En la conferencia con especialistas, el 4 de junio se llevó a cabo la ponencia Expectativas económicas y panorama de inversión hacia 2027 con la intervención de Víctor Portella, quien es el responsable de inversiones patrimoniales en HSBC. Durante su participación, destacó que la economía global se enfrenta a un entorno complicado, marcado por un conflicto en Medio Oriente que ha impactado directamente el sector energético, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto crucial por donde transita 20% del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes.
“Esta situación ha llevado a que el precio del crudo suba de 60 a 110 dólares por barril. Aunque los mercados financieros corrigieron 9% en un periodo de 15 días y se recuperaron rápidamente, el verdadero riesgo radica en que los altos precios de la energía y los granos podrían presionar la inflación a largo plazo, lo que desaceleraría las economías”, destacó el especialista.
En cuanto al tipo de cambio en México, Portella mencionó que la estabilidad actual de la moneda (alrededor de 17.30 pesos por dólar) no se debe a un peso fuerte, sino a un dólar débil, que ha sido devaluado intencionadamente por Estados Unidos (EUA).
Además, el economista en gestión de fondos de inversión anticipa que, una vez que se disipe el ruido electoral, el T-MEC y la guerra, el tipo de cambio podría caer por debajo de los 17 pesos, ya que el diferencial histórico de inflación del 2% entre ambos países casi ha desaparecido, limitando así la depreciación natural del peso.
A nivel nacional, las agencias calificadoras han advertido sobre la posibilidad de recortar el grado de inversión de México debido al aumento del déficit fiscal por encima del 5% durante el periodo electoral. Perder este grado obligaría al país a financiarse a tasas más altas, afectando a los inversionistas institucionales; no obstante, Víctor Portella aclaró que la relación deuda/PIB de México se encuentra en un 50%, un nivel asequible y saludable si se compara con el 130% de Estados Unidos o con la severa crisis de reservas e inflaciones del 80% vivida en 1994. Por lo tanto, se estima que el país mantendrá su grado de inversión en los próximos 12 a 18 meses, periodo en el cual el gobierno buscará aumentar la recaudación para frenar el déficit.
En cuanto al crecimiento económico, el especialista en Economía agregó que México muestra una clara desaceleración, pasando de un buen cierre de año al 0.2% en el primer trimestre, lo que ajusta las expectativas de HSBC a un 1.5% para 2026 y las del Banco de México a un 1.1%.
Esta falta de crecimiento que estamos viviendo se debe a que la inversión local —que representa 90% de la inversión total en el país— acumula 18 meses consecutivos a la baja. Esto se debe al escepticismo de los empresarios ante la incertidumbre jurídica del T-MEC y reformas como la judicial. En contraste, la inversión extranjera directa está alcanzando cifras históricas (alrededor de 22,000 millones de dólares en el último informe, después de un cierre previo de 40,000 millones) gracias al nearshoring y las virtudes geográficas del país. No obstante, como esta inversión representa menos del 10% del total, no logra tener un impacto significativo en el PIB por sí sola, similar al efecto limitado que tendrá el próximo Mundial de fútbol, que se estima apenas un 0.1% del PIB por la dispersión de los partidos. Así, el gobierno se verá obligado a dar certidumbre jurídica a la iniciativa privada, dado que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la enorme infraestructura energética que el país necesita.
Por otro lado, la inflación general en México muestra presiones al alza, y es la inflación subyacente de largo plazo la que resulta más compleja de controlar. Por esta razón, el Banco de México ha decidido frenar la baja de tasas de interés, al proyectar que la tasa gubernamental se mantenga fija en 6.5% para este año y el siguiente. Si bien esto mantiene un costo de financiamiento alto para el gobierno, para el inversionista extranjero representa un escenario muy atractivo al ofrecer tasas reales positivas cercanas al 3% en un mercado líquido y estable.
Ante la falta de una reforma fiscal en la agenda de la presidenta, el gobierno recurrirá a una fiscalización más agresiva para cubrir sus elevados gastos fijos —como los programas sociales—, en el que utilizarán estrategias que ya funcionaron en el sector aduanero con los aranceles del 50% a productos chinos o al implementar medidas como el cobro obligatorio con tarjeta en las gasolineras. En el plano comercial, las exportaciones no petroleras, lideradas por la industria automotriz que crece al 4.9%, siguen firmes, aunque naciones asiáticas como Taiwán y Vietnam están absorbiendo de manera súbita el mercado de chips que China pierde en EUA debido a que México no ofreció las condiciones necesarias para retener esa industria.
