Con la finalidad de aprender a calcular la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa con los límites de la legislación laboral y cómo proceder ante invitaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aclaraciones en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas, se realizó el curso Sueldos y prestaciones: aspecto fiscal, laboral y de seguridad social, los días 4 y 5 de mayo.
Las comisiones participantes fueron las técnicas de Investigación Fiscal, Contribuciones Locales y de Seguridad Social del Colegio, encabezadas por Verónica Luis Mojica, Miguel Ángel Silva Pedroza, Plácido Aurelio del Ángel Herrera, Virginia Ríos Hernández, Pablo Alejandro Limón Mestre y Ernesto Torres García, quienes contaron con la participación de Óscar de la Vega Gómez, socio en el despacho de la Vega & Martínez Rojas.
Verónica Luis se centró en el tema de los Efectos de los prestadores de servicios especializados en el Impuesto sobre Nómina en la CDMX y el Estado de México, en el que destacó que el tema de servicios especializados ha impactado la reforma laboral, sobre todo en la parte de los prestadores de servicio, porque ya no hay un acto de subcontratación de personal, sino de servicios.
Sobre el tema destacó que los puntos que se deben reforzar con los clientes, para efectos de las revisiones, ahora que vienen los dictámenes, “es hacer conciencia con los clientes de este trabajo, que se tendría que realizar para para revisar todo lo que son los contratos de prestación de servicios: que se tenga el contrato por aquellos que se convirtieron en un servicio especializado; el contrato debe decir que es un servicio especializado o una obra especializada; señalar que se cuenta con el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”.
En este punto, Verónica Luis dijo que, si se incumple con el Repse para efectos del seguro social o Infonavit, se pierde el registro; no obstante, no se habla nada del impuesto estatal, sin embargo, aunque no haga mención, sí es parte de un cumplimiento de un prestador de servicios especializado.
“Debemos tenerlo documentado, en un futuro pueden ser un tipo de control”, concluyó.
Miguel Ángel Silva abordó los Temas relevantes en Seguro Social e Infonavit, en el que tocó 10 puntos de la reforma laboral: la prohibición de la subcontratación laboral, servicios permitidos, registro ante la STPS como elemento clave, responsabilidad solidaria, el Insourcing, multas y sanciones, obligaciones ante el IMSS e Infonavit, sustitución patronal, PTU y artículos transitorios.
Acerca de las obligaciones ante el IMSS e Infonavit, destacó los reportes celebrados de prestación de servicios en enero, mayo y septiembre; el registro Repse, los datos del contrato y contratantes; salario base de cotización y aportación, y las amortizaciones.
Plácido Aurelio del Ángel habló de las Invitaciones del SAT por discrepancia en CFDI de nóminas, al respecto comentó que todos los contribuyentes, ya sea persona física o moral, pequeños, medianos o grandes, se enfrentan a un nuevo reto para este 2022 con el inicio de los programas de recaudación denominados: vigilancia del cumplimiento y caídas recaudatorias.
“La autoridad busca incrementar la recaudación. Como se indicó en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, se prevén incrementos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esto con el envío de cartas invitación, correos electrónicos y el bloqueo de los Certificados de Sello Digital (CSD), para este caso los contribuyentes no podrán emitir los CFDI para operar su negocio”.
“Tal y como se comentó, hemos observado que en los últimos años el SAT ha estado utilizando los CFDI como el principal insumo para la fiscalización digital, esto lo hemos visto en las cartas Invitación que ha girado y que entendemos en algunos casos el contribuyente se ha autocorregido, por lo que ahora los contribuyentes deberán asegurarse que los CFDI que emitan y los que reciban cumplan con todos los lineamientos fiscales”.
El segundo día participó Oscar de la Vega Gómez con el tema Aspectos relevantes en material laboral y el T-Mec, en el que expuso que el fin del plazo para el cumplimiento con la reforma laboral vence en mayo de 2023, para ello planteó cuatro puntos que desarrollaría durante su intervención: convenios en materia laboral, T-Mec y sus efectos en materia laboral, reforma laboral de 2019 y nuevos paradigmas.
