El Hotel Marquis Reforma fue sede del 11.° Encuentro de temas fiscales del sector financiero, un evento organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio. Este encuentro, realizado el 3 de octubre, reunió a destacados expertos del ámbito fiscal y legal, quienes compartieron sus conocimientos sobre las últimas recomendaciones y alternativas para los contribuyentes.
La inauguración foro estuvo a cargo de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio. Durante su discurso, Ramírez enfatizó la importancia de este encuentro en el contexto actual, caracterizado por constantes cambios económicos y normativos que impactan directamente en la operación del sector financiero. “La colaboración y el diálogo son fundamentales en un entorno tan dinámico. Este tipo de eventos nos brinda la oportunidad de aprender unos de otros y de crear soluciones colectivas que beneficien a nuestros clientes y a la industria en general”, comentó.
Además, el presidente subrayó la relevancia de abordar temas críticos como la fiscalización, la digitalización de procesos y la adaptación a nuevas tecnologías. Ramírez animó a los asistentes a participar activamente en las sesiones y a aprovechar al máximo la experiencia compartida por los expertos, quienes cuentan con una trayectoria sólida en el campo fiscal.
Dando inicio con las pláticas, Allen Saracho Carrillo, integrante de la comisión Fiscal y Pablo Javier Corvera Caraza, socio en Chevez Ruiz Zamarripa, abordaron el tratamiento fiscal del traspaso y la venta de cartera vencida y vigente, destacando modalidades y controversias. Saracho señaló que las instituciones de crédito pueden deducir pérdidas por la venta de cartera según el artículo 25, fracción V, de la LISR, antes de agotar las reservas preventivas, siempre que se cumplan requisitos específicos.
Corvera Caraza aclaró que una operación de venta de cartera no se considera entre partes relacionadas si se demuestra que se realizó bajo condiciones de mercado. Ambos discutieron las implicaciones prácticas, señalando que el SAT cuestiona la deducción de pérdidas en cartera vencida y la razonabilidad de la venta de cartera vigente, resaltando la necesidad de respaldar las operaciones con estudios de precios de transferencia, especialmente entre partes relacionadas, para evidenciar motivos.
En su turno, Brenda García Flores, socia en Deloitte, habló sobre el panorama político 2024-2025, donde señaló que la coyuntura política y económica actual en México estará marcada por un déficit fiscal meta del 6% para 2024 y un enfoque en el gasto social, destinando cuatro billones de pesos a programas prioritarios. Además, enfatizó la importancia de mantener la estabilidad en un contexto de certidumbre jurídica y seguridad, haciendo referencia a factores como las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la revisión del TMEC, que podrían influir significativamente en la economía mexicana.
Respecto a la composición del Congreso, García Flores destacó que Morena tiene mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo cual les permite impulsar reformas significativas, aunque existen contrapesos importantes como BANXICO y otros órganos autónomos. Sobre las recientes reformas constitucionales, mencionó la del Poder Judicial, que incluye la reducción a nueve ministros de la SCJN y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, mencionó que la agenda legislativa próxima podría incluir la desaparición de órganos autónomos y la digitalización de procesos de fiscalización, en línea con las tendencias hacia el nearshoring y la transformación del sector energético.
Continuando con el programa, Rafael Camarena Zavala, director de Análisis Económico en Banco Santander, analizó el entorno global y las perspectivas económicas de México. Dijo que la economía de Estados Unidos se mantiene en crecimiento moderado, con disminución en la inflación que podría permitir más recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal. Explicó que, para México, la inflación ha retomado una tendencia a la baja, impulsando al Banco de México a recortar su tasa de interés de referencia. Sin embargo, la economía se ha desacelerado debido a la incertidumbre interna y la disminución de ingresos por exportaciones. “Se espera un crecimiento económico moderado para los próximos años, con una tasa de creación de empleo desacelerada”.
Además, resaltó que la inversión extranjera directa ha sido menor que en años anteriores y que la reinversión de utilidades es el principal componente de esta inversión. En esa línea, explicó que la llegada de nuevas inversiones es clave para aprovechar la relocalización de industrias, pero se enfrentaran a desafíos como la disponibilidad de energía y la seguridad pública. A nivel fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido un déficit del 5.9% del PIB para 2024, con planes de reducirlo en 2025, lo cual podría requerir una reforma fiscal. A pesar de estos retos, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China.
