El Colegio celebró su foro anual de fiscalización los días 23 y 24 de octubre con la destacada participación de representantes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los días 23 y 24 de octubre.
El evento, inaugurado por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, resaltó el papel fundamental de los contadores como garantes de la transparencia fiscal y la importancia de estos foros para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado.
La Administradora General de la AGAFF, Amelia Guadalupe De León Ortega, estableció la agenda del evento, en la que puso especial énfasis en la relevancia de los criterios jurídicos en materia fiscal.
De León Ortega destacó que el SAT lleva años aplicando el Plan Maestro de fiscalización y recaudación, con el objetivo de ser más eficientes en la recaudación; pero sobre todo, orientar a los contribuyentes con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Dentro de las novedades que el SAT ha implementado en los últimos tiempos es el uso exhaustivo de herramientas digitales, pues les permite ofrecer una interacción oportuna, amable y expedita a todos los contribuyentes.
Posteriormente, la primera mesa de diálogo abordó los Aspectos de la fiscalización en la AGAFF. En ella participaron Adela Mayén Villagrana, Administradora de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y Marco Antonio Hernández Lara, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quienes contaron con el apoyo de los comisionados técnicos en Fiscal, Antonio Alberto Vela Peón e Ignacio Sosa López.
Sobre el tema externaron que en materia de fiscalización, es importante poner en contexto que el Plan Maestro 2024 nace como una estrategia de fiscalización, optimización y coordinación de las diferentes áreas del SAT, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la recaudación, sin que haya necesidad de generar nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
Marco Antonio Hernández agregó que gracias al Plan Maestro se ha logrado modernizar la gestión tributaria en beneficio de las finanzas públicas y de los mismos contribuyentes.
“A raíz de la implementación de este plan, en lo que va de este 2024, se alcanzó una recaudación de más de 3 billones, lo que se traduce en un incremento de 5.3 por ciento”.
En ese tenor, los funcionarios comentaron que a efecto de disminuir la evasión fiscal, con este plan se centraron en la fiscalización de ocho rubros (actividades vulnerables, mercado de combustibles, aplicaciones improcedentes de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, impuestos de comercio exterior, impuestos internos, operaciones simuladas, tercerización de pago de nóminas y simulación de pensiones), 18 sectores económicos (automotriz, logística y transporte, bebidas alcohólicas y cigarros, metalúrgico, comercio, paquetería y mensajería, construcción, electrónicos, entretenimientos y espectáculos, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería, servicios privados de salud y de educación, servicios inmobiliarios, publicidad y plataformas tecnológicas) y 15 conductas, las cuales acentúan los esfuerzos de fiscalización y recaudación.
En el segundo panel el Plan Maestro de fiscalización 2024, comentarios a diez meses de su implementación fue el eje central. En esta mesa de análisis participaron Paola González López Portillo, Administradora Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia de Coordinación Fiscal; María de Los Ángeles Sánchez, Administradora de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas. Las funcionarias estuvieron acompañadas de los comisionados técnicos en Fiscal, Allen Saracho Carrillo y Guillermo Uribe Garay.
Paola González agregó que el Plan Maestro surgió en el área de grandes contribuyentes y dado los buenos resultados que se obtuvieron en la administración general se determinó su implementación en el SAT, en el que se estableció una estrategia de optimización y coordinación de todas las administraciones generales de auditoría fiscal.
En tanto, las expositoras externaron que parte del éxito recaudatorio se debe a que el SAT ha sido innovador en el tema de las herramientas digitales, en la administración de la información a través de los diferentes medios de cumplimiento y de las obligaciones fiscales que llegan por parte de los contribuyentes.
“En estos tiempos, donde la tecnología nos ha ganado en todos los ámbitos de la sociedad, el SAT no podía quedarse atrás y ha invertido en el tema de sus herramientas tecnológicas, garantizando que toda la información que los propios contribuyentes nos hacen llegar, llámese CFDI, complementos de pago, declaraciones, avisos, pedimentos, se alberga en las bases de datos institucionales, esté segura y sea administrable”.
Este proceso le ha permitido al SAT detectar esquemas y modelos de riesgo. El uso de tecnologías y herramientas brinda optimización de procesos y tiempos en la obtención de información y detección de esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal.
