Del 26 al 29 de mayo se celebró la 9.° Semana fiscal de donatarias autorizadas en el Hospital Español, donde se presentaron diversos expertos en tópicos para compartir conocimiento que fuera de utilidad para estas organizaciones civiles.
Durante la ceremonia de apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio puntualizó la importancia de las donatarias autorizadas para “canalizar voluntades, recursos y esfuerzos en un compromiso social y bien común”. Dada la importancia de estas organizaciones, espacios de formación constante como este evento representan una gran oportunidad de fortalecimiento.
Fernando Balzaretti, presidente de la Junta en Asistencia Privada, presentó la primera conferencia titulada ¿Para qué la transparencia y la rendición de cuentas? En ella se comentó el papel de la confianza dentro de la gestión de estas organizaciones civiles, ya que “no basta tener un buen objetivo, se debe respaldar con acciones” y esas acciones se comunican desde la transparencia.
En la ponencia Obligaciones a cumplir sobre beneficiario controlador y lavado de dinero, Daniel Eugenio De la Parra Huerta, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal, exploró las responsabilidades de las donatarias en materia de prevención de lavado de dinero y medidas anticorrupción durante la recepción de donativos; en ellas listó las buenas prácticas y herramientas que deben ser adoptadas en este tema.
En seguida, Pablo Alejandro Limón Arrieta, Socio en Despacho Limón Mestre, presidió el conversatorio Fundaciones de segundo piso como catalizadores en compañía de Karina Santillán Ponce y Marcela Fernández Botello, representantes de las fundaciones Fibra Uno (FUNO) y Cree Amos Más. Su enriquecedora participación resaltó la importancia de estas fundaciones para el desarrollo de los proyectos de las donatarias autorizadas. Además, proporcionaron recomendaciones para sumar valor que llame la atención de estas organizaciones para ser seleccionadas por ellas y recibir su apoyo.
El día concluyó con la participación de Leonardo Arana De la Garza, director general de Casa de la Amistad para niños con Cáncer, quien encabezó la ponencia Cómo medimos la eficiencia social y compartió aspectos para reconocer e implementar formas de medir el impacto y eficiencia social de una donataria autorizada, para tener una apropiada rendición de cuentas y una mejor administración de los recursos.
La segunda tarde de la semana comenzó con Cambios en las reglas del juego SAT, donde María Vanessa Rivadeneyra Navarro, especialista fiscal en organizaciones civiles y donatarias autorizadas, listó las reformas normativas recientes que impactan en la fiscalización de las donatarias, así como los cambios operativos que se sugieren a raíz de ellos.
Posteriormente, Germán Heberto Pancardo Durán, especialista en derecho fiscal y tecnologías de la información, continuó con la ponencia CFDI como elemento fiscalizador; en ella se exploró el papel que tienen los CFDI para las donatarias autorizadas. Según explica el experto, son herramientas fundamentales para un apropiado cumplimiento tributario, ya que brindan congruencia y consistencia a los datos fiscales de las organizaciones civiles.
Elio Fernando Zurita Morales, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, en su exposición, Ingresos obtenidos a reportar y acumulables, desglosó distintas formas en que las donatarias autorizadas pueden recibir ingresos, y de qué forma deben reportarse y gravarse, durante su ponencia Ingresos obtenidos a reportar y acumulable.
Como complemento, para conocer la normatividad aplicable y aspectos clave de las erogaciones que deben considerar las donatarias autorizadas, Alejandro Guízar Acosta, integrante de la comisión Investigación Fiscal, brindó una exposición titulada Erogaciones a considerar en la entidad y cuáles son remanente distribuible.
Al empezar el tercer día del evento, Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, compartió los efectos que tiene la revocación de la autorización para una donataria autorizada y brindó algunas recomendaciones para enfrentar esa cancelación durante su participación en Acciones a considerar cuando se pierde la autorización.
En la presentación Registros legales que deben de manejar, las especialistas en Derecho Pamela Salas García y Mónica Patricia Pérez Santana, expusieron los registros legales que una donataria debería implementar, además mencionaron la importancia que tienen para la preservación de autorización y la definición de la organización para su operación apropiada.
