El Colegio celebró su foro anual de fiscalización los días 23 y 24 de octubre con la destacada participación de representantes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los días 23 y 24 de octubre.
El evento, inaugurado por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, resaltó el papel fundamental de los contadores como garantes de la transparencia fiscal y la importancia de estos foros para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado.
La Administradora General de la AGAFF, Amelia Guadalupe De León Ortega, estableció la agenda del evento, en la que puso especial énfasis en la relevancia de los criterios jurídicos en materia fiscal.
De León Ortega destacó que el SAT lleva años aplicando el Plan Maestro de fiscalización y recaudación, con el objetivo de ser más eficientes en la recaudación; pero sobre todo, orientar a los contribuyentes con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Dentro de las novedades que el SAT ha implementado en los últimos tiempos es el uso exhaustivo de herramientas digitales, pues les permite ofrecer una interacción oportuna, amable y expedita a todos los contribuyentes.
Posteriormente, la primera mesa de diálogo abordó los Aspectos de la fiscalización en la AGAFF. En ella participaron Adela Mayén Villagrana, Administradora de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y Marco Antonio Hernández Lara, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quienes contaron con el apoyo de los comisionados técnicos en Fiscal, Antonio Alberto Vela Peón e Ignacio Sosa López.
Sobre el tema externaron que en materia de fiscalización, es importante poner en contexto que el Plan Maestro 2024 nace como una estrategia de fiscalización, optimización y coordinación de las diferentes áreas del SAT, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la recaudación, sin que haya necesidad de generar nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
Marco Antonio Hernández agregó que gracias al Plan Maestro se ha logrado modernizar la gestión tributaria en beneficio de las finanzas públicas y de los mismos contribuyentes.
“A raíz de la implementación de este plan, en lo que va de este 2024, se alcanzó una recaudación de más de 3 billones, lo que se traduce en un incremento de 5.3 por ciento”.
En ese tenor, los funcionarios comentaron que a efecto de disminuir la evasión fiscal, con este plan se centraron en la fiscalización de ocho rubros (actividades vulnerables, mercado de combustibles, aplicaciones improcedentes de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, impuestos de comercio exterior, impuestos internos, operaciones simuladas, tercerización de pago de nóminas y simulación de pensiones), 18 sectores económicos (automotriz, logística y transporte, bebidas alcohólicas y cigarros, metalúrgico, comercio, paquetería y mensajería, construcción, electrónicos, entretenimientos y espectáculos, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería, servicios privados de salud y de educación, servicios inmobiliarios, publicidad y plataformas tecnológicas) y 15 conductas, las cuales acentúan los esfuerzos de fiscalización y recaudación.
En el segundo panel el Plan Maestro de fiscalización 2024, comentarios a diez meses de su implementación fue el eje central. En esta mesa de análisis participaron Paola González López Portillo, Administradora Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia de Coordinación Fiscal; María de Los Ángeles Sánchez, Administradora de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas. Las funcionarias estuvieron acompañadas de los comisionados técnicos en Fiscal, Allen Saracho Carrillo y Guillermo Uribe Garay.
Paola González agregó que el Plan Maestro surgió en el área de grandes contribuyentes y dado los buenos resultados que se obtuvieron en la administración general se determinó su implementación en el SAT, en el que se estableció una estrategia de optimización y coordinación de todas las administraciones generales de auditoría fiscal.
En tanto, las expositoras externaron que parte del éxito recaudatorio se debe a que el SAT ha sido innovador en el tema de las herramientas digitales, en la administración de la información a través de los diferentes medios de cumplimiento y de las obligaciones fiscales que llegan por parte de los contribuyentes.
“En estos tiempos, donde la tecnología nos ha ganado en todos los ámbitos de la sociedad, el SAT no podía quedarse atrás y ha invertido en el tema de sus herramientas tecnológicas, garantizando que toda la información que los propios contribuyentes nos hacen llegar, llámese CFDI, complementos de pago, declaraciones, avisos, pedimentos, se alberga en las bases de datos institucionales, esté segura y sea administrable”.
