Del 11 al 12 de julio de 2024, las comisiones de Seguridad Social del Colegio ofrecieron el curso Aspectos prácticos en los dictámenes del IMSS e Infonavit, una valiosa oportunidad para que contadores, auditores y cualquier persona interesada sobre el tema conocieran los aspectos más relevantes.
En este curso, los participantes profundizaron sobre temas del SIDEIMSS como aspectos relevantes de la información patronal presentada a las autoridades; detalles de los atestiguamientos y la opinión del dictamen; información del dictamen en materia de servicios especializados, obras, proveedores y personas físicas; perspectiva de la autoridad y aspectos a considerar para 2024 y análisis del procedimiento de pagos complementarios y presentación de movimientos afiliatorios.
En materia de la plataforma del SIDEIMSS, se habló de las características de las plantillas en los diferentes módulos y sobre la determinación de movimientos afiliatorios complementarios y movimientos salariales descendentes.
Con respecto al dictamen Infonavit se hizo un Análisis de la prueba global de razonabilidad y de los aspectos relevantes del análisis de la amortización de créditos, casos prácticos e implicaciones de tener adeudos en el portal del Infonavit.
Los expertos Edgar Enríquez Álvarez, socio en AE Assessment, y Juvenal Octaviano Villaverde Crisantos, junto con los coordinadores Moisés Velázquez Ortega y Ariel Morales García, todos integrantes de las comisiones de Seguridad Social, guiaron a los participantes a través de estos temas cruciales.
Edgar Enríquez Álvarez puso en contexto que todo patrón, quien cuente con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS por contador público autorizado (CPA).
Para ello, se enfocó en las obligaciones como opciones con las que se cuenta, como por ejemplo, “los patrones que presenten dictamen, no serán sujetos de visita domiciliaria por los ejercicios dictaminados, a excepción de que el dictamen se haya presentados con abstención de opinión, con opinión negativa o con salvedades sobre aspectos que a juicio del contador público recaigan sobre elementos esenciales del dictamen; o bien, derivado de la revisión interna del dictamen, se determinaren diferencias a su cargo y éstas no fueran aclaradas, y en su caso, pagadas”.
En ese tenor, agregó que la opinión que emita el CPA deberá apegarse al texto aprobado por el IMSS y contendrá que ‘la manifestación, bajo protesta de decir verdad, que la opinión se elaboró en cumplimiento de ley y sus reglamentos, y que se realizó con apego a las normas de auditoría generalmente aceptadas, así como sus procedimientos”.
El contador Enríquez agregó que dicha opinión con apego a las normas se considera cumplidas, las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad (registro vigente y no tenga impedimento).
En tanto las relativas al trabajo profesional se consideran cumplidas la planeación del trabajo y supervisión de los auxiliares; estudio y evaluación del control interno y registros contables (información suficiente y adecuada).
Por último, agregó que un CPA es el responsable de papeles de trabajo, opinión emitida y atestiguamientos.
Mientras que el patrón es el encargado de la plantilla de información patronal, información contable otorgada al contador para su revisión.
En esa línea, Juvenal Villaverde habló del marco legal del dictamen del Infonavit, el cual está contemplado en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del Infonavit y en el Reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit.
Este curso proporcionó a los asistentes las herramientas y conocimientos necesarios para elaborar dictámenes precisos y completos que cumplan con los últimos requisitos del IMSS e Infonavit; utilizar de forma efectiva la plataforma SIDEIMSS para optimizar el proceso de elaboración de dictámenes; realizar análisis de razonabilidad y amortización de créditos con mayor precisión.
Asimismo, con esta información, los asistentes pueden cumplir con las obligaciones de las empresas ante el IMSS e Infonavit de manera eficiente y segura.
