A una semana de ser aprobada en la Cámara de Diputados las reformas para regular la subcontratación laboral, con el objetivo de fortalecer el empleo y poner fin a las malas prácticas, que han derivado en la evasión fiscal, el Colegio realizó el curso gratuito Outsourcing, 10 aspectos fundamentales de la reforma en material de subcontratación, el 23 de abril, para dar a conocer los aspectos más relevantes sobre las principales modificaciones.
El presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, fue el encargado de las palabras que dieron marco al evento, en el que expuso la importancia de conocer la nueva estructura en materia de subcontratación, que compete, tanto a trabajadores como a patrones.
El evento estuvo organizado por la comisión técnica de Seguridad Social del Colegio, representado por los contadores Rodrigo Prieto Sánchez, presidente de la citada comisión, quien además fungió como coordinador del evento, y Rolando Silva Briceño, quien también es representante del IMSS y vocero.
En su participación, Silva Briceño expuso brevemente un decálogo con los aspectos más significativos; de igual manera comentó que esta iniciativa de reforma está regulada desde el ámbito fiscal, laboral y seguridad social. El expositor abrió su participación enlistando cada uno de los 10 puntos a revisar:
1.- Prohibición de la subcontratación laboral, en el que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
2.- Servicios permitidos. Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos.
3.- Registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como elemento clave. Se refiere a quienes proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con el registro ante la STPS; además, deberán acreditar estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, habrá estrecha comunicación ante la STPS-Servicio de Administración Tributaria (SAT)-Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los (Infonavit) para efectos de las opiniones de cumplimiento, de lo contrario la STPS podrá negar o cancelar el registro.
4.- Responsabilidad solidaria está enfocada en los aspectos laborales, fiscales y seguridad social.
En lo referente a la responsabilidad solidaria laboral, es quien subcontrate servicios especializados con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.
Concerniente a los aspectos fiscales, son responsables solidarios con los contribuyentes, quienes reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), por las contribuciones que se hubiera causado a cargo de los trabajadores con los que preste el servicio.
En cuanto a la responsabilidad solidaria en seguridad social, quien contrate la prestación de servicios especializados con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será responsable solidario en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones.
5.- El Insourcing, que, si bien no está definido como tal, se entiende la internalización de este tipo de servicio. Acerca de éste u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba.
Asimismo, Silva Briceño puntualizó que el término grupo empresarial se refiere al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales (artículo 2, fracción X de la Ley de Mercado de Valores).
6.- Multas y sanciones que serán impuestas cuando haya defraudación fiscal (según lo marca el CFF). Las sanciones se aplicarán cuando se utilicen esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal en incumplimiento de lo señalado en el CFF.
Las multas laborales por subcontratación sin registro ante la STPS oscilarán de $179,240 a $4,481,000; y los fiscales de $150 mil a $300 mil por cada obligación de entregar información relacionada con la subcontratación no cumplida; mientras tanto en materia de seguridad social cuando el IMSS no presente contratos, de $44,810 a $179,240.
7.- Efectos fiscales y sus requisitos. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante (CFF).
Para efectos de deducibilidad y acreditamiento, es necesario verificar el registro en el momento del pago; obtener CFDI de pago de salarios de los trabajadores (retenciones, impuesto trasladado, pagos al IMSS e Infonavit). Cumplir con las obligaciones ante el IMSS e Infonavit (reporte de contratos celebrados de prestación de servicios en enero, mayo y septiembre, registro ante la STPS, datos del contrato y contratantes, salario base cotización y amortizaciones).
8.- Sustitución patronal. Según la Ley Federal del Trabajo, se refiere a la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento, al patrón sustituto. Referente al Infonavit, responsabilidad solidaria acotada a tres meses.
9.- Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). El monto de la participación tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
10.- Artículos transitorios. Clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, dependencias sin presupuesto adicional, conductas delictivas previas, cancelación de registros patronales por clase, se extiende la prohibición al apartado B del artículo 123 constitucional.
Por último, Rolando Silva presentó las fechas estimadas en las que estas reformas entrarían en vigor (1 de mayo las reformas a la subcontratación) y cuáles serían las fechas para las disposiciones de los registros ante la STPS (3 de junio); reglas reportes del Infonavit, (1 de julio); mientras tanto, la entrada fiscal, sustitución patronal sin transmisión de activos y plazo para extinguir el RPC y presentación de reportes del IMSS (1 de agosto).