Este proceso le ha permitido al SAT detectar esquemas y modelos de riesgo. El uso de tecnologías y herramientas brinda optimización de procesos y tiempos en la obtención de información y detección de esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal.
En la tercera mesa de trabajo, el tema central fueron las Facultades de comprobación: medidas preventivas y correctivas, así como criterios novedosos de fiscalización, en la que participaron Nelly Josefina Prieto López, Administradora Central de Planeación y Programación en el SAT; Fernando Romero Gómez, Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal en el SAT, quienes contaron con el apoyo de los contadores Federico Tercero Garza Torres, socio en KPMG, y del comisionado técnico en fiscal José Martín Aguayo Solano.
Entrando de lleno en las participaciones, Nelly Prieto López puso como preámbulo de cómo está constituida la AGAFF, la cual está integrada por 64 millones de contribuyentes, mismos que están segmentados en empresas, que corresponden a personas morales, personas físicas con actividad empresarial y los contribuyentes, quienes son los asalariados y representan la mayor cuantía del padrón de la AGAFF.
En materia de las revisiones o aspectos de fiscalización por parte de la AGAFF, están enfocadas en tres sectores principales: cumplimiento, esquemas de riesgo y operaciones simuladas.
En lo tocante al cumplimiento, la ponente destacó la identificación de contribuyentes omisos en la presentación de declaraciones y entero de las contribuciones a las que son sujetos, en forma directa y en carácter de retenedor. Así como la detección y revisión a contribuyentes que presentan caídas recaudatorias; detección y revisión a contribuyentes que presentan discrepancias entre los ingresos acumulables reportados contra los identificados y documentados en diversas bases de datos.
En cuanto a los esquemas, la AGAFF se ha centrado en el pago de retenciones mediante acreditamiento de subsidio para el empleo inexistente; planes de pensiones de retiro o beneficios a empleados; intangibles; aportaciones de capital; reestructuras; créditos incobrables; aplicación indebida de estímulos fiscales; discrepancias en controles volumétricos y deducción de donativos improcedentes.
“En tanto, en las operaciones simuladas, como fiscalizadora, cuesta trabajo encontrar los elementos que le den materialidad a un servicio, pero tenemos que tener presentes que un contrato y una factura nunca le van a dar materialidad a un servicio”, para ello, es necesaria la detección, clasificación y revisión a contribuyentes que realizan operaciones simuladas de acuerdo con el 69-B del Código Fiscal de la Federación, suspensión o cancelación de sellos digitales de contribuyentes bajo los supuestos del 17-H y 17-H bis del citado código.
El cuarto panel que cerraría la primera jornada se abordó el tema de Aspectos del dictamen fiscal: consideraciones importantes en materia de revisión al Contador Público Inscrito (CPI) en la que participaron Fernando Sierra de la Fuente, de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT; María Victoria Zacatenco Cruz, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT. El panel estuvo moderado por Manuel Baltazar Mancilla y Enrique Ramírez Luna de las comisiones técnica Fiscal y de Auditoría Fiscal.
Fernando Sierra definió el dictamen fiscal como la opinión que emite un CPI como dictaminador sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un determinado contribuyente, el cual surge porque el fisco deposita su confianza en el CPI como coadyuvantes en la fiscalización y en la credibilidad hacia el trabajo del CPI.
“El dictamen fiscal tiene el objetivo del control al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y para verificar que el cálculo de impuestos fue realizado de manera correcta”.
En el tema de las consideraciones importantes en materia de la revisión al CPI, el titular de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT destacó el cumplimiento en la presentación de dictámenes, en la que puntualizó que 2087 CPI presentaron 9524 dictámenes fiscales en tiempo por el ejercicio 2023, en la “que no se reportaron inconsistencias, errores o fallas en el sistema durante el proceso de envío”.
