La comisión técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes en el Colegio organizó el 10 de marzo la plática Criptoactivos: aspectos contables y fiscales con las participaciones de sus comisionados Christian Pérez Carreto, Yair Kershenovich Tavel (expositores) y Andrés Carrera Cué (moderador y coordinador del evento).
Las exposiciones se dividieron en dos partes, la primera, se abordaron las definiciones generales, entre las que destacó el tema de la NIF C-22, Criptomonedas. La segunda, se trataron los aspectos fiscales y contables de los criptoactivos.
Christian Pérez se enfocó, entre otros temas, en la NIF C-22, pues es la norma financiera que define a los activos virtuales como un activo digital basado en códigos encriptados en forma electrónica y que se utiliza como medio de pago, intercambio o venta.
En tanto, Yair Kershenovich Tavel abrió su intervención al poner como contexto que el Bitcoin nace a partir de la crisis financiera hipotecaria en EUA.
“El gobierno de EUA decide imprimir más billetes para meter en circulación, lo cual motiva a que un grupo anónimo se reúna y bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto propone una forma de manejar la economía de una manera descentralizada, planteando puntos como el de un sistema digital en el que compara a esta solución con una especie de oro, pero digital, donde las personas podrían guardar valor, tal cual como el oro, e inclusive hacer trading por otros bienes”.
En ese sentido, Kershenovich Tavel mencionó que el concepto de blockchain para tener todo esto transparente y visible para todos, al igual que el oro, para que no sea centralizado, debe de ser escaso y bien distribuido para que no pueda existir una entidad que controle el mercado, por lo que surge la idea de la minería como medida de distribución descentralizada.
Sobre los aspectos fiscales y contables de los activos virtuales se comentó que aún no existen regulaciones precisas que definan lo que ha de considerarse como criptomoneda para efectos fiscales y cuáles serían las disposiciones específicas en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) al minar (procesos para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda), comprar y usar las criptomonedas para el pago de bienes o servicios.
En torno a este punto se habló de las diferencias en el tratamiento fiscal de un activo y una moneda. En el caso de la moneda, ésta no genera IVA y se devenga la ganancia o pérdida cambiaria.
“En cambio, el activo causa IVA, a menos de que esté expresamente establecido que es exento; tiene efectos fiscales al ser transmitido y se puede generar un ingreso cuando se pague un bien o servicio con dicha criptomoneda”.
Correspondiente al tratamiento fiscal se dijo que en México ya se cuenta con una norma financiera que establece los lineamientos del uso de las criptomonedas, los gastos generados en su minería y el tratamiento contable, para ello, se habló de tres temas: Minería, trading y pago de bienes y servicios en criptomonedas.
“En el país se puede obtener criptomonedas a través de la minería, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta [artículo 16.°] y el Código Fiscal de la Federación [artículo 17.°] o a través del trading, que es la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) y que se refiera a un mercado electrónico, según la LISR en su artículo 8.° y del Reglamento del ISR, artículo 11.°; o bien, por pago de bienes con criptomonedas [artículo 18 de la LISR]”.
Kershenovich Tavel cerró su intervención con una serie de conclusiones como que hoy en día la autoridad no se ha pronunciado hacia un tratamiento fiscal específico en materia de criptomonedas, y que para la legislación mexicana las criptomonedas son consideradas como activos y no como monedas.
“Los ingresos por minería se generan al valor de mercado del momento de la recepción o de avalúo y se pueden deducir los gastos estrictamente indispensables para la operación y que los ingresos o pérdidas por compraventa de criptomonedas se generan al realizar la venta de los mismos y se considera el valor de compra como costo”.
Por último, dijo que la enajenación de una criptomoneda por una persona física es un evento gravable.
"A diferencia de las personas morales, las personas físicas no requieren de un avalúo para determinar el ingreso. El pago por la adquisición de un bien por una persona física con una criptomoneda califica como una ‘permuta’ […] y que se genera un IVA al hacer transacciones con residentes nacionales".
