Ante el fortalecimiento año tras año de las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la comisión técnica de Investigación Fiscal del Colegio presentó, el pasado 25 y 26 de enero, el foro Fiscalización del SAT y resoluciones en tribunales, espacio que contó con la participación de Georgina Arias Ramírez y Luis Clemente Carbajo Martínez, quienes platicaron, entre otros temas, sobre los ingresos tributarios derivados de la recaudación y las medidas incorporadas dentro de la ley para combatir la elusión fiscal.
En su participación Arias Ramírez compartió un panorama de los últimos tres años de la recaudación primaria y secundaria en México, al respecto puntualizó que la recaudación secundaria se obtiene por medio de acciones para aumentar la eficiencia recaudatoria, tales como los programas que promueven la regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna (actos de fiscalización).
Además, comentó que desde 2020, el SAT tiene como principal eje de acción el ABC institucional, el cual consiste en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal, y combatir la corrupción. A este programa se le suma herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, adicional a la reciente incorporación de la Carta Porte para el traslado de mercancías.
Por lo anterior, la especialista informó que el combate contra la evasión fiscal se ha mantenido como una de las estrategias prioritarias año con año, sin embargo, explicó que es necesario fortalecer la recaudación tributaria no sólo a través de una mayor eficiencia, sino también mediante la reducción de espacios regulatorios que permitan la evasión y elusión.
“Las tasas efectivas por sector económico de contribuyentes, criterios no vinculativos, criterios normativos, esquemas reportables, razón de negocios y acto simulado, entre otras medidas para combatir la elusión fiscal”, precisó.
En otro orden de ideas, Luis Clemente Carbajo Martínez dialogó sobre los tópicos selectos relacionados con criterios de tribunales, puntualizando en tres, los derechos humanos y el interés público de recaudación, fecha cierta y simulación y materialidad.
En ese sentido, el expositor aclaró que, de acuerdo al Código civil, es simulación el acto en que las partes declaran falsamente lo que en realidad no ha pasado, la simulación relativa no deriva en nulidad si no hay ley que así lo declare. Por otra parte, el Código Penal Federal sanciona a quien simule un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.
Finalmente, Carbajo Martínez habló sobre la labor que debe desempeñar el auditor en esta serie de ejercicios, "derivado de la elaboración del dictamen del contador público y en el supuesto de que tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales, éste deberá de informarlo a la autoridad fiscal de acuerdo a las reglas de carácter general", concluyó.
Eventos recientes
Del 4 al 7 de agosto, el Colegio se convirtió en el escenario para el debate y la reflexión sobre la seguridad social y laboral en México, al albergar el 31.º Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social (FONESS); evento que reunió a destacados funcionarios del gobierno, expertos y profesionales del sector para analizar las expectativas, resultados, desafíos y oportunidades en la materia.Entre las figuras gubernamentales presentes, destacó la participación de Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección Jurídica del IMSS; Fernando Jordan Siliceo del Prado, director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Jorge Quiroz Téllez, gerente de Recaudación y Cobranza Fiscal del Infonavit. Su presencia subrayó la importancia de la colaboración entre las autoridades y los especialistas en la materia.Durante el foro, se discutieron temas cruciales como el Programa de Inspección Federal del Trabajo 2025, el cual busca fortalecer la vigilancia y cumplimiento de las normativas laborales; al respecto, Siliceo del Prado informó que, entre 2019 y 2024, la STPS realizó más de 236 mil inspecciones a los centros de trabajo, de las cuales fueron vigiladas las condiciones de 27 millones de personas trabajadoras, “resultado de una mejora en la eficiencia de la inspección federal”, remarcó.Además, puntualizó que, bajo la meta de reducir los gastos operativos de la STPS, se migrará a un mecanismo de notificaciones electrónicas, tal como las realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su buzón tributario. “Con esto, se ahorrarían 2.7 millones que representan 17% del gasto en notificaciones”, remarcó.Asimismo, se abordaron las reformas laborales y su impacto en el ámbito social, ofreciendo un balance de los resultados obtenidos hasta la fecha y las