El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió el año 2022 con la incorporación de nuevas reformas fiscales, entre las que figuran multas por errores en las facturas, restricción de certificado de sello digital, y otros cambios tributarios, temas que fueron objeto de análisis por especialistas en la materia en el curso Reforma Fiscal 2022 en colaboración con Universidad La Salle.
La mesa de diálogo estuvo conformada por los catedráticos de La Salle Carlos Alberto Burgoa Toledo, socio de Burgoa, Toledo y Asociados; José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados; David Toriz Acosta, socio fundador de TRF Trust Consultores, quienes fueron presentados por Rosalía Ortega López, vicepresidencia de Vinculación Universitaria del Colegio, y José Ramón Barreiro Iglesias, director de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle.
“La Salle como institución educativa nació hace 60 años con el compromiso de mantener la excelencia académica; de acercar el campo profesional al plan académico y formar parte de eventos de extensión como los cursos que realiza en coordinación con el Colegio”, fueron palabras del director, con las que dieron pie a las intervenciones de los expositores.
El también conductor del programa de radio Consultoría fiscal universitaria (860 AM) y del programa de televisión Fiscal.con (TV UNAM), Alberto Burgoa Toledo, puntualizó que las políticas públicas han cambiado, que más que incrementarlas, genera una modificación en la estructura de las ya existentes, propiamente a los puntos de las deducciones, que atañen a los créditos incobrables; deducciones personales, que corresponden a las personas físicas, entre otros.
“En cuanto a procedimientos, se robustecen algunos puntos de importancia como la firma electrónica y sellos digitales, cuyo artículo 17-C fue modificado y el SAT negará tanto la Fiel como el Certificado de Sello Digital (CSD) a personas morales si tiene socios con ‘control efectivo’ y que figuren en una de las cuatro hipótesis: 1) con CSD restringido y no subsanen irregularidades, 2) EFOS, 3) hayan transmitido indebidamente pérdidas (69-B bis) y 4) tenga créditos fiscales firmes, no pagados o garantizados, incobrables, no localizados, sentencia por delito”.
En ese sentido el síndico ante la Prodecon y la administración regional norte del SAT en representación de la Canaco Ciudad de México, Jesús Milla Arufe, enfocó su participación en el régimen Simplificado de Confianza (Resico), del cual comentó que se trata de una declaración prellenada por el SAT “que consiste en declaraciones preliminares determinadas por el SAT, establecida por el nivel de ingresos de los contribuyentes para simplificar el pago de los impuestos por medio de un robot”.
Con dicho régimen el SAT proyecta que se aumentará la base de contribuyentes entre 20 y 30%, lo que representa un aproximado de 23 millones. Con esto “no habría necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes ni tampoco una revisión exhaustiva de las deducciones sujetos a este régimen de confianza”.
Las personas físicas, quienes pueden optar por el régimen son las que realicen actividades empresariales, actividades profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, salarios e intereses, siempre y cuando la totalidad de sus ingresos —en el ejercicio inmediato anterior— no hubiera excedido de la cantidad de 3 millones con 500 mil.
En material de las reformas fiscales del IVA e IEPS, el coordinador regional de emprendimiento social de ANFECA, Benjamín Díaz Villanueva, se centró en la derogación, reforma y adiciones de ambos impuestos. “La LIVA en su artículo I es para las personas físicas y morales, que tiene por objeto que se grave a la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el uso goce temporal de bienes y en su caso la importación; la exportación se maneja en una tasa 0”.
Sobre la Ley de IEPS comentó que hay nuevas precisiones como el pago del impuesto por los combustibles introducidos ilegalmente al país; uso de un nuevo término como Marbete, que se refiere al control fiscal y sanitario que puede ser físico y se adhiere a los envases que contengan bebida alcohólica; o bien, electrónico, que se imprime del folio autorizado y entregado por el SAT en las etiquetas de los envases; la definición de establecimientos de consumo final como cantinas, bares, cervecerías, centros nocturnos, por citar algunos.
Para cerrar el evento, el experto en auditoría de estados financieros y de cumplimiento de obligaciones fiscales federales y estatales, David Toriz Acosta, enlistó los principales puntos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, a este respecto dijo que lo relativo al Código Fiscal de la Federación (CFF) está la presentación de dictamen de fusión y escisión de sociedades; conceptos de control, influencia significativa y poder de mando; caso de aclaración por actualización de actividades derivado de la emisión de un CFDI; criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales.
En lo que concierne a la LISR figura la declaración relativa al desmembramiento de la nuda propiedad y del usufructo de un bien en los que intervenga una persona moral; presentación de información de los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones; aviso de enajenación de acciones llevadas a cabo entre residentes en el extranjero, entre otros.