No obstante, el fiscalista mencionó las sanciones aplicadas al CPI y que derivan de incumplimientos previstos en el CFF y su reglamento, por lo que se han aplicado sanciones debido a cancelación por acumulación de tres suspensiones; suspensión por incumplimiento en la Evaluación de la actuación profesional, Norma de Educación Continua, omisión en la presentación de papeles de trabajo, y amonestación por incumplimiento que avale ser socio activo y evaluación de la actuación profesional.
A lo largo de su participación, Fernando Sierra habló de los requisitos del dictamen, de las irregularidades en la actuación profesional del CPI y del papel del contador en el proceso.
Durante el segundo día se abordaron cuatro temas principales: Simulación de operaciones, Embargo precautorio, Defraudación fiscal y sus equiparables, y Aspectos generales en materia de actividades vulnerables.
El primer panel estuvo integrado por Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Socorro Núñez Cruz, Administradora Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Miguel Ángel Severiano Hernández y Mirella Mirandina Plácido Hernández, ambos de la comisión técnica Fiscal.
En esta primera participación se abordó el tema de la Simulación de operaciones, en la que los representantes de la AGAFF en el SAT destacaron que estas conductas se refieren a la declaración o confesión falsa de lo que en realidad no ha ocurrido y que pueden presentarse de manera absoluta o relativa; es decir, "aquellos actos que nada tienen de real o que están encubiertos de la falsa apariencia que oculta su verdadero carácter".
Ante este panorama, la AGAFF ha emitido diferentes reformas con el objetivo de que la autoridad cuente con mayores herramientas para erradicar estas operaciones, temas que se encuentran establecidos en el CFF y en la LISR.
La simulación, dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y gestión, ha permitido identificar diversos esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal, a través de la simulación de actos jurídicos, los cuales están relacionados con la materialidad de las operaciones efectuadas por las personas físicas o morales afectadas. Ante este panorama, los ponentes expusieron casos prácticos de cómo se realizan dichas simulaciones.
Acto seguido, el tema del Embargo precautorio fue abordado por Desireé Romero Carrillo, Administradora Central de Devoluciones y Compensaciones en el SAT, e Ignacio Ordaz Murillo, Administrador en el SAT, quienes fueron moderados por Pablo Ramírez Morales y Rodolfo Jerónimo Pérez, de la comisión técnica Fiscal.
Desireé Romero e Ignacio Ordaz se refirieron al embargo precautorio como aquella herramienta legal para garantizar el interés fiscal ante posibles incumplimientos. A tal efecto, se realiza sobre bienes del contribuyente para asegurar que el deudor cubrirá el importe de un crédito que no se ha garantizado o porque concurre una situación de riesgo que trastoca las actuaciones de la autoridad dentro de un procedimiento fiscalizador.
Con esto, los tribunales jurisdiccionales consideran que se trata de una medida preventiva que tiende a asegurar el interés fiscal, lo que implica mantener una expectativa favorable de cobro.
A este respecto, el embargo precautorio es esencial para proteger los intereses fiscales y su aplicación debe ser conforme a derecho; en otras palabras, respetando las garantías individuales de los contribuyentes.
"Conocer interpretaciones y criterios previene conflictos y asegura el cumplimiento", frase con la que cerraron sus intervenciones.
El penúltimo panel se centró en la Defraudación fiscal y sus equiparables, el cual estuvo constituido por María Leticia Bernal Velázquez, Administradora Central de Análisis Técnico Fiscal en el SAT; Saraheli Díaz de León Benard, Administradora en el SAT, quienes fueron coordinadas por Eduardo Sánchez Lemoine y Guadalupe Santos Moreno, de la comisión técnica Fiscal en el Colegio.
Las representantes de la AGAFF establecieron como punto de partida qué se entiende por delito fiscal, el cual definieron como aquella conducta descrita en el Código Fiscal de la Federación (CFF), a la cual se le atribuye una pena de prisión por violar las normas más elementales del sistema tributario. Estos delitos se encuentran clasificados en: acción y omisión; resultado y conductas formales; instantáneo, continuo, permanente y continuado.