El plazo para obtener los registros ante la STPS (3 de septiembre) y la aplicación a entidades gubernamentales (ejercicio fiscal 2022).
Eventos recientes
Este 26 de mayo, el Colegio fue el escenario de un desayuno conferencia, donde profesores de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, se dieron cita para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación. Este evento, que reunió a académicos y líderes del sector, fue encabezado por Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, y Dulce Monroy Becerril, directora de la ESCA.Como parte del protocolo inicial, el contador Adolfo compartió un mensaje en el que enfatizó la relevancia de la IA en la transformación educativa, en particular desde el punto de vista del profesor. Destacó que "la tecnología no sólo se trata de herramientas, sino de una oportunidad para transformar la enseñanza".El presidente instó a los presentes a adoptar un enfoque proactivo frente a estos avances, señalando que la colaboración entre instituciones es clave para preparar, de manera óptima, a las nuevas generaciones de contadores.Por su parte, la doctora Dulce Monroy Becerril ofreció un mensaje centrado en la misión de la ESCA Santo Tomás y su compromiso con la innovación educativa. Al respecto, Monroy puntualizó que "la Inteligencia Artificial abre un abanico de posibilidades que puede enriquecer la experiencia de aprendizaje, dadas las implicaciones de la profesión". Hizo hincapié en la necesidad de integrar esta tecnología de manera ética y responsable, asegurando que los valores fundamentales de la educación no se vean comprometidos.La directora también agradeció a los presentes por su participación y colaboración, así como a las autoridades del Colegio, afirmando que, gracias al trabajo en conjunto, se puede crear un ecosistema educativo más robusto, donde la tecnología y la pedagogía coexistan de manera armónica.En tanto, el responsable de impartir la conferencia fue el doctor Ignacio José Domínguez Castillo, CEO y socio fundador en DOSA & Associates, quien advirtió que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), sólo 20% de las instituciones educativas a nivel mundial cuentan con orientación formal sobre el uso de la IA en la educación.Durante el evento, los catedráticos disfrutaron de un recorrido por las instalaciones del Colegio, donde conocieron más sobre los servicios y beneficios de ser asociados, así como el Museo de la Contaduría Pública y el jardín. Esta actividad permitió a los profesores explorar oportunidades de colaboración y fortalecer vínculos con el Colegio, promoviendo un ambiente de aprendizaje continuo y enriquecedor.El desayuno conferencia no sólo fue un espacio para el aprendizaje y la reflexión, sino también una plataforma para fomentar el diálogo y la cooperación entre instituciones.
La comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental reunió del 19 al 23 de mayo a expertos de instituciones clave como ASF, FGR, INEGI, INAP y TFJA en la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental 2025. El evento evidenció que la contabilidad pública ha evolucionado más allá del registro técnico, consolidándose como una herramienta esencial para la transparencia, la justicia social y el desarrollo sostenible.Uno de los ejes centrales fue el nuevo enfoque patrimonial en la contabilidad gubernamental, vigente desde el 1 de enero de 2025. Rosa María Cruz Lesbros, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, destacó que este cambio responde a la necesidad de conocer la situación financiera del sector público con objetividad y continuidad. Explicó que las nuevas reglas de registro y evaluación sustituyen los métodos anteriores por un modelo más claro y específico que abarca temas como bienes intangibles, pasivos, provisiones y contingencias. Subrayó la importancia del control físico de inventarios y concluyó: “La información debe mostrar lo que es”.El enfoque social y de género también estuvo presente en la agenda. Claudia Sofía Corichi García, titular de Vinculación y Género en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abordó el tema de la brecha salarial como expresión de violencia económica estructural. “Aunque está regulado, aún hay mucho que hacer”, afirmó, proponiendo auditorías de brecha salarial, un Sistema Nacional de Cuidados y el impulso a la participación femenina en carreras STEM, como parte de una estrategia de justicia social y desarrollo económico sostenible.En el panel “La contabilidad como elemento indispensable para la transparencia y rendición de cuentas”, expertos como Diego Carlos Nieto Sánchez, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Martín Pérez García, socio de Auditoria en Mazars Auditores; y José Juan Lazo Sarmiento, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) ha sido clave para armonizar los registros contables entre entes públicos. No obstante, señalaron que subsisten desafíos como la disparidad de criterios entre organismos, la escasez de personal capacitado y la necesidad de avanzar hacia la adopción de normas internacionales. “Con lo que se tiene hoy se está cumpliendo, pero no es totalmente transparente”, advirtió Pérez García.Otro de los temas destacados fue el uso del lenguaje claro en la administración pública. Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), sostuvo que el lenguaje técnico y opaco puede ser una barrera para la ciudadanía e incluso una puerta para la corrupción. Propuso adoptar el enfoque de comunicación clara como herramienta para recuperar la confianza institucional, alineado con compromisos internacionales como el ODS 16.Desde una óptica legal, Mauricio Reyna Rendón, abogado fiscalista, analizó los retos jurídicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente las contradicciones normativas y la necesidad de delimitar conceptos clave para evitar sanciones desproporcionadas. Llamó a una interpretación sólida y técnica que fortalezca el Estado de derecho y la lucha anticorrupción.Por su parte, Claudia Laura Mancera Monroy, también integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, reafirmó el papel del estado de situación financiera como herramienta clave para la fiscalización. Subrayó que su elaboración debe apegarse a los principios contables vigentes, incluir notas explicativas y permitir su consulta en tiempo real para apoyar la toma de decisiones públicas.El impacto de la tecnología fue abordado por Nicolás Domínguez García, asesor de la Fiscalía General de la República, quien señaló que la inteligencia artificial está transformando la contabilidad gubernamental al automatizar procesos y fortalecer el análisis de datos. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta barreras como la falta de regulación, infraestructura y capacitación. “La IA no sustituye al contador público, transforma su papel”, afirmó.Por otro lado, Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del Sector Gubernamental en el IMCP, ofreció un balance general de la aplicación de la LGCG, resaltando avances importantes en algunas entidades federativas. Sin embargo, alertó sobre las brechas que persisten en los municipios, donde los bajos presupuestos y la carencia de personal técnico afectan el cumplimiento normativo. Llamó a modernizar los sistemas, profesionalizar a los servidores públicos y adoptar tecnologías como big data y minería de datos: “Ya no es un tema opcional, es sustancial para elevar la calidad de la información”.En su turno, Alfredo Cristalinas Kaulitz, académico de la UNAM-FCA, ofreció una lectura desde el nuevo institucionalismo económico para entender los recientes cambios disruptivos en la administración pública federal. Enfatizó que “las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, los jugadores”, por lo que evaluaciones como la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial o la centralización de funciones deben hacerse con “criterio prudencial”, más allá del juicio político. Afirmó que el verdadero reto está en lograr una implementación organizacional eficaz que profesionalice y legitime socialmente dichas reformas, pues “el diseño puede ser magnífico, pero sin ejecución adecuada, el objetivo se diluye”.El vicepresidente del Sector Gubernamental en el IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó la utilidad del estado de flujo de fondos como herramienta clave para la toma de decisiones financieras en el sector público. Subrayó que, a diferencia del estado de actividades —que refleja lo contable devengado—, el flujo de fondos muestra el dinero realmente disponible, alertando que aún hay entidades que ignoran este reporte obligatorio. “El estado de actividades no es dinero. Mucha gente se quiere gastar los 1,600 cuando ese dinero no existe”, advirtió con claridad.Con una exposición crítica, Rogelio Santillán Buelna, fundador de Embajada Gubernamental, evaluó los 15 años de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, afirmando que su enfoque es más de gestión que puramente contable. Señaló un incumplimiento generalizado y prácticas preocupantes como la simulación y la imposición de un quinto estado financiero sin sustento técnico. Llamó al gremio contable a recuperar su papel central: “La transparencia inicia con las cuentas, y las cuentas vienen de la contabilidad”.Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Emisor del CINIF, abordó la urgencia de integrar criterios de sostenibilidad en la contabilidad pública. Explicó que ya existen avances normativos a nivel internacional —como el proyecto del International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) para reportar riesgos climáticos— y nacional, con las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Subrayó que “la sostenibilidad es impostergable” y debe considerarse tanto por sus implicaciones éticas como por sus efectos en la percepción financiera de las entidades.Benjamín Reyes Torres, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y María de Lourdes Chávez, responsable del departamento de Estrategias de Integridad en el INEGI, reflexionaron sobre los códigos de ética en el sector público, señalando que “actuar con ética no es una opción, es una obligación”. Compartieron la experiencia del INEGI como un ejemplo de institucionalización de la ética, con acciones como un decálogo de conducta, campañas internas y capacitación continua. Chávez puntualizó: “Si tratáramos a todas las personas con respeto, evitaríamos muchas denuncias”.Luis Armando Carranza Camarena y Adrián Cruz Pérez, del INAP, recordaron que la cuenta pública es el documento por excelencia de rendición de cuentas. Aunque cumple su función técnica, señalaron el reto de traducirla a formatos comprensibles para la ciudadanía. “El ciudadano de a pie debe entenderla para ejercer su derecho al control social”, afirmaron.El magistrado en la Sala Regional Noroeste II en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sonora, Marco Antonio Escobar Cuapio, presentó un criterio jurisprudencial relevante que declara ilegal la exigencia de “integraciones especiales” no previstas por ley. Subrayó que “las cuestiones técnicas contables no pueden imponerse desde lo tributario” y que las facultades de comprobación del SAT deben respetar el principio de legalidad y la especificidad del contexto contable.Finalmente, para cerrar las actividades del evento, en el panel sobre sanciones a servidores públicos, se discutieron casos reales de abuso de funciones, omisiones técnicas y acoso laboral. Javier Vargas Zempoaltecatl, titular en la Contraloría del Estado de México; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Estado de México; Graciela Josefina Cámara Guerrero, presidenta de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; y Gricelda Sánchez Carranza, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en la importancia del acompañamiento jurídico, la capacitación y la individualización de sanciones. “La labor preventiva de las contralorías puede evitar sanciones”, afirmó Vargas, mientras que Gándara subrayó que “el dolo y la reincidencia deben ser elementos clave al calificar la gravedad de las faltas”.
Durante el último día de la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrado el 23 de mayo, se llevó a cabo un panel titulado Importancia de la implementación de la ciberseguridad en los procesos de auditoría, en el que Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, reflexionaron sobre el papel de las tecnologías emergentes en la administración pública, destacando su impacto en la eficiencia, la fiscalización y la necesidad urgente de implementar medidas de ciberseguridad en los procesos de auditoría.En ese sentido, Martínez Ansúrez abrió el panel destacando cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o la minería de datos han generado una redefinición y cambios de paradigma en torno a fenómenos que exigen repensar el papel del gobierno en una sociedad cambiante. “La administración pública debe ser capaz de adaptar e incorporar los cambios que posibilitan las nuevas herramientas y tecnologías”.En su análisis, Martínez enfatizó que estas tecnologías no deben entenderse únicamente como instrumentos, sino como parte integral de los valores que orientan la acción pública: “Se trata de introducir el deber en el poder… contener el poder que los seres humanos tienen para incidir sobre su medio y sobre sí mismos a partir del establecimiento y respeto de consideraciones de índole ético”.Sobre el impacto en la fiscalización, subrayó que estas herramientas permitirán auditorías más rápidas, precisas y efectivas y que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permitirán una más precisa y detallada lectura de grandes volúmenes de datos, lo que aumentará la transparencia y la confianza en los procesos de auditoría.Por su parte, Ramírez Fernández del Castillo, abordó el tema de los riesgos asociados al avance tecnológico. Comentó que hay un riesgo importante que no podemos dejar de lado: la ciberseguridad. “El incremento de los ciberataques se ha dado en una forma exponencial, por lo que la ciberseguridad debe estar dentro de los tres primeros riesgos que todo director o contralor debe considerar”.Ramírez alertó sobre la brecha entre la preocupación y la preparación ante los riesgos digitales. “Si del 56% están preocupados, solamente el 34% en México están preparados para esto. En el ámbito de la administración pública, la brecha podría ser aún mayor”.Además, destacó la urgencia de una regulación eficaz. “La ley de ciberseguridad de la Ciudad de México es un paso adelante, pero es necesario extender este marco a nivel federal. Las regulaciones deben traducirse en inversiones reales en infraestructura, controles y gobernanza”.En su cierre, remarcó que las tecnologías llegaron para quedarse y los hackers también. Por eso, expresó que pensar en ciberseguridad desde la institución, la empresa y hasta lo personal, es una necesidad urgente. “Y, como suelo decir, detrás de una gran tecnología, hay una gran mujer: la ciberseguridad”.
