Con la destacada participación de miembros de despachos y empresas del ámbito internacional, el Colegio presentó el 3er. Simposio patrimonial internacional, un foro dedicado al análisis de las prácticas de inversiones en el extranjero derivadas de la reforma fiscal en México.
El curso, realizado el 13 de abril, se llevó a cabo bajo la coordinación de la comisión Fiscal Internacional del Colegio, cuyas intervenciones estuvieron a cargo de Nicolas Tavormina, director de Wealth Managment; Víctor Manuel Barajas, socio de Basham, Ringe y Correa; Eduardo Valenzuela Acuña, socio en Chevez Ruiz Zamarripa; y de los integrantes de la comisión organizadora, Gerardo Napolitano Pompa, Ernest Haiat Khabie, Juan Ignacio Rivero Celorio y René Alberto Meza Aragón.
Durante la primera participación de la tarde, Gerardo Napolitano Pompa charló acerca de los efectos de la reforma fiscal para inversionistas en el extranjero, al respecto mencionó que se adicionó el artículo 4-A y 4-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que pretende gravar los ingresos obtenidos por extranjeros que se consideren entidades transparentes y figuras jurídicas. Agregó que dichas entidades transparentes y las figuras extranjeras serán gravadas como personas morales y deberán pagar el impuesto de acuerdo con las disposiciones aplicables.
En ese mismo tenor, Haiat Khabie informó que las entidades extranjeras que tienen su centro de administración principal en México, se tratarán como residentes fiscales en el país, de lo contrario, se considerarán entidades extranjeras sujetas a pago de impuesto por ingresos de fuente de riqueza en México.
En virtud de cumplir con lo anterior, los expositores señalaron que, como figura legal extranjera, la nueva disposición —que entró en vigor el 1 de enero de 2021— contempla fondos de inversión, fideicomisos o cualquier acuerdo similar que no tenga una personalidad jurídica.
Por otro lado, Víctor Manuel Barajas dialogó sobre los Esquemas Reportables en las estructuras patrimoniales, en su participación recalcó la importancia que tienen los asesores fiscales para conocer los diversos efectos fiscales que pudieran tener los contribuyentes por invertir en entidades o figuras extranjeras que sean transparentes. Asimismo, el socio en Basham, resaltó que, a través de las fracciones correspondientes, es fundamental que se evite el intercambio de información y la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos.
Respecto al tema de las complejidades actuales derivadas de la reforma fiscal 2020, Juan Ignacio Rivero Celorio detalló algunos métodos y los criterios que se deben tener en cuenta para una inversión en el extranjero, entre los que destacó: el perfil de inversión, la necesidad de liquidez, expectativas de rentabilidad y la situación política y económica del país.
Además, el especialista fiscal habló del aspecto tributario referente a la inversión directa en renta fija (intereses, ajuste inflacionario, efectos cambiarios) renta variable (ganancia o pérdida de capital, dividendos) e ingresos por rentas, donativos o herencias (datos informativos en la declaración).
Finalmente, Nicolas Tavormina y Eduardo Valenzuela Acuña, dirigieron su participación a las principales consideraciones de inversiones patrimoniales en Estados Unidos destacando el uso del Trust como una herramienta para transferir propiedades legales de los activos. Los expositores coincidieron que este procedimiento se mantiene en constante evolución, pero la flexibilidad y confidencialidad son las principales ventajas que tiene sobre otras formas tributarias entre México y E.U.A.