Ante la pregunta de por qué la defraudación fiscal es considerada un delito, las especialistas argumentaron que no se castiga el incumplimiento en el pago de las contribuciones, sino el haber engañado de manera dolosa al fisco federal con la intención de no realizar dichos pagos o bien, obtener un beneficio económico indebido. Esto hace que dicha conducta se aleje de la esfera administrativa y sea motivo de sanción penal.
En materia de defraudación fiscal equiparada se expuso que será sancionada con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones presentadas para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados, y erogaciones superiores a los ingresos declarados.
Para cerrar la jornada del 11.° Foro de fiscalización del SAT (AGAFF), se presentó el tema Aspectos generales en materia de actividades vulnerables, integrado por Castor Álvarez Ortiz, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Actividades Vulnerables en el SAT; Jessica Analleli Pulido Vázquez, Administradora del SAT; Roberto Iván Colín Mosqueda, de la comisión técnica Fiscal, y Silvia Rosa Matus de la Cruz, de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero.
Entrando de lleno en el tema de las actividades vulnerables con enfoque a servicios profesionales: recomendaciones y buenas prácticas, se dijo que el SAT, por medio de visitas de verificación, supervisa el debido cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La finalidad es que, con su cumplimiento, los sujetos obligados coadyuven a generar una percepción de riesgo en los sujetos obligados respecto al uso de recursos con origen ilícito, prevenir que los sectores identificados como vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para integrar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas y prevenir la imposición de posibles sanciones administrativas.
El foro fue clausurado por el presidente del Colegio, quien puso de manifiesto que el resultado del evento fue un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el Colegio y la AGAFF del SAT logró generar beneficios mutuos y contribuir a un entorno fiscal más justo y eficiente.
El evento fue coordinado por Pablo Cervantes García, Eduardo Arizmendi Salcido y Graciela Rojas Mejía, integrantes de la comisión organizadora del evento.
Eventos recientes
El Foro de contribuciones estatales en México fue precedido en el Colegio el 11 de diciembre, como un espacio bajo la coordinación de María Margarita Aranda Martínez que permitió conocer una visión integral de las contribuciones locales en nuestro país. En el evento se contó con la participación de miembros de la Comisión Nacional de Contribuciones Estatales (CoNCE) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) e integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales.En total se reunieron 12 expertos en materia para desarrollar el tema: Ubaldo Díaz Ibarra, César Martínez Hernández, Sergio Alejandro Ríos Alonso, Alfonso García Suárez, Juan Betancourt Desni, Ana Patricia Pozos García, Luisa Sabido Encalada, Ramón Ortega Día, María Margarita Aranda Martínez, José Eduardo Beristain Martínez, Fernando Robles Gutiérrez y María Margarita Aranda Martínez, antes mencionada.Para comenzar, se destacaron los aspectos fundamentales de estas contribuciones, donde se señaló su importancia para los ingresos estatales, al punto en que se han convertido en un recurso más de negociación para financiar sus actividades y servicios con una alta influencia en la toma de decisiones empresariales.Como complemento, los ponentes comentaron la relevancia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la fiscalización, ya que se ha convertido en una máxima de la información que conoce la autoridad. Según describen, los CFDI representan una declaración por parte de quien firma, así que han cobrado un valor notorio para señalar la congruencia de los estados financieros.También se señaló la importancia de identificar la obligatoriedad el dictamen de contribuciones locales, ya que este depende de cada entidad federativa pues son legislaciones fiscales locales las que establecen los supuestos de su presentación.Posteriormente, se desarrollaron distintos impuestos locales aplicables en los estados del país y se brindaron detalles de sus supuestos de obligatoriedad y sus fundamentos normativos, con el fin de brindar un panorama amplio de ellos. Entre los impuestos presentados, se destacó el impuesto sobre nóminas y retenciones, que supone un 50% del total de los ingresos del Estado en Ciudad de México y, como otros impuestos locales, tiene distintos nombres que varían en función del estado.También se recupero la importancia de entender el valor de las contribuciones locales al hablar de los impuestos ecológicos, ya que estos permiten desincentivar actividades contaminantes que comprometen la sostenibilidad y son una forma de financiar proyectos ambientales que la preserven. Sin embargo, el mayor punto de atención es su función complementaria con cuerpos normativos, como las Norma Internacionales de Sostenibilidad, y con la práctica profesional, como lo refleja el Código de Ética Profesional en su más reciente actualización.