Al final del día se presentaron dos conferencias complementarias: NIF más relevantes para las donatarias autorizadas y Ventajas de la auditoría de estados financieros, donde los expertos en contabilidad, Andrea Citlalli Vega Orduña y Ernesto Horacio Rocha San Miguel, resaltaron la importancia de los estados financieros para las donatarias, su marco normativo y los beneficios de la recuperación, revelación y auditoría de éstos, debido a que habilitan la identificación de riesgos y oportunidades para la organización.
El último día comenzó con la conferencia Controles para evitar malos manejos financieros, donde se externí la importancia de localizar riesgos más allá de lo que vemos en primer plano y promoviendo a las donatarias autorizadas a anticiparse para establecer controles que eviten, identifiquen y mitiguen riesgos. Esta ponencia fue brindada por Mónica Estrada Hernández, una experta de renombre en auditoría forense e integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia.
Para continuar la noche, Álvaro J. Altamirano, especialista en Derecho, dio apertura a su exposición Evitando riesgos en las relaciones laborales y con independientes, donde señaló los recientes cambios normativos vinculados a las relaciones laborales y brindó sugerencias para construir estas relaciones de forma apropiada y justa, porque “los colaboradores son el núcleo de cualquier donataria autorizada”.
Para retomar el tema de seguridad social se presentó la conferencia Cumplimiento en materia de seguridad social y fiscalización del IMSS, donde Sebastián Patiño Jiménez, experto en el tema desde la perspectiva del Derecho, señaló la complejidad del cumplimiento normativo relacionado con el IMSS, dado que hay cerca de mil artículos relacionados a ello, y comentó que pese a que el coste para cubrir la seguridad social es alto y la mayoría corre por cuenta del contratista, es un derecho que debe ser satisfecho de forma irrevocable e irrenunciable.
La última ponencia, Hacia dónde va la filantropía, fue en voz de Marilú Villalón, Coordinadora de Promoción de Filantropía en el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), quien compartió el estado actual de la filantropía en México, los retos que enfrenta y el papel fundamental de la colaboración entre las donatarias autorizadas y los donantes para trazar formas fructíferas de corresponsabilidad entre ambos.
Tras una jornada larga, fructífera y llena de aprendizaje, la contadora Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, dio cierre a la 9.° Semana fiscal de donatarias autorizadas y agradeció la coordinación de Pablo Alejandro Limón Mestre, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal. Además, subrayó el importante papel que tienen las organizaciones civiles para distintas causas sociales, por lo que invitó a los asistentes a sumarse nuevamente en la próxima edición de este magno evento.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el pasado 16 de enero el Taller de declaración anual 2025 para donatarias autorizadas, en el que se analizaron los principales aspectos de la declaración para donatarias, así como las implicaciones que derivan de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y de diversas disposiciones fiscales. En el encuentro participaron Maribel Trejo Estudillo, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa y Mario Espadas Sánchez, quienes ofrecieron una visión integral sobre el cumplimiento fiscal del sector.Durante su intervención, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa explicó que, tras la aprobación y publicación de la LIF 2026 el pasado 21 de noviembre, se confirma que no existe un nuevo título III para las donatarias; sin embargo, “se incorporan reglas relevantes que deben atenderse con especial cuidado”, advirtió.Entre ellas, destacó el estímulo previsto en la Ley de Ingresos que permite a las donatarias autorizadas canalizar donativos hacia organizaciones o fideicomisos no donatarios que atiendan desastres naturales, siempre que se cumplan requisitos específicos como contar con autorización vigente, haber obtenido ingresos superiores a cinco millones de pesos en el ejercicio anterior y presentar informes detallados que identifiquen a las entidades receptoras y el destino de los recursos. Asimismo, abordó el mandato en la LIF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboren y publiquen un reporte de transparencia de las donatarias autorizadas, con base en la información ya prevista en la LISR, como la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos y la informativa de transparencia.Cárdenas Espinosa también destacó la precisión incorporada en la Ley de Ingresos 2026 respecto a la deducción de libros deteriorados o sin valor comercial ofrecidos en donación antes de su destrucción. Por su parte, la contadora Maribel Trejo Estudillo se enfocó en los aspectos operativos de la declaración anual, subrayando la importancia de reunir con anticipación la información necesaria para su correcta elaboración, como los CFDI de ingresos, nómina y gastos, la balanza anualizada, los estados financieros y de actividades, así como las cédulas de seguridad social e impuestos locales.Explicó que un adecuado orden y conciliación de esta información facilita el llenado y presentación de la declaración en la plataforma del SAT y reduce riesgos de inconsistencias o requerimientos posteriores.Detalló que, para el proceso de presentación, las donatarias deben contar con su RFC y contraseña o e.firma vigente, el número de oficio de autorización para recibir donativos deducibles y la información completa de las operaciones realizadas durante el ejercicio, así como con sus estados financieros debidamente elaborados. “El cumplimiento oportuno y correcto de estas obligaciones es clave para conservar la autorización y fortalecer la confianza de donantes y autoridades”, concluyó.
