscal del traspaso y la venta de cartera vencida y vigente, destacando modalidades y controversias. Saracho señaló que las instituciones de crédito pueden deducir pérdidas por la venta de cartera según el artículo 25, fracción V, de la LISR, antes de agotar las reservas preventivas, siempre que se cumplan requisitos específicos.
Corvera Caraza aclaró que una operación de venta de cartera no se considera entre partes relacionadas si se demuestra que se realizó bajo condiciones de mercado. Ambos discutieron las implicaciones prácticas, señalando que el SAT cuestiona la deducción de pérdidas en cartera vencida y la razonabilidad de la venta de cartera vigente, resaltando la necesidad de respaldar las operaciones con estudios de precios de transferencia, especialmente entre partes relacionadas, para evidenciar motivos.
En su turno, Brenda García Flores, socia en Deloitte, habló sobre el panorama político 2024-2025, donde señaló que la coyuntura política y económica actual en México estará marcada por un déficit fiscal meta del 6% para 2024 y un enfoque en el gasto social, destinando cuatro billones de pesos a programas prioritarios. Además, enfatizó la importancia de mantener la estabilidad en un contexto de certidumbre jurídica y seguridad, haciendo referencia a factores como las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la revisión del TMEC, que podrían influir significativamente en la economía mexicana.
Respecto a la composición del Congreso, García Flores destacó que Morena tiene mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo cual les permite impulsar reformas significativas, aunque existen contrapesos importantes como BANXICO y otros órganos autónomos. Sobre las recientes reformas constitucionales, mencionó la del Poder Judicial, que incluye la reducción a nueve ministros de la SCJN y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, mencionó que la agenda legislativa próxima podría incluir la desaparición de órganos autónomos y la digitalización de procesos de fiscalización, en línea con las tendencias hacia el nearshoring y la transformación del sector energético.
Continuando con el programa, Rafael Camarena Zavala, director de Análisis Económico en Banco Santander, analizó el entorno global y las perspectivas económicas de México. Dijo que la economía de Estados Unidos se mantiene en crecimiento moderado, con disminución en la inflación que podría permitir más recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal. Explicó que, para México, la inflación ha retomado una tendencia a la baja, impulsando al Banco de México a recortar su tasa de interés de referencia. Sin embargo, la economía se ha desacelerado debido a la incertidumbre interna y la disminución de ingresos por exportaciones. “Se espera un crecimiento económico moderado para los próximos años, con una tasa de creación de empleo desacelerada”.
Además, resaltó que la inversión extranjera directa ha sido menor que en años anteriores y que la reinversión de utilidades es el principal componente de esta inversión. En esa línea, explicó que la llegada de nuevas inversiones es clave para aprovechar la relocalización de industrias, pero se enfrentaran a desafíos como la disponibilidad de energía y la seguridad pública. A nivel fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido un déficit del 5.9% del PIB para 2024, con planes de reducirlo en 2025, lo cual podría requerir una reforma fiscal. A pesar de estos retos, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China.
Por otro lado, Laura Martínez Martínez, presidenta del comité fiscal en la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, centró su participación en las novedades fiscales para el gremio bursátil. Manifestó que se ha trabajado de la mano con el Titular de la Unidad de Legislación Tributaria y funcionarios de diversas unidades de la SHCP para impulsar el desarrollo del mercado de valores. Entre los temas tratados destacaron la necesidad de que la retención del ISR en operaciones de préstamo de valores se aplique únicamente sobre el monto del premio obtenido, y no sobre el monto total de la operación, argumentando que la práctica actual desincentiva el crecimiento de este segmento. También se revisaron propuestas para facilitar la comercialización de Fondos de Inversión mexicanos en el extranjero, eximiendo a los residentes extranjeros de ciertos impuestos.
Martínez también se refirió a la importancia de revisar la tasa de retención de intereses, sugiriendo considerar una tasa ponderada del 23.52% en lugar de la tasa máxima de ISR establecida para personas físicas del 35%. También, hizo mención de las recientes modificaciones a la Ley de Fondos de Inversión para incorporar a los Fondos de Inversión de Cobertura, conocidos como Hedge Funds, con el objetivo de ampliar las opciones de inversión en México y permitir que estos fondos operen con cualquier activo objeto de inversión señalado en su prospecto. “Estas iniciativas buscan fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros del país, eliminando distorsiones y promoviendo un acceso más competitivo a los instrumentos de deuda y capital”.