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Este 23 de septiembre, el Colegio abrió sus puertas para presentar la octava edición del Foro fintech, encuentro en el que especialistas y profesionales de distintas áreas compartieron reflexiones, experiencias y discutieron sobre cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo las actividades organizacionales y, con ello, el rol del contador público y afines.El foro dio inicio con la intervención de Alberto Ratia Mendoza, quien habló del ecosistema fintech desde la mirada del inversionista. Subrayó que hoy la diversificación es más accesible gracias a plataformas digitales que permiten invertir desde casa en instrumentos tan variados como Cetes, bonos, crowdfunding e, incluso, pymes. Aseguró que el sistema financiero mexicano atraviesa una transformación digital profunda, en la que las sucursales pierden terreno frente a los dispositivos inteligentes.Seguido se presentó Jazmín García Juvenal y Mayra Espejel Rodríguez, quienes expusieron las tendencias regulatorias en torno a los activos digitales, en particular, sobre las stablecoins. Al respecto, compararon el enfoque que existe en Estados Unidos, donde los emisores son tratados como entidades financieras bajo supervisión de la Reserva Federal (Fed), con el marco europeo, el cual, bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), impone reglas estrictas de transparencia, capital y reservas.Ambas especialistas destacaron que el mercado de estas monedas estables pasó a más de 160 mil millones de dólares en el periodo de 2014 a 2025.El foro también abrió espacio para discutir sobre la función de la Inteligencia Artificial (IA). Carina Herrera Escalante y Rafael de Pina Lima cuestionaron si el uso de esta herramienta en las empresas debe verse como un gasto o como una inversión estratégica. Coincidieron en que su mayor valor radica en la interpretación de datos, la detección de anomalías y la experimentación constante, donde el contador público debe asumir un rol clave en la adopción de la IA.Más adelante, Silvia Rosa Matus de la Cruz, junto con Edmundo Romero Lázaro y Aimée Cortés Méndez, pusieron sobre la mesa los retos en materia de prevención de lavado de dinero. Sobre ello, recalcaron con los asistentes presenciales y remotos la importancia que tienen los procedimientos como la integración de expedientes, el análisis de perfiles y la debida diligencia en relaciones con terceros. Matus de la Cruz fue enfática al señalar que la responsabilidad del contador no solo es legal y regulatoria, sino también ética y preventiva, con efectos directos en la confianza del mercado y en la lucha contra la delincuencia económica.Para platicar sobre el ámbito legal, se contó con la ponencia de Adriana Jiménez Sandoval y Francisco Pinilla, quienes revisaron el estado de la Ley Fintech, promulgada en 2018. Señalaron que, mientras países como Reino Unido ya han avanzado hacia marcos específicos para la tokenización y las stablecoins, en México no existe aún un proyecto formal de reforma, lo que obliga al país a mirar hacia afuera y adaptarse hacia una Ley Fintech 2.0.Por su parte, Carlos Francisco Pérez Mejía y Jorge Manlio Sentíes Medellín hablaron de los desafíos en el reconocimiento de intangibles en las fintech, mientras que Francisco Javier Sánchez Hernández y Juan Ramón Carcaño López apuntaron que México se acerca a la barrera de las 400 startups en el sector, lo que llevará a la CNBV a reforzar su vigilancia sobre auditorías externas y a atender riesgos como el robo de identidad y la integridad de las bases de datos.Por su parte, Débora Carrizo, quien presentó su panel de forma digital, versó acerca de la tokenización de activos tangibles como el nuevo lenguaje financiero, y Jorge López Farjeat habló del emergente concepto del Internet del valor, capaz de transferir activos digitales con la misma velocidad y seguridad que hoy se comparte información en la red.El cierre estuvo marcado por reflexiones sobre los pagos digitales y la ciberseguridad a cargo de Carlos Castillo Perera, fundador de Chipipay, y Ricardo Tapia, quienes advirtieron sobre el crecimiento de fraudes y hackeos en la era fintech.Por último, Josué González Martínez, Daniel Salas Torres y Juan Carlos Santillán expusieron las consideraciones fiscales que persisten en torno a los activos digitales, especialmente en su tratamiento en ISR y en el ajuste anual por inflación de acuerdo con las leyes vigentes.