En la tercera mesa de trabajo, el tema central fueron las Facultades de comprobación: medidas preventivas y correctivas, así como criterios novedosos de fiscalización, en la que participaron Nelly Josefina Prieto López, Administradora Central de Planeación y Programación en el SAT; Fernando Romero Gómez, Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal en el SAT, quienes contaron con el apoyo de los contadores Federico Tercero Garza Torres, socio en KPMG, y del comisionado técnico en fiscal José Martín Aguayo Solano.
Entrando de lleno en las participaciones, Nelly Prieto López puso como preámbulo de cómo está constituida la AGAFF, la cual está integrada por 64 millones de contribuyentes, mismos que están segmentados en empresas, que corresponden a personas morales, personas físicas con actividad empresarial y los contribuyentes, quienes son los asalariados y representan la mayor cuantía del padrón de la AGAFF.
En materia de las revisiones o aspectos de fiscalización por parte de la AGAFF, están enfocadas en tres sectores principales: cumplimiento, esquemas de riesgo y operaciones simuladas.
En lo tocante al cumplimiento, la ponente destacó la identificación de contribuyentes omisos en la presentación de declaraciones y entero de las contribuciones a las que son sujetos, en forma directa y en carácter de retenedor. Así como la detección y revisión a contribuyentes que presentan caídas recaudatorias; detección y revisión a contribuyentes que presentan discrepancias entre los ingresos acumulables reportados contra los identificados y documentados en diversas bases de datos.
En cuanto a los esquemas, la AGAFF se ha centrado en el pago de retenciones mediante acreditamiento de subsidio para el empleo inexistente; planes de pensiones de retiro o beneficios a empleados; intangibles; aportaciones de capital; reestructuras; créditos incobrables; aplicación indebida de estímulos fiscales; discrepancias en controles volumétricos y deducción de donativos improcedentes.
“En tanto, en las operaciones simuladas, como fiscalizadora, cuesta trabajo encontrar los elementos que le den materialidad a un servicio, pero tenemos que tener presentes que un contrato y una factura nunca le van a dar materialidad a un servicio”, para ello, es necesaria la detección, clasificación y revisión a contribuyentes que realizan operaciones simuladas de acuerdo con el 69-B del Código Fiscal de la Federación, suspensión o cancelación de sellos digitales de contribuyentes bajo los supuestos del 17-H y 17-H bis del citado código.
El cuarto panel que cerraría la primera jornada se abordó el tema de Aspectos del dictamen fiscal: consideraciones importantes en materia de revisión al Contador Público Inscrito (CPI) en la que participaron Fernando Sierra de la Fuente, de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT; María Victoria Zacatenco Cruz, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT. El panel estuvo moderado por Manuel Baltazar Mancilla y Enrique Ramírez Luna de las comisiones técnica Fiscal y de Auditoría Fiscal.
Fernando Sierra definió el dictamen fiscal como la opinión que emite un CPI como dictaminador sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un determinado contribuyente, el cual surge porque el fisco deposita su confianza en el CPI como coadyuvantes en la fiscalización y en la credibilidad hacia el trabajo del CPI.
“El dictamen fiscal tiene el objetivo del control al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y para verificar que el cálculo de impuestos fue realizado de manera correcta”.
En el tema de las consideraciones importantes en materia de la revisión al CPI, el titular de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT destacó el cumplimiento en la presentación de dictámenes, en la que puntualizó que 2087 CPI presentaron 9524 dictámenes fiscales en tiempo por el ejercicio 2023, en la “que no se reportaron inconsistencias, errores o fallas en el sistema durante el proceso de envío”.
No obstante, el fiscalista mencionó las sanciones aplicadas al CPI y que derivan de incumplimientos previstos en el CFF y su reglamento, por lo que se han aplicado sanciones debido a cancelación por acumulación de tres suspensiones; suspensión por incumplimiento en la Evaluación de la actuación profesional, Norma de Educación Continua, omisión en la presentación de papeles de trabajo, y amonestación por incumplimiento que avale ser socio activo y evaluación de la actuación profesional.
A lo largo de su participación, Fernando Sierra habló de los requisitos del dictamen, de las irregularidades en la actuación profesional del CPI y del papel del contador en el proceso.
Durante el segundo día se abordaron cuatro temas principales: Simulación de operaciones, Embargo precautorio, Defraudación fiscal y sus equiparables, y Aspectos generales en materia de actividades vulnerables.
El primer panel estuvo integrado por Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Socorro Núñez Cruz, Administradora Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Miguel Ángel Severiano Hernández y Mirella Mirandina Plácido Hernández, ambos de la comisión técnica Fiscal.