El Taller del dictamen pericial contable, organizado por la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio, se enfocó en fortalecer el ejercicio profesional del contador público en su papel como perito auxiliar de las autoridades judiciales. El evento se desarrolló los días 14 y 15 de enero, con la participación de Alberto Manuel Castañeda Niebla y Gerardo Héctor López Ramírez, integrantes de la comisión mencionada, quienes expusieron los fundamentos y responsabilidades que implica la elaboración de un dictamen.La coordinación del taller estuvo a cargo de Mónica Estrada Hernández durante el primer día y de Raúl Armando Cruz Gómez en la segunda jornada, quienes guiaron el desarrollo de las actividades.Durante el taller se destacó que el dictamen pericial contable tiene como finalidad la búsqueda de la verdad y la aportación de elementos de juicio confiables que permitan al juez tomar decisiones informadas, particularmente en materias donde existen limitaciones técnicas para resolver cuestiones matemáticas, financieras o contables. En este contexto, dijeron que el perito contable se consolida como un especialista multifacético, con intervención en ámbitos mercantiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales y penales.Un punto central del taller fue la distinción entre informe, opinión y dictamen. Explicaron que el informe se limita a describir hechos y datos; la opinión implica una valoración sujeta a ciertos supuestos; mientras que el dictamen, a diferencia de los anteriores, constituye un juicio técnico especializado, sustentado en evidencia comprobable y elaborado exclusivamente por un experto, generando una alta responsabilidad profesional y legal.Bajo esa línea, describieron que el dictamen pericial contable está dirigido principalmente a autoridades judiciales, por lo que su elaboración exige un proceso escrupuloso que incluye el análisis del expediente, la demanda, la contestación, las pruebas ofrecidas y el alcance específico del encargo, considerando si el perito actúa por alguna de las partes o como auxiliar designado por el juez.Los expositores enfatizaron que, a diferencia de una auditoría tradicional, que puede basarse en pruebas selectivas, el peritaje contable suele requerir una revisión exhaustiva del 100 % de la información, especialmente cuando debe responder a cuestionamientos directos en juicio. Por ello, la metodología científica es la columna vertebral del dictamen, apoyada en la normatividad contable (NIF, NIA), estándares forenses como la ISO 21043, el método científico y los principios éticos de la profesión.Subrayaron que el perito debe actuar con integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia y confidencialidad, ya que un dictamen deficiente puede ocasionar perjuicios a terceros e incluso derivar en responsabilidades penales. Asimismo, recalcaron la importancia de que el lenguaje del dictamen sea claro y accesible, considerando que será leído por jueces y abogados no especializados en contabilidad.En el taller abordaron también el papel del perito dentro de las distintas etapas del juicio, desde el desahogo de pruebas hasta la ejecución de sentencia. Enseñaron la intervención de los diferentes tipos de peritos, de parte, en rebeldía y tercero en discordia, e hicieron énfasis en que, independientemente de quién lo contrate, el perito es siempre auxiliar del juez.En el contexto de los juicios orales, resaltaron que el perito debe contar con habilidades de comunicación, estudiar a fondo su dictamen y se preparar junto con el abogado, anticipando posibles cuestionamientos y evitando opiniones fuera de su ámbito de competencia.Finalmente, los expositores destacaron la importancia de la capacitación continua, dada la constante evolución de las normas y la amplia gama de asuntos en los que puede intervenir un perito contable, desde temas fiscales y laborales hasta fraudes, sucesiones, contratos, determinación de intereses y cuantificación de daños.Durante el evento se brindó un espacio a integrantes de la comisión de Peritos