El 18 de septiembre, el Colegio fue sede de la conferencia IVA en las plataformas tecnológicas, con la colaboración de la Universidad Anáhuac, donde se dieron a conocer los servicios digitales que son sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sus implicaciones prácticas para prestadores y usuarios.El espacio fue precedido por Mario Ramón Escobosa Barojas, contador público certificado y catedrático de la Anáhuac. Al comienzo de la conferencia, el ponente señaló que el pago de impuestos en México cada vez es más complejo, por lo que mantenerse actualizado es fundamental.Para contextualizar, actualmente se encuentra en vigencia el Plan maestro del SAT, una estrategia que busca reforzar la recaudación sin crear ni aumentar impuestos. Para conseguirlo, se han prohibido condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, combatido al fraude y potenciado la modernización tecnológica. Según comenta Escabosa, el plan ha resultado provechoso hasta ahora, ya que la recaudación representa una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno mexicano y ha alcanzado un mayor volumen de recaudación, pero sin incrementar la cantidad de contribuyentes.En este contexto ocurren los ajustes realizados mediante la regla 3.7.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el 28 de julio, que reforman las obligaciones fiscales derivadas del comercio mediante plataformas digitales. Actividad que, según comenta el ponente, cuenta con una penetración de mercado del 84% en México y ubica a Latinoamérica como la segunda región con mayor crecimiento de este comercio durante el 2024.La reforma busca combatir limitar la exención fiscal que era aprovechada por plataformas de comercio digital para reducir la cantidad de impuestos generados por esta actividad, produciendo una competencia desleal con la industria local al aprovechar los “minimis”, umbrales de tolerancia que permitían importar productos sin generar impuestos adicionales debido a la mínima aportación que suponía.Con estos cambios, las mercancías que no superen el valor de 1 dólar estadounidense seguirán sin generar IVA ni impuestos aduanales; pero si su valor se coloca entre 50 a 117 dólares producirá un 17% en estos impuestos o un 19% si excede ese umbral. Según comenta Escobosa, este cambio ya se ve reflejado en el consumidor, pero se espera que su presencia quede de manifiesto durante los próximos meses, ya que algunas empresas han comenzado a absorber estos impuestos, pero dejarán de hacerlo paulatinamente.Para finalizar su sesión, el ponente dio algunos ejemplos donde quedaron de manifiesto estos cambios que producirán, en términos generales, un aumento de precios en los productos importados mediante plataformas comerciales digitales, especialmente con insumos provenientes de naciones que carezcan de tratados comerciales con México.
El Colegio, en colaboración con la comisión Fiscal, presentó este 17 de septiembre el foro Iniciativa Fiscal para 2026, evento que reunió a destacados panelistas que presentaron las implicaciones y reformas fiscales propuestas en el Paquete Económico del Gobierno para el próximo año.En la presentación, Rodrigo Ramírez Venegas, uno de los panelistas, inició con las presentaciones destacando que la actual administración presentó, ante el Congreso de la Unión, su Paquete Económico para 2026, el cual establece un plan de ingresos y gastos para el país. El especialista enfatizó que este paquete no solo detalla las expectativas de recaudación, sino que también incluye cambios en diversas leyes fiscales para garantizar un sistema más equitativo y ordenado en el pago de impuestos.En particular, habló sobre la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), que grava ciertos bienes y servicios considerados nocivos para la salud y el medio ambiente. A manera de ejemplo, mencionó que se propone una cuota de $1.1584 por cada cigarro enajenado o importado, lo que refleja un esfuerzo por desincentivar el consumo de tabaco. Además, comentó que se introducirán nuevos gravámenes a edulcorantes y a juegos de azar.Por su parte, María Enriqueta Mancilla Rendón continuó la charla enfocándose en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; explicó que, según el artículo 42, el Ejecutivo debe enviar al Congreso un documento detallado con los objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas, tales como el crecimiento, la inflación, la tasa de interés y el precio del petróleo.Al respecto, destacó la importancia de este procedimiento para asegurar la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Además, mencionó que el documento debe incluir una enumeración de los programas prioritarios y sus montos, lo que permitirá una evaluación más clara de cómo se utilizarán los fondos públicos en beneficio de la sociedad.Siguiendo con las presentaciones, Juan Alberto Torres Romero abordó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), centrándose en el sistema financiero. Destacó que se implementará una deducción del 25% de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aunque el resto de las cuotas no será deducible.De igual manera, anunció que se homologará el tratamiento de créditos incobrables para instituciones de crédito con el resto de los contribuyentes, eliminando el régimen especial establecido en la LISR.Para cerrar el foro, Luis Alberto Placencia Alarcón dialogó sobre la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF); resaltó que esta iniciativa es estructural y abarca un total de 43 artículos del CFF, lo que sugiere una revisión profunda de la legislación fiscal. La propuesta incluye 25 reformas, 17 adiciones y una derogación, lo que busca modernizar el marco fiscal mexicano y adaptarlo a las necesidades actuales de México.