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Con el fin de revisar las disposiciones éticas aplicables a la al contador público en México, el 28 de abril se presentó un curso donde se analizaron las actualizaciones de Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 2026 para fortalecer el criterio de los asistentes en la toma de decisiones ante dilemas éticos: Modificaciones al Código de Ética Profesional.María Margarita Aranda Martínez, integrante de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional y presidenta de la Comisión Nacional de Ética Profesional, fue la asignada a compartir estas actualizaciones en el Código de Ética Profesional (CEP). Para iniciar su ponencia señaló que estas modificaciones derivan de una armonización con las disposiciones del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés).La especialista comentó la estructura actual del CEP y los cinco principios fundamentales sobre los cuales se sustenta: integridad, objetividad, diligencia, confidencialidad y comportamiento profesional. Posteriormente, se desarrollaron los tres ejes de los cambios promulgados el 2025 en el código: tecnología de la información, auditoría de grupos y planificación fiscal.Para el primer caso, los cambios integran los retos y oportunidades impulsados por la aplicación de distintas tecnologías de la información en la labor del contador público y se enfocan en reforzar principios fundamentales como la confidencialidad y la diligencia profesional. Según lo comentado por la contadora Aranda, el uso de nuevas tecnologías demanda un nivel de supervisión y control que permita su uso adecuado para cada propósito. Poder discernir el uso apropiado requiere conocimiento especializado y, en consecuencia, capacitación continua; además, se debe sustentar el uso de la tecnología en controles y supervisión que brinden parámetros apropiados para la correcta toma de decisiones. Con estos cambios se promueve a que las personas especialistas en contaduría pública conozcan los medios digitales que emplean y desarrollen los conocimientos necesarios para cada actividad que los involucre. A manera de resumen, la experta brindó un panorama general sobre los aspectos que debe considerar un contador público al usar la tecnología, como el alcance de la dependencia en un producto tecnológico o si ésta ya está probada y evaluada para su uso apropiado.En segunda instancia, se habló sobre el eje de planificación fiscal, que busca la adopción de terminología alineada con el CEP y las legislaciones aplicables; esta adición permite disipar la incertidumbre y promover el cumplimiento de los principios fundamentales en concordancia con el ejercicio profesional. Aranda señaló que, al prestar servicios de planificación fiscal, el contador público se expone a amenazas como interceder por el cliente o a la intimidación, por lo que fortalecer el CEP en esta materia es fundamental para permitir al prestador de servicios evaluar las amenazas y preservar los principios fundamentales.El último eje, relacionado a Auditoría de grupos, incluye consideraciones para mantener la independencia en este tipo de auditorías a los estados financieros y se enfatiza en la importancia de la comunicación adecuada entre las partes. De esta forma, se exalta la responsabilidad del profesional en hacer un ejercicio de sincronización y coordinación que permita el intercambio de observaciones e integre esfuerzos para recuperar hallazgos precisos y de valor para la toma de decisiones.Para cerrar la presentación, el foro contó con la participación de tres expertos que compartieron ejemplos de cómo el CEP media sus ejercicios profesionales de manera práctica: Hatzel Misael Gómez Sandoval, en su práctica docente; Claudia Balderas Conde, como auditora externa; y Edgar Alejandro Romero León, en el área de finanzas. En conjunto, estas participaciones permitieron demostrar a la audiencia que el Código de Ética Profesional fundamenta las bases de un actuar profesional responsable, objetivo e íntegro.
La comisión de Sostenibilidad del Colegio organizó el foro Control Interno ASG: del reporteo al aseguramiento, espacio enfocado en los cambios que están redefiniendo la forma en que las organizaciones reportan y gestionan su información ambiental, social y de gobernanza (ASG).Durante la sesión, realizada el 28 de abril, Diana Sánchez García, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso y Carlos Carrillo Contreras compartieron sus perspectivas sobre este proceso de transformación. A pesar de abordar el tema desde distintos ángulos, los tres especialistas coincidieron en un punto fundamental: la sostenibilidad se consolida como un elemento estratégico que requiere estructuras formales de control y mecanismos de aseguramiento que respalden la confiabilidad de la información.Diana Sánchez García abrió la jornada abordando la transformación de los reportes de sostenibilidad. Explicó que, durante años, las empresas divulgaron información bajo criterios propios, lo que generó inconsistencias, comparabilidad limitada y riesgos de manipulación. “Este contexto dio paso a la creación de normas estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, que buscan dotar de mayor transparencia y confiabilidad a los datos ASG”, comentó.En su intervención, destacó que a partir de 2026 la divulgación de información de sostenibilidad dejará de ser opcional, lo que incrementa la necesidad de contar con procesos sólidos de aseguramiento. En este sentido, subrayó el papel del control interno como un elemento esencial, apoyado en marcos como COSO, no como una carga burocrática, sino como un sistema que fortalece la gestión, previene errores y protege la confianza de los usuarios. Casos como el de Volkswagen ilustran las consecuencias de una débil trazabilidad en la información