En esta primera participación se abordó el tema de la Simulación de operaciones, en la que los representantes de la AGAFF en el SAT destacaron que estas conductas se refieren a la declaración o confesión falsa de lo que en realidad no ha ocurrido y que pueden presentarse de manera absoluta o relativa; es decir, "aquellos actos que nada tienen de real o que están encubiertos de la falsa apariencia que oculta su verdadero carácter".
Ante este panorama, la AGAFF ha emitido diferentes reformas con el objetivo de que la autoridad cuente con mayores herramientas para erradicar estas operaciones, temas que se encuentran establecidos en el CFF y en la LISR.
La simulación, dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y gestión, ha permitido identificar diversos esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal, a través de la simulación de actos jurídicos, los cuales están relacionados con la materialidad de las operaciones efectuadas por las personas físicas o morales afectadas. Ante este panorama, los ponentes expusieron casos prácticos de cómo se realizan dichas simulaciones.
Acto seguido, el tema del Embargo precautorio fue abordado por Desireé Romero Carrillo, Administradora Central de Devoluciones y Compensaciones en el SAT, e Ignacio Ordaz Murillo, Administrador en el SAT, quienes fueron moderados por Pablo Ramírez Morales y Rodolfo Jerónimo Pérez, de la comisión técnica Fiscal.
Desireé Romero e Ignacio Ordaz se refirieron al embargo precautorio como aquella herramienta legal para garantizar el interés fiscal ante posibles incumplimientos. A tal efecto, se realiza sobre bienes del contribuyente para asegurar que el deudor cubrirá el importe de un crédito que no se ha garantizado o porque concurre una situación de riesgo que trastoca las actuaciones de la autoridad dentro de un procedimiento fiscalizador.
Con esto, los tribunales jurisdiccionales consideran que se trata de una medida preventiva que tiende a asegurar el interés fiscal, lo que implica mantener una expectativa favorable de cobro.
A este respecto, el embargo precautorio es esencial para proteger los intereses fiscales y su aplicación debe ser conforme a derecho; en otras palabras, respetando las garantías individuales de los contribuyentes.
"Conocer interpretaciones y criterios previene conflictos y asegura el cumplimiento", frase con la que cerraron sus intervenciones.
El penúltimo panel se centró en la Defraudación fiscal y sus equiparables, el cual estuvo constituido por María Leticia Bernal Velázquez, Administradora Central de Análisis Técnico Fiscal en el SAT; Saraheli Díaz de León Benard, Administradora en el SAT, quienes fueron coordinadas por Eduardo Sánchez Lemoine y Guadalupe Santos Moreno, de la comisión técnica Fiscal en el Colegio.
Las representantes de la AGAFF establecieron como punto de partida qué se entiende por delito fiscal, el cual definieron como aquella conducta descrita en el Código Fiscal de la Federación (CFF), a la cual se le atribuye una pena de prisión por violar las normas más elementales del sistema tributario. Estos delitos se encuentran clasificados en: acción y omisión; resultado y conductas formales; instantáneo, continuo, permanente y continuado.
Ante la pregunta de por qué la defraudación fiscal es considerada un delito, las especialistas argumentaron que no se castiga el incumplimiento en el pago de las contribuciones, sino el haber engañado de manera dolosa al fisco federal con la intención de no realizar dichos pagos o bien, obtener un beneficio económico indebido. Esto hace que dicha conducta se aleje de la esfera administrativa y sea motivo de sanción penal.
En materia de defraudación fiscal equiparada se expuso que será sancionada con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones presentadas para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados, y erogaciones superiores a los ingresos declarados.
Para cerrar la jornada del 11.° Foro de fiscalización del SAT (AGAFF), se presentó el tema Aspectos generales en materia de actividades vulnerables, integrado por Castor Álvarez Ortiz, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Actividades Vulnerables en el SAT; Jessica Analleli Pulido Vázquez, Administradora del SAT; Roberto Iván Colín Mosqueda, de la comisión técnica Fiscal, y Silvia Rosa Matus de la Cruz, de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero.
Entrando de lleno en el tema de las actividades vulnerables con enfoque a servicios profesionales: recomendaciones y buenas prácticas, se dijo que el SAT, por medio de visitas de verificación, supervisa el debido cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La finalidad es que, con su cumplimiento, los sujetos obligados coadyuven a generar una percepción de riesgo en los sujetos obligados respecto al uso de recursos con origen ilícito, prevenir que los sectores identificados como vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para integrar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas y prevenir la imposición de posibles sanciones administrativas.
