Los salarios y prestaciones son elementos fundamentales en la relación laboral entre un empleador y un trabajador, por lo que resulta importante comprender cómo estos se ven afectados desde la perspectiva fiscal, laboral y de seguridad social, ya que esto tiene implicaciones tanto para el asalariado como para la empresa.
Ante este panorama, el Colegio presentó del 7 al 9 de mayo el curso Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social de los salarios y prestaciones, en el que destacaron los aspectos clave en la gestión de nóminas en materia fiscal y laboral como las contribuciones locales, sueldos, prestaciones y seguridad social.
Las disertaciones estuvieron a cargo de Hugo Figueroa Ángeles, Rolando Silva Briceño, Julio César Suárez Domínguez, Pablo Alejandro Limón Mestre, Jorge León Manzanilla Cañizares, Ernesto Torres García, Humberto Cruz Hernández, Plácido Aurelio del Ángel Herrera y Ernesto Torres García, integrantes de las comisiones de Contribuciones Locales, Seguridad Social y de Investigación Fiscal; así como Oscar de la Vega Gómez, socio en el despacho de la Vega & Martínez Rojas.
Hugo Figueroa Ángeles basó su intervención en los temas relevantes en materia de Impuesto Sobre nómina (ISN) en la CDMX y en el Estado de México, en el que destacó:
“El ISN es la cuota de dinero que pagan los patrones a la entidad federativa, principalmente por el pago de sueldos, salarios y demás prestaciones originadas por una relación laboral, por lo general mediante la aplicación de una tasa, siendo este impuesto, una de las principales fuentes de obtención de recursos de las entidades”.
Asimismo, comentó que cada congreso tiene la autonomía de establecer sus propias reglas de carácter general para su recaudación, por medio de leyes, códigos y reglamentos. Son las autoridades, quienes promoverán el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de comunicados.
Y son precisamente las cartas invitación un documento para el pago de contribuciones locales, emitidas por la autoridad fiscal, “proporcionando detalles sobre los impuestos adeudados y el periodo correspondiente”, aseveró el contador Figueroa.
En materia de seguro social e Infonavit, Rolando Silva comentó que las modificaciones en seguridad social trajeron consigo un incremento de beneficios para trabajadores, pero un encarecimiento para los patrones, aunado a una complejidad administrativa.
En lo referente a las pensiones y sistema de ahorro para el retiro, está presente la reforma 2020, pensiones justas y el Fondo de Pensiones del Bienestar.
En el tema de las nuevas reglas de seguridad y salud en el trabajo, Silva Briceño mencionó la tabla de enfermedades profesionales, riesgos psicosociales, teletrabajo, ergonomía y NOM 035.
La última participación de la jornada estuvo a cargo de Julio César Suárez Domínguez, quien se enfocó en el tema de los aspectos relevantes en materia de PTU, en el que tomó como referencia la guía para cumplir con las obligaciones en materia de Reparto de Utilidades.
“Esta guía tiene el objetivo de facilitar a las empresas y trabajadores el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con este derecho laboral”.
El segundo día participaron Pablo Limón Mestre, Jorge León Manzanilla Cañizares y Humberto Cruz Hernández, quienes abordaron los temas de las diferencias entre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y su relación con las cartas invitación; considerandos de los expatriados y de los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones.
Limón Mestre basó su explicación en las invitaciones que el SAT emite por diferencias entre el ISR incluido en los CFDI y lo efectivamente enterado, por lo que su punto de partida fue cuándo se debe expedir un CFDI.
“Un CFDI debe emitirse en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, esto de acuerdo con el artículo 99 de la LISR; es decir, podrán expedir CFDI antes de la erogación de los pagos o dentro del plazo señalado en función a sus trabajadores”.
Limón Mestre destacó que dichas retenciones se deben enterar quienes hagan pagos por salarios asimilados y están obligados a retener y enterar las retenciones realizadas según el artículo 99 y 96, mismas que se deben enterar a más tardar el 17 del mes inmediato posterior (CFF 6-I, artículo en el que los contribuyentes proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación).
Ante este panorama, el contador expuso tres casos prácticos: uno enfocado al ISR retenido versus ISR a cargo enterado; el segundo cuando el importe del subsidio acreditado contra el manifestado en el CFDI, y el tercero, cuando el ISR retenido frente al ISR enterado con empleadores con más de 3000 empleados.
Mientras tanto, el abogado Humberto Cruz basó su disertación en el marco jurídico y legal en materia de expatriados (quienes viven fuera de su país), para esto tomo como referencia los nuevos modelos de negocio, la globalización versus regionalización, digitalización de la economía, nacionalidad contra la residencia fiscal y los aspectos contractuales.
“La expatriación se entiende como aquella prestación de servicios de trabajadores mexicanos fuera del país contratados en territorio nacional; o bien, terminación de la relación de trabajo en México e inicio de una nueva relación de trabajo en otro país”.
A tal efecto, Humberto Cruz se centró en el tema de la interacción con sistemas jurídicos para cumplimento con los aspectos fiscales, el efecto en PTU pagada a residentes fiscales en el extranjero y sus respectivos marcos jurídicos.
Manzanilla Cañizares, tercer expositor de la tarde, desarrolló el tema de los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y a diversas autoridades federales.
“De acuerdo con el CFF, artículo 27, se debe solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos por sueldos y salarios, así como proporcionar correo electrónico y número telefónico de los mismos; además, deberán proporcionar a las personas morales en las que recae la obligación de inscribirlo en el RFC, los datos necesarios para dar el cumplimiento correspondiente, así como el correo electrónico y número telefónico”.
