Con el propósito de comprender el nuevo sistema de justicia laboral en el país, así como la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y sus posibles implicaciones, el Colegio llevó a cabo el 26 de enero, el curso denominado Efecto de la reforma laboral en la empresa, en el cual se dieron cita diferentes especialistas para analizar y debatir sobre la materia.
En su discurso de bienvenida, el moderador y expositor del evento, y socio en JPL Asesoría y Consultoría, S.C., Jorge Antonio Pinto Godoy, destacó que el cambio inicia con base en los principios de libertad sindical que México asumió al ratificarse el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el Senado de la República. Asimismo, planteó que este nuevo modelo pretende dejar atrás las malas prácticas que afectaban el desarrollo de los derechos laborales de los trabajadores.
En este sentido, Pinto Godoy informó que la justicia laboral quedará a cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) y los poderes judiciales locales, siendo que los propios trabajadores, afiliados a un sindicato, podrán emitir su voto personal, libre, directo y secreto para la elección de sus representantes, para conocer y aprobar sus contratos de trabajo a fin de garantizar la libertad de negociación colectiva. Lo anterior con la obligatoriedad de acudir a la instancia conciliatoria correspondiente antes de acudir a los tribunales laborales (juicio laboral).
Además, el expositor agregó que como parte de esta transformación es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuya función es el registro de todas las asociaciones sindicales del país y del registro y depósito de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Por su parte, Marcela Samantha González Ravelo, fundadora de Megoria Abogados, charló acerca de las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, enfatizó que es un organismo público descentralizado que está a cargo del proceso de conciliación, así como del registro nacional de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. Dicho organismo verificará los procesos de democracia sindical y emitirá la Constancia de Representatividad.
La panelista precisó que, en este punto del sistema de justicia laboral para garantizar independencia y transparencia, se tendrá una junta de gobierno integrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Finalmente, Rubén Adán Romero García, especialista en derecho laboral, versó sobre el procedimiento laboral antes de la reforma y su aplicación actual, en el que destacó que el procedimiento ordinario consta de una etapa escrita, en la cual se presenta la demanda acompañada de pruebas, seguido de una audiencia preliminar que tiene como objetivo depurar el procedimiento, para finalizar con la etapa del juicio laboral. “De esta forma, se favorece al trabajador en la impartición de justicia laboral y se reduce la posibilidad de malas prácticas”, concluyó Romero García.
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Con la finalidad de ofrecer claridad y dar a conocer las herramientas frente a los mecanismos de fiscalización actuales, el Colegio llevó a cabo el foro Cómo atender la vigilancia profunda del SAT con enfoque fiscal, en el que especialistas desglosaron el alcance, fundamento y tratamiento de las cartas invitación emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante la charla, presentada este 10 de junio, Salvador Sánchez Soto explicó que las cartas invitación constituyen un comunicado escrito mediante el cual la autoridad exhorta al contribuyente a aclarar voluntariamente información considerada atípica en sus operaciones.Entre los supuestos más frecuentes se encuentran diferencias entre ingresos y depósitos, inconsistencias entre deducciones y comprobantes, omisión en la presentación de declaraciones, falta de materialidad en operaciones, así como discrepancias entre pagos y retenciones enteradas.Respecto a su fundamento, el panelista señaló que estas comunicaciones se sustentan en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual faculta a la autoridad a brindar orientación y promover la corrección voluntaria de la situación fiscal del contribuyente; no obstante, precisó que las cartas invitación no constituyen por sí mismas una contingencia fiscal, ya que las contribuciones omitidas solo pueden determinarse mediante el ejercicio formal de facultades de comprobación y la emisión de una resolución debidamente notificada.Por su parte, Manuel Corral Moreno profundizó en la competencia de la Administración General de Recaudación, la cual incluye orientar a los contribuyentes para corregir errores, así como enviar comunicados y propuestas de pago para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.Asimismo, detalló que la vigilancia profunda es un programa del SAT que, mediante el uso de tecnologías avanzadas, algoritmos y modelos de riesgo apoyados en Inteligencia Artificial (IA), analiza la información declarada por los contribuyentes. “Su objetivo es detectar omisiones, inconsistencias y comportamientos atípicos, lo que detona el envío de cartas invitación a través del buzón tributario”, precisó.Estas comunicaciones exponen los hallazgos derivados de la revisión de hasta cinco ejercicios fiscales e incluyen una invitación para regularizar la situación fiscal, ya sea mediante la presentación de declaraciones complementarias o el envío de documentación aclaratoria. Corral Moreno también enfatizó que, en caso de desacuerdo, los contribuyentes pueden acudir a la Administración Desconcentrada de Recaudación para presentar aclaraciones formales conforme a los procedimientos establecidos.Finalmente, Eduardo Estrada Borja abordó el tema de las notificaciones electrónicas y la estructura de los oficios invitación, destacando que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Subrayó que estas comunicaciones se emiten en un marco de orientación, permitiendo al contribuyente explicar o aclarar los hallazgos con la documentación pertinente.