Eventos recientes
El 1 de octubre se presentó el Taller de cumplimiento empresarial, coordinado por la comisión de Educación, representada por Néstor Hernández Vázquez. El evento buscó proporcionar herramientas a los profesionales en contaduría para enfrentar los retos fiscales, financieros y de prevención contra el lavado de dinero (PLD) en el entorno empresarial mexicano.Abraham Levi Alcántara presentó la primera ponencia, Estrategias fiscales para nuevos negocios, donde comentó que una organización emergente debe asegurarse de cumplir con sus obligaciones fiscales para alcanzar sus objetivos y eso se logra desde el conocimiento de los marcos normativos aplicables a las obligaciones fiscales hasta los procesos de fiscalización aplicados por la autoridad. Para concluir, Levi señaló que la mejor forma de enfrentar la fiscalización es con una planeación estratégica alineada al cumplimiento y fundamentada con conocimiento.Posteriormente, en la conferencia Gestión de riesgos fiscales en la era de la fiscalización digital, Diana Valeria Pino Juárez señaló que la fiscalización digital es un eje central de la estrategia actual del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que debe gestionarse de manera mediante un sistema continuo de identificación, evaluación, prevención, tratamiento y monitoreo, sustentado en promover una cultura de cumplimiento, procesos eficientes y uso tecnológico para la prevención proactiva de riesgos.Por otro lado, Edmundo Romero Lázaro se encargó de detallar el marco normativo relevante para las empresas mexicanas en materia de PLD y la reforma reciente a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual puede suponer el comienzo de una transformación estructural que requiere de un esfuerzo mayor al alineamiento normativo: se deben reformular las estrategias internas, fortalecer la cultura del cumplimiento y emplear herramientas innovadoras para encontrar oportunidades.Finalmente, la conferencia Expectativas de la sostenibilidad en México, presentada por Rosa Gutiérrez García, subrayó sobre el camino que ha tomado la sostenibilidad en el país y la tendencia que seguirá en los años siguientes, con el fin de promover la adopción de una perspectiva integral que considere los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas, desde su planeación hasta el reporte de índices relevantes a la preservación de la organización, el planeta y la sociedad. La expositora cerró su participación con el ejemplo práctico de un reporte de sostenibilidad que compartió con la audiencia, con la intención de que esa herramienta fuera recuperada y utilizada, ya que la búsqueda de sostenibilidad es una misión colectiva que se construye colectivamente.
El 30 de septiembre, el Colegio y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dieron firma a un convenio de colaboración con la intención de fortalecer la relación entra ambas instituciones y apoyar el fortalecimiento profesional de jóvenes estudiantes.Para este cometido se reunieron en las instalaciones del colegio el presidente Adolfo Ramírez Fernández del Castillo y Marcela González Martíne, directora del Programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera del ITAM. En calidad de testigos, representando al Colegio, acudió a la cita la directora ejecutiva María Luisa Ramírez Hernández y Héctor Vázquez González, vicepresidente de Vinculación Universitaria. Por parte del ITAM, se presentó Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, jefa del Departamento Académico de Contabilidad y Manuel Tamez Zendejas, docente de la institución y miembro del Colegio.Las autoridades destacaron su entusiasmo por colaborar en provecho de los jóvenes, quienes resultarán beneficiados por este convenio al permitirles integrarse a la vida profesional desde su etapa de formación académica. Además, al brindarles acceso a recursos de capacitación, espacios de contacto, prácticas profesionales y oportunidades para demostrar sus capacidades, estos acuerdos suponen un estímulo para su crecimiento profesional y personal.Dentro de lo descrito en el acuerdo, se encuentra la capacitación profesional y certificada, acceso gratuito a una bolsa de trabajo especializada, eventos de integración, conferencias exclusivas para universitarios y conferencias impartidas por especialistas. Además, se brindará acceso a publicaciones técnicas y académicas que permitan mantener actualizados los conocimientos de los estudiantes mientras construyen su perfil profesional temprano.Para cerrar, el presidente Adolfo señaló que este era un paso en la dirección correcta que sería el comienzo de un camino conjunto para construir oportunidades que beneficien a los aspirantes y, por lo tanto, para la profesión contable en México.
El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