El tercer día, Oscar de la Vega Gómez, Plácido Aurelio del Ángel Herrera y Ernesto Torres García cerraron el evento con temas relacionados con el CFDI de nómina, reforma laboral y previsión social.
Plácido Aurelio del Ángel, primer participante del tercer día se centró en los temas más relevantes en materia de CFDI de Nómina, en el que destacó que el pago de salarios es la obligación del patrón para con sus trabajadores ante el trabajo realizado.
“Los pagos por salarios se documentan con los recibos de nómina, las facturas electrónicas o el CFDI, siendo este último el insumo primario para la fiscalización que el SAT lleva a cabo tanto a patrones como a empleados”.
Aurelio del Ángel agregó que estos CFDI de nómina permiten el cruce de información en revisiones electrónicas; se puede determinar el cálculo de los impuestos de forma automática y con ello, obtener mayor recaudación fiscal.
Dada la importancia del CFDI de nómina, el contador señaló los principales cambios como el indicar el nombre completo y no sólo el RFC; el campo de forma de pago no debe existir; el código postal debe ser de acuerdo con el catálogo de códigos postales, entre otros aspectos.
Asimismo, habló de las cartas invitación y de cómo debe proceder el contribuyente.
El contador cerró su intervención con una serie de recomendaciones, en las sugirió establecer una conciliación periódica entre los CFDI emitidos vigentes y cancelados contra los que tiene en su base de datos el SAT para evitar diferencias en las declaraciones prellenadas, y en su caso, cancelar en tiempo, pues como lo refirió a lo largo de su exposición, el CFDI es el principal insumo para la fiscalización digital y eso se ha reflejado en las cartas invitación.
En tanto, Oscar de la Vega Gómez abordó el panorama laboral en México, en el que retomó el tema de la subcontratación, servicios y obras especializadas; el teletrabajo y sus características; así como la reforma laboral.
Acerca de este último tema, De la Vega mencionó que los próximos cambios a la reforma laboral es el correspondiente a los aguinaldos, que se prevé un aumento del pago mínimo de aguinaldo de 15 a 30 días; así como la disminución de la jornada laboral.
“Existe una iniciativa de reforma que pretende establecer que la jornada laboral será de cinco días laborables por dos de descanso, lo que implica la disminución de la jornada diurna de 48 a 40 horas”.
En esta tesitura, el abogado se refirió a otras próximas reformas laborales relevantes como la prima de antigüedad, permiso menstrual permiso de paternidad, prima vacacional, trabajo digno para las personas con discapacidad y para las personas mayores, silla para los trabajadores, cuotas sindicales, periodo de lactancia; trabajo y plataformas digitales.
El cierre del evento estuvo a cargo del contador Ernesto Torres García, quien expuso el tema de los aspectos relevantes en materia de previsión social, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de los empleados, misma que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, pero está regulada por disposiciones que se contemplan dentro de la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y la Ley del ISR.
Torres García en su participación habló de la deducibilidad (generalidades, trabajos sindicalizados, seguro de vida y gastos médicos, fondo de ahorro y vales de despensa); así como de los ingresos exentos y gravados.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
En el marco de las celebraciones por el Día del Contador, el Colegio llevó a cabo el Congreso de la Contaduría Pública: IA en fiscalización y gestión. El evento fue inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la nutrida asistencia del público, lo que representa grandes avances para el futuro de la profesión. Durante su mensaje, la contadora enfatizó que el Colegio mantiene un compromiso con la innovación y la preparación de su gremio.La jornada inició con la participación de Rosaura Aguilar Peña y José Luis Ortiz Coronado, quienes abordaron a fondo el concepto y alcance fiscal de la materialidad. Ante ello, el especialista habló sobre algunos desafíos que se presentan en la práctica actual, tales como la propia definición jurídica de materialidad dentro de la legislación mexicana.Además, recordó que, ante la emisión de comprobantes sin activos, personal o infraestructura, la autoridad presumirá la inexistencia de las operaciones. Asimismo, alertó sobre la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación (CFF) en la Ley Aduanera y las facultades de comprobación.Sobre la actualización para 2026, Rosaura Aguilar desglosó el impacto de la reforma aduanera publicada el 19 de noviembre de 2025, donde se obliga a importadores y exportadores a conservar de forma electrónica el soporte documental que acredite la materialidad de los recursos empleados. Aunado a esto, detallaron las exigencias de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) mediante los rubros específicos que vinculan el entorno corporativo, comercial y fiscal.Por su parte, Marycelia García Valle y Rodolfo Jerónimo Pérez aportaron una visión sobre el panorama actual de fiscalización, “el cual está totalmente volcado hacia la digitalización de la información fiscal y los cruces automatizados de datos, lo que permite a la autoridad detectar riesgos y patrones de comportamiento atípicos en tiempo real”, aclaró García Valle.Jerónimo Pérez precisó que demostrar la materialidad en la práctica va más allá de un papel; “implica comprobar plenamente que la operación exista, tenga sentido de negocio y sea comprobable”, subrayó.Finalmente, Ignacio Domínguez Castillo expuso los objetivos institucionales de eficiencia recaudatoria y cobranza coactiva implementados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que el uso de mecanismos inteligentes busca optimizar las acciones de vigilancia para identificar omisiones de forma oportuna, sin generar cargas innecesarias a los contribuyentes cumplidos.Sin embargo, advirtió que la fiscalización inteligente enfocará sus baterías y auditorías de manera prioritaria en aquellos contribuyentes que incurran en las siguientes conductas, como la celebración de operaciones con empresas factureras, presentación de pérdidas fiscales recurrentes, simulación o aplicación ilegal de deducciones, entre otras.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