Para concluir, Víctor Portella prevé que la renegociación del T-MEC se extenderá más allá del primero de julio bajo presiones de EUA en temas de migración y narcotráfico. Están buscando reglas de origen más estrictas y aranceles protectores para el acero y el aluminio, con el fin de evitar la triangulación china, manteniendo a salvo 85% de los productos mexicanos. Con un mercado estadounidense que no reducirá tasas por su alta inflación y un panorama global de inversión que está siendo transformado por la inteligencia artificial (IA) —la cual generará una demanda energética colosal y revivirá alternativas como la energía nuclear—, el especialista en la materia recomendó a los inversionistas no mantenerse fuera del mercado, pero actuar con cautela.
“La estrategia sugerida consiste en aprovechar las atractivas tasas reales de largo plazo en México (cercanas al 10% en bonos fijos a 10 años) y mantener portafolios diversificados por regiones y sectores clave como tecnología, software, infraestructura, robótica y finanzas”.
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Con el objetivo de despejar las dudas relacionadas con el régimen pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), portabilidad y derechos de los trabajadores del Estado, el Colegio organizó el foro PENSIONISSSTE, el cual fue coordinado por Jorge Ponce Yépez y Juvenal Villaverde Crisantos, y tuvo como panelista a José Abrego Belmont, integrante de la comisión de Seguridad Social.Durante su participación, Abrego Belmont explicó que las reglas laborales para los empleados del gobierno son diferentes a las de las empresas privadas. “A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde queda claro cómo se calcula el salario para las aportaciones, la Ley del ISSSTE estipula que el sueldo básico es solamente el sueldo neto que aparece en el tabulador según cada puesto”.Sobre la responsabilidad de las dependencias públicas, el expositor comentó que “si una oficina de gobierno olvida retener de forma correcta las cuotas de seguridad social de sus empleados, la ley solo le permite cobrarle al trabajador un máximo de dos cotizaciones atrasadas”.Al comparar los sistemas de jubilación por edad entre el IMSS y el ISSSTE, se compartieron las ventajas y desventajas. Por su parte, el ISSSTE pide menos años de servicio que el IMSS para alcanzar una pensión; sin embargo, el monto máximo está más topado en el gobierno.Mientras que en el IMSS un trabajador puede cotizar con un sueldo más alto, el ISSSTE tiene un límite estricto de solo 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto hace que las pensiones del sector privado tiendan a ser altas para quienes ganan sueldos medios y altos.De igual forma, se habló sobre la portabilidad de derechos, la cual se informó que consiste en que una persona pueda sumar años trabajados en el sector privado y en el gobierno. En este punto, el expositor comentó que, en la ley, no existe el concepto de integración del salario y salario base de cotización; “solo existe el concepto de salario básico y hay que recurrir a consultar otras leyes y jurisprudencias para tener claridad sobre lo que quiso expresar el legislador”.Antes de concluir la sesión, los especialistas destacaron la importancia de descifrar la complejidad de la seguridad social en el sector público. Coincidieron en que, ante la falta de análisis más allá de las leyes, “se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”.Al cierre de la sesión, los expertos hicieron un llamado a profundizar en el funcionamiento de la seguridad social pública. Advirtieron que la falta de claridad en la integración salarial y los trámites de pensión suele empujar a los trabajadores a costosos litigios.“Ante la falta de análisis más allá de las leyes, se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”, concluyeron.