Contables; Ricardo Santos Giles, Maribel Ballesteros Celaya, Yolanda Olivares Mendoza, Dalia Ernestina Granados Ramos, Raúl Armando Cruz Gómez y Mónica Estrada Hernández, quienes presentaron una metodología aplicable a la pericial contable, diseñada para estandarizar procedimientos y elevar la calidad de los dictámenes en los tribunales mexicanos.Este documento propone una guía integral que incluye bases normativas, aplicación del método científico, técnicas y procedimientos de investigación, estructura del dictamen, formatos de promociones y un glosario jurídico. Con ello, se busca fortalecer el rol del contador público como perito, garantizando dictámenes transparentes, trazables y técnicamente sustentados, capaces de transformar afirmaciones en verdades demostrables.
El 13 de enero, en el Colegio se reunieron cuatro expertos en materia fiscal para desarrollar el curso Materialidad, legalidad y cumplimiento fiscal 2026, con el apoyo de la comisión técnica Fiscal. Alberto Gabriel Cárdenas González coordinó el espacio donde Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Alberto Vela Peón, Manuel Toledo Espinosa y Rodolfo Jerónimo Pérez compartieron sus conocimientos y recomendaciones para abordar el tema de materialidad para permanecer en cumplimiento fiscal.Para comenzar, se puntualizó que no existe una definición establecida por alguna disposición legal sobre el concepto de materialidad, pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en su publicación Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI, propone la siguiente definición: “la materialidad radica en la efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de comprobantes, así como la adquisición de bienes o recepción de servicios”.Dicho de otra manera, la materialidad es la evidencia que respalda la adquisición de bienes y servicios que garantiza su validez ante una posible revisión de la autoridad. Entre los documentos que pueden demostrar materialidad de operaciones están: actas constitutivas, comprobantes fiscales, registros contables, estados de cuenta bancarios, bitácoras, mensajes, contratos, listas de asistencia y pagos de nómina.Según comentan los ponentes, la materialidad de las operaciones ha un elemento de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, debido a que es un motivo de rechazo de deducciones. La autoridad cuestiona la realidad o veracidad de una operación mediante una presunción, por lo que es prioritario para el contribuyente contar con las pruebas necesarias para disiparla.Para comenzar, se señaló las dos metodologías que las autoridades fiscales emplean: los procedimientos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la validación de la realidad y veracidad de operaciones conforme el artículo 43 del CFF.Para ello es fundamental que el contribuyente considere esta acreditación de materialidad en sus operaciones antes de desatar una controversia con la autoridad. Durante el curso se presentó una metodología para dicha acreditación que debe sirviera para disipar la presunción de la autoridad o identificar áreas de oportunidad de manera preventiva para comenzar a construir evidencias que sirvan a ese fin.Para complementar estas recomendaciones, durante el evento se expusieron algunas sentencias sobre materialidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dejan enseñanzas sobre dónde debemos tener herramientas y evidencias para demostrar la materialidad de las operaciones, así como elementos válidos para esta comprobación de manera específica.Finalmente, para asentar la explicación en acciones concretas, se describieron aspectos clave que deben contener los expedientes de acreditación de materialidad para operaciones de préstamos y regalías, así como operaciones de asistencia técnica y servicios corporativos. Estos últimos, según los expertos, suponen un reto debido a que pueden o no dejar un resultado material de la prestación de servicios, por lo que la preparación anticipada para la recuperación de documentación que valide la materialidad de este tipo de operaciones.