reportada. Asimismo, señaló que la presión por adoptar prácticas ASG no solo recae en grandes corporaciones, sino también en pequeñas y medianas empresas, impulsadas por cadenas de suministro y exigencias del sistema financiero.Por su parte, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso profundizó en la integración transversal del control interno en materia de sostenibilidad. Señaló que las organizaciones que ya operan bajo marcos robustos deben incorporar los temas ASG en todos sus procesos, desde la generación hasta la divulgación de información.Durante su exposición, presentó la nueva norma ISA 5000, que entrará en vigor en diciembre de 2026, y que regulará los encargos de aseguramiento sobre información de sostenibilidad. Esta norma permitirá emitir conclusiones tanto de aseguramiento limitado como razonable, dependiendo del alcance y profundidad de los procedimientos aplicados. También enfatizó que los profesionales encargados de estos trabajos deberán contar con experiencia comprobable y operar bajo estándares de calidad.Hidalgo Valdivieso detalló algunos de los principales retos que enfrentan las organizaciones, como la ausencia de controles adecuados, la falta de evidencia suficiente, criterios mal definidos o sesgos en la información. Para enfrentar estos desafíos, destacó la importancia de establecer condiciones previas, entre ellas procesos claros de identificación de información ASG, criterios accesibles y una gobernanza alineada al control interno.Finalmente, Carlos Carrillo Contreras abordó el papel de la tecnología en el ecosistema de sostenibilidad. Explicó que el ciclo de la información ASG, desde su captura hasta su aseguramiento, está siendo transformado por plataformas digitales que permiten mayor integración y trazabilidad. Sin embargo, advirtió que estas herramientas también implican retos, como costos elevados o dependencia de la calidad de los datos internos.Señaló que existen soluciones integrales y también herramientas especializadas para aspectos específicos, como la medición de emisiones de carbono, lo que puede generar fragmentación si no se gestiona adecuadamente. Asimismo, destacó el crecimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial y la incorporación de funcionalidades ASG en sistemas empresariales tradicionales. A pesar de ello, herramientas como Excel continúan siendo ampliamente utilizadas, especialmente por organizaciones pequeñas, aunque con riesgos importantes de error.Carrillo concluyó que más allá de la tecnología, el verdadero diferenciador radica en la calidad de los datos, el gobierno de la información y la solidez del control interno. En su visión, la adopción de criterios ASG no solo responde a exigencias regulatorias, sino que impulsa la institucionalización de las empresas, mejora su acceso a financiamiento y fortalece su credibilidad ante el mercado.
El 24 de abril se celebró en el Colegio una sesión de profunda actualización organizada por la comisión técnica de Contribuciones Locales bajo la coordinación de Jazmín Vera Montes de Oca, precedido por Ariel Morales García y José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada: Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC). Durante el espacio se dio análisis del Reglamento del Seguro Social (RSS) aplicable a los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado y a las complejidades del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC), con el fin de promover medidas preventivas a los riesgos de fiscalización de este sector.Para comenzar, se destacó la importancia de la industria de la construcción a nivel nacional, ya que cuenta con 1.7 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que equivale al 7.5% del total nacional. Sin embargo, también es una industria con retos críticos, ya que se contabilizan más de 60 accidentes diarios en ella. Por ello es fundamental tener una apropiada gestión de riesgos y cumplimiento patronal.Los expositores dieron a conocer los marcos legales aplicables al sector, encabezado por el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (ROTIC) y el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social (LSS). Entre otros puntos, se comentó la importancia de la correcta identificación del patrón de una construcción, ya que propietarios de las obras, y constructores son sujetos a obligaciones; así los propietarios se convierten en patrones obligados que asumen una responsabilidad solidaria que debe ser acreditada fehacientemente. Con esta información preliminar se presentó el SIROC, una herramienta digital que sustituyó en 2017 al Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) y se ha convertido en un eje fundamental para el registro de obras públicas y privadas, con el fin de cumplir con las obligaciones de seguridad social de forma digital, eficiente y transparente. Durante la ponencia se dio un recorrido por el sistema digital y se brindaron detalles para poder reportar incidencias de manera apropiada que incluyen la suspensión o reanudación de las obras, su cancelación y los reportes bimestrales, obligación que determina el estatus de cumplimiento de la obra y coteja el avance financiero contra el avance real.Finalmente, como recomendación final, los ponentes señalaron a la importancia de complementar estos registros digitales con un expediente administrativo y contable robusto que incluya, entre otros elementos, contratos, planos arquitectónicos, análisis de mano de obra, nóminas, facturas de subcontratistas, registros ante el REPSE, etc. La preservación de este expediente es fundamental para esta industria que, según los expertos, demanda un control interno impecable que permita mitigar riesgos que puedan poner en peligro a los trabajadores, la fiscalización de la obra o deriven en visitas domiciliarias y multas.