Sobre este último punto, De la Vega conversó del poder de la negociación colectiva, la cual se basa en el voto persona, libre y directo de los trabajadores; las industrias estratégicas para el gobierno de EUA ubicadas en México, estarás bajo un monitoreo detallado para el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
“La violación de los derechos de los trabajadores de libertad de asociación y de negociación colectiva podrán ser materia de sanciones arancelarias de acuerdo con el T-Mec, entendiéndose que la libertad de asociación implica la libertad de afiliarse a un sindicato por parte de los trabajadores, la de decidir si permanece o no en el sindicato y la libertad de no afiliarse a determinada organización sindical”.
Virginia Ríos se hizo presente con La PTU y casos prácticos, en el que puso como contexto que la regulación del reparto de utilidades está establecida en la Constitución, como la primera en regular estas prestaciones; además de la Ley Federal del Trabajo y en la LISR, ésta última determina la base para el reparto de utilidades.
A partir de esta premisa, Virginia Ríos abordó la base para el reparto, tomando en consideración los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, pagos exentos a trabajadores no deducibles para el patrón con la intención de obtener la renta gravable para la PTU, esto para las personas morales.
En el caso de las personas físicas con actividad empresarial y profesional régimen general, es a partir de los ingresos acumulables obtenidos por actividades empresariales o prestación de servicios profesionales del ejercicio menos las deducciones autorizadas del ejercicio, pagos exentos a trabajadores no deducibles para el patrón para obtener la utilidad fiscal, que es la renta gravable para la PTU.
Pablo Alejandro Limón se enfocó en los Expatriados y Stock Options: casos prácticos, en el que hizo referencia que cada vez hay más empresas extranjeras que se están estableciendo en México, llegan a explorar el mercado mexicano y requieren de mano de obra, para tal efecto existe un contrato laboral que tiene que estar por escrito.
“Las Stock Options son una prestación otorgada a los empleados que contiene una opción para adquirir acciones a un precio fijo sin importar el precio que pueda tener en un futuro durante un periodo previamente establecido por el empleador, que generan permanencia y mejor desempeño hacia su empleador. Las empresas que utilizan los Stock Options son las multinacionales a través de subsidiarias mexicanas, las cuales otorgan opciones de las entidades públicas extranjeras y las Startups”.
Limón Mestre agregó que los beneficiarios de este plan son las personas físicas residentes en México que perciben salarios; los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en el país (en ambos casos será un ingreso asimilado a salarios).
Eventos recientes
Este 26 de mayo, el Colegio fue el escenario de un desayuno conferencia, donde profesores de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás, se dieron cita para explorar el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación. Este evento, que reunió a académicos y líderes del sector, fue encabezado por Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, y Dulce Monroy Becerril, directora de la ESCA.Como parte del protocolo inicial, el contador Adolfo compartió un mensaje en el que enfatizó la relevancia de la IA en la transformación educativa, en particular desde el punto de vista del profesor. Destacó que "la tecnología no sólo se trata de herramientas, sino de una oportunidad para transformar la enseñanza".El presidente instó a los presentes a adoptar un enfoque proactivo frente a estos avances, señalando que la colaboración entre instituciones es clave para preparar, de manera óptima, a las nuevas generaciones de contadores.Por su parte, la doctora Dulce Monroy Becerril ofreció un mensaje centrado en la misión de la ESCA Santo Tomás y su compromiso con la innovación educativa. Al respecto, Monroy puntualizó que "la Inteligencia Artificial abre un abanico de posibilidades que puede enriquecer la experiencia de aprendizaje, dadas las implicaciones de la profesión". Hizo hincapié en la necesidad de integrar esta tecnología de manera ética y responsable, asegurando que los valores fundamentales de la educación no se vean comprometidos.La directora también agradeció a los presentes por su participación y colaboración, así como a las autoridades del Colegio, afirmando que, gracias al trabajo en conjunto, se puede crear un ecosistema educativo más robusto, donde la tecnología y la pedagogía coexistan de manera armónica.En tanto, el responsable de impartir la conferencia fue el doctor Ignacio José Domínguez Castillo, CEO y socio fundador en DOSA & Associates, quien advirtió que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), sólo 20% de las instituciones educativas a nivel mundial cuentan con orientación formal sobre el uso de la IA en la educación.Durante el evento, los catedráticos disfrutaron de un recorrido por las instalaciones del Colegio, donde conocieron más sobre los servicios y beneficios de ser asociados, así como el Museo de la Contaduría Pública y el jardín. Esta actividad permitió a los profesores explorar oportunidades de colaboración y fortalecer vínculos con el Colegio, promoviendo un ambiente de aprendizaje continuo y enriquecedor.El desayuno conferencia no sólo fue un espacio para el aprendizaje y la reflexión, sino también una plataforma para fomentar el diálogo y la cooperación entre instituciones.
La comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental reunió del 19 al 23 de mayo a expertos de instituciones clave como ASF, FGR, INEGI, INAP y TFJA en la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental 2025. El evento evidenció que la contabilidad pública ha evolucionado más allá del registro técnico, consolidándose como una herramienta esencial para la transparencia, la justicia social y el desarrollo sostenible.Uno de los ejes centrales fue el nuevo enfoque patrimonial en la contabilidad gubernamental, vigente desde el 1 de enero de 2025. Rosa María Cruz Lesbros, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, destacó que este cambio responde a la necesidad de conocer la situación financiera del sector público con objetividad y continuidad. Explicó que las nuevas reglas de registro y evaluación sustituyen los métodos anteriores por un modelo más claro y específico que abarca temas como bienes intangibles, pasivos, provisiones y contingencias. Subrayó la importancia del control físico de inventarios y concluyó: “La información debe mostrar lo que es”.El enfoque social y de género también estuvo presente en la agenda. Claudia Sofía Corichi García, titular de Vinculación y Género en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abordó el tema de la brecha salarial como expresión de violencia económica estructural. “Aunque está regulado, aún hay mucho que hacer”, afirmó, proponiendo auditorías de brecha salarial, un Sistema Nacional de Cuidados y el impulso a la participación femenina en carreras STEM, como parte de una estrategia de justicia social y desarrollo económico sostenible.En el panel “La contabilidad como elemento indispensable para la transparencia y rendición de cuentas”, expertos como Diego Carlos Nieto Sánchez, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Martín Pérez García, socio de Auditoria en Mazars Auditores; y José Juan Lazo Sarmiento, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) ha sido clave para armonizar los registros contables entre entes públicos. No obstante, señalaron que subsisten desafíos como la disparidad de criterios entre organismos, la escasez de personal capacitado y la necesidad de avanzar hacia la adopción de normas internacionales. “Con lo que se tiene hoy se está cumpliendo, pero no es totalmente transparente”, advirtió Pérez García.Otro de los temas destacados fue el uso del lenguaje claro en la administración pública. Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), sostuvo que el lenguaje técnico y opaco puede ser una barrera para la ciudadanía e incluso una puerta para la corrupción. Propuso adoptar el enfoque de comunicación clara como herramienta para recuperar la confianza institucional, alineado con compromisos internacionales como el ODS 16.Desde una óptica legal, Mauricio Reyna Rendón, abogado fiscalista, analizó los retos jurídicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente las contradicciones normativas y la necesidad de delimitar conceptos clave para evitar sanciones desproporcionadas. Llamó a una interpretación sólida y técnica que fortalezca el Estado de derecho y la lucha anticorrupción.Por su parte, Claudia Laura Mancera Monroy, también integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, reafirmó el papel del estado de situación financiera como herramienta clave para la fiscalización. Subrayó que su elaboración debe apegarse a los principios contables vigentes, incluir notas explicativas y permitir su consulta en tiempo real para apoyar la toma de decisiones públicas.El impacto de la tecnología fue abordado por Nicolás Domínguez García, asesor de la Fiscalía General de la República, quien señaló que la inteligencia artificial está transformando la contabilidad gubernamental al automatizar procesos y fortalecer el análisis de datos. No obstante, advirtió que su implementación enfrenta barreras como la falta de regulación, infraestructura y capacitación. “La IA no sustituye al contador público, transforma su papel”, afirmó.Por otro lado, Ludivina Leija Rodríguez, vicepresidenta