Por quinta ocasión y fiel a su sistema de capacitación e innovación, el Colegio puso en marcha la Semana fiscal de donatarias autorizadas, un espacio que contará con la participación de diversos especialistas en la materia, quienes analizarán temas de oportunidad, entre ellos: los mitos y realidades de las donatarias, facturas electrónicas, aspectos relevantes de las Normas de Información Financiera (NIF) de las entidades no lucrativas, entre otros.
El evento, programado del 7 al 10 de junio, contó con la intervención del presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, quien, a través de un mensaje de apertura, resaltó la importancia del foro a raíz de la Reforma Fiscal 2021 y su impacto que ha generado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) para las donatarias autorizadas del país.
Entrando en materia, Manuel Elías Tron Pérez Kühn, socio en Manuel Tron, platicó acerca de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al régimen de las donatarias. De lo anterior, el especialista destacó que, dichas disposiciones, se realizaron con un mayor énfasis en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), como lo son los ingresos no registrados, compras no hechas, erogaciones no deducibles o préstamos a sus socios o miembros: remanente distribuible sujeto al pago del ISR al 35%. Agregó que las donatarias no pueden tener más del 50% de otros ingresos, ya que, de hacerlo, es una causal para la revocación de la autorización.
De igual modo, Pérez Kühn enfatizó que, debido a modificaciones planteadas a la LISR, “las donatarias autorizadas están en riesgo de desaparecer, lo que afectará a muchos mexicanos. Probablemente México tiene el índice más bajo de donatarias en América Latina y, sin duda, el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.
En otro tenor, para charlar sobre el cumpliendo con las normas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se contó con la participación de Daniel Eugenio de la Parra Huerta, integrante de la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, quien dirigió su exposición a explicar características generales, así como las obligaciones que se deben cumplir.
Explicó que dicha ley establece ciertas actividades que se clasifican como vulnerables y que deben ser objeto de identificación y eventual aviso ante las autoridades fiscales, dentro de las cuales se encuentra la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
Por lo anterior, el especialista exhortó a los participantes a realizar una introspección a efecto de determinar si se están cumpliendo con las obligaciones que pudieran derivar en términos de la LFPIORPI por la recepción de donativos.
Retomando las sesiones virtuales, la segunda jornada contó con las participaciones de Ángel José Turanzas Díaz, integrante de la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, y de Álvaro J. Altamirano, socio en Altamirano y Estudillo, quienes se encargaron de compartir con los participantes sus conocimientos y experiencias sobre la materia legal de las donatarias.
En su exposición, Turanzas Díaz comentó que las donatarias deben ajustarse solo al desarrollo de sus actividades por las que fueron autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los oficios respectivos, ya que, de no hacerlo, la autoridad emitirá un oficio para dar a conocer la causal de revocación.
Por lo anterior, en el caso de pérdida de vigencia, el especialista informó que la donataria tendrá un periodo de 12 meses para recuperarla. Si esto no se logra, tendrán 6 meses para destinar la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada y tributarán en los términos del Título lll “Personas Morales”; o bien, podrían quedarse en Título III, en caso de ser una IAP.
Por su parte, Álvaro Altamirano versó sobre los principales problemas dentro de las obligaciones laborales y fiscales de quienes prestan servicios a través del outsourcing.
Al respecto señaló que la subcontratación es una forma de relación jurídica natural para el desarrollo de algunos procesos especializados; sin embargo, ha tenido prácticas abusivas en perjuicio de los derechos de los trabajadores, por lo que se pretende fortalecer al empleo y eliminar prácticas que perjudiquen los derechos laborales y que evadan el cumplimiento de obligaciones patronales.
También en el ámbito fiscal, la subcontratación en muchas ocasiones ha generado la omisión en el pago del IVA e incluso se han solicitado devoluciones de IVA sin haberlo enterado. En virtud de evitar lo anterior, Álvaro Altamirano indicó que la STPS podrá cancelar el registro en cualquier momento por no cumplir con los requisitos previstos en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Recordó que, entre las sanciones por incumplir con la nueva ley de outsourcing , habrá multas de hasta 4.5 mdp, e incluso entrar bajo el supuesto de delito por defraudación fiscal.
En el tercer día de videoconferencias, se dieron cita los socios en Digital Signature, José Antonio Hernández Ross, Erika Anaya Díaz de León y Fernando Martínez Coss, quienes a través del panel Haciendo tus CFDI correctamente, explicaron cómo realizar una factura por donativos en CFDI 3.3 que el SAT solicita.
En su participación, Hernández Ross explicó que los representantes de las donatarias quedan obligados a presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes (RFC), lugar en donde informen el nombre de los asociados, patronos y demás personas.
Por lo anterior, los expositores comentaron que, en el caso de CFDI por donativos, se debe señalar expresamente que es un comprobante de donativo y el complemento debe contener el número y fecha de oficio de autorización.
En el caso de cuotas de recuperación, se debe emitir la factura (actos asociados a la actividad autorizada), y en dado caso de pagos diferidos, emitir el comprobante de pago.
Para el caso de donativos en especie, el oficio de renovación correspondiente, señala que, si los bienes donados han sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este recibo no será deducible.
Y finalmente, los panelistas comentaron que, en el caso de arrendamiento, se debe contener el número de cuenta predial del inmueble o, en su defecto, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.