Por otro lado, Laura Martínez Martínez, presidenta del comité fiscal en la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, centró su participación en las novedades fiscales para el gremio bursátil. Manifestó que se ha trabajado de la mano con el Titular de la Unidad de Legislación Tributaria y funcionarios de diversas unidades de la SHCP para impulsar el desarrollo del mercado de valores. Entre los temas tratados destacaron la necesidad de que la retención del ISR en operaciones de préstamo de valores se aplique únicamente sobre el monto del premio obtenido, y no sobre el monto total de la operación, argumentando que la práctica actual desincentiva el crecimiento de este segmento. También se revisaron propuestas para facilitar la comercialización de Fondos de Inversión mexicanos en el extranjero, eximiendo a los residentes extranjeros de ciertos impuestos.
Martínez también se refirió a la importancia de revisar la tasa de retención de intereses, sugiriendo considerar una tasa ponderada del 23.52% en lugar de la tasa máxima de ISR establecida para personas físicas del 35%. También, hizo mención de las recientes modificaciones a la Ley de Fondos de Inversión para incorporar a los Fondos de Inversión de Cobertura, conocidos como Hedge Funds, con el objetivo de ampliar las opciones de inversión en México y permitir que estos fondos operen con cualquier activo objeto de inversión señalado en su prospecto. “Estas iniciativas buscan fortalecer el funcionamiento de los mercados financieros del país, eliminando distorsiones y promoviendo un acceso más competitivo a los instrumentos de deuda y capital”.
Siguiendo con el temario, Gerardo Alegría Benítez, director de Impuestos en KPMG, abordó el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) en el ambiente de fiscalización en México. Alegría explicó que la IA ha evolucionado para convertirse en una herramienta esencial para automatizar procesos y generar contenido, desde textos hasta declaraciones fiscales. Respecto al ámbito tributario, comentó que el SAT está empleando tecnologías como aprendizaje automático para mejorar la detección de fraudes y evasiones fiscales, especialmente en áreas como el IVA y el comercio exterior. La incorporación de la IA en la fiscalización permite una revisión más precisa y dirigida, minimizando auditorías al azar y aumentando la eficiencia de las revisiones.
Alegría también enfatizó la importancia de la supervisión humana en el uso de la IA, conocida como humano con la lupa, para garantizar la calidad y la precisión de las decisiones automatizadas. “Aunque la IA automatiza tareas repetitivas y mejora la eficiencia en el ámbito fiscal, no reemplaza el juicio humano, especialmente en áreas donde el contexto ético y emocional son cruciales”. Terminó expresando que las empresas deben adoptar estrategias modernas para la transformación fiscal, que incluyan la evaluación de procesos fiscales, calidad de datos e infraestructura tecnológica, asegurando una integración eficaz de la IA en la gestión tributaria sin perder de vista la supervisión y el control humano.
En tanto, Asael Eduardo Apolinar Hernández, socio Fiscal en Garrido Licona y Asociados, y Viviana Monserrat García Porras, integrante de la comisión Fiscal 2, presentaron un panorama del marco de fiscalización para 2025, centrándose en la deducción de créditos incobrables y pagos al extranjero. Resaltaron la controversia sobre la deducción de créditos superiores a 30 mil UDIS, destacando la necesidad de demostrar la imposibilidad de cobro y contar con controles eficaces y políticas claras. También discutieron la deducción de gastos a prorrata en pagos al extranjero, enfatizando la estricta indispensabilidad y la documentación necesaria para comprobar la prestación del servicio. Además, abordaron el tratamiento del IVA no acreditable para aseguradoras y presentaron un anteproyecto de reforma fiscal que obligaría a declarar pérdidas por créditos incobrables y reservas de seguros deducidos antes del 15 de febrero de cada año.
Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, abordó la problemática del IVA en las aseguradoras, destacando el rechazo del SAT al acreditamiento del IVA relacionado con los gastos de siniestralidad. “Este cambio de criterio ha llevado a fiscalizaciones constantes y a la imposición de créditos fiscales significativos, en ocasiones superiores al capital contable de las instituciones aseguradoras”.
Refirió que anteriormente, las aseguradoras contaban con una confirmación del SAT que les permitía acreditar el IVA de los proveedores involucrados en la atención de siniestros, pero la nueva interpretación ha generado una crisis en el sector. Según la Ley del IVA, el seguro está gravado y los gastos asociados a siniestros deberían ser acreditables, ya que forman parte de la cadena productiva; sin embargo, el SAT sostiene lo contrario, complicando el funcionamiento del sector y generando juicios de nulidad en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la presentación sobre la materialidad de las operaciones, Adriana Vázquez Padilla y Luis Guillén Juárez, ambos socios en PwC, discutieron los desafíos que enfrentan las organizaciones para cumplir con los requisitos fiscales de razón de negocios y materialidad. Exaltaron la evolución de la fiscalización en un entorno empresarial donde son cruciales las auditorías exhaustivas y los avances tecnológicos para aumentar la recaudación.
