La Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta indispensable para el sector contable y financiero. Para profundizar en sus aplicaciones y cómo está cambiando la forma en se toman decisiones, se llevó a cabo el curso Herramientas para Inteligencia Artificial el 22 de agosto.
El curso estuvo centrado en la aplicación práctica de la IA, bajo la coordinación de las comisiones de Prevención de Lavado de Dinero y Tecnologías Financieras y Emergentes, y contó con la participación de Alejandro Méndez Rueda como ponente, quien fue recibido por los coordinadores Gilberto Jesús Morales Navarrete y Viridiana Gutiérrez López.
Durante su presentación, el contador Méndez Rueda destacó cómo la IA brinda nuevas capacidades de análisis para la toma de decisiones en un entorno económico cada vez más complicado. El objetivo del curso fue ofrecer una introducción a la IA y explorar sus aplicaciones en la contabilidad y la gestión financiera.
En la primera parte del curso, se discutieron los conceptos básicos de la IA, definiéndola como un conjunto de técnicas que imitan la inteligencia humana para automatizar tareas. Méndez Rueda explicó varias técnicas de IA aplicadas a la gestión financiera empresarial:
Sistemas expertos. Herramientas que simulan el pensamiento de expertos humanos para la toma de decisiones en áreas como auditoría o análisis de inversiones. Minería de datos: Una técnica esencial para extraer información valiosa de grandes volúmenes de datos.
Redes neuronales. Se describieron sus arquitecturas y cómo se diferencian del cerebro biológico, mostrando su potencial para el análisis complejo.
También se mencionaron otros conceptos como algoritmos genéticos, lógica difusa y la teoría de los conjuntos aproximados (rough sets).
Por último, el contador Alejandro Méndez rueda destacó cómo la inteligencia artificial puede transformar la contabilidad al hacerse cargo de tareas rutinarias y mejorar la precisión de los datos. “Esto permitirá a los contadores concentrarse en actividades de mayor valor, como el análisis predictivo y la gestión de riesgos, lo que a su vez impulsa una toma de decisiones más eficiente y adecuada”, concluyó.
El curso cerró con la entrega de certificados virtuales.
Eventos recientes
Pensar como empresarios, analizar escenarios y tomar decisiones con información limitada fueron algunos de los retos que enfrentaron estudiantes universitarios durante la segunda edición del Simulador de Negocios, una experiencia que en esta ocasión puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos para el futuro del país: la seguridad hídrica.Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, dio la bienvenida a los participantes y destacó que el simulador representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, así como para desarrollar una habilidad fundamental en el ámbito profesional: la toma de decisiones.La presidenta invitó a los estudiantes a aprovechar la experiencia para analizar escenarios, trabajar en equipo, defender sus ideas y aprender de las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, los exhortó a mantener un vínculo cercano con el Colegio desde su etapa universitaria y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ofrece la institución.En esta edición, bajo el concepto “Proyecto Esmeralda: construyendo la seguridad hídrica de México”, los equipos asumieron el reto de diseñar un modelo de negocio que justificara una inversión privada de 250 millones de dólares para impulsar proyectos de infraestructura hídrica hacia 2035.Como parte del desafío, los participantes analizaron las condiciones del Estado de México, Nuevo León y Sonora para determinar dónde tendría mayor viabilidad su proyecto, considerando aspectos financieros, sociales, ambientales y de riesgo. Entre las alternativas se encontraban plantas de tratamiento y reúso de agua, infraestructura inteligente para reducir fugas, sistemas regionales de almacenamiento y distribución y plantas desalinizadoras.La competencia se desarrolló en tres etapas: desarrollo de la propuesta, exposición ante el jurado y una fase final de justificación mediante preguntas y respuestas. Los equipos pusieron a prueba sus conocimientos en herramientas como VAN, TIR, ROI, Payback, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad, además de incorporar elementos de impacto social, sostenibilidad y análisis de riesgos.En esta edición participaron estudiantes de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Universidad Tres Culturas – Campus Atizapán, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) – Campus Escuela Superior de Zimapán, Universidad Panamericana (UP), UNAM – Facultad de Contaduría y Administración e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) – Campus Ciudad de México.La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de las comisiones de Finanzas y Sistema Financiero y Sector Empresarial, encabezado por Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria.Tras analizar las propuestas y el desempeño de los equipos, los resultados fueron:Primer lugar: Universidad de Ixtlahuaca CUISegundo lugar: UNAM – Facultad de Contaduría y AdministraciónTercer lugar: Universidad Panamericana (UP)El evento contó con el patrocinio de CONTPAQi® y tuvo como maestro de ceremonias a Víctor Manuel Pérez Ruiz, quien también fue el encargado de cerrar las actividades.