Eventos recientes
Con el objetivo de brindar herramientas actualizadas y efectivas frente a los retos fiscales actuales, el Colegio llevó a cabo el Simposio de Mecanismos de Prevención y Defensa Fiscal. La jornada, celebrada el 10 de junio y organizada por la comisión de Educación, contó con una destacada participación de especialistas, autoridades fiscales y miembros del Colegio, quienes analizaron mecanismos clave para la protección de los derechos del contribuyente y el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.En su mensaje de apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, agradeció la participación de los asistentes y subrayó la importancia de mantenerse actualizados ante los desafíos fiscales actuales. Destacó que el compliance y los mecanismos de defensa fiscal son clave para un ejercicio profesional responsable y expresó su confianza en que el simposio será de gran utilidad para todos los participantes.Pedro Larios, fundador de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, abrió el foro destacando el valor estratégico del compliance fiscal como herramienta de gestión de riesgos. A diferencia del cumplimiento tradicional, explicó que el verdadero compliance requiere identificar, valorar y mitigar riesgos legales mediante controles internos sólidos, alineados con estándares como la ISO 31000 o el modelo COSO. Para Larios, un sistema efectivo incluye gobierno corporativo, auditorías internas y políticas disciplinarias, convirtiéndose en una barrera preventiva ante posibles infracciones fiscales o incluso penales.Carlos Javier Verduzco, vicerrector en Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por su parte, abordó el tema de la defensa fiscal desde una perspectiva estructural. Subrayó la importancia del hecho imponible como punto de partida de la relación tributaria, insistiendo en su comprensión como elemento clave para identificar vulnerabilidades en la determinación de contribuciones. Además, explicó las distintas etapas de defensa, distinguiendo entre recursos administrativos y juicios contenciosos, e hizo énfasis en el papel del principio de legalidad como salvaguarda ante actos de autoridad.Desde una mirada institucional, Narciso Vázquez Vega, director general de Estados Normativos de la SASEN en Prodecon, ofreció un recorrido por las funciones y herramientas de Prodecon, destacando su papel como órgano no jurisdiccional pero decisivo en la defensa del contribuyente. Señaló que el enfoque integral del organismo —preventivo, conciliador, correctivo y contencioso— permite acompañar a los contribuyentes desde la asesoría inicial hasta la representación legal. Enfatizó mecanismos clave como las consultas especializadas, acuerdos conclusivos y quejas por violación a derechos, y destacó la importancia de acercarse a Prodecon antes de que los conflictos escalen.Desde la óptica de las micro, pequeñas y medianas empresas, Norma Martín Quintana, vicepresidenta de la comisión de Educación del Colegio, recalcó la urgencia de adoptar mecanismos de prevención fiscal. Explicó cómo el cumplimiento proactivo puede evitar sanciones y reducir riesgos, particularmente ante la evolución del modelo de recaudación del SAT. Señaló herramientas como el buzón tributario, la correcta emisión de CFDI, la capacitación continua y los acuerdos conclusivos como claves para la gestión fiscal responsable en las MiPyMEs.El enfoque práctico también estuvo presente en la exposición de Omar García González, analista de Mejora de Servicios Tributarios, quien presentó una guía detallada sobre los regímenes fiscales aplicables a personas físicas, con énfasis en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Destacó sus ventajas administrativas y fiscales, pero advirtió sobre la necesidad de mantener activas herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Recordó que, si bien RESICO representa una simplificación, la responsabilidad del cumplimiento sigue plenamente vigente.Por último, Abraham Levi Alcántara, docente en la FCA en la UNAM y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión organizadora, ofrecieron una visión transversal del compliance como una inversión estratégica. Definieron este sistema como un conjunto de controles orientados no solo al cumplimiento fiscal, sino también a la sostenibilidad, la transparencia financiera y la prevención de delitos como el lavado de dinero. Resaltaron el papel activo que deben asumir administradores, socios y contadores en la adopción de modelos integrales de cumplimiento, incluso en pequeñas empresas.
El pasado 5 y 6 de junio, el Colegio organizó el foro Fiscalización del SAT, IMSS y resoluciones de tribunales, al que se dieron cita comisionados, socios y especialistas en la disciplina, los cuales versaron sobre los actos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comparando los planes estratégicos recientes y su impacto en los contribuyentes.El foro comenzó con la intervención de Ángel Turanzas Díaz, quien señaló que uno de los objetivos del SAT ha sido aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de comercio exterior a través del desarrollo oportuno de herramientas tecnológicas eficientes y eficaces.De lo anterior, explicó que entre las acciones recaudatorias del SAT se encuentra la focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro, el fortalecimiento de acciones persuasivas para el cobro, el incremento en las acciones de contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados, así como la coordinación con entidades federativas para incrementar las auditorías.Sobre el empleo de la inteligencia artificial en la planeación de procesos, el especialista enfatizó que se deben implementar modelos como el machine learning para la clasificación de los contribuyentes y la detección de inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Asimismo, aclaró que, mediante el Plan Maestro 2025, se otorgarán facilidades para el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), se potenciarán las aplicaciones móviles y se ejecutarán programas de regularización fiscal para pequeños contribuyentes. “Los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos podrán corregir sus adeudos con una reducción del 100% sobre recargos, multas y gastos de ejecución”.Por su parte, el contador Jorge Hernández Lara refirió que la fiscalización del IMSS se ha enfocado en la verificación, revisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. “El IMSS implementa su Modelo Integral de Fiscalización (MIF) para supervisar y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social”, especificó.Comentó que dicho modelo es el conjunto de acciones que apoyan a la recaudación del IMSS mediante el ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales deben ser aplicadas por el personal responsable de los actos de fiscalización; el modelo consta de tres fases: programación, ejecución y conclusión.La licenciada Cecilia Bustamante Bejarano compartió en qué consisten las auditorías especiales de parte de las autoridades fiscalizadoras; de lo anterior, destacó que es fundamental documentar la naturaleza de la relación contractual, acreditar la autonomía de los distribuidores y preparar un expediente de respaldo con contratos, manuales de operación, capacitación, reglas de bonificación, etc.Quienes complementaron el foro fueron los especialistas en derecho fiscal, Pablo Fernández de Cevallos, Carlos Rubio Rojas y Jorge Fuentes Pérez; dialogaron sobre la compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generalidades de la Cuenta de Capital de Aportación y sobre los criterios jurisdiccionales establecidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).Sobre el último punto, el licenciado Fuentes Pérez mencionó que la reforma judicial, según un informe de J.P. Morgan, podría debilitar el Estado de Derecho, afectar la confianza de los inversionistas y alterar el equilibrio institucional previsto en nuestro sistema constitucional, particularmente en lo que respecta a los controles necesarios y contrapesos.Aunado a lo anterior, el especialista advirtió que “existe el riesgo potencial de que los criterios de decisión judicial se vean influenciados por consideraciones de aceptación ciudadana, en detrimento del rigor técnico-jurídico que debe caracterizar a la función jurisdiccional”, concluyó.