Por su parte, Erika Anaya Díaz de León charló sobre las consideraciones derivadas de la pandemia al presentar CFDI por donativos. Por lo anterior, informó que, cuando los bienes se adquieran en el extranjero, en el apartado de observaciones del pedimento de importación se deberá señalar: Covid-19.
Para finalizar las actividades del día, Pablo Alejandro Limón Arrieta, asociado en el Despacho Limón Mestre, platicó a grandes rasgos del panorama actual de las donatarias autorizadas en el país, basado en un ecosistema filantrópico. Asimismo, mostró un cuadro comparativo entre Estados Unidos y México en el que puntualizó la afectación y proporción que representa el Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación.
Para finalizar las videoconferencias de la Semana fiscal de donatarias autorizadas, se contó con la presencia de Maribel Trejo Estudillo, presidenta de la comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos, quien conversó sobre los aspectos más relevantes de las Normas de Información Financiera de las entidades no lucrativas, y para ello, partió de la estructura de la teoría contable de las NIF. Por lo anterior, explicó que dichas normas establecen límites y condiciones en las operaciones, además, sirven como un marco regulador para la emisión de estados financieros y el proceso de disminución y discrepancia de criterios.
De igual manera, platicó sobre el contenido del marco conceptual de las NIF vigentes, señalando las principales características durante el proceso de auscultación.
También, destacó la trascendencia que ha tomado la contabilidad electrónica, ya que, de no cumplir con esta obligación digital en el portal del SAT, se impondrán sanciones por parte de la autoridad; incluso, por ingresar la información fuera de los plazos establecidos, la multa va de $6.140.00 a 18,410.00, según lo determina el artículo 82.
Acto seguido, el evento contó con la distinguida participación de Juan Fernando de la Paz Balzaretti Ramírez, presidente de la Junta de Asistencia Privada (JAP) del Gobierno de la CDMX, quien comentó que la institución que encabeza tiene la facultad de vigilar que se cumpla la voluntad fundacional, el uso adecuado del patrimonio y el apego a la legalidad a través del portal de la transparencia.
De igual modo, recalcó la importancia de que las instituciones, en este caso las donatarias, operen de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, con el fin de dar cumplimiento a su objeto asistencial y demás obligaciones.
“Estos ejercicios permiten mirar el comportamiento financiero y operativo, así como observar puntos relevantes en el cumplimiento de obligaciones y que ponen en riesgo mantener la calidad como donatarias y la asignación de fondos”, aclaró Balzaretti Ramírez.
Para concluir las ponencias de la semana, Elio Fernando Zurita Morales, vocero de la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, detalló que la exposición de motivos señala que algunas donatarias realizan modificaciones a su objeto social de manera posterior a la obtención de su autorización, destinando de manera incorrecta sus activos a otras actividades o sin realizar tal modificación destinan su patrimonio a otras acciones.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
En el marco de las celebraciones por el Día del Contador, el Colegio llevó a cabo el Congreso de la Contaduría Pública: IA en fiscalización y gestión. El evento fue inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la nutrida asistencia del público, lo que representa grandes avances para el futuro de la profesión. Durante su mensaje, la contadora enfatizó que el Colegio mantiene un compromiso con la innovación y la preparación de su gremio.La jornada inició con la participación de Rosaura Aguilar Peña y José Luis Ortiz Coronado, quienes abordaron a fondo el concepto y alcance fiscal de la materialidad. Ante ello, el especialista habló sobre algunos desafíos que se presentan en la práctica actual, tales como la propia definición jurídica de materialidad dentro de la legislación mexicana.Además, recordó que, ante la emisión de comprobantes sin activos, personal o infraestructura, la autoridad presumirá la inexistencia de las operaciones. Asimismo, alertó sobre la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación (CFF) en la Ley Aduanera y las facultades de comprobación.Sobre la actualización para 2026, Rosaura Aguilar desglosó el impacto de la reforma aduanera publicada el 19 de noviembre de 2025, donde se obliga a importadores y exportadores a conservar de forma electrónica el soporte documental que acredite la materialidad de los recursos empleados. Aunado a esto, detallaron las exigencias de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) mediante los rubros específicos que vinculan el entorno corporativo, comercial y fiscal.Por su parte, Marycelia García Valle y Rodolfo Jerónimo Pérez aportaron una visión sobre el panorama actual de fiscalización, “el cual está totalmente volcado hacia la digitalización de la información fiscal y los cruces automatizados de datos, lo que permite a la autoridad detectar riesgos y patrones de comportamiento atípicos en tiempo real”, aclaró García Valle.Jerónimo Pérez precisó que demostrar la materialidad en la práctica va más allá de un papel; “implica comprobar plenamente que la operación exista, tenga sentido de negocio y sea comprobable”, subrayó.Finalmente, Ignacio Domínguez Castillo expuso los objetivos institucionales de eficiencia recaudatoria y cobranza coactiva implementados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que el uso de mecanismos inteligentes busca optimizar las acciones de vigilancia para identificar omisiones de forma oportuna, sin generar cargas innecesarias a los contribuyentes cumplidos.Sin embargo, advirtió que la fiscalización inteligente enfocará sus baterías y auditorías de manera prioritaria en aquellos contribuyentes que incurran en las siguientes conductas, como la celebración de operaciones con empresas factureras, presentación de pérdidas fiscales recurrentes, simulación o aplicación ilegal de deducciones, entre otras.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
