Con los recientes incrementos al salario mínimo y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), empresas y trabajadores enfrentan nuevos retos en la integración de la nómina. Para aclarar dudas y ofrecer lineamientos precisos, la comisión de Seguridad Social organizó el curso Salarios mínimos y correcta aplicación de la UMA en la nómina, con expertos en derecho laboral, fiscal y seguridad social.
El evento se realizó el pasado 23 de enero y estuvo coordinado por José Arturo Garay Ortiz, integrante de la comisión de desarrollo de Seguridad Social. Durante la jornada, los expositores compartieron análisis detallados, casos prácticos y recomendaciones para aplicar correctamente la UMA y el salario mínimo.
Para dar inicio, Nancy Berenice Robles Núñez, mánager de la práctica legal laboral en EY, explicó que antes de 2016 el salario mínimo se utilizaba como referencia legal para multas, sanciones, créditos, límites fiscales y cuotas de seguridad social. “Cada incremento al salario mínimo provocaba aumentos automáticos en estas obligaciones, generando distorsiones económicas y desincentivando aumentos reales al salario”, señaló. Para corregir esto, se creó la UMA como unidad de cuenta para obligaciones administrativas y legales, cuya cuantía publica anualmente el INEGI.
Robles Núñez enfatizó la diferencia fundamental: mientras que el salario mínimo es un derecho laboral constitucional destinado a cubrir las necesidades básicas de un trabajador, la UMA es una unidad de referencia económica que no sustituye ni se relaciona con el salario. La Suprema Corte ha establecido que la UMA no puede reemplazar al salario mínimo en pensiones, sueldos ni indemnizaciones laborales, como la prima de antigüedad.
Por su parte, Mario Alberto Ruiz De León, integrante de la comisión de desarrollo de Seguridad Social, abordó cómo los aumentos recientes del salario mínimo afectan la carga financiera de las empresas y la necesidad de ajustar bandas salariales. Para 2026, el salario mínimo general será de 315.04 pesos, mientras que en la zona fronteriza norte será de 440.87 pesos, y la UMA se fijará en 117.31 pesos.
“Estos valores impactan directamente los topes del IMSS, la integración del salario base de cotización y beneficios como alimentación, habitación y despensas, generando confusiones si la Ley del Seguro Social no se aplica correctamente”, explicó Ruiz De León. Por ello, recomendó la planeación fiscal y financiera, la revisión de contratos y tabuladores salariales, y la optimización de costos laborales para empresas con gran número de empleados.
Finalmente, Juan Edgardo Beltrán Ávila, miembro de la comisión de desarrollo Fiscal 3, detalló cómo el salario mínimo y la UMA afectan los cálculos de nómina y las obligaciones fiscales. Recalcó que la UMA se aplica a multas, límites fiscales, créditos Infonavit, topes de pensiones y obligaciones legales, mientras que el salario mínimo es la base de la remuneración del trabajador.
Beltrán Ávila ofreció ejemplos claros sobre ingresos exentos y gravados, como aguinaldo, horas extras, prima vacacional, prima dominical, PTU, viáticos, fondo de ahorro y cuotas al IMSS, así como límites para jubilaciones, pensiones y pagos por antigüedad. También enfatizó la importancia de no confundir el valor mensual de la UMA con 30 veces la UMA diaria para calcular exenciones como el aguinaldo.
