El Colegio celebró su foro anual de fiscalización los días 23 y 24 de octubre con la destacada participación de representantes de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los días 23 y 24 de octubre.
El evento, inaugurado por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, resaltó el papel fundamental de los contadores como garantes de la transparencia fiscal y la importancia de estos foros para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado.
La Administradora General de la AGAFF, Amelia Guadalupe De León Ortega, estableció la agenda del evento, en la que puso especial énfasis en la relevancia de los criterios jurídicos en materia fiscal.
De León Ortega destacó que el SAT lleva años aplicando el Plan Maestro de fiscalización y recaudación, con el objetivo de ser más eficientes en la recaudación; pero sobre todo, orientar a los contribuyentes con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Dentro de las novedades que el SAT ha implementado en los últimos tiempos es el uso exhaustivo de herramientas digitales, pues les permite ofrecer una interacción oportuna, amable y expedita a todos los contribuyentes.
Posteriormente, la primera mesa de diálogo abordó los Aspectos de la fiscalización en la AGAFF. En ella participaron Adela Mayén Villagrana, Administradora de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y Marco Antonio Hernández Lara, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quienes contaron con el apoyo de los comisionados técnicos en Fiscal, Antonio Alberto Vela Peón e Ignacio Sosa López.
Sobre el tema externaron que en materia de fiscalización, es importante poner en contexto que el Plan Maestro 2024 nace como una estrategia de fiscalización, optimización y coordinación de las diferentes áreas del SAT, con el objetivo de incrementar la eficiencia y la recaudación, sin que haya necesidad de generar nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
Marco Antonio Hernández agregó que gracias al Plan Maestro se ha logrado modernizar la gestión tributaria en beneficio de las finanzas públicas y de los mismos contribuyentes.
“A raíz de la implementación de este plan, en lo que va de este 2024, se alcanzó una recaudación de más de 3 billones, lo que se traduce en un incremento de 5.3 por ciento”.
En ese tenor, los funcionarios comentaron que a efecto de disminuir la evasión fiscal, con este plan se centraron en la fiscalización de ocho rubros (actividades vulnerables, mercado de combustibles, aplicaciones improcedentes de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, impuestos de comercio exterior, impuestos internos, operaciones simuladas, tercerización de pago de nóminas y simulación de pensiones), 18 sectores económicos (automotriz, logística y transporte, bebidas alcohólicas y cigarros, metalúrgico, comercio, paquetería y mensajería, construcción, electrónicos, entretenimientos y espectáculos, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería, servicios privados de salud y de educación, servicios inmobiliarios, publicidad y plataformas tecnológicas) y 15 conductas, las cuales acentúan los esfuerzos de fiscalización y recaudación.
En el segundo panel el Plan Maestro de fiscalización 2024, comentarios a diez meses de su implementación fue el eje central. En esta mesa de análisis participaron Paola González López Portillo, Administradora Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia de Coordinación Fiscal; María de Los Ángeles Sánchez, Administradora de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas. Las funcionarias estuvieron acompañadas de los comisionados técnicos en Fiscal, Allen Saracho Carrillo y Guillermo Uribe Garay.
Paola González agregó que el Plan Maestro surgió en el área de grandes contribuyentes y dado los buenos resultados que se obtuvieron en la administración general se determinó su implementación en el SAT, en el que se estableció una estrategia de optimización y coordinación de todas las administraciones generales de auditoría fiscal.
En tanto, las expositoras externaron que parte del éxito recaudatorio se debe a que el SAT ha sido innovador en el tema de las herramientas digitales, en la administración de la información a través de los diferentes medios de cumplimiento y de las obligaciones fiscales que llegan por parte de los contribuyentes.
“En estos tiempos, donde la tecnología nos ha ganado en todos los ámbitos de la sociedad, el SAT no podía quedarse atrás y ha invertido en el tema de sus herramientas tecnológicas, garantizando que toda la información que los propios contribuyentes nos hacen llegar, llámese CFDI, complementos de pago, declaraciones, avisos, pedimentos, se alberga en las bases de datos institucionales, esté segura y sea administrable”.
Este proceso le ha permitido al SAT detectar esquemas y modelos de riesgo. El uso de tecnologías y herramientas brinda optimización de procesos y tiempos en la obtención de información y detección de esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal.