Siguiendo con el temario, Gerardo Alegría Benítez, director de Impuestos en KPMG, abordó el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) en el ambiente de fiscalización en México. Alegría explicó que la IA ha evolucionado para convertirse en una herramienta esencial para automatizar procesos y generar contenido, desde textos hasta declaraciones fiscales. Respecto al ámbito tributario, comentó que el SAT está empleando tecnologías como aprendizaje automático para mejorar la detección de fraudes y evasiones fiscales, especialmente en áreas como el IVA y el comercio exterior. La incorporación de la IA en la fiscalización permite una revisión más precisa y dirigida, minimizando auditorías al azar y aumentando la eficiencia de las revisiones.
Alegría también enfatizó la importancia de la supervisión humana en el uso de la IA, conocida como humano con la lupa, para garantizar la calidad y la precisión de las decisiones automatizadas. “Aunque la IA automatiza tareas repetitivas y mejora la eficiencia en el ámbito fiscal, no reemplaza el juicio humano, especialmente en áreas donde el contexto ético y emocional son cruciales”. Terminó expresando que las empresas deben adoptar estrategias modernas para la transformación fiscal, que incluyan la evaluación de procesos fiscales, calidad de datos e infraestructura tecnológica, asegurando una integración eficaz de la IA en la gestión tributaria sin perder de vista la supervisión y el control humano.
En tanto, Asael Eduardo Apolinar Hernández, socio Fiscal en Garrido Licona y Asociados, y Viviana Monserrat García Porras, integrante de la comisión Fiscal 2, presentaron un panorama del marco de fiscalización para 2025, centrándose en la deducción de créditos incobrables y pagos al extranjero. Resaltaron la controversia sobre la deducción de créditos superiores a 30 mil UDIS, destacando la necesidad de demostrar la imposibilidad de cobro y contar con controles eficaces y políticas claras. También discutieron la deducción de gastos a prorrata en pagos al extranjero, enfatizando la estricta indispensabilidad y la documentación necesaria para comprobar la prestación del servicio. Además, abordaron el tratamiento del IVA no acreditable para aseguradoras y presentaron un anteproyecto de reforma fiscal que obligaría a declarar pérdidas por créditos incobrables y reservas de seguros deducidos antes del 15 de febrero de cada año.
Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, abordó la problemática del IVA en las aseguradoras, destacando el rechazo del SAT al acreditamiento del IVA relacionado con los gastos de siniestralidad. “Este cambio de criterio ha llevado a fiscalizaciones constantes y a la imposición de créditos fiscales significativos, en ocasiones superiores al capital contable de las instituciones aseguradoras”.
Refirió que anteriormente, las aseguradoras contaban con una confirmación del SAT que les permitía acreditar el IVA de los proveedores involucrados en la atención de siniestros, pero la nueva interpretación ha generado una crisis en el sector. Según la Ley del IVA, el seguro está gravado y los gastos asociados a siniestros deberían ser acreditables, ya que forman parte de la cadena productiva; sin embargo, el SAT sostiene lo contrario, complicando el funcionamiento del sector y generando juicios de nulidad en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la presentación sobre la materialidad de las operaciones, Adriana Vázquez Padilla y Luis Guillén Juárez, ambos socios en PwC, discutieron los desafíos que enfrentan las organizaciones para cumplir con los requisitos fiscales de razón de negocios y materialidad. Exaltaron la evolución de la fiscalización en un entorno empresarial donde son cruciales las auditorías exhaustivas y los avances tecnológicos para aumentar la recaudación.
Igualmente señalaron el impacto de las decisiones judiciales, las sanciones y la doble imposición en la reputación empresarial, así como la creciente regulación del SAT en áreas como la prevención de lavado de dinero. Los expositores trataron la determinación de la inexistencia de operaciones según el artículo 69-B del CFF, enfatizando la importancia de documentar adecuadamente las transacciones y cumplir con las obligaciones contractuales para evitar cuestionamientos fiscales. Además, mencionaron problemas comunes como la falta de controles y la desatención de auditorías, que pueden llevar a la simulación de actos, recordando que la carga de la prueba recae en el contribuyente en disputas fiscales.
Para finalizar las presentaciones, Berenice Carrasquedo López, socia en BFC Asesores y Juan Carlos Santillán Hernández, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, expusieron sobre los efectos fiscales y legales de los fideicomisos en México, destacando su función en la recolección de recursos y la sucesión patrimonial. Discutieron la importancia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones de las fiduciarias respecto a la declaración de ingresos y la información a las autoridades fiscales. También abordaron aspectos relacionados con la enajenación de bienes y los requisitos para determinar si un fideicomiso realiza actividades empresariales, así como la necesidad de cumplir con normativas internacionales como FATCA y CRS, que exigen la presentación de información sobre beneficiarios y el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, clausuró el evento agradeciendo a los ponentes y asistentes su participación. Destacó la calidad de los análisis presentados y reafirmó el compromiso del Colegio de Contadores Públicos de México con la capacitación continua y el fortalecimiento del conocimiento fiscal en beneficio de sus miembros y de la comunidad profesional.