El Colegio de Contadores Públicos de México celebró el 16 de julio una Asamblea General Extraordinaria en el Aula Magna de sus instalaciones, en la que los asociados y las asociadas ratificaron los resultados favorables de la reforma estatutaria que permitirá adoptar la denominación Colegio de la Contaduría Pública de México, A.C., una vez concluyan los procedimientos de protocolización e inscripción ante las autoridades competentes.La ceremonia fue presidida por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, mientras que Orlando Corona Lara, vicepresidente de Gobierno, condujo el desarrollo de la sesión, verificó el cumplimiento de las formalidades estatutarias y dirigió el desahogo de cada uno de los puntos del orden del día.En el presídium participaron también Manuel Tamez Zendejas, vicepresidente de Comunicación e Imagen; Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional; Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria; Alejandro Jorge Guevara Perea, vicepresidente de Normatividad Institucional; Héctor Vázquez González, vicepresidente de Promoción y Membrecía; José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, y Virginia Ríos Hernández, vicepresidenta de Estrategia, Organización y Control.Asimismo, asistieron María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; los asesores Pablo Cervantes García, Cristina de Atela Pérez, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Tavares Sánchez; los escrutadores María de Lourdes Domínguez Morán y Álvaro Enrique Cordón Álvarez, así como Javier Isaías Pérez Almaraz, titular de la Notaría Pública número 125 de la Ciudad de México, quien dio fe de los actos y acuerdos adoptados durante la sesión.La reforma estatutaria representa una evolución institucional orientada a fortalecer la identidad del Colegio y ampliar la representación de la profesión contable, preservando en todo momento su personalidad jurídica, patrimonio, derechos y obligaciones. Además del cambio de denominación social, la actualización incorpora la posibilidad de celebrar asambleas generales en modalidad presencial, a distancia o mixta, bajo mecanismos que garanticen la identidad de los participantes, la validez del voto, la verificación del quórum y la certeza jurídica de los acuerdos.Durante la sesión, Ernesto Torres García, vicepresidente de la comisión de Estatutos, presentó un resumen del proceso que dio origen a la reforma, el cual incluyó la revisión técnica del proyecto, un periodo de auscultación entre la membrecía, una sesión informativa y la aprobación por parte de la Junta de Gobierno antes de ser sometido a votación.Posteriormente, Mónica Estrada Hernández, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos, informó que el proceso de votación cumplió con las disposiciones estatutarias y certificó que la propuesta obtuvo el respaldo requerido para su ratificación, sin detectarse irregularidades.Durante el espacio de participación, asociados y expresidentes coincidieron en que la reforma representa un paso relevante para fortalecer al Colegio y responder a los nuevos retos de la profesión.José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, destacó que la modificación responde a una visión de futuro para la institución. "Es muy relevante aceptar este cambio de denominación social con una visión incluyente. También es importante abrir la posibilidad de que nuevas generaciones participen en nuestro Colegio mediante modalidades virtuales".Por su parte, el expresidente Víctor Keller Kaplanska señaló que la reforma formaliza una evolución que el Colegio ha construido durante años. "Este acto es el proceso legal de cambiar un nombre, pero no modifica la esencia que ya traemos ni la historia que hemos construido a través de los años".En tanto, el expresidente Juan Carlos Bojorges Pérez hizo un llamado para que la actualización estatutaria se traduzca en acciones concretas que fortalezcan la participación de la membrecía y consoliden al Colegio como referente de la profesión. "Que no se quede solamente en la palabra o en la redacción; que este cambio se refleje en iniciativas, en participación y en un mayor acercamiento con las nuevas generaciones y con la sociedad".Al clausurar los trabajos, la presidenta Rosalía Ortega López subrayó que la reforma fortalece a la institución sin alterar los principios que le han dado prestigio a lo largo de su historia. "La reforma que acabamos de ratificar no cambia nuestra esencia, la fortalece. Nos brinda una identidad que representa con mayor amplitud a la Contaduría Pública y nos dota de herramientas que permitirán responder con oportunidad a los desafíos de un entorno que evoluciona todos los días".Asimismo, destacó que la decisión refleja una visión de largo plazo para consolidar una institución preparada para el futuro. "Las organizaciones que perduran saben preservar sus principios, pero también saben evolucionar. Hoy hemos demostrado que, cuando el propósito es el bien del Colegio y el amor por nuestra profesión, siempre es posible construir consensos".Finalmente, hizo un llamado a la membrecía a continuar fortaleciendo a la institución."Estoy convencida de que esto es precisamente lo que hemos logrado. Por eso, el futuro del Colegio no se espera, se construye. Y hoy, gracias a todos y todas ustedes, hemos dado un paso más para construir un Colegio más fuerte".Con la aprobación de la reforma, el Colegio iniciará el proceso de protocolización e implementación de los estatutos reformados, así como la actualización de los instrumentos normativos y operativos que consolidarán esta nueva etapa institucional. La nueva denominación será utilizada una vez que concluyan los procedimientos legales correspondientes y la reforma quede debidamente protocolizada e inscrita ante las autoridades competentes.