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la última conferencia mensual del año titulada Panorama económico de México hacia 2026, un encuentro que contó con la participación de la reconocida periodista y analista política Ana Paula Ordorica, quien ofreció un diagnóstico amplio, crítico y sustentado sobre el rumbo económico del país.Desde el inicio, Ordorica definió a México como un país de contrastes. “México creo que es un país bipolar actualmente”, afirmó, al explicar que esta dualidad no solo se refleja en la polarización política, sino también en el ámbito económico. Por un lado, destacó un entorno externo sólido; por el otro, un escenario interno debilitado.“Por el ámbito externo es un país que tiene muchas fortalezas: somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tenemos un tipo de cambio fuerte y estabilidad macroeconómica”, señaló. Sin embargo, advirtió que el panorama cambia radicalmente al observar la economía doméstica: “Si volteamos a ver el lado interno de México, es un país que tiene problemas de consumo, de inversión, bajo crecimiento y un poder de compra bastante reducido”.Durante su exposición, Ordorica subrayó que las proyecciones de crecimiento para México son preocupantes. De acuerdo con el Banco de México, el país crecería apenas 0.3% en 2025, una cifra que calificó como realmente raquítica frente al crecimiento esperado en otras regiones del mundo.La principal causa, explicó, es la caída de la inversión, particularmente la pública. De enero a septiembre hubo un desplome del 32.5% en la inversión pública, con reducciones drásticas en sectores clave como agua, educación, hidrocarburos e infraestructura. A ello se suma un clima de desconfianza empresarial: “Llevamos nueve meses consecutivos por debajo del umbral del 50% en el indicador de confianza empresarial del INEGI”.Este entorno, afirmó, inhibe la creación de nuevas empresas y limita la innovación. Al comparar a México con Estados Unidos, Ordorica fue contundente: “Las empresas más importantes de México son centenarias y tradicionales, mientras que las de Estados Unidos son más jóvenes y de innovación tecnológica”. La razón, dijo, es clara: “Faltan incentivos para que se creen nuevas empresas en México”.La periodista puso especial énfasis en la falta de políticas públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Las mipymes generan cerca de la mitad del PIB y siete de cada diez empleos, y aun así no vemos políticas claras para impulsarlas”, afirmó.También criticó la complejidad del sistema fiscal mexicano, que desincentiva la formalidad. “En México, cualquiera que quiera estar en la formalidad requiere los servicios de un contador por lo complejo que es el sistema”, comentó al comparar la situación con otros países de América Latina.Este exceso de trámites, explicó, alimenta un círculo vicioso de baja inversión, escaso crecimiento y precariedad laboral.Respecto con el análisis de la informalidad, comentó que según datos del INEGI, 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, es decir, más de 32 millones de personas. “De cada diez empleos, casi seis son informales”, señaló.La consecuencia es una productividad extremadamente baja: “Por cada 100 pesos que genera un trabajador formal, uno informal genera apenas 24 pesos”. A pesar de presumir una tasa de desempleo cercana al 3%, Ordorica advirtió: “Sí hay trabajo, pero es muy precario”.La ponente también cuestionó la estructura del gasto público, especialmente el peso de las pensiones, los programas sociales y los apoyos a Pemex. “El Estado está regando el pasado y secando el futuro”, sentenció.En 2025, el gasto en programas sociales ascendió a 850 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un aumento del 16%. Al mismo tiempo, la inversión pública retrocede y la deuda pública podría alcanzar 58% del PIB hacia 2030, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.A pesar del panorama complejo, Ordorica destacó el papel estratégico del T-MEC. Recordó que México es desde 2023 el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ambos países dependen del tratado.“Romper el T-MEC sería como querer aterrizar un avión en pleno vuelo”, afirmó, al tiempo que llamó a poner en perspectiva el discurso político y separar el ruido de la realidad económica. Citó además el artículo 34.7 del acuerdo, que garantiza su vigencia hasta 2036, aun si no se ratifica en el corto plazo.En su conclusión, Ana Paula Ordorica sostuvo que México enfrenta una decisión crucial. “Podemos seguir por la inercia del bajo crecimiento o tomar un camino más complejo, pero necesario”, afirmó.Ese camino, explicó, implica fortalecer el estado de derecho, impulsar la inversión productiva, reducir la informalidad y enfocar el gasto público en infraestructura, especialmente en el sector energético. “La estabilidad macroeconómica no es garantía de bienestar”, advirtió.Finalmente, dejó un mensaje claro: “Hay que romper la trampa del bajo crecimiento y pensar en el futuro. Una revisión exitosa del T-MEC puede ayudar, pero México tiene que hacer una tarea mucho más profunda”.