Una decisión fiscal mal sustentada puede convertirse en un riesgo para toda la empresa. Con esta premisa como punto de partida, el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el evento Importancia de la asesoría fiscal en la empresa, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, donde especialistas en materia administrativa y tributaria analizaron los desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir contingencias, responder ante las autoridades y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. La sesión fue coordinada por Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, y reunió a Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada anticorrupción; Javier Ramírez Jacintos, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Susana Mireles Arreola, especialista fiscal independiente, y Jorge García González, socio en Mancera.Durante su participación, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía explicó el alcance de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su aplicación para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas. Al abordar la responsabilidad de servidores públicos y particulares, detalló las etapas de investigación, substanciación y resolución, así como la intervención de los Tribunales de Justicia Administrativa en los casos de faltas graves. También señaló que las sanciones pueden incluir multas, inhabilitaciones y, tratándose de personas morales, la suspensión de actividades o disolución de sociedades.En este contexto, la magistrada destacó la importancia de que las empresas cuenten con políticas de integridad que contemplen manuales de organización, códigos de conducta, sistemas de control, mecanismos de denuncia y capacitación. Asimismo, mencionó las medidas cautelares previstas en el marco legal y la posibilidad de reducir sanciones mediante la confesión de responsabilidad, subrayando la necesidad de que las organizaciones conozcan las obligaciones y responsabilidades que pueden derivarse de sus actuaciones.Por su parte, Javier Ramírez Jacintos llevó la conversación al terreno de la defensa fiscal y explicó los principales recursos con los que cuentan los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades. En su exposición, puso especial énfasis en el soporte probatorio y la materialidad de las operaciones, elementos fundamentales durante los procesos de fiscalización. Más adelante, analizó las alternativas disponibles, entre ellas el recurso administrativo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo, además de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.A su vez, Susana Mireles Arreola centró su intervención en el cumplimiento cotidiano y la identificación de riesgos dentro de las empresas. Comentó la importancia de revisar la situación fiscal de los socios, el manejo adecuado de los CFDI y las obligaciones formales, al tiempo que destacó el potencial de la inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo. También hizo referencia al Plan Maestro 2026 del SAT y a sus líneas de atención sobre prácticas como la simulación de operaciones y el uso de pérdidas fiscales, así como al papel de la inteligencia de datos para fortalecer la fiscalización y combatir la evasión.Hacia el cierre del encuentro, Jorge García González abordó la prevención de riesgos fiscales desde la perspectiva de las prácticas indebidas, la ética profesional y el control interno. Analizó las medidas para combatir operaciones inexistentes o sin razón de negocios y enfatizó que la asesoría debe sustentarse en una base creíble de las disposiciones legales, sin participar en conductas ilícitas como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Finalmente, como parte de su intervención, planteó la actualización de los controles internos, la revisión de las operaciones, la congruencia de la información presentada a las autoridades y la capacitación continua como elementos esenciales para anticipar contingencias.
Con el objetivo de hablar sobre los criterios jurisdiccionales para anticipar riesgos, fortalecer el cumplimiento fiscal y sustentar adecuadamente una posición ante autoridades, la comisión de Contribuciones Locales del Colegio llevó a cabo el foro Tesis y jurisprudencias en materia de contribuciones locales.Durante el encuentro, presentado este 7 de septiembre, los especialistas abordaron las bases constitucionales de la coordinación fiscal, los medios administrativos y jurisdiccionales de defensa frente a actos de autoridades locales, así como los criterios normativos aplicables a los gravámenes de carácter estatal y municipal.En su intervención, Sergio Ríos Alonso analizó la distribución de facultades tributarias dentro del pacto federal. Explicó que el Sistema de Coordinación Fiscal busca articular la hacienda pública entre la Federación, las entidades federativas y los municipios mediante la distribución de participaciones y reglas de colaboración administrativa.Al contextualizar este marco en los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Política, destacó el principio de facultades reservadas a los estados respecto de aquello no conferido expresamente a la Federación. Asimismo, expuso el alcance del artículo 115 constitucional, precisando la autonomía municipal para la administración de su hacienda pública, integrada principalmente por tributos sobre la propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos por servicios públicos, elementos clave para la correcta delimitación de la competencia fiscal local.Por su parte, Emiliano Fajardo Sotelo abordó las vías procedimentales de medios de defensa frente a actos tributarios subnacionales, detallando la naturaleza y substanciación del recurso de inconformidad como mecanismo administrativo de revisión ante la propia autoridad emisora.Al respecto, subrayó los requisitos formales esenciales para su procedencia, así como sus etapas procesales que concluyen con la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado.En tanto, Rodrigo Farías García expuso un panorama sobre los gravámenes locales de mayor impacto operativo para las organizaciones y los criterios jurisprudenciales vigentes emitidos por los tribunales federales. Centró su análisis en la interpretación judicial del impuesto sobre nóminas, los derechos por servicios públicos y aprovechamientos, el impuesto predial, así como el marco regulatorio y los pronunciamientos recientes relativos a los impuestos ecológicos adoptados por diversas entidades federativas.La encargada de cerrar el foro fue la contadora Laila Yarina Moreno, quien remarcó la importancia de mantener una actualización permanente respecto a las tesis y criterios jurisprudenciales.
