Del 26 al 29 de mayo se celebró la 9.° Semana fiscal de donatarias autorizadas en el Hospital Español, donde se presentaron diversos expertos en tópicos para compartir conocimiento que fuera de utilidad para estas organizaciones civiles.
Durante la ceremonia de apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio puntualizó la importancia de las donatarias autorizadas para “canalizar voluntades, recursos y esfuerzos en un compromiso social y bien común”. Dada la importancia de estas organizaciones, espacios de formación constante como este evento representan una gran oportunidad de fortalecimiento.
Fernando Balzaretti, presidente de la Junta en Asistencia Privada, presentó la primera conferencia titulada ¿Para qué la transparencia y la rendición de cuentas? En ella se comentó el papel de la confianza dentro de la gestión de estas organizaciones civiles, ya que “no basta tener un buen objetivo, se debe respaldar con acciones” y esas acciones se comunican desde la transparencia.
En la ponencia Obligaciones a cumplir sobre beneficiario controlador y lavado de dinero, Daniel Eugenio De la Parra Huerta, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal, exploró las responsabilidades de las donatarias en materia de prevención de lavado de dinero y medidas anticorrupción durante la recepción de donativos; en ellas listó las buenas prácticas y herramientas que deben ser adoptadas en este tema.
En seguida, Pablo Alejandro Limón Arrieta, Socio en Despacho Limón Mestre, presidió el conversatorio Fundaciones de segundo piso como catalizadores en compañía de Karina Santillán Ponce y Marcela Fernández Botello, representantes de las fundaciones Fibra Uno (FUNO) y Cree Amos Más. Su enriquecedora participación resaltó la importancia de estas fundaciones para el desarrollo de los proyectos de las donatarias autorizadas. Además, proporcionaron recomendaciones para sumar valor que llame la atención de estas organizaciones para ser seleccionadas por ellas y recibir su apoyo.
El día concluyó con la participación de Leonardo Arana De la Garza, director general de Casa de la Amistad para niños con Cáncer, quien encabezó la ponencia Cómo medimos la eficiencia social y compartió aspectos para reconocer e implementar formas de medir el impacto y eficiencia social de una donataria autorizada, para tener una apropiada rendición de cuentas y una mejor administración de los recursos.
La segunda tarde de la semana comenzó con Cambios en las reglas del juego SAT, donde María Vanessa Rivadeneyra Navarro, especialista fiscal en organizaciones civiles y donatarias autorizadas, listó las reformas normativas recientes que impactan en la fiscalización de las donatarias, así como los cambios operativos que se sugieren a raíz de ellos.
Posteriormente, Germán Heberto Pancardo Durán, especialista en derecho fiscal y tecnologías de la información, continuó con la ponencia CFDI como elemento fiscalizador; en ella se exploró el papel que tienen los CFDI para las donatarias autorizadas. Según explica el experto, son herramientas fundamentales para un apropiado cumplimiento tributario, ya que brindan congruencia y consistencia a los datos fiscales de las organizaciones civiles.
Elio Fernando Zurita Morales, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, en su exposición, Ingresos obtenidos a reportar y acumulables, desglosó distintas formas en que las donatarias autorizadas pueden recibir ingresos, y de qué forma deben reportarse y gravarse, durante su ponencia Ingresos obtenidos a reportar y acumulable.
Como complemento, para conocer la normatividad aplicable y aspectos clave de las erogaciones que deben considerar las donatarias autorizadas, Alejandro Guízar Acosta, integrante de la comisión Investigación Fiscal, brindó una exposición titulada Erogaciones a considerar en la entidad y cuáles son remanente distribuible.
Al empezar el tercer día del evento, Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, compartió los efectos que tiene la revocación de la autorización para una donataria autorizada y brindó algunas recomendaciones para enfrentar esa cancelación durante su participación en Acciones a considerar cuando se pierde la autorización.
En la presentación Registros legales que deben de manejar, las especialistas en Derecho Pamela Salas García y Mónica Patricia Pérez Santana, expusieron los registros legales que una donataria debería implementar, además mencionaron la importancia que tienen para la preservación de autorización y la definición de la organización para su operación apropiada.
Al final del día se presentaron dos conferencias complementarias: NIF más relevantes para las donatarias autorizadas y Ventajas de la auditoría de estados financieros, donde los expertos en contabilidad, Andrea Citlalli Vega Orduña y Ernesto Horacio Rocha San Miguel, resaltaron la importancia de los estados financieros para las donatarias, su marco normativo y los beneficios de la recuperación, revelación y auditoría de éstos, debido a que habilitan la identificación de riesgos y oportunidades para la organización.
El último día comenzó con la conferencia Controles para evitar malos manejos financieros, donde se externí la importancia de localizar riesgos más allá de lo que vemos en primer plano y promoviendo a las donatarias autorizadas a anticiparse para establecer controles que eviten, identifiquen y mitiguen riesgos. Esta ponencia fue brindada por Mónica Estrada Hernández, una experta de renombre en auditoría forense e integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia.
Para continuar la noche, Álvaro J. Altamirano, especialista en Derecho, dio apertura a su exposición Evitando riesgos en las relaciones laborales y con independientes, donde señaló los recientes cambios normativos vinculados a las relaciones laborales y brindó sugerencias para construir estas relaciones de forma apropiada y justa, porque “los colaboradores son el núcleo de cualquier donataria autorizada”.
Para retomar el tema de seguridad social se presentó la conferencia Cumplimiento en materia de seguridad social y fiscalización del IMSS, donde Sebastián Patiño Jiménez, experto en el tema desde la perspectiva del Derecho, señaló la complejidad del cumplimiento normativo relacionado con el IMSS, dado que hay cerca de mil artículos relacionados a ello, y comentó que pese a que el coste para cubrir la seguridad social es alto y la mayoría corre por cuenta del contratista, es un derecho que debe ser satisfecho de forma irrevocable e irrenunciable.
La última ponencia, Hacia dónde va la filantropía, fue en voz de Marilú Villalón, Coordinadora de Promoción de Filantropía en el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi), quien compartió el estado actual de la filantropía en México, los retos que enfrenta y el papel fundamental de la colaboración entre las donatarias autorizadas y los donantes para trazar formas fructíferas de corresponsabilidad entre ambos.
Tras una jornada larga, fructífera y llena de aprendizaje, la contadora Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, dio cierre a la 9.° Semana fiscal de donatarias autorizadas y agradeció la coordinación de Pablo Alejandro Limón Mestre, integrante de la comisión técnica de Investigación Fiscal. Además, subrayó el importante papel que tienen las organizaciones civiles para distintas causas sociales, por lo que invitó a los asistentes a sumarse nuevamente en la próxima edición de este magno evento.
Eventos recientes
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