El 14 y 15 de julio se presentó en el Colegio el curso Medios de defensa ante los procesos de fiscalización del SAT, un espacio de actualización dedicado a compartir y analizar las alternativas de defensa fiscal al alcance del contribuyente en el entorno actual.La coordinación del evento estuvo a cargo de la comisión técnica Fiscal, encabezada por Guadalupe Santos Moreno, acompañada integrantes de la misma comisión en calidad de ponentes y expertos en materia: Eduardo Sánchez Lemoine, Federico Tercero Garza Torres, Pablo Ramírez Morales, Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Vela Peón y Ulises Castilla Flores.Durante el preludio del curso, Eduardo Sánchez comentó una realidad fundamental para el acercamiento a estos medios de defensa: el contribuyente se encuentra en una posición desigual con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); la carga de la prueba reside en el contribuyente, quien debe disipar las presunciones legales de la autoridad. Establecido este elemento fundamental para el resto del curso, el experto continuó con el desarrollo del recurso de revocación, medio de defensa que permite impugnar resoluciones de una autoridad si se consideran desapegadas a la ley, sin embargo, Sánchez comentó que el SAT confirma un 80% de los actos recurridos, debido a que la resolución depende enteramente de la autoridad, sin necesidad de un tribunal.Federico Garza tomó la dirección del curso para compartir las tesis y jurisprudencias relevantes para los medios de defensa, con la intención de identificar valor en ellas y analizar su uso estratégico. Tras delimitar las diferencias entre una tesis aislada y una jurisprudencia, el experto comentó que el valor práctico de una jurisprudencia reside en su articulación con la narrativa del contribuyente y, aunque no sustituye a una prueba puede brindar sustento a una si se conecta apropiadamente con el expediente probatorio. Por su parte, Pablo Ramírez desarrolló dos mecanismos alternativos de solución de controversias: la queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y los acuerdos conclusivos. Estos medios de defensa brindan al contribuyente una resolución de controversia antes de un acto de la autoridad y habilita un entorno de negociación y diálogo que deriva en la extensión de documentación adicional que respalde el caso, lo cual hace más manejable la situación de desigualdad entre la autoridad y el contribuyente. Sin embargo, Ramírez exhortó sobre la importancia de percibir estas posibilidades con un interés colaborativo y de alcanzar acuerdos, no de oposición a la autoridad.Para el segundo día de la jornada, Luis Alberto Placencia Alarcón dedicó el espacio a conocer la estructura, etapas y elementos clave del juicio contencioso administrativo, comenzando por su definición como un sistema de protección de para los derechos y garantías de las personas administradas; además, se exploró el marco normativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que en él se traza su facultad de “dirimir controversias entre la administración pública federal y los particulares” y el listado de resoluciones definitivas y actos administrativos en los cuales tienen competencia. Posteriormente, Antonio Vela dio luz sobre el procedimiento especial contenido en el artículo 49-Bis del Código Fiscal de la Federación, una facultad de comprobación cuya importancia reside en su capacidad de influir en el Certificado de Sello Digital y tener consecuencias penales. Debido a ello, el experto reiteró en la importancia de entender este procedimiento como un espacio para disipar la presunción de la autoridad mediante pruebas. Adicionalmente, Vela brindó algunas recomendaciones específicas, como la importancia de responder a este mecanismo, preservar un ambiente de conciliación y cómo hacer valer los derechos del contribuyente durante estas visitas.Ulises Castilla dio cierre al evento con la conceptualización y distinciones del juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal, una modalidad del juicio contencioso administrativo caracterizado por la oralidad y celeridad que, aunque tiene limitaciones respecto a los casos donde es procedente, puede representar una reducción de costo de fianza. El experto señaló que estos juicios son relevantes cuando el contribuyente quiere que el Tribunal determine si la autoridad tiene razón o no en el fondo, no en su forma; debido a esta ausencia de flexibilidad es fundamental que el contribuyente valore es un medio de defensa válido para su caso concreto.