Eventos recientes
El Colegio organizó el 16 de julio el curso Dictamex: dictamen del Estado de México 2024. El objetivo fue profundizar en los fundamentos, criterios y procedimientos para la presentación de este dictamen fiscal estatal. El curso abordó las disposiciones tributarias y su aplicación práctica en la plataforma del Dictamen Fiscal, incluyendo la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).El evento destacó por la participación de dos paneles de expertos. El primero estuvo integrado por especialistas técnicos y funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia con los asistentes. Los ponentes fueron: Gustavo De la Cruz Romero (titular del Departamento de Desarrollo de Sistemas), Emilio Valdez Zepeda (titular de la Dirección General de Fiscalización), Juan Carlos Castillo Carrillo (desarrollador de software en la Secretaría), Eduardo Guerrero Negrete (subdirector de Programas de Impuestos Estatales) y Alejandro Esaú Molina Guadarrama (titular de la Dirección en Tecnologías de la Información) en la Secretaría de Finanzas del Estado de México.La segunda mesa de diálogo estuvo conformada por Eduardo Arturo Cruz Quintero, Verónica Luis Mojica y Óscar Adrián Hernández Flores, todos ellos integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales y organizadores del evento. La coordinación general estuvo a cargo de José Eduardo Beristain Martínez, también miembro de la comisión organizadora.El curso cubrió un amplio espectro de temas esenciales para la correcta formulación del dictamen, incluyendo: el marco legal, el registro y autorización del Contador Público Autorizado (CPA), los sujetos del impuesto, supuestos del dictamen, opinión e informe, infracciones y sanciones. También se trataron aspectos relevantes en la elaboración del dictamen, la reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMYM), la situación actual de Dictamex y los beneficios del sistema, novedades para el 2025, como la innovación tecnológica, la seguridad y una guía audiovisual.Un punto central de la exposición fue la reforma al CFEMYM de 2021, específicamente el artículo 47.° G, fracción I. Esta modificación, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México ese mismo año, establece la integración de información detallada por cada trabajador y establecimiento dentro del Estado, incluyendo sus domicilios y ubicaciones. Es crucial destacar que esta disposición también aplica a edificaciones de obra, acabados, modificaciones y/o remodelaciones, sin importar su ubicación.Durante el curso, se presentaron datos relevantes sobre el estado actual de los avisos y dictámenes del ISERTP. Hasta el 15 de julio de 2025, se han registrado 1,981 avisos y 140 dictámenes presentados para el ejercicio 2025. En cuanto al ejercicio 2024, se recibieron 1,936 avisos, con 91 dictámenes ya presentados y 730 en proceso de formulación. La Secretaría de Finanzas expresó su expectativa de un crecimiento significativo en la presentación de dictámenes para 2024, buscando superar la cifra de 2021, que fue de 4,662 avisos.Los funcionarios estatales también resaltaron los importantes beneficios del sistema del Dictamen Fiscal del Estado de México (Dictamex):Simplificación, lo que facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de un proceso 100% electrónico.Confirmación inmediata, al proporcionar acuses y sellos digitales para verificar la presentación.Mayor control, lo que permite la administración de la información del CPR y ofrece un expediente electrónico con el historial completo de trámites.Flexibilidad, al brindar la posibilidad de modificar datos de contacto y domicilio fiscal de manera sencilla.Innovación y seguridad reforzada en el Dictamex.La innovación tecnológica fue un tema toral en la que los representantes de la Secretaría de Finanzas hablaron de las herramientas como la lectura del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la determinación del ISERTP, la vinculación de trabajadores por establecimiento mediante la herramienta TPE, y la importación masiva de información. Se explicó cómo la herramienta TPE simplifica la integración automática y masiva de datos, lo que evita retrabajos y optimiza los procesos.En cuanto a la seguridad, se enfatizó el uso de la firma electrónica y la implementación de un doble factor de autenticación a través de tokens enviados a correos electrónicos registrados, los cuales tienen una vigencia de 24 horas. Esta medida fortalece significativamente la seguridad del sitio Dictamex, una característica crucial para proteger la información de la autoridad, contadores y contribuyentes.En la segunda parte del curso, Eduardo Cruz Quintero abordó el marco legal del Dictamex. Explicó que este se fundamenta en el artículo 47.