Con el objetivo de fortalecer la gestión financiera de las organizaciones del tercer sector, la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos organizó el evento Elaboración y análisis de estados financieros para donatarias, celebrado el 6 de junio. La coordinación estuvo a cargo de César Daniel Pérez Castro, integrante de dicha comisión, y contó con la participación de especialistas que ofrecieron un panorama sobre los desafíos y buenas prácticas contables para las entidades no lucrativas autorizadas para recibir donativos.Sergio Sánchez Arciniega, integrante de la comisión SE Contraloría Financiera, abrió el encuentro destacando la importancia de una estructura contable que impulse la transparencia y rendición de cuentas. Subrayó que, en las entidades sin fines de lucro, la confianza del donante se construye desde la claridad financiera: “La transparencia es lo que permite generar confianza al donante”, afirmó. En su intervención, resaltó la necesidad de aplicar correctamente las Normas de Información Financiera (NIF), particularmente la NIF B-16 para entidades no lucrativas y el marco conceptual de la NIF A.Arciniega también señaló los riesgos de perder la autorización como donataria si los ingresos no corresponden con el objeto social: “Si el 80% de tus ingresos son ventas, pues mejor no seas una donataria”. Asimismo, explicó la distinción entre patrimonio contable y capital contable, y cómo deben clasificarse según las restricciones impuestas por los donantes. Finalmente, enfatizó que una auditoría externa no debe verse como un gasto, sino como una inversión en credibilidad: “proporciona certidumbre, transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo... mucha confianza”.Continuando con el evento, Mario Espadas Sánchez, de la comisión organizadora, centró su presentación en los donativos en especie, advirtiendo que aceptar bienes sin criterio puede comprometer tanto la operación como la reputación de una organización. Destacó la importancia de valorar adecuadamente los donativos con base en la NIF A-1, documentando el valor razonable conforme al mercado y considerando costos adicionales como transporte o aduanas. Recomendó contar siempre con un contrato de donación, emitir el CFDI correspondiente y registrar los bienes de acuerdo con su naturaleza contable. “Una mala reputación acaba con una donación”, sentenció, al advertir sobre los riesgos de aceptar bienes sin verificar su procedencia.Por su parte, Elizabeth Pérez Esteban, también integrante de la comisión organizadora, presentó un enfoque práctico a partir de un caso real. Mostró cómo, incluso sin sistemas contables sofisticados, es posible organizar la contabilidad de manera eficiente mediante centros de costos o proyectos. Subrayó la importancia de distinguir claramente entre tipos de donativos —en efectivo o en especie, restringidos o no— y recomendó aprovechar los meses de verano para revisar y afinar los sistemas de información contable.Pérez también insistió en realizar cierres mensuales y en mantener el control del gasto administrativo, que no debe superar el 5% del total según la normativa vigente. Destacó la importancia de las políticas contables internas y de las notas a los estados financieros como elementos esenciales para garantizar la transparencia y el cumplimiento: “Todo debe quedar reflejado en notas, especialmente en los casos de devoluciones o incumplimientos”. Por último, recomendó además el uso del método indirecto para el estado de flujo de efectivo, aunque reconoció que muchos usuarios prefieren el método directo por su mayor claridad.