del Sector Gubernamental en el IMCP, ofreció un balance general de la aplicación de la LGCG, resaltando avances importantes en algunas entidades federativas. Sin embargo, alertó sobre las brechas que persisten en los municipios, donde los bajos presupuestos y la carencia de personal técnico afectan el cumplimiento normativo. Llamó a modernizar los sistemas, profesionalizar a los servidores públicos y adoptar tecnologías como big data y minería de datos: “Ya no es un tema opcional, es sustancial para elevar la calidad de la información”.En su turno, Alfredo Cristalinas Kaulitz, académico de la UNAM-FCA, ofreció una lectura desde el nuevo institucionalismo económico para entender los recientes cambios disruptivos en la administración pública federal. Enfatizó que “las instituciones son las reglas del juego y las organizaciones, los jugadores”, por lo que evaluaciones como la desaparición de órganos autónomos, la reforma judicial o la centralización de funciones deben hacerse con “criterio prudencial”, más allá del juicio político. Afirmó que el verdadero reto está en lograr una implementación organizacional eficaz que profesionalice y legitime socialmente dichas reformas, pues “el diseño puede ser magnífico, pero sin ejecución adecuada, el objetivo se diluye”.El vicepresidente del Sector Gubernamental en el IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó la utilidad del estado de flujo de fondos como herramienta clave para la toma de decisiones financieras en el sector público. Subrayó que, a diferencia del estado de actividades —que refleja lo contable devengado—, el flujo de fondos muestra el dinero realmente disponible, alertando que aún hay entidades que ignoran este reporte obligatorio. “El estado de actividades no es dinero. Mucha gente se quiere gastar los 1,600 cuando ese dinero no existe”, advirtió con claridad.Con una exposición crítica, Rogelio Santillán Buelna, fundador de Embajada Gubernamental, evaluó los 15 años de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, afirmando que su enfoque es más de gestión que puramente contable. Señaló un incumplimiento generalizado y prácticas preocupantes como la simulación y la imposición de un quinto estado financiero sin sustento técnico. Llamó al gremio contable a recuperar su papel central: “La transparencia inicia con las cuentas, y las cuentas vienen de la contabilidad”.Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Emisor del CINIF, abordó la urgencia de integrar criterios de sostenibilidad en la contabilidad pública. Explicó que ya existen avances normativos a nivel internacional —como el proyecto del International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) para reportar riesgos climáticos— y nacional, con las nuevas Normas de Información de Sostenibilidad (NIS). Subrayó que “la sostenibilidad es impostergable” y debe considerarse tanto por sus implicaciones éticas como por sus efectos en la percepción financiera de las entidades.Benjamín Reyes Torres, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y María de Lourdes Chávez, responsable del departamento de Estrategias de Integridad en el INEGI, reflexionaron sobre los códigos de ética en el sector público, señalando que “actuar con ética no es una opción, es una obligación”. Compartieron la experiencia del INEGI como un ejemplo de institucionalización de la ética, con acciones como un decálogo de conducta, campañas internas y capacitación continua. Chávez puntualizó: “Si tratáramos a todas las personas con respeto, evitaríamos muchas denuncias”.Luis Armando Carranza Camarena y Adrián Cruz Pérez, del INAP, recordaron que la cuenta pública es el documento por excelencia de rendición de cuentas. Aunque cumple su función técnica, señalaron el reto de traducirla a formatos comprensibles para la ciudadanía. “El ciudadano de a pie debe entenderla para ejercer su derecho al control social”, afirmaron.El magistrado en la Sala Regional Noroeste II en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sonora, Marco Antonio Escobar Cuapio, presentó un criterio