En la conferencia con especialistas, el 4 de junio se llevó a cabo la ponencia Expectativas económicas y panorama de inversión hacia 2027 con la intervención de Víctor Portella, quien es el responsable de inversiones patrimoniales en HSBC. Durante su participación, destacó que la economía global se enfrenta a un entorno complicado, marcado por un conflicto en Medio Oriente que ha impactado directamente el sector energético, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto crucial por donde transita 20% del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes. “Esta situación ha llevado a que el precio del crudo suba de 60 a 110 dólares por barril. Aunque los mercados financieros corrigieron 9% en un periodo de 15 días y se recuperaron rápidamente, el verdadero riesgo radica en que los altos precios de la energía y los granos podrían presionar la inflación a largo plazo, lo que desaceleraría las economías”, destacó el especialista. En cuanto al tipo de cambio en México, Portella mencionó que la estabilidad actual de la moneda (alrededor de 17.30 pesos por dólar) no se debe a un peso fuerte, sino a un dólar débil, que ha sido devaluado intencionadamente por Estados Unidos (EUA). Además, el economista en gestión de fondos de inversión anticipa que, una vez que se disipe el ruido electoral, el T-MEC y la guerra, el tipo de cambio podría caer por debajo de los 17 pesos, ya que el diferencial histórico de inflación del 2% entre ambos países casi ha desaparecido, limitando así la depreciación natural del peso. A nivel nacional, las agencias calificadoras han advertido sobre la posibilidad de recortar el grado de inversión de México debido al aumento del déficit fiscal por encima del 5% durante el periodo electoral. Perder este grado obligaría al país a financiarse a tasas más altas, afectando a los inversionistas institucionales; no obstante, Víctor Portella aclaró que la relación deuda/PIB de México se encuentra en un 50%, un nivel asequible y saludable si se compara con el 130% de Estados Unidos o con la severa crisis de reservas e inflaciones del 80% vivida en 1994. Por lo tanto, se estima que el país mantendrá su grado de inversión en los próximos 12 a 18 meses, periodo en el cual el gobierno buscará aumentar la recaudación para frenar el déficit. En cuanto al crecimiento económico, el especialista en Economía agregó que México muestra una clara desaceleración, pasando de un buen cierre de año al 0.2% en el primer trimestre, lo que ajusta las expectativas de HSBC a un 1.5% para 2026 y las del Banco de México a un 1.1%. Esta falta de crecimiento que estamos viviendo se debe a que la inversión local —que representa 90% de la inversión total en el país— acumula 18 meses consecutivos a la baja. Esto se debe al escepticismo de los empresarios ante la incertidumbre jurídica del T-MEC y reformas como la judicial. En contraste, la inversión extranjera directa está alcanzando cifras históricas (alrededor de 22,000 millones de dólares en el último informe, después de un cierre previo de 40,000 millones) gracias al nearshoring y las virtudes geográficas del país. No obstante, como esta inversión representa menos del 10% del total, no logra tener un impacto significativo en el PIB por sí sola, similar al efecto limitado que tendrá el próximo Mundial de fútbol, que se estima apenas un 0.1% del PIB por la dispersión de los partidos. Así, el gobierno se verá obligado a dar certidumbre jurídica a la iniciativa privada, dado que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la enorme infraestructura energética que el país necesita. Por otro lado, la inflación general en México muestra presiones al alza, y es la inflación subyacente de largo plazo la que resulta más compleja de controlar. Por esta razón, el Banco de México ha decidido frenar la baja de tasas de interés, al proyectar que la tasa gubernamental se mantenga fija en 6.5% para este año y el siguiente. Si bien esto mantiene un costo de financiamiento alto para el gobierno, para el inversionista extranjero representa un escenario muy atractivo al ofrecer tasas reales positivas cercanas al 3% en un mercado líquido y estable. Ante la falta de una reforma fiscal en la agenda de la presidenta, el gobierno recurrirá a una fiscalización más agresiva para cubrir sus elevados gastos fijos —como los programas sociales—, en el que utilizarán estrategias que ya funcionaron en el sector aduanero con los aranceles del 50% a productos chinos o al implementar medidas como el cobro obligatorio con tarjeta en las gasolineras. En el plano comercial, las exportaciones no petroleras, lideradas por la industria automotriz que crece al 4.9%, siguen firmes, aunque naciones asiáticas como Taiwán y Vietnam están absorbiendo de manera súbita el mercado de chips que China pierde en EUA debido a que México no ofreció las condiciones necesarias para retener esa industria. Para concluir, Víctor Portella prevé que la renegociación del T-MEC se extenderá más allá del primero de julio bajo presiones de EUA en temas de migración y narcotráfico. Están buscando reglas de origen más estrictas y aranceles protectores para el acero y el aluminio, con el fin de evitar la triangulación china, manteniendo a salvo 85% de los productos mexicanos. Con un mercado estadounidense que no reducirá tasas por su alta inflación y un panorama global de inversión que está siendo transformado por la inteligencia artificial (IA) —la cual generará una demanda energética colosal y revivirá alternativas como la energía nuclear—, el especialista en la materia recomendó a los inversionistas no mantenerse fuera del mercado, pero actuar con cautela. “La estrategia sugerida consiste en aprovechar las atractivas tasas reales de largo plazo en México (cercanas al 10% en bonos fijos a 10 años) y mantener portafolios diversificados por regiones y sectores clave como tecnología, software, infraestructura, robótica y finanzas”.