Igualmente señalaron el impacto de las decisiones judiciales, las sanciones y la doble imposición en la reputación empresarial, así como la creciente regulación del SAT en áreas como la prevención de lavado de dinero. Los expositores trataron la determinación de la inexistencia de operaciones según el artículo 69-B del CFF, enfatizando la importancia de documentar adecuadamente las transacciones y cumplir con las obligaciones contractuales para evitar cuestionamientos fiscales. Además, mencionaron problemas comunes como la falta de controles y la desatención de auditorías, que pueden llevar a la simulación de actos, recordando que la carga de la prueba recae en el contribuyente en disputas fiscales.
Para finalizar las presentaciones, Berenice Carrasquedo López, socia en BFC Asesores y Juan Carlos Santillán Hernández, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, expusieron sobre los efectos fiscales y legales de los fideicomisos en México, destacando su función en la recolección de recursos y la sucesión patrimonial. Discutieron la importancia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones de las fiduciarias respecto a la declaración de ingresos y la información a las autoridades fiscales. También abordaron aspectos relacionados con la enajenación de bienes y los requisitos para determinar si un fideicomiso realiza actividades empresariales, así como la necesidad de cumplir con normativas internacionales como FATCA y CRS, que exigen la presentación de información sobre beneficiarios y el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, clausuró el evento agradeciendo a los ponentes y asistentes su participación. Destacó la calidad de los análisis presentados y reafirmó el compromiso del Colegio de Contadores Públicos de México con la capacitación continua y el fortalecimiento del conocimiento fiscal en beneficio de sus miembros y de la comunidad profesional.
Eventos recientes
Esta tarde, el Colegio de Contadores Públicos de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer la relación entre ambas instituciones y ofrecer beneficios significativos a sus integrantes.En el evento se dieron cita, por parte del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente; Rosalía Ortega López, vicepresidenta de Gobierno; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva. En representación del Colegio de Notarios, estuvieron presentes Roberto Garzón Jiménez, presidente de la institución, y Ángel Gilberto Adame López, director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado (IIJN).Durante la firma del convenio, se destacó el compromiso de ambas partes para desarrollar actividades que incluyen:Comunicación: Colaboración en la promoción de foros, cursos, talleres, etc. a través de redes sociales y comunicados oficiales.Acceso preferente a actividades académicas: Los asociados y colaboradores tendrán preferencia para participar en diversas actividades académicas organizadas por los colegios.Difusión: Se establecerá un enfoque en la promoción de cursos, talleres, seminarios, conferencias, simposios y diplomados, lo que permitirá a los miembros mantenerse actualizados en sus respectivas áreas de interés y contribuir al desarrollo profesional continuo.Posteriormente a la firma, las autoridades de ambos organismos realizaron un recorrido por las instalaciones del Colegio, donde pudieron conocer más sobre los beneficios que se ofrecen a los asociados.Durante el recorrido, los representantes intercambiaron ideas sobre la importancia de la colaboración interinstitucional y cómo esta puede impactar de manera positiva en la formación y actualización profesional. El encuentro finalizó con una cordial conversación sobre los desafíos actuales que enfrentan ambas profesiones, así como sobre la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
El 29 de julio se presentó en el Colegio el curso Presentación del dictamen por fusión y escisión de sociedades, donde la comisión técnica de Auditoría Fiscal brindó la información necesaria a los asistentes para elaborar el dictamen y presentación de estados financieros de las empresas participantes de fusiones o escisiones, conforme a los requisitos del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).El espacio estuvo coordinado por Rafael Mendoza Aguilar y contó con la participación de tres expertos en el tema e integrantes de la comisión: Daniel Lugo Serrano, Saraí Dávila Fragaso y Miguel Ángel Severiano Hernández, quienes compartieron sus conocimientos para explorar los antecedentes, disposiciones fiscales, requisitos y recomendaciones para la elaboración de estos dictámenes. Para comenzar, se explicó que el proceso de fusión o escisión comienza con una asamblea extraordinaria de accionistas, donde se determinarán los motivos para tal efecto en relación con los estados financieros. Además, se señaló la importancia de extender en un acta de asamblea todos los detalles necesarios del acuerdo de estos actos corporativos, con el fin de clarificar las descripciones, plazos, responsabilidades y obligaciones que derivan de ellos.El acta de asamblea no tiene una lista concreta de extensión y alcance. Los expertos señalaron que debe responder a las necesidades de las partes involucradas para establecer un acuerdo, siempre alineada a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).En ese mismo sentido de cumplimiento normativo, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación señala las condiciones que debe cumplir un caso de fusión para no ser considerada como una enajenación. Una de estas condiciones es que la sociedad fusionante deberá continuar con las actividades que realizaba antes de la acción.Posteriormente, en el foro se comentó quiénes no están obligados al dictamen, con sustento de la regla 2.10.