El foro fue clausurado por el presidente del Colegio, quien puso de manifiesto que el resultado del evento fue un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el Colegio y la AGAFF del SAT logró generar beneficios mutuos y contribuir a un entorno fiscal más justo y eficiente.
El evento fue coordinado por Pablo Cervantes García, Eduardo Arizmendi Salcido y Graciela Rojas Mejía, integrantes de la comisión organizadora del evento.
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El 23 de febrero, en el marco de conmemoración del Día de la mujer, el Colegio fue sede del evento Inclusión en acción: liderazgo, empleabilidad y convivencia en el éxito profesional un encuentro para visibilizar la inclusión, fortalecer el liderazgo y promover las relaciones profesionales y personales equilibradas, humanas y sostenibles. Al encuentro acudieron individuos del sector público, privado, financiero y social, quienes aportaron su experiencia para contribuir en el impulso de una perspectiva incluyente en los distintos espectros de la vida contemporánea. Para comenzar el evento, cinco mujeres líderes institucionales brindaron sus palabras de apertura: Rosalía Ortega, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México y anfitriona de la velada; Daphne Cuevas, secretaria de Mujeres de la Ciudad de México; Salma Luévano, titular en Economía Inclusiva; Angélica Ruiz, presidenta de Cámara de Comercio Británica en México (Britcharm, por su acrónimo en inglés); y Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum (WEF) Iberoamérica. Durante sus discursos, resaltaron la importancia de construir espacios inclusivos que permitan el fortalecimiento a través de la diversidad desde las instituciones para permear el resto de los ámbitos de la sociedad.Tras esta bienvenida, se procedió al corte del listón inaugural, una muestra simbólica de las intenciones compartidas y el compromiso de las instituciones asistentes por la toma de acción conjunta para el cambio social.El evento contó tres paneles que sirvieron como oportunidad para aprender de las diversas dimensiones de la inclusión, la importancia de ella y los retos pendientes para trabajar en conjunto. El primer panel fue moderado por Patricia González, presidenta de El Rostro Humano de la Contaduría Pública y contó con la participación de tres parejas que desarrollan su ejercicio profesional en cercanía: María Elena Esparza, coordinadora de autonomía económica de la Ciudad de México, y Salvador Guerrero, titular del C5 de la Ciudad de México; Michelle Ferrari, presidenta de WEF Iberoamérica y Andrés Ruíz, socio de Healthy Place to Work; y Martha de la Fuente, líder en el sector social de apoyo a fundaciones y donatarias y Carlos de la Fuente, director general de EY México.En conjunto, sus testimonios de vida y trayectoria profesional dejaron testigo de la fortaleza que se construye mediante el trabajo en equipo y corresponsabilidad; además, compartieron la importancia de contar con un impulso bidireccional en sus relaciones personales para potenciar sus careras profesionales mediante un entorno saludable, respetuoso y de apoyo constante.En el segundo panel se contó con la participación de Ramón Beltrán, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, y el apoyo en moderación de Blanca Estela Pérez, vicepresidenta de la comisión de diversidad, equidad e inclusión Britcharm. En él se compartió la naturaleza de atención y acompañamiento del Consejo Ciudadano, donde se manifiesta otro tipo de inclusión mediante la creación de entornos de confianza y acceso al apoyo oportuno, donde ciudadanos y ciudadanas tienden lazos de ayuda a otros pares.Al concluir el panel, se aprovechó el espacio para formalizar la integración de la comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión de Britcham, que representa un paso en el impulso de una agenda empresarial que promueva la equidad, la diversidad y la corresponsabilidad para fortalecer los entornos empresariales. Para honrar el momento, Patricia González y María Luisa Ramírez, la directora ejecutiva del Colegio, hicieron entrega de pins como un reconocimiento simbólico a estos promotores integrantes de la comisión antes mencionada.La jornada concluyó con un conversatorio moderado por Daniel Salcido, presidente de Axalta México, y con la participación de María Arizam, directora ejecutiva de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), y Rosalía Ortega, presidenta del Colegio. Durante la conversación, ambas comentaron la importancia de promover la transformación dentro de las instituciones y construir oportunidades para la inclusión y formación de talento desde el mercado financiero y la profesión contable, espacios históricamente dominados por la masculinidad. Ambas, durante sus intervenciones, señalaron que su liderazgo busca promover el cambio social desde la visión y liderazgo institucional que permita brindar oportunidades para el presente y futuro de nuestra sociedad.Finalmente, con unas breves palabras de cierre, se subrayó que este evento es una muestra de que la inclusión no es una abstracción; la inclusión es una práctica que expresa liderazgo, construye oportunidades y brinda acompañamiento para el crecimiento individual y colectivo. Tras ello, las personas asistentes se reunieron en un coctel para conversar, estrechar lazos y disfrutar de música en vivo mientras construían comunidad en este espacio inclusivo.