En la tercera mesa de trabajo, el tema central fueron las Facultades de comprobación: medidas preventivas y correctivas, así como criterios novedosos de fiscalización, en la que participaron Nelly Josefina Prieto López, Administradora Central de Planeación y Programación en el SAT; Fernando Romero Gómez, Administrador de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal en el SAT, quienes contaron con el apoyo de los contadores Federico Tercero Garza Torres, socio en KPMG, y del comisionado técnico en fiscal José Martín Aguayo Solano.
Entrando de lleno en las participaciones, Nelly Prieto López puso como preámbulo de cómo está constituida la AGAFF, la cual está integrada por 64 millones de contribuyentes, mismos que están segmentados en empresas, que corresponden a personas morales, personas físicas con actividad empresarial y los contribuyentes, quienes son los asalariados y representan la mayor cuantía del padrón de la AGAFF.
En materia de las revisiones o aspectos de fiscalización por parte de la AGAFF, están enfocadas en tres sectores principales: cumplimiento, esquemas de riesgo y operaciones simuladas.
En lo tocante al cumplimiento, la ponente destacó la identificación de contribuyentes omisos en la presentación de declaraciones y entero de las contribuciones a las que son sujetos, en forma directa y en carácter de retenedor. Así como la detección y revisión a contribuyentes que presentan caídas recaudatorias; detección y revisión a contribuyentes que presentan discrepancias entre los ingresos acumulables reportados contra los identificados y documentados en diversas bases de datos.
En cuanto a los esquemas, la AGAFF se ha centrado en el pago de retenciones mediante acreditamiento de subsidio para el empleo inexistente; planes de pensiones de retiro o beneficios a empleados; intangibles; aportaciones de capital; reestructuras; créditos incobrables; aplicación indebida de estímulos fiscales; discrepancias en controles volumétricos y deducción de donativos improcedentes.
“En tanto, en las operaciones simuladas, como fiscalizadora, cuesta trabajo encontrar los elementos que le den materialidad a un servicio, pero tenemos que tener presentes que un contrato y una factura nunca le van a dar materialidad a un servicio”, para ello, es necesaria la detección, clasificación y revisión a contribuyentes que realizan operaciones simuladas de acuerdo con el 69-B del Código Fiscal de la Federación, suspensión o cancelación de sellos digitales de contribuyentes bajo los supuestos del 17-H y 17-H bis del citado código.
El cuarto panel que cerraría la primera jornada se abordó el tema de Aspectos del dictamen fiscal: consideraciones importantes en materia de revisión al Contador Público Inscrito (CPI) en la que participaron Fernando Sierra de la Fuente, de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT; María Victoria Zacatenco Cruz, de la Administración Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT. El panel estuvo moderado por Manuel Baltazar Mancilla y Enrique Ramírez Luna de las comisiones técnica Fiscal y de Auditoría Fiscal.
Fernando Sierra definió el dictamen fiscal como la opinión que emite un CPI como dictaminador sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un determinado contribuyente, el cual surge porque el fisco deposita su confianza en el CPI como coadyuvantes en la fiscalización y en la credibilidad hacia el trabajo del CPI.
“El dictamen fiscal tiene el objetivo del control al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y para verificar que el cálculo de impuestos fue realizado de manera correcta”.
En el tema de las consideraciones importantes en materia de la revisión al CPI, el titular de la Central de Operación de la Fiscalización Nacional en el SAT destacó el cumplimiento en la presentación de dictámenes, en la que puntualizó que 2087 CPI presentaron 9524 dictámenes fiscales en tiempo por el ejercicio 2023, en la “que no se reportaron inconsistencias, errores o fallas en el sistema durante el proceso de envío”.
No obstante, el fiscalista mencionó las sanciones aplicadas al CPI y que derivan de incumplimientos previstos en el CFF y su reglamento, por lo que se han aplicado sanciones debido a cancelación por acumulación de tres suspensiones; suspensión por incumplimiento en la Evaluación de la actuación profesional, Norma de Educación Continua, omisión en la presentación de papeles de trabajo, y amonestación por incumplimiento que avale ser socio activo y evaluación de la actuación profesional.
A lo largo de su participación, Fernando Sierra habló de los requisitos del dictamen, de las irregularidades en la actuación profesional del CPI y del papel del contador en el proceso.
Durante el segundo día se abordaron cuatro temas principales: Simulación de operaciones, Embargo precautorio, Defraudación fiscal y sus equiparables, y Aspectos generales en materia de actividades vulnerables.
El primer panel estuvo integrado por Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Socorro Núñez Cruz, Administradora Central de Fiscalización Estratégica en el SAT; Miguel Ángel Severiano Hernández y Mirella Mirandina Plácido Hernández, ambos de la comisión técnica Fiscal.
