La pandemia por Covid-19 trajo consigo que se retomara el tema del teletrabajo, cuyas iniciativas se habían gestado durante un periodo de tres años (2016-2019), pero fue en enero de 2021 que el artículo 311.° de la Ley Federal del Trabajo fue reformado, estableciendo que el “trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”; no obstante, a raíz de esta modificación, se establecen derechos y obligaciones para los patrones y trabajadores, y con ello, impuestos relacionados con esta modalidad de trabajo a distancia.
La vicepresidencia de Desarrollo y Capacitación programó el curso Cálculo del Impuesto Sobre Nóminas y teletrabajo, que se efectuó el 4 de agosto, gestionado por la comisión técnica de Contribuciones Locales del Colegio, representado por las comisionadas Laila Yarina Moreno Sotelo, Ana Victoria Albareda Soberón y Nancy Leticia Segura León, quienes abordaron los temas de Teletrabajo: derechos y obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores, y el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) relativo al teletrabajo, según la entidad federativa.
Laila Moreno abrió su participación al hacer referencia del artículo 330-A al 330-K relacionados con los temas del teletrabajo, condiciones de trabajo, cambios de modalidad, reglamento interior de trabajo, obligaciones de los patrones, obligaciones de los trabajadores, equilibrio en la relación laboral, garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, condiciones especiales de seguridad y salud, y las atribuciones y deberes especiales de los inspectores del trabajo.
“Se considera teletrabajo cuando se cubre 40% del total de la jornada. No se contempla como tal, aquel que se realice de forma ocasional o esporádica”.
En ese sentido, agregó que en esta modalidad de home office, los patrones contraen obligaciones “especiales” como el de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo; recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios; asumir los costos derivados del trabajo de la modalidad a distancia (teletrabajo); llevar registro de los insumos entregados en cumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud; implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados; respetar el derecho a la desconexión de los trabajadores; inscribir a los trabajadores en la seguridad social; establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
De igual forma, los trabajadores asumen obligaciones “especiales” como la guarda y conservación de los equipos y materiales que reciban del patrón; informar de manera oportuna el costo pactado por los servicios de telecomunicación y electricidad; obedecer disposiciones en materia de seguridad y salud; atender y utilizar los mecanismos para la supervisión de las actividades; atender las políticas y mecanismos de protección de datos; atender políticas, restricciones del uso de la información y almacenamiento.
A este respecto, Laila Moreno subrayó que “el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario y establecido por escrito; además de ser reversible y considerar que las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos será establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana”.
El teletrabajo desde el punto de vista fiscal fue retomado por la contadora Ana Victoria Albareda Soberón, quien habló del ISN, refiriéndose como una tributación estatal por el salario otorgado a los trabajadores y como pago estatal; es decir, este impuesto depende de cada entidad federativa, por lo que se centró en las tasas del ISN por Estado y de la normativa de cada región, tomando como referencia el artículo 31.° fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “en el que se habla de la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Sobre el particular habló de los principales elementos como el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago; conjuntamente con el tema de las prestaciones legales y contractuales y lo que representa el tema de la previsión social como el pago complementario a las prestaciones que reciben los asalariados por su trabajo de acuerdo con la LFT, Ley del Seguro Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Eventos recientes
En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y promover una cultura organizacional basada en la excelencia, la comisión de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos del Colegio llevó a cabo el 25 de marzo el curso Normas Internacionales de Gestión de Calidad 1 y 2 y NIA 220 Revisada, un espacio de análisis y actualización normativa que reunió a especialistas en la materia.Bajo la coordinación de Rosa Isabel Pedraza Curiel, el evento contó con la participación de José Ángel Lucio Bernal, Jorge Adrián Ramírez Soriano, Emilio Hernández Rodríguez, José Emilio Martínez Gutiérrez, Verónica Flores Acosta, Miguel Ángel Castillo Ruiz, Luis Eduardo Lazcano Luviano y Jorge Uriel Sánchez Cedillo, todos integrantes de la comisión organizadora.Durante la jornada, José Ángel Lucio Bernal destacó que el propósito central del curso es difundir la normatividad aplicable y compartir experiencias que permitan a las firmas implementar con éxito sistemas de gestión de calidad. Subrayó que este aspecto cobra especial relevancia ante las revisiones anuales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales enfatizan el cumplimiento de dichos sistemas como medida para evitar consecuencias negativas.En su intervención, Jorge Adrián Ramírez Soriano explicó que la NIGC 1 establece la necesidad de diseñar, implementar y operar un sistema que garantice, con seguridad razonable, el cumplimiento de las responsabilidades profesionales y la emisión de informes adecuados. Enfatizó que la calidad debe entenderse como un proceso transversal dentro de la firma, que exige un enfoque proactivo y un liderazgo comprometido.Por su parte, Emilio Hernández Rodríguez abordó el proceso de valoración de riesgos, señalando que este debe partir de la identificación de objetivos de calidad, el reconocimiento de riesgos asociados y la implementación de respuestas para mitigarlos. Destacó la importancia de que este proceso sea continuo y adaptable a las características particulares de cada firma.En el ámbito de la relación con clientes, José Emilio Martínez Gutiérrez enfatizó la necesidad de realizar evaluaciones previas, o background checks, para analizar la integridad y valores éticos de los clientes potenciales, así como su impacto reputacional. También advirtió sobre los riesgos de dependencia financiera excesiva, que podrían comprometer la independencia del auditor.Verónica Flores Acosta resaltó que la NIGC 1 fortalece los requerimientos en materia de información y comunicación, al exigir objetivos de calidad medibles y una interacción efectiva con distintos actores, tanto internos como externos, definiendo claramente la naturaleza, oportunidad y alcance de estas comunicaciones.Uno de los puntos clave fue expuesto por Miguel Ángel Castillo Ruiz, quien señaló que la calidad en auditoría se construye de manera progresiva y no en una sola etapa. Explicó que las normas de gestión de calidad y la NIA 220 deben aplicarse de forma integral, destacando el papel del revisor de calidad como un agente independiente que cuestiona los juicios significativos del socio del encargo, sin que ello implique una segunda auditoría.En la misma línea, Luis Eduardo Lazcano Luviano profundizó en la aceptación y continuidad de clientes conforme a la NIA 220, describiéndola como un filtro preventivo esencial. Identificó tres factores clave: la integridad del cliente, la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de los principios éticos e independencia. Asimismo, subrayó la importancia de documentar adecuadamente estos procesos.Finalmente, Jorge Uriel Sánchez Cedillo abordó los recursos del encargo, clasificándolos en humanos, tecnológicos e intelectuales. Destacó que el uso adecuado de la tecnología puede mejorar la eficiencia y calidad, aunque advirtió sobre los riesgos de dependencia excesiva y la necesidad de capacitación constante. También subrayó la relevancia de contar con conocimiento actualizado y políticas bien documentadas.