perspectivas legislativas futuras, a cargo de Norma Gabriela López Castañeda, Yareni Varinia Villareal Camero, jefa de Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos en el IMSS, y Jesús Mendoza Huelgas, coordinador de Asuntos Contenciosos en el IMSS. De igual forma, dialogaron sobre los avances en la modernización jurídica en el instituto, así como los mecanismos alternativos y la responsabilidad patrimonial.Otro de los puntos destacados fue la presentación de Pedro Ordorica Leñero, especialista jurídico y en seguridad social, y Juan Manuel Jiménez Illescas, exmagistrado de sala regional y de la sala superior del TFJA; quienes hablaron sobre las características del compliance tributario en la seguridad social para lograr una gestión empresarial responsable y realizaron un análisis del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el que examinaron su evolución, problemáticas actuales y posibles escenarios de la reforma.En más actividades del FONESS, Jorge Quiroz Téllez presentó las principales consideraciones derivadas de la modificación al artículo 29 de la Ley del Infonavit, la cual es vigente a partir de julio de 2025; sobre el punto, comentó que, al eliminarse la suspensión de la obligación de realizar el descuento, el empleador debe aplicar el monto completo indicado en el aviso de retención sin hacer reducciones proporcionales.Por su parte, Carlos Alberto González Calvo, gerente de Operaciones de la Cuenta en el Infonavit, compartió los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, entre los que destacó las aportaciones a la subcuenta de vivienda y el mecanismo de ahorro. En este tenor, Perla María Márquez Martínez y Santiago Gutiérrez Villarruel, de la gerencia Sr. de Fiscalización en el Infonavit, versaron sobre las características del aviso para presentar el dictamen Infonavit, así como la revisión de papeles de trabajo como parte de las facultades de revisión de la autoridad.La tercera jornada culminó con una destacada conferencia a cargo de Gabriela Garza Valdez y Luis Eduardo Jiménez Torres, de la Gerencia Sr. de Fiscalización del Infonavit, junto a Fernando Tapia Díaz, de la Gerencia de Facturación Fiscal. Durante su presentación, se abordaron las más recientes actualizaciones sobre el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB), que busca optimizar la regulación y control de la subcontratación en el ámbito laboral.Garza Valdez y Jiménez Torres enfatizaron la importancia de este sistema para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social por parte de las empresas que recurren a este modelo de contratación.También, los ponentes discutieron aspectos relevantes de los avisos de crédito, proporcionando a los asistentes información valiosa sobre su manejo y las implicaciones que tienen en la fiscalización.En su participación, Gabriel Omar Cabello León, titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos del IMSS, presentó importantes detalles sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.Cabello León explicó las características y objetivos de este fondo, diseñado para mejorar la calidad de vida de los pensionados y garantizar un ingreso digno en la etapa de retiro. Durante su exposición, enfatizó las condiciones necesarias para acceder al complemento que ofrece este programa.Respecto a la situación de trabajadores independientes, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, destacó que, en el país, 22.1% de la población ocupada, equivalente a 13.2 millones de personas, se encuentra en esta categoría. Dada esta cifra significativa, subrayó la importancia de facilitar el acceso al seguro social para estos trabajadores, quienes a menudo enfrentan retos únicos en su camino hacia la formalización.En su presentación, explicó los pasos necesarios para la incorporación, así como los beneficios que esta ofrece, incluyendo acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y seguridad en el retiro.Las participaciones fueron complementadas por Rolando Silva Briceño, Jorge Eugenio Martínez Vargas, miembros del Colegio; José Guadalupe Rodríguez Marentes, Nancy Berenice Robles Núñez, especialistas en la materia; y María Juana Ramírez Ortega, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos en el IMSS, y Luis Miguel Velázquez González, coordinador de Servicios Integrales en el IMSS; estos últimos versaron sobre las características, funciones e implementación del Buzón IMSS, respondiendo a las dudas de los asistentes, lo cual, fue la característica principal de esta edición del foro, pues dicha interacción permitió aclarar dudas y fomentar un intercambio de ideas sobre las mejores prácticas en la gestión de estos temas.