En esta primera participación se abordó el tema de la Simulación de operaciones, en la que los representantes de la AGAFF en el SAT destacaron que estas conductas se refieren a la declaración o confesión falsa de lo que en realidad no ha ocurrido y que pueden presentarse de manera absoluta o relativa; es decir, "aquellos actos que nada tienen de real o que están encubiertos de la falsa apariencia que oculta su verdadero carácter".
Ante este panorama, la AGAFF ha emitido diferentes reformas con el objetivo de que la autoridad cuente con mayores herramientas para erradicar estas operaciones, temas que se encuentran establecidos en el CFF y en la LISR.
La simulación, dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y gestión, ha permitido identificar diversos esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal, a través de la simulación de actos jurídicos, los cuales están relacionados con la materialidad de las operaciones efectuadas por las personas físicas o morales afectadas. Ante este panorama, los ponentes expusieron casos prácticos de cómo se realizan dichas simulaciones.
Acto seguido, el tema del Embargo precautorio fue abordado por Desireé Romero Carrillo, Administradora Central de Devoluciones y Compensaciones en el SAT, e Ignacio Ordaz Murillo, Administrador en el SAT, quienes fueron moderados por Pablo Ramírez Morales y Rodolfo Jerónimo Pérez, de la comisión técnica Fiscal.
Desireé Romero e Ignacio Ordaz se refirieron al embargo precautorio como aquella herramienta legal para garantizar el interés fiscal ante posibles incumplimientos. A tal efecto, se realiza sobre bienes del contribuyente para asegurar que el deudor cubrirá el importe de un crédito que no se ha garantizado o porque concurre una situación de riesgo que trastoca las actuaciones de la autoridad dentro de un procedimiento fiscalizador.
Con esto, los tribunales jurisdiccionales consideran que se trata de una medida preventiva que tiende a asegurar el interés fiscal, lo que implica mantener una expectativa favorable de cobro.
A este respecto, el embargo precautorio es esencial para proteger los intereses fiscales y su aplicación debe ser conforme a derecho; en otras palabras, respetando las garantías individuales de los contribuyentes.
"Conocer interpretaciones y criterios previene conflictos y asegura el cumplimiento", frase con la que cerraron sus intervenciones.
El penúltimo panel se centró en la Defraudación fiscal y sus equiparables, el cual estuvo constituido por María Leticia Bernal Velázquez, Administradora Central de Análisis Técnico Fiscal en el SAT; Saraheli Díaz de León Benard, Administradora en el SAT, quienes fueron coordinadas por Eduardo Sánchez Lemoine y Guadalupe Santos Moreno, de la comisión técnica Fiscal en el Colegio.
Las representantes de la AGAFF establecieron como punto de partida qué se entiende por delito fiscal, el cual definieron como aquella conducta descrita en el Código Fiscal de la Federación (CFF), a la cual se le atribuye una pena de prisión por violar las normas más elementales del sistema tributario. Estos delitos se encuentran clasificados en: acción y omisión; resultado y conductas formales; instantáneo, continuo, permanente y continuado.
Ante la pregunta de por qué la defraudación fiscal es considerada un delito, las especialistas argumentaron que no se castiga el incumplimiento en el pago de las contribuciones, sino el haber engañado de manera dolosa al fisco federal con la intención de no realizar dichos pagos o bien, obtener un beneficio económico indebido. Esto hace que dicha conducta se aleje de la esfera administrativa y sea motivo de sanción penal.
En materia de defraudación fiscal equiparada se expuso que será sancionada con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones presentadas para efectos fiscales deducciones falsas, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados, y erogaciones superiores a los ingresos declarados.
Para cerrar la jornada del 11.° Foro de fiscalización del SAT (AGAFF), se presentó el tema Aspectos generales en materia de actividades vulnerables, integrado por Castor Álvarez Ortiz, Administrador Central de Apoyo Jurídico de Actividades Vulnerables en el SAT; Jessica Analleli Pulido Vázquez, Administradora del SAT; Roberto Iván Colín Mosqueda, de la comisión técnica Fiscal, y Silvia Rosa Matus de la Cruz, de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero.
Entrando de lleno en el tema de las actividades vulnerables con enfoque a servicios profesionales: recomendaciones y buenas prácticas, se dijo que el SAT, por medio de visitas de verificación, supervisa el debido cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La finalidad es que, con su cumplimiento, los sujetos obligados coadyuven a generar una percepción de riesgo en los sujetos obligados respecto al uso de recursos con origen ilícito, prevenir que los sectores identificados como vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para integrar los recursos obtenidos en la comisión de actividades delictivas y prevenir la imposición de posibles sanciones administrativas.