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) llevó a cabo el evento Mujeres en la Contaduría Pública: liderazgo, talento y transformación, el pasado 23 de marzo en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, consolidándose como un espacio de reflexión sobre el papel de las mujeres en la evolución de la profesión contable en México.En este contexto, destacó la participación de Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, quien formó parte del panel Liderazgo femenino: retos, avances y nuevas oportunidades, moderado por Ivone Henestrosa Matus, directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, donde compartió su visión sobre los avances y desafíos del gremio.Henestrosa Matus abrió la sesión destacando la pasión, creatividad y responsabilidad de las mujeres contadoras, calificándolas como “parteras de sueños” y expresando su orgullo por coordinar un foro que reconoce su talento y liderazgo.Durante su intervención, Ortega López subrayó que el Colegio, que representa a cerca de un tercio de los contadores del país, ha impulsado acciones concretas para abrir espacios a las mujeres en un ámbito históricamente dominado por hombres. Destacó que hoy las mujeres no solo participan activamente, sino que han logrado incidir en la toma de decisiones, transformando la dinámica de la profesión más allá del ámbito técnico.Afirmó que este avance es resultado de una lucha colectiva por la igualdad sustantiva, en la que las mujeres buscan no solo su crecimiento individual, sino el fortalecimiento integral del gremio. En este sentido, reiteró el compromiso del Colegio de generar condiciones de respeto, inclusión y escucha activa para todas las profesionales.En su mensaje dirigido a las nuevas generaciones, Ortega López destacó que el desarrollo profesional requiere preparación constante, disciplina y construcción de oportunidades, al tiempo que enfatizó la relevancia de crear redes de apoyo entre mujeres. Hizo un llamado a ejercer un liderazgo solidario que acompañe a quienes inician su trayectoria, dejando atrás prácticas excluyentes.Asimismo, dirigió un mensaje a las madres profesionistas, reconociendo su esfuerzo y señalando que su ejemplo impacta de manera significativa en las futuras generaciones, al tiempo que subrayó la necesidad de avanzar hacia esquemas que permitan equilibrar la vida personal y profesional.En su turno, Claudia Corichi García, presidenta de la Colectiva Sorora, subrayó que la paridad numérica no basta y que es necesario transformar las relaciones entre mujeres para evitar la competencia y la violencia. Destacó la importancia de que las mujeres en puestos de decisión sean referentes y brinden apoyo a quienes no tienen voz, especialmente considerando la feminización de la pobreza. Asimismo, recomendó fomentar la corresponsabilidad desde el hogar y buscar redes de apoyo para perseguir los sueños con autonomía económica.Por su parte, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), compartió su experiencia como la tercera mujer en liderar el IMEF en 65 años, siendo la primera con un periodo de dos años. Subrayó que solo el 20% de los miembros del instituto son mujeres y destacó la relevancia de la educación financiera y la independencia económica como herramientas de empoderamiento. También recordó que las mujeres dedican más horas al cuidado y el hogar, por lo que es esencial fomentar el equilibrio y disfrutar del trabajo profesional como fuente de felicidad.Asimismo, Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del IMCP, resaltó los avances en inclusión y paridad alcanzados por el instituto en los últimos años. Señaló la importancia de la mentoría y las redes de apoyo para las jóvenes contadoras y destacó que las mujeres aportan detalle, alma y corazón a la profesión. También mencionó la colaboración con autoridades educativas y fiscales para fortalecer la certificación y profesionalización de los contadores públicos.Entre las participantes legislativas, Irma Jordana Garay Laredo aconsejó a las jóvenes a creer en sí mismas y perder el miedo, reconociendo la importancia del apoyo entre mujeres y el esfuerzo de las madres profesionistas. Otra diputada invitada compartió que, aunque al inicio renegó de la contaduría, descubrió que es una profesión de toma de decisiones que abre múltiples oportunidades, animando a las jóvenes a perseguir sus metas y aprovechar las puertas que la contaduría ofrece.El evento contó con la participación de diversas figuras del ámbito legislativo, académico y profesional. Entre ellas, la diputada Ana Luisa Del Muro García, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, quien destacó que la contaduría pública es un pilar de la confianza institucional y subrayó el papel de las mujeres como garantes de la transparencia.Por su parte, Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, resaltó la necesidad de fortalecer la equidad de género en el ejercicio profesional, mientras que Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, destacó los avances del Instituto en materia de inclusión y paridad.Como parte de la jornada, se llevó a cabo la entrega del reconocimiento Mujeres que dejan huella, a través del Premio Refugio Román Almonte, que distingue la trayectoria y el talento emergente en la contaduría pública. En esta edición, fueron galardonadas la C.P.C. Rosa Bellia Vázquez Sáenz, en la categoría de trayectoria, y la C.P.C. Arlet Soto Ballesteros, en la categoría emergente.El encuentro concluyó con un llamado a consolidar los avances alcanzados y a continuar impulsando acciones que garanticen la igualdad de oportunidades, reafirmando que el liderazgo de las mujeres en la contaduría pública es un motor de transformación para el país.