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Para ello, los contribuyentes deben cumplir tres supuestos: el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad y el capital social del fusionante o la escindente no debe exceder el equivalente a $100’000,000; El valor de los activos netos transmitidos a la sociedad fusionante o escindida es igual o menor a un monto equivalente a $100’000,000; y, la sociedad fusionada o escindente, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la acción, consignó en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) iguales o menores a un monto equivalente a equivalente a $50’000,000.Además, se compartió cómo debe presentarse un dictamen de los estados financieros utilizados para llevar acabo una fusión o escisión, sus requisitos y condiciones con fundamento del artículo 14-b del CFF. Dentro de estos requisitos, se destacó el escrito libre que debe contener el dictamen y debe ser realizado por un contador público inscrito; además, es en esta carta donde se debe incluir la copia del acta de asamblea que se mencionó previamente.Finalmente, se señaló que no presentar este dictamen, dentro de los plazos establecidos, mediante el Sistema de Presentación de Dictamen (Sipred) puede llevar a la invalidez de la fusión o escisión para efectos fiscales, sanciones económicas y la pérdida de la revisión secuencial. Debido a ello, es de suma importancia mantener estas acciones empresariales dentro de las normativas aplicables y, para ello, es fundamental contar con una presentación apropiada y alineada del dictamen de los estados financieros que les sustentan.
Este 24 de julio, el Colegio y la comisión Administradora de Calidad de Firmas de Contadores Públicos presentaron la conferencia Reflexiones sobre el cumplimiento de la NIGC, revisiones globales, la cual fue impartida por Jaime Pérez Martínez y Cristian Justo Álvarez, y moderada por Javier Sagrero Martínez; quienes platicaron sobre los hallazgos, medidas contra los incumplimientos y los retos por venir en este proceso.Los expositores comenzaron su presentación compartiendo un breve panorama internacional que evidenció la situación actual respecto a la calidad en los servicios de auditoría. Resaltaron diversos hallazgos preocupantes en las firmas, tales como la falta de designación de un responsable del sistema de control de calidad, la ausencia de un manual de políticas y procedimientos, y la inexistencia de planes de capacitación.Entre las observaciones realizadas a los encargos, los contadores destacaron la falta de documentación adecuada para la determinación de cuentas significativas y la insuficiencia de procedimientos analíticos en la evaluación de riesgos. "Es fundamental que se involucre a especialistas de TI en la revisión de los sistemas para garantizar una auditoría efectiva", subrayó Justo Álvarez.Asimismo, los retos que enfrentan los contadores, en el actual contexto, también fueron parte de la discusión. Los especialistas mencionaron la postergación de fechas de visitas, errores en los datos de contacto de los revisores, y el considerable desfase de tiempo en la aceptación de hallazgos; estos elementos, señalaron, afectan directamente la calidad del trabajo de auditoría.Además, compartieron que, de acuerdo con el Foro Internacional de Reguladores Independientes de Auditoría (IFIAR, por sus siglas en inglés), 88% de las jurisdicciones son requeridas para adoptar la NIGC 1, de los cuales 68% de los miembros reportan hallazgos relacionados con auditorías de entidades que no son de interés público.A pesar de los desafíos, se compartieron hallazgos positivos como la eficiencia en las auditorías, una mayor estadía de colaboradores y una mejor colaboración cruzada. Estos aspectos son cruciales para la toma de decisiones informadas dentro de las firmas.Se puntualizó, con base en reportes del IFIAR, que los hallazgos de control de calidad no solo se relacionan con compromisos específicos, sino que abordan políticas y procedimientos vigentes en las firmas. Para mejorar la situación, los especialistas recomendaron la asignación de recursos, el fortalecimiento de la documentación y la inducción a una proactividad mayor en los procesos.“Los beneficios de implementar acciones correctivas eficaces incluyen no solo la reducción de costos, sino también un aumento en la eficiencia y la mejora continua de la calidad en el ámbito contable”, concluyó Pérez Martínez.