° del CFEMYM, el cual establece diversas obligaciones para los contribuyentes. Entre ellas, destacan la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), la conservación de la documentación fiscal por un periodo de cinco años y la presentación de avisos de modificación de datos. Una obligación fundamental es la de dictaminar la determinación y el pago del ISERTP a través de un CPR.Por su parte, Verónica Luis Mojica se centró en el registro y la autorización del CPA. Durante su intervención, resaltó las reglas generales del dictamen, cuyo objetivo principal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el ISERTP. Estas reglas incluyen normativas para obtener el registro como CPR, la metodología para determinar los promedios mensuales de remuneraciones y trabajadores, así como los procedimientos para la presentación tanto del dictamen como de los avisos, los cuales generarán un acuse de recibo con sello digital.Por su parte, Óscar Hernández Flores cerró la sesión con el tema de las infracciones y sanciones. En su presentación, destacó que el documento establece multas para los contribuyentes que no presenten el dictamen, lo hagan de forma extemporánea o con un CPR impedido, o no entreguen las constancias de retención. Para los CPR, las sanciones pueden incluir multas, suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del registro por omisiones o contravenciones en la formulación del dictamen.El curso finalizó con una dinámica de preguntas y respuestas, una demostración sobre cómo acceder a la plataforma y la entrega virtual de reconocimientos.
El 14 y 15 de julio, el Colegio fue sede del curso Medios de defensa ante los procesos de fiscalización un espacio de actualización coordinado por Israel Bastida Ventura, integrante de la comisión T. Fiscal. Durante ambos días, se presentaron distintos temas en materia fiscal con el fin de compartir con los asistentes los medios de defensa que pueden interponerse ante diversos actos de fiscalización de la autoridad, como devoluciones y auditorias.Para conseguir este propósito, el evento contó con la participación de ocho expertos en materia, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias para identificar los actos de fiscalización de mayor implementación y las acciones de defensa al alcance del contribuyente.Para comenzar, José Martín Aguayo Solano señaló que durante el 2025 no ha ocurrido una reforma fiscal, pero se ha resaltado el compromiso de la autoridad con la recaudación. Como parte de la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han implementado las cartas invitación, una facultad de gestión que informa a los contribuyentes sobre una irregularidad, diferencia o atipia en relación con los sistemas y bases de datos de la autoridad.A lo largo de su exposición, el experto comentó diversas incidencias comunes con el fin de encausar la atención de los profesionales contables a los aspectos que el SAT acostumbra a vigilar. Además, aunque no es obligatorio atender dichas cartas, suponen una oportunidad para conocer la perspectiva que tiene la autoridad sobre el contribuyente y demostrar el interés por aclarar las discordancias.Seguido a ello, Luis Alberto Placencia Alarcón desarrolló los medios de defensa que pudieran ser afectados por la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación. A ello, el experto comentó que la reforma no eliminó ningún mecanismo de protección para los contribuyentes, sin embargo, señaló la importancia de identificar los plazos de generales para los medios de defensa del contribuyente.Además, el expositor indicó que la mejor forma de atender los cambios que supone la reforma judicial es mediante prevención, cumplimiento y diálogo que brinde a los contribuyentes las herramientas necesarias para adaptarse a cualquier cambio, sin importar su tamaño.Ignacio Sosa López también participó en el evento, e ilustro a la audiencia en torno a las facultades de comprobación descritas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), cuyo fin es asegurar el correcto cumplimiento fiscal al determinar contribuciones omitidas, créditos fiscales y comprobar delitos fiscales.Sosa destacó que la autoridad puede ejercer estas facultades de comprobación de manera conjunta, indistinta y sucesiva, además de contemplar plazos temporales limitados. Por ello, brindó una serie de recomendaciones alineadas al mismo sentido: preparación; una contabilidad al día, el uso apropiado de CFDI, respaldo profesional continuo y correcto resguardo de documentación soporte permite contar con los recursos necesarios para plantear una estrategia ante una comprobación del SAT.El segundo día de la jornada contó con la participación de Arturo Alonso Hernández Cruz y Paloma Márquez Escamilla, ambos secretarios de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes enriquecieron con su participación en las exposiciones del día desde su valiosa perspectiva-Primero, se dio paso a la presentación de Ulises Castilla Flores, quien extendió en materia de devoluciones de impuestos. Tras describir la normatividad aplicable contenida en el CFF, señaló que hoy en día existen más mecanismos a favor de las autoridades, lo que convierte el proceso de devolución en un proceso más complicado para los particulares; debido a ello, es fundamental que los contribuyentes cuenten con un acervo probatorio sólido e, incluso, realicen una preparación anticipada para un juicio de amparo debido a los largos plazos temporales que implican estos medios de defensa.Posteriormente, Alejandro