El Colegio llevó a cabo este 21 de marzo el foro Aspectos básicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, lugar al que se dieron cita los contadores Susana Mejía Balcázar y Alejandro Méndez Rueda, quienes abordaron los fundamentos conceptuales, legales y operativos de esta práctica ilícita, así como su relación con el marco normativo nacional e internacional.Durante la exposición, la especialista Mejía Balcázar explicó que el lavado de dinero implica ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos a través de actividades ilegales, con el propósito de integrarlos a la economía formal bajo una apariencia de legalidad. Este proceso se desarrolla en tres etapas claramente identificadas: colocación, cuando los recursos ingresan al sistema financiero; estratificación, donde se fragmentan y se realizan diversas transacciones para desvincularlos de su origen; e integración, fase en la que los fondos regresan al circuito económico mediante operaciones aparentemente lícitas.Se destacó que este delito está tipificado en el Código Penal Federal como operaciones con recursos de procedencia ilícita; de acuerdo con la legislación, “se configura cuando una persona, por sí misma o a través de terceros, adquiere, administra, transfiere, transporta o invierte recursos de origen ilegal, con conocimiento de dicha procedencia”, aclaró la contadora.En este contexto, se informó que las sanciones contempladas van de 5 a 15 años de prisión, además de multas de entre 1,000 y 5,000 días. “Estas penas pueden incrementarse cuando participan actores con responsabilidades específicas, como administradores, consejeros o servidores públicos, lo que refleja la gravedad del delito dentro del sistema financiero”.Además, se abordó la tipificación del terrorismo en el propio código, definido como la realización intencional de actos violentos que generen alarma o terror en la población, mediante el uso de diversos medios, con el objetivo de afectar la seguridad nacional o presionar a autoridades.Bajo esta línea, se subrayó la diferencia clave entre ambos fenómenos: mientras el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de los recursos para integrarlos a la economía, el financiamiento al terrorismo puede utilizar tanto recursos legales como ilegales, pero con la finalidad de apoyar actividades terroristas, sin necesariamente ocultar su procedencia.En el foro también se analizó la relevancia de la cooperación internacional. “Organismos como el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria establecen principios para fortalecer la regulación financiera y la gestión de riesgos”, lo cual consolida estándares globales en la materia.Para el caso de México, se destacó que la prevención del lavado de dinero opera a través de un ecosistema institucional encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la participación activa de organismos supervisores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Los especialistas señalaron que el cumplimiento en esta materia ha evolucionado significativamente desde la entrada en vigor del marco normativo en julio de 2013 hasta la reforma integral del 16 de julio de 2025. Este proceso ha implicado la transición de esquemas tradicionales hacia modelos de gestión de riesgos más sofisticados, apoyados en herramientas digitales y análisis dinámico de operaciones.Finalmente, se precisó que las obligaciones varían según la actividad económica. Mientras sectores como los juegos con apuesta cuentan con umbrales específicos para la identificación y reporte de operaciones, otros rubros estratégicos, como el inmobiliario y el otorgamiento de préstamos, están sujetos a esquemas de identificación total, lo que implica la integración de expedientes por cada operación, sin importar su monto.