El foro fue clausurado por el presidente del Colegio, quien puso de manifiesto que el resultado del evento fue un claro ejemplo de cómo la colaboración entre el Colegio y la AGAFF del SAT logró generar beneficios mutuos y contribuir a un entorno fiscal más justo y eficiente.
El evento fue coordinado por Pablo Cervantes García, Eduardo Arizmendi Salcido y Graciela Rojas Mejía, integrantes de la comisión organizadora del evento.
Eventos recientes
La creciente incorporación de factores ambientales y otros aspectos no financieros a la información empresarial plantea nuevas consideraciones para el trabajo de auditoría. Este vínculo fue abordado durante el curso El auditor financiero en la revisión de temas de sostenibilidad, realizado el 19 de septiembre por la comisión de Auditoría del Colegio, en el que se revisaron los nuevos requerimientos para generar, reportar y asegurar este tipo de información.La sesión contó con la participación de Juan Carlos Rodríguez de León, integrante de la comisión de Sostenibilidad, y Rafael Yela Gutiérrez, de la comisión de Auditoría. La coordinación estuvo a cargo de Justo Elí Jiménez Rodríguez y Jessica Gómez Domínguez, también integrantes de esta última comisión.Durante su participación, Rodríguez de León explicó la relación entre la sostenibilidad y la información financiera, y destacó la importancia de conectar los datos financieros y no financieros bajo una misma narrativa. En este contexto, hizo referencia a las normas IFRS S1 y S2, así como a las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), vigentes en México desde 2025, que incorporan 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad. También abordó el concepto de doble materialidad y señaló que los riesgos de sostenibilidad pueden tener consecuencias directas en las cifras de una organización.Para ejemplificarlo, explicó que un evento como una inundación puede afectar el flujo de efectivo, el costo de capital, las provisiones, el valor de los activos o las inversiones. Bajo esta perspectiva, destacó que la información de sostenibilidad no debe permanecer aislada de los estados financieros, sino integrarse a la información que utilizan inversionistas y acreedores para valorar los riesgos y oportunidades de una empresa.Por su parte, Yela Gutiérrez centró su exposición en el trabajo del auditor frente a la información de sostenibilidad y en la transición hacia la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (NIA 5000), que será obligatoria para ejercicios que inicien a partir del 15 de diciembre de 2026. Explicó que el aseguramiento de sostenibilidad es distinto de la auditoría de estados financieros y contempla encargos de seguridad limitada y de seguridad razonable. Asimismo, detalló que el proceso comprende etapas como la aceptación, planeación, evaluación de riesgos, obtención de evidencia y emisión de conclusiones.Al referirse a los riesgos del encargo, advirtió que la información de sostenibilidad suele generarse fuera de los sistemas financieros tradicionales, lo que puede incrementar la posibilidad de errores, sesgos o prácticas de greenwashing. Por ello, enfatizó la importancia de garantizar la trazabilidad de los datos desde su origen hasta el reporte final y de evaluar los controles internos. Finalmente, señaló que estos trabajos pueden requerir equipos multidisciplinarios, con especialistas en áreas como ingeniería ambiental o hidrología, aunque puntualizó que la responsabilidad sobre la conclusión final permanece en el líder del encargo.