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El Colegio presentó, este 15 y 16 de junio, el foro Fiscalización del SAT, IMSS y resoluciones de tribunales con el objetivo de dar a conocer los principales riesgos fiscales para lo que resta del año, así como las herramientas para anticipar revisiones, atender requerimientos y reducir contingencias para los contribuyentes.A lo largo del encuentro, especialistas fiscales analizaron el panorama en México a partir de la reciente reforma fiscal, el plan estratégico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los criterios administrativos y jurisdiccionales más relevantes. Para comenzar, Ángel Turanzas Díaz expuso el Plan de Fiscalización del SAT, el cual prioriza una recaudación más eficiente mediante el uso intensivo de información digital. Destacó que la autoridad buscará incrementar la fiscalización y facilitar el cumplimiento voluntario.Además, destacó que las principales acciones de este plan son el fortalecimiento del prellenado de declaraciones con base en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la precarga de información financiera y la simplificación de formatos. Asimismo, explicó que se ampliará la presencia institucional mediante módulos de atención y oficinas móviles con servicios más accesibles.Sin embargo, advirtió que la fiscalización será más selectiva. “El SAT enfocará sus auditorías en contribuyentes con conductas de riesgo, como operaciones con empresas factureras, pérdidas fiscales recurrentes, discrepancias en ingresos, abusos de estímulos fiscales o inconsistencias en comercio exterior”.Por su parte, Jorge Hernández Lara detalló que la fiscalización estará marcada por una mayor coordinación entre autoridades fiscales y de seguridad social. El uso del CFDI de nómina como fuente única de información permitirá cruces automáticos en tiempo real entre SAT, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).“Esta interconectividad facilita la detección de discrepancias entre ingresos declarados y salarios reportados, así como prácticas irregulares”, puntualizó.Asimismo, versó sobre la correcta gestión de las horas extras, particularmente ante la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas, lo que, en voz del especialista, implicará nuevos retos de cumplimiento para las empresas.Cecilia Bustamante Bejarano abordó los mecanismos de fiscalización más utilizados por la autoridad, como cartas invitación, vigilancia profunda y revisiones electrónicas. Subrayó la importancia de sustentar adecuadamente las deducciones y demostrar la materialidad de las operaciones.En materia jurídica, Carlos Rubio Rojas explicó los criterios más relevantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y del SAT. Señaló que no todos los actos de la autoridad son impugnables, como es el caso de cartas invitación o formularios múltiples de pago, al no constituir resoluciones definitivas.Precisó cuándo un crédito fiscal adquiere firmeza y los plazos con los que cuentan los contribuyentes para ejercer su defensa. En caso de omisión, la autoridad puede proceder al cobro coactivo.Finalmente, Jorge Fuentes Pérez destacó el impacto práctico de la fiscalización en las empresas y la necesidad de implementar estrategias preventivas desde la contabilidad; por ello, recomendó fortalecer la verificación de CFDI, optimizar sistemas electrónicos y utilizar checklist de riesgos fiscales para anticipar posibles contingencias.
La inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos están transformando aceleradamente la manera en que se realizan los trabajos de auditoría financiera. Con el propósito de explorar estas tendencias y sus implicaciones para la profesión, la comisión de Auditoría del Colegio organizó el foro IA y nuevas tecnologías a utilizar en la auditoría financiera, celebrado el pasado 15 de junio.La actividad fue coordinada por Juan Ramón Carcaño López, integrante de la comisión de Auditoría, y contó con la participación de Carina Herrera Escalante, socia de Auditoría en KPMG; Jorge Alejandro Zúñiga García, director de Auditoría de TI en KPMG; y Jaime González Bosch, manager senior en la misma firma.Durante la sesión, los especialistas coincidieron en que la auditoría financiera vive un proceso de evolución impulsado por la tecnología. Explicaron que las herramientas digitales permiten automatizar tareas operativas que tradicionalmente demandaban una gran cantidad de tiempo, lo que abre la posibilidad de que los auditores concentren sus esfuerzos en actividades de análisis, evaluación de riesgos y emisión de juicios profesionales.Los expositores señalaron que las inversiones realizadas por las firmas en soluciones tecnológicas han permitido mejorar significativamente la cobertura y profundidad de las revisiones. Gracias al análisis de grandes volúmenes de información, es posible examinar poblaciones completas de datos y reducir considerablemente el uso de muestras tradicionales, logrando revisiones más precisas y eficientes.Un aspecto central de la conferencia fue la explicación de conceptos esenciales relacionados con la inteligencia artificial generativa. Los participantes conocieron la importancia de diseñar prompts efectivos para obtener respuestas útiles, así como los riesgos asociados a las denominadas alucinaciones, es decir, respuestas generadas por la IA que pueden contener información incorrecta o sin