El 30 de septiembre, el Colegio y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dieron firma a un convenio de colaboración con la intención de fortalecer la relación entra ambas instituciones y apoyar el fortalecimiento profesional de jóvenes estudiantes.
Para este cometido se reunieron en las instalaciones del colegio el presidente Adolfo Ramírez Fernández del Castillo y Marcela González Martíne, directora del Programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera del ITAM.
En calidad de testigos, representando al Colegio, acudió a la cita la directora ejecutiva María Luisa Ramírez Hernández y Héctor Vázquez González, vicepresidente de Vinculación Universitaria. Por parte del ITAM, se presentó Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, jefa del Departamento Académico de Contabilidad y Manuel Tamez Zendejas, docente de la institución y miembro del Colegio.
Las autoridades destacaron su entusiasmo por colaborar en provecho de los jóvenes, quienes resultarán beneficiados por este convenio al permitirles integrarse a la vida profesional desde su etapa de formación académica. Además, al brindarles acceso a recursos de capacitación, espacios de contacto, prácticas profesionales y oportunidades para demostrar sus capacidades, estos acuerdos suponen un estímulo para su crecimiento profesional y personal.
Dentro de lo descrito en el acuerdo, se encuentra la capacitación profesional y certificada, acceso gratuito a una bolsa de trabajo especializada, eventos de integración, conferencias exclusivas para universitarios y conferencias impartidas por especialistas. Además, se brindará acceso a publicaciones técnicas y académicas que permitan mantener actualizados los conocimientos de los estudiantes mientras construyen su perfil profesional temprano.
Para cerrar, el presidente Adolfo señaló que este era un paso en la dirección correcta que sería el comienzo de un camino conjunto para construir oportunidades que beneficien a los aspirantes y, por lo tanto, para la profesión contable en México.
Eventos recientes
El 1 de octubre se presentó el Taller de cumplimiento empresarial, coordinado por la comisión de Educación, representada por Néstor Hernández Vázquez. El evento buscó proporcionar herramientas a los profesionales en contaduría para enfrentar los retos fiscales, financieros y de prevención contra el lavado de dinero (PLD) en el entorno empresarial mexicano.Abraham Levi Alcántara presentó la primera ponencia, Estrategias fiscales para nuevos negocios, donde comentó que una organización emergente debe asegurarse de cumplir con sus obligaciones fiscales para alcanzar sus objetivos y eso se logra desde el conocimiento de los marcos normativos aplicables a las obligaciones fiscales hasta los procesos de fiscalización aplicados por la autoridad. Para concluir, Levi señaló que la mejor forma de enfrentar la fiscalización es con una planeación estratégica alineada al cumplimiento y fundamentada con conocimiento.Posteriormente, en la conferencia Gestión de riesgos fiscales en la era de la fiscalización digital, Diana Valeria Pino Juárez señaló que la fiscalización digital es un eje central de la estrategia actual del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que debe gestionarse de manera mediante un sistema continuo de identificación, evaluación, prevención, tratamiento y monitoreo, sustentado en promover una cultura de cumplimiento, procesos eficientes y uso tecnológico para la prevención proactiva de riesgos.Por otro lado, Edmundo Romero Lázaro se encargó de detallar el marco normativo relevante para las empresas mexicanas en materia de PLD y la reforma reciente a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual puede suponer el comienzo de una transformación estructural que requiere de un esfuerzo mayor al alineamiento normativo: se deben reformular las estrategias internas, fortalecer la cultura del cumplimiento y emplear herramientas innovadoras para encontrar oportunidades.Finalmente, la conferencia Expectativas de la sostenibilidad en México, presentada por Rosa Gutiérrez García, subrayó sobre el camino que ha tomado la sostenibilidad en el país y la tendencia que seguirá en los años siguientes, con el fin de promover la adopción de una perspectiva integral que considere los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas, desde su planeación hasta el reporte de índices relevantes a la preservación de la organización, el planeta y la sociedad. La expositora cerró su participación con el ejemplo práctico de un reporte de sostenibilidad que compartió con la audiencia, con la intención de que esa herramienta fuera recuperada y utilizada, ya que la búsqueda de sostenibilidad es una misión colectiva que se construye colectivamente.
El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una obligación medible. Así lo destacaron expertos durante el evento Reporte con métricas sostenibles, donde se presentó el nuevo marco normativo que exige a las organizaciones integrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus reportes corporativos con el mismo rigor que la información financiera.El evento, realizado el 26 de septiembre y organizado por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio, dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte de su presidenta, Graciela Enríquez Guadarrama, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre los grandes desafíos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que deben reflejarse en los reportes corporativos.En ese sentido, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso, socia de Asesoría Contable y de Reporte en Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, centró su intervención en el marco conceptual de las nuevas normas. Explicó que las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) buscan alinear la preparación y divulgación de la información de sostenibilidad con los principios de las Normas de Información Financiera. En ese contexto, señaló que esto implica una transformación en la forma en que las organizaciones reportan, ya que la sostenibilidad no puede estar desligada de la información financiera.Durante su presentación, subrayó que la información no financiera debe cumplir con los mismos estándares de calidad que los reportes financieros tradicionales: relevancia, representación fiel, neutralidad y completitud de los datos. Además, enfatizó que la sostenibilidad debe ser medible con base en métricas claras, verificables y materialmente significativas.En el ámbito social, Hidalgo presentó los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten evaluar aspectos como la igualdad de oportunidades, el trabajo digno, la brecha salarial, la capacitación del personal y la seguridad laboral. “La gestión de métricas sostenibles no solo fortalece la transparencia y confianza, sino que genera valor al alinear las prácticas empresariales con los objetivos de desarrollo social y ambiental”, afirmó.Por su parte, Carlos Carrillo Contreras, integrante de la comisión de Sostenibilidad y Diana Uribe Márquez, gerente senior de Assurance en Deloitte, abordaron la Norma de Información de Sostenibilidad B-1, centrada en los factores ambientales. Informaron que esta norma introduce 30 indicadores obligatorios a partir de 2025, diseñados para estandarizar el reporte ambiental. “Estas métricas permiten evaluar desempeño, identificar riesgos y generar valor para los grupos de interés”, señalaron.Entre los ejemplos presentados en la presentación, destacaron la medición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus tres alcances, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, así como el uso de sustancias que afectan la capa de ozono. También dieron a conocer herramientas prácticas desarrolladas por el CINIF, como la calculadora de emisiones de GEI y los mapas de estrés hídrico. Aunque reconocieron que la calidad y disponibilidad de los datos representan un desafío, coincidieron en que contar con reportes transparentes y comparables fortalece la credibilidad empresarial.Finalmente, otro de los temas abordados fue el de la gobernanza, presentado por Diana Neria Espinosa, integrante de la comisión organizadora. En su exposición compartió los indicadores establecidos por las NIS B-1 en esta materia, destacando la importancia de estructuras de gobierno corporativo robustas, políticas de gestión de riesgos y la diversidad en los órganos de decisión. “La existencia de consejos de administración con visión estratégica, órganos de vigilancia independientes y estructuras de rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia”, apuntó.También mencionó la necesidad de implementar códigos de ética, políticas de privacidad, seguridad de la información y protección de datos, elementos que calificó como clave para fortalecer la relación con los grupos de interés. “Estos indicadores permiten mitigar riesgos de corrupción, malas prácticas y vulnerabilidades cibernéticas”, dijo. Concluyó advirtiendo que, aunque su implementación puede ser un reto, especialmente para las pymes, su integración en la estrategia de negocio es esencial para lograr una sostenibilidad robusta y creíble.