El 7 de agosto el Colegio contó con la presencia de la maestra Patricia Moles, especialista en sostenibilidad del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF, quien presentó la conferencia Tendencias y Normas de Información de Sostenibilidad con el CINIF.Para comenzar, Moles mencionó que un reporte empresarial es una herramienta para comprender una entidad, por ello debe ser pensado de forma holística y prospectivo. Ante la preocupación por los riesgos sistémicos del cambio climático, se integran a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFSR) la consideración de los riesgos físicos y relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).Según comentó la ponente, de manera global “se reconoce la responsabilidad de reducir las emisiones con aplicación tecnológica, políticas públicas, políticas de recaudación y reducir el consumo energético para permitir la conservación del planeta”.En ese mismo sentido, operan las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) propuestas por el CINIF, ya que permiten identificar las métricas de 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) de cada actor en las cadenas de valor por parte de los usuarios de la información. Con esos datos se permite entender el estado de una entidad para atender problemáticas, identificar oportunidades y encaminarla a prácticas más sostenibles.Posteriormente, la ponente detalló la información a considerar por las NIS en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).Al respecto de los IBSO ambientales, los que suponen una mayor concentración de datos cuantitativos, Moles señaló la complejidad de la recopilación y obtención de los estos datos supone un reto que el CINIF decidió apoyar mediante la publicación de dos herramientas digitales; ambas pensadas desde la accesibilidad y la gratuidad, para que empresas de cualquier tamaño puedan emplearlas y así impulsar a la presentación de esta información.La primera herramienta es una calculadora de GEI, que mediante un cuestionario y un llenado de datos permite conocer las métricas de producción de CO2 directas e indirectas de una entidad. La segunda, permite el análisis de exposición a zonas de riesgo para la biodiversidad y la identificación de estrés hídrico.En conjunto, ambas propuestas proponen una perspectiva simplificada para que obtener estos datos suponga una carga menor en la entidad en relación con la ventaja que supone poseer esa información que, según concluyó Moles, supone una ventana para entender una empresa, sus riesgos, oportunidades y, con ello, elaborar un plan estratégico para su beneficio y la sostenibilidad del medio ambiente.
Con el fin de brindar información y recomendaciones para la atención de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la comisión técnica de Seguridad Social presentó el curso Cómo atender una visita de inspección de la STPS, el 31 de julio. Con este fin, se contó con la presencia de Nancy Berenice Robles Núñez, mánager de la práctica legal laboral en EY y experta en derecho laboral, bajo la coordinación de Rubén Darío Dávalos Palomera, integrante de la comisión.Para comenzar, la ponente señaló la importancia de mantener una actualización constante en relación con estas visitas de inspección, ya que “son un terreno cambiante en términos de normatividad y se caracterizan por ser visitas focalizadas”; esto se debe a que una inspección deriva de que la autoridad ya tiene información o un antecedente de incumplimiento que examina de forma específica durante su visita. Por si fuera poco, la STPS ejecuta revisiones en plazos mayores que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y suele considerar reincidencias, lo que puede provocar que la autoridad examine de forma secuencial diferentes años donde identifique una anomalía. En conjunto con el hecho de que las multas derivadas de estas visitas pueden ser por trabajador, el incumplimiento puede provocar multas muy altas para la organización.Debido a este riesgo, la ponente sugirió que siempre debe haber una persona destinada a atender las inspecciones de forma apropiada y que mantenga atención constante en los cambios en la normatividad aplicable. En ese sentido, se aprovechó el espacio para compartir los nuevos Lineamientos Operativos en Materia de Inspección Federal del Trabajo publicados en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2025.En esta actualización, se brinda facultad a los inspectores para ordenar medidas precautorias durante la inspección cuando se detecten riesgos inminentes a los trabajadores, donde se incluye la limitación total o parcial de operaciones y la restricción de acceso. Además, se promueve un mecanismo de seguimiento ágil, que obliga a la presentación de una resolución en un plazo máximo de 72 horas. Y, finalmente, se establece que la negativa a la inspección implicará un rigor mayor por parte del inspector.Respecto a este último punto, Robles reiteró la importancia de contar con una persona encargada de atender las inspecciones, ya que cualquier conducta que pueda ser interpretada como una negativa implicará un riesgo; incluso retrasar el acceso del inspector a las instalaciones puede ser asumido como obstrucción de la diligencia.A continuación, se comentaron las facultades y obligaciones del inspector, ya que es responsabilidad del patrón corroborar su autenticidad. Sin embargo, “es importante considerar que la imposibilidad para corroborar la autenticidad de una orden de inspección, no impiden la celebración de la inspección”.Posteriormente, la expositora señaló la documentación clave que debe considerar el patrón para gestionar una inspección, cuyo resguardo es una obligación según el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para finalizar, se puntualizó que el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) también son una responsabilidad para los centros de trabajo, por lo que se debe identificar las NOM aplicables según el giro y tipo de actividad de la empresa, integrar un expediente documental y capacitar al personal en los casos necesarios.