sustento.Ante estas limitaciones, los especialistas enfatizaron que la supervisión humana sigue siendo indispensable. Bajo el principio de human on the loop, recordaron que la responsabilidad final sobre la información, las conclusiones y las decisiones continúa recayendo en el profesional, independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas.Asimismo, se abordó la relevancia de la gobernanza de datos y de la protección de la información confidencial. Los ponentes advirtieron que el uso indiscriminado de plataformas abiertas puede representar riesgos para la privacidad de los clientes, por lo que recomendaron establecer políticas claras, controles adecuados y mecanismos de supervisión que permitan aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer la seguridad de la información.La conferencia también ofreció un panorama a las herramientas que están marcando tendencia en el sector. Entre ellas destacaron la inteligencia artificial generativa, las plataformas de análisis de datos, la automatización robótica de procesos (RPA) y los agentes inteligentes. Estos últimos representan una nueva generación de sistemas capaces no solo de responder preguntas, sino también de planificar actividades, ejecutar tareas y coordinar procesos de forma autónoma.A través de ejemplos prácticos, los asistentes observaron cómo estas soluciones pueden aplicarse en actividades cotidianas de auditoría, desde la clasificación automática de correos electrónicos y la extracción de información de facturas hasta la actualización de archivos financieros y la elaboración de análisis preliminares para la toma de decisiones.Los expositores subrayaron que la adopción tecnológica no debe verse como un proceso exclusivo de las grandes organizaciones. Por el contrario, recomendaron implementar estrategias graduales que contemplen proyectos piloto, capacitación y la identificación de casos de uso con beneficios tangibles. De igual forma, destacaron la importancia de fomentar espacios de colaboración entre generaciones mediante esquemas de reverse mentoring, que permitan combinar conocimientos tecnológicos con experiencia profesional.Como conclusión, se destacó que el verdadero valor de la inteligencia artificial no radica únicamente en la automatización, sino en su capacidad para potenciar las habilidades humanas. En este contexto, la auditoría del futuro demandará profesionales capaces de integrar tecnología, criterio profesional y pensamiento crítico para responder a un entorno empresarial cada vez más dinámico y digitalizado.
Con el objetivo de dialogar sobre los sistemas pensionarios en México y ofrecer herramientas para su planeación, el Colegio llevó a cabo, este 12 de junio, el foro Cómo planear tu retiro: Ley 73, 97, PENSIONISSSTE y modalidad 40, espacio en el que especialistas de la comisión de Seguridad Social abordaron las características, evolución y los retos de los esquemas.Durante su intervención, Miguel Silva Pedroza presentó un contexto histórico sobre el sistema de pensiones del país; recordó que, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se estableció un régimen de reparto basado en un esquema solidario.De igual forma, mencionó que en 1992 surgió el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como un complemento a la pensión del trabajador; sin embargo, señaló que, hasta 1997, se implementó un cambio estructural con la transición hacia un régimen de capitalización individual con la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).El especialista también habló sobre las reformas más recientes; al respecto, comentó que en 2020 se modificaron elementos clave como la reducción gradual de semanas de cotización y, en 2024, se incorporó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, orientado a mejorar las condiciones de retiro para trabajadores inscritos en el IMSS.Al platicar sobre el contexto demográfico, se explicó que los sistemas de beneficio definido fueron viables en décadas pasadas debido a una población joven, altas tasas de natalidad y una menor esperanza de vida. “Este modelo operaba bajo un acuerdo intergeneracional, donde las contribuciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados”, subrayó.Por su parte, José Abrego Belmont y Miguel Llorente Arriaga, especialistas en la materia, abordaron los aspectos más importantes del sistema pensionario, entre ellos la portabilidad de semanas cotizadas entre el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la integración del salario base de cotización en el sector público, así como el tratamiento fiscal de las pensiones, incluyendo la determinación de la parte exenta y gravada.De igual forma, se mencionaron los factores macroeconómicos que influyen en la planeación del retiro, tales como la inflación, el poder adquisitivo, el empleo informal, el crecimiento económico, las remesas y el salario mínimo.Los panelistas también analizaron los esquemas como la Modalidad 40 y el programa piloto para Personas Trabajadoras Independientes, los cuales “representan alternativas relevantes para fortalecer el monto de pensión y ampliar la cobertura del sistema”.El foro fue coordinado por los contadores Juvenal Octaviano Villaverde y Jorge Tomás Ponce, quienes destacaron la importancia de que los contribuyentes comprendan las implicaciones de cada régimen pensionario y ayudaron a despejar las inquietudes de los asistentes.