El Colegio llevó a cabo, este 17 de septiembre, el foro Iniciativa fiscal para 2027, espacio de análisis en el que María Mancilla Rendón, Arturo Halgraves Cerda, Juan Torres Romero y Eduardo Sánchez Lemoine revisaron el proyecto de iniciativa de reforma y expusieron sus posibles implicaciones para contribuyentes y organizaciones.Durante el encuentro, la doctora Mancilla Rendón abordó los aspectos relacionados con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los estímulos fiscales y las expectativas de recaudación. Como parte de su exposición, explicó el procedimiento previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la presentación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los elementos que integran los Criterios Generales de Política Económica. Por lo anterior, informó que se prevé una aceleración de la economía mexicana con una expansión del PIB de entre 1.5% y 2.5%, menor inflación y estabilidad cambiaria.Además, puntualizó que los ingresos presupuestarios ascenderían a 9.157 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del Producto Interno o Interior Bruto (PIB), con una variación real de 3.9% respecto a 2026. Los ingresos tributarios representarían 15.9% del PIB.La ponente explicó el papel de la recaudación como mecanismo de distribución de recursos hacia las entidades federativas y los municipios, así como la función del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ante posibles variaciones en la recaudación.Otro de los temas expuestos fue el esquema de multas por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas del pago de contribuciones. Al respecto, detalló los supuestos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la presentación de declaraciones, solicitudes y avisos, así como las obligaciones vinculadas con la contabilidad y los pagos provisionales.Por su parte, Arturo Halgraves Cerda concentró su participación en siete modificaciones con posibles efectos operativos, particularmente en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), retenciones e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); entre los planteamientos revisados se encontró el tratamiento fiscal para libros, periódicos y revistas, cuya tasa cero estaría condicionada a que al menos el 90% de los ingresos del ejercicio anterior proviniera de la venta de estos bienes.El análisis de Halgraves Cerda también abarcó las retenciones aplicables a plataformas digitales, la ampliación del tratamiento de tasa cero para determinados productos de gestión menstrual, las restricciones al acreditamiento del IVA en ciertos casos relacionados con aseguradoras, una alternativa de pago para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y medidas de trazabilidad para productos con nicotina.En tanto, Juan Torres Romero centró su intervención en el mecanismo propuesto para el control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. Explicó que la iniciativa contempla incorporar a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) un límite para las deducciones de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, así como disposiciones relacionadas con la disminución de las cantidades que no puedan aplicarse en el ejercicio correspondiente.Finalmente, Eduardo Sánchez Lemoine incorporó la perspectiva jurídica al análisis de las deducciones estructurales y no estructurales. Explicó que las primeras corresponden a erogaciones vinculadas con la producción u obtención de los ingresos y que su reconocimiento se relaciona con el principio de proporcionalidad tributaria, al permitir determinar la renta neta que constituye la base del ISR.En contraste, señaló que las deducciones no estructurales no mantienen ese vínculo directo con la generación de ingresos. Como parte de esta revisión, Sánchez Lemoine hizo referencia al criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la limitación a la deducción de intereses netos.
El 14 de septiembre se presentó en el Colegio un curso destinado a desarrollar sobre los descuentos de créditos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): Descuentos de Infonavit. La intención del curso fue construir un espacio práctico cercano a la realidad que permitiera a los asistentes consolidar sus conocimientos técnicos mediante ejemplos prácticos y fue presentado por Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, coordinador del curso y representante de la comisión T. de Seguridad Social. Francisco Javier Ibarra Mayoral fue el encargado de desarrollar el tema para la audiencia, quien comenzó señalando que los créditos para la vivienda proporcionados por el Infonavit se mantienen como opciones competitivas frente a créditos bancarios en la mayoría de los casos, por lo que conocer su funcionamiento, límites y alcances es conocimiento esencial para el especialista. El experto señaló que el Infonavit proporciona distintos tipos de créditos como los créditos de cuota fija monetaria, que representan la mayor parte de la cartera, los créditos en veces de Unidad de Medida y Actualización (UMA) o unidad mixta y los créditos porcentuales, siendo estos últimos los menos comunes en comparación a los otros dos. Francisco Ibarra señaló que, para el caso de la cuota fija, ésta representa certeza para los trabajadores y facilita la planeación, convirtiéndola en una opción accesible financiera y administrativamente.Al desarrollar los cuerpos normativos vinculados a estos créditos para la vivienda se desarrolló la Ley del Infonavit, el marco legal que regula a la institución y donde se establecen las obligaciones patronales, como el pago de aportaciones de cada trabajador mientras exista una relación laboral y, por tanto, la realización de los descuentos en los salarios conforme lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT).Uno de los grandes escenarios que debe considerar el patrón, tras la reforma de la Ley Infonavit del 2025, es que la obligación de los descuentos y enteros por créditos de vivienda no se suspende por ausencias o incapacidades médicas, ya que se debe cubrir un 5% del salario base de cotización y pagar la amortización del crédito Infonavit, aunque el trabajador no perciba salario directamente. Todo esto, según comenta Francisco, representa una obligación patronal y una carga financiera que la organización debe considerar para evitar deudas y multas.Finalmente, se trazó una prelación de descuentos al salario, donde se señaló un elemento fundamental: el patrón es solidario del pago de créditos Infonavit y sujeto a multa ante el incumplimiento de descuentos judiciales, como la pensión alimenticia, por lo que se debe considera que si el sueldo neto tras retenciones de impuestos y descuentos judiciales no cubre el total de la amortización de Infonavit, el patrón debe reportar la incidencia y retener únicamente hasta el límite legal permitido sin afectar el mínimo vital del trabajador; debido a ello, la planeación es fundamental para evitar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