Ante una mayor fiscalización, el uso de herramientas tecnológicas por parte de las autoridades y la constante evolución de los criterios jurisdiccionales, la actualización profesional se ha convertido en una necesidad estratégica para quienes participan en el ámbito tributario.Con esta visión, las comisiones Fiscales del Colegio organizaron la 21.ª Semana de actualización fiscal, celebrada del 1 al 4 de junio que reunió a expertos para examinar los principales cambios normativos, jurisprudenciales y operativos que están impactando la práctica fiscal del presente año.La presidenta del Colegio, Rosalía Ortega López, inauguró las actividades destacando la importancia de generar espacios de análisis y reflexión que permitan fortalecer las competencias técnicas de los profesionales, fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al ejercicio ético y responsable de la profesión.Rodolfo Rubén Cuahutle Torres abrió el programa con un análisis de las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abordando temas como la cancelación del RFC por fusión de sociedades, las devoluciones de impuestos, la restricción temporal de Certificados de Sello Digital y los plazos de las visitas domiciliarias.Posteriormente, Ignacio Sosa López expuso los aspectos fundamentales relacionados con la identificación del beneficiario controlador, figura incorporada al marco fiscal mexicano desde 2022 como parte de los esfuerzos internacionales para combatir prácticas ilícitas y fortalecer la transparencia corporativa.Por su parte, Antonio Alberto Vela Peón analizó la importancia de los avisos, declaraciones e informes presentados ante la autoridad fiscal, así como las responsabilidades de socios, accionistas, representantes legales y apoderados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.Las facultades de gestión y comprobación de las autoridades fiscales fueron desarrolladas por Alberto Guillermo Castelló Durán y Oscar Manuel Chávez Noguez, quienes destacaron la relevancia de atender oportunamente cartas invitación, requerimientos y procedimientos relacionados con los certificados de sello digital y la correcta documentación de deducciones.En otro orden de ideas, Mariana Garrido Espinosa explicó el nuevo procedimiento previsto en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación para verificar la materialidad de las operaciones amparadas con CFDI, así como sus implicaciones fiscales y reputacionales para los contribuyentes.En materia de criterios fiscales, Rogelio José Luis Reyes Jiménez analizó los cambios normativos y no vinculativos para 2026, destacando la estrategia de la autoridad para fortalecer la recaudación mediante nuevas interpretaciones y mecanismos de vigilancia, particularmente en el entorno digital.Asimismo, Juan Alberto Torres Romero abordó la obligación de reportar operaciones relevantes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfatizando la importancia de documentar adecuadamente la razón de negocios y la sustancia económica de las operaciones.Los estímulos fiscales y su correcta aplicación fueron desarrollados por Luis Alberto Placencia Alarcón, quien presentó las principales fuentes de estos beneficios y explicó las condiciones para acceder al programa de regularización de adeudos fiscales contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.En el ámbito de las reestructuras corporativas, Ulises Castilla Flores profundizó en los conceptos de razón de negocios y materialidad de las operaciones, elementos que actualmente constituyen aspectos fundamentales en la revisión y validación de actos jurídicos con efectos fiscales.Por su parte, Héctor Eduardo Jiménez Rodríguez presentó una actualización sobre el Instrumento Multilateral (MLI), destacando su papel en la prevención de la doble no tributación y el uso indebido de los tratados fiscales internacionales.Finalmente, Iván Eduardo Álvarez Espinoza analizó la evolución de los precios de transferencia en el contexto del proyecto BEPS y las tendencias internacionales que continúan transformando las obligaciones de documentación y cumplimiento para los grupos empresariales.Durante la clausura, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, reconoció la participación de los especialistas, coordinadores y cerca de 200 asistentes que formaron parte de esta edición. Asimismo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación profesional mediante espacios de actualización que permitan enfrentar con mayor preparación los retos del entorno fiscal actual.