Emmanuell Sánchez López presentó su ponencia relacionada a consultas administrativas. En su participación compartió la naturaleza jurídica, plazos de vigencia y requisitos para la procedencia de consultas vinculantes, con sustento en el CFF; además, señaló que la claridad y especificidad son claves para este medio de defensa, acompañada de la debida documentación soporte, para evitar su revocación.Complementariamente, Sánchez detalló las consultas no vinculantes, cuya función es presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de le disposiciones fiscales. Además, detalló los objetos de consulta excluidos de este medio con base en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Finalmente, comentó que una consulta no vinculante puede ser entendido como material jurídico, ya que “es un medio de convicción que soporta nuestros razonamientos jurídicos”.Para finalizar con la jornada, Eduardo Sánchez Lemoine profundizó en el uso de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y resaltó su importancia como un medio de justicia alternativa en materia fiscal en el contexto actual. El ponente señaló que la función de este medio es conciliativa, ya que brindan una ventana de oportunidad para realizar aclaraciones sobre el procedimiento de fiscalización, lo que permite alcanzar consensos sustentados en documentación y materialidad.Sánchez indicó que los acuerdos conclusivos suponen un beneficio importante para los contribuyentes, ya que evitan la judicialización de una controversia y permiten aclarar su situación fiscal ante una auditoría que, por si fuera poco, siempre cuenta con la presencia de la Prodecon durante el procedimiento, fortaleciendo el sentido de transparencia del medio.
El curso Obligaciones legales, contables y fiscales para donatarias, realizado los días 11 y 12 de julio por la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio, brindó un espacio para abordar los principales retos que enfrentan las organizaciones no lucrativas en México.Para dar inicio con el evento, Alejandro Gualito Hernández, integrante de la comisión antes mencionada, versó sobre los aspectos contables que deben atender las donatarias, destacando la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), en particular la B-16 y la E-2, que regulan la presentación de estados financieros y el tratamiento adecuado de los donativos. Subrayó que las organizaciones deben superar el enfoque puramente fiscal y adoptar una contabilidad financiera robusta que sirva a la toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia ante donantes y autoridades. Asimismo, alertó sobre los riesgos de operar sin claridad en el objeto social o sin autorización del SAT, lo que puede implicar sanciones fiscales.En el ámbito jurídico, José Sinaí Trejo Suárez, gerente jurídico de Transformando 360 Grados, explicó el proceso de constitución y actualización de las donatarias, insistiendo en la importancia de redactar adecuadamente el acta constitutiva, especialmente las cláusulas de patrimonio, liquidación y admisión de extranjeros. Advirtió que errores comunes en estos documentos, así como la omisión de actualizaciones conforme a las reformas del artículo 82 de la Ley del ISR, han derivado en la pérdida de autorizaciones. También ofreció recomendaciones prácticas para cumplir con las exigencias del SAT y evitar la revocación mediante un uso adecuado del buzón tributario y la presentación oportuna de evidencias de las actividades realizadas.Por su parte, Flora Josefina Blanes García, también integrante de la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos, abordó el marco legal de las donatarias autorizadas, detallando los beneficios fiscales establecidos en el artículo 79 de la Ley del ISR, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas: no intervención en actividades políticas, destino exclusivo de activos al objeto social, y límites en ingresos no relacionados con su misión. Hizo énfasis en la necesidad de emitir comprobantes fiscales (CFDI) con los requisitos establecidos, presentar declaraciones informativas, y cumplir con obligaciones derivadas de la ley antilavado, pues cualquier omisión puede significar la revocación de la autorización.Finalmente, la contadora Elizabeth Pérez Esteban, de la comisión organizadora, centró su intervención en los aspectos administrativos y operativos de las donatarias. Habló sobre la importancia de una adecuada gestión de personal y voluntariado, del establecimiento de sistemas de control interno eficaces, y de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de los programas sociales. Además, destacó que la procuración de fondos debe entenderse como un proceso estratégico que requiere planeación, ética y comunicación continua con los donantes para asegurar la sostenibilidad financiera de las organizaciones.Durante los dos días del curso, los expositores tuvieron una interacción abierta y dinámica con los participantes, tanto de manera presencial como en línea, quienes pudieron plantear sus dudas y recibir orientación directa, enriqueciendo así el aprendizaje y la aplicabilidad de los temas tratados.