jurisprudencial relevante que declara ilegal la exigencia de “integraciones especiales” no previstas por ley. Subrayó que “las cuestiones técnicas contables no pueden imponerse desde lo tributario” y que las facultades de comprobación del SAT deben respetar el principio de legalidad y la especificidad del contexto contable.Finalmente, para cerrar las actividades del evento, en el panel sobre sanciones a servidores públicos, se discutieron casos reales de abuso de funciones, omisiones técnicas y acoso laboral. Javier Vargas Zempoaltecatl, titular en la Contraloría del Estado de México; Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Estado de México; Graciela Josefina Cámara Guerrero, presidenta de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; y Gricelda Sánchez Carranza, integrante de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, coincidieron en la importancia del acompañamiento jurídico, la capacitación y la individualización de sanciones. “La labor preventiva de las contralorías puede evitar sanciones”, afirmó Vargas, mientras que Gándara subrayó que “el dolo y la reincidencia deben ser elementos clave al calificar la gravedad de las faltas”.
Durante el último día de la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrado el 23 de mayo, se llevó a cabo un panel titulado Importancia de la implementación de la ciberseguridad en los procesos de auditoría, en el que Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, reflexionaron sobre el papel de las tecnologías emergentes en la administración pública, destacando su impacto en la eficiencia, la fiscalización y la necesidad urgente de implementar medidas de ciberseguridad en los procesos de auditoría.En ese sentido, Martínez Ansúrez abrió el panel destacando cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o la minería de datos han generado una redefinición y cambios de paradigma en torno a fenómenos que exigen repensar el papel del gobierno en una sociedad cambiante. “La administración pública debe ser capaz de adaptar e incorporar los cambios que posibilitan las nuevas herramientas y tecnologías”.En su análisis, Martínez enfatizó que estas tecnologías no deben entenderse únicamente como instrumentos, sino como parte integral de los valores que orientan la acción pública: “Se trata de introducir el deber en el poder… contener el poder que los seres humanos tienen para incidir sobre su medio y sobre sí mismos a partir del establecimiento y respeto de consideraciones de índole ético”.Sobre el impacto en la fiscalización, subrayó que estas herramientas permitirán auditorías más rápidas, precisas y efectivas y que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permitirán una más precisa y detallada lectura de grandes volúmenes de datos, lo que aumentará la transparencia y la confianza en los procesos de auditoría.Por su parte, Ramírez Fernández del Castillo, abordó el tema de los riesgos asociados al avance tecnológico. Comentó que hay un riesgo importante que no podemos dejar de lado: la ciberseguridad. “El incremento de los ciberataques se ha dado en una forma exponencial, por lo que la ciberseguridad debe estar dentro de los tres primeros riesgos que todo director o contralor debe considerar”.Ramírez alertó sobre la brecha entre la preocupación y la preparación ante los riesgos digitales. “Si del 56% están preocupados, solamente el 34% en México están preparados para esto. En el ámbito de la administración pública, la brecha podría ser aún mayor”.Además, destacó la urgencia de una regulación eficaz. “La ley de ciberseguridad de la Ciudad de México es un paso adelante, pero es necesario extender este marco a nivel federal. Las regulaciones deben traducirse en inversiones reales en infraestructura, controles y gobernanza”.En su cierre, remarcó que las tecnologías llegaron para quedarse y los hackers también. Por eso, expresó que pensar en ciberseguridad desde la institución, la empresa y hasta lo personal, es una necesidad urgente. “Y, como suelo decir, detrás de una gran tecnología, hay una gran mujer: la ciberseguridad”.