Este 11 de diciembre, el Colegio llevó a cabo el foro Cierre estratégico contable y fiscal para donatarias: método ADA, espacio que sirvió para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las organizaciones autorizadas para recibir donativos.La sesión estuvo a cargo de la contadora Maribel Trejo Estudillo, integrante de la comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos, quien compartió una explicación integral del Método de Alineación para Donatarias Autorizadas (ADA) y su relevancia para el cierre fiscal de las donatarias. La coordinación estuvo a cargo de la contadora Alma Goretti Rivera Pérez.Durante su intervención, Trejo Estudillo destacó que la correcta correspondencia entre ingresos, gastos y registros contables es un elemento central para sostener la transparencia y la confiabilidad de la información, especialmente frente al escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que una primera dimensión del método consiste en asegurar la alineación entre los ingresos registrados y lo reportado ante la autoridad fiscal, lo cual implica verificar que cada monto provenga de actividades efectivamente vinculadas con el objeto social autorizado.En este sentido, señaló que la autoridad revisa que la oficina de donatarias autorizadas realice exclusivamente actividades coherentes con dicho objeto, por lo que identificar ingresos relacionados y diferenciarlos de aquellos que no lo están es indispensable para evitar inconsistencias. También subrayó la importancia de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido coincida con el registro contable y con las declaraciones informativas.La especialista explicó que una segunda dimensión de este método es la clasificación precisa de los ingresos no relacionados, como los derivados de ventas o eventos. Estos deben ser identificados con claridad y sujetos al tratamiento contable y fiscal correspondiente, considerando que su naturaleza puede implicar obligaciones adicionales o un control más estricto para garantizar que no se confundan con ingresos autorizados.En paralelo, destacó la relevancia de revisar de manera continua los donativos recibidos, distinguiendo entre los que cumplen con los requisitos para ser deducibles y aquellos que no están autorizados, pues mantener esta separación evita contingencias y facilita la rendición de cuentas.De igual forma, señaló que esta metodología exige una verificación puntual entre los CFDI recibidos y el registro contable, de modo que ambos reflejen la operación real de la entidad. Esta revisión permite identificar gastos que carecen de comprobante fiscal, así como erogaciones realizadas en el extranjero que requieren documentación específica y un tratamiento fiscal particular. Respecto a los gastos efectuados fuera del país, explicó que su deducibilidad depende de contar con la factura extranjera, el comprobante digital, el método de pago y la conversión correcta del monto conforme al tipo de cambio aplicable. Añadió que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), puede ser necesaria la traducción de ciertos documentos y, en todos los casos, el registro adecuado en la contabilidad electrónica para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.La contadora concluyó que el Método ADA constituye una herramienta estratégica para que las donatarias fortalezcan sus procesos internos, garanticen la trazabilidad de recursos y mantengan un cierre fiscal ordenado.
