Dos tópicos que se han convertido en tema de conversación dada la coyuntura es la fiscalización y el nearshoring, pues por un lado el SAT ejerce sus facultades de revisión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y por otro lado, el nearshoring es la estrategia que se ha retomado para que una empresa transfiera parte de su producción a terceros, pero que se encuentran en países cercanos al nuestro.
En este sentido, las comisiones técnica y desarrollo Fiscal y Fiscal 2 en el Colegio realizaron el evento Actualidades en la fiscalización y decreto Nearshoring el 6 de noviembre, y que contó con las fabulosas participaciones de los comisionados Alfonso García Campos, Graciela Rojas Mejía, Arturo Halgraves Cerda y Ariana Elizabeth Martínez Molina.
Por lo que se refiere al tema de Resoluciones actuales de los tribunales en materia fiscal y su implicación en los impuestos, el abogado Alfonso García y la contadora Rojas Mejía argumentaron que se ha observado un aumento en el número de resoluciones en materia fiscal, probablemente por varios factores, como la complejidad creciente de las leyes fiscales y el aumento de las facultades de las autoridades fiscales con la finalidad de una mejor integración de expedientes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fundar y motivar los litigios a los contribuyentes.
“Las resoluciones pueden modificar la interpretación de las leyes fiscales, lo que puede tener un impacto significativo en la recaudación de impuestos. Por ejemplo, la recién emisión de la jurisprudencia en materia de la compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Estar al tanto de las resoluciones en materia fiscal, toda vez que pueden impactar en la determinación de las contribuciones o en mayor carga fiscal”, comentaron.
Con referencia a los Aspectos generales del decreto para el nearshoring y las Consideraciones fiscales del decreto para el nearshoring, el contador Arturo Halgraves habló del decreto Nearshoring, por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación, que entró en vigor el 12 de octubre de este 2023.
“El decreto se basa en los siguientes criterios: alta productividad en el crecimiento del producto interno bruto; vocación exportadora; impacto del sector en la economía por conducto de efectos multiplicadores; aumento en la demanda; dado el incremento de las exportaciones de productos de México hacia Estados Unidos de América como consecuencia de una potencial reducción del flujo comercial desde otras regiones”.
De igual forma listó algunos de los objetivos de dicho decreto: fomentar la competencia interna de los sectores productivos; impulsar la inversión en sectores estratégicos; contribuir al crecimiento económico del país; fortalecer la posición de México en el contexto internacional; pues al dirigir los estímulos fiscales hacia las empresas exportadoras se promueve la competitividad, la innovación y la inversión en tecnología.
“Lo que contribuye a la generación de empleo, atrae inversión extranjera directa e incremento del ingreso de divisas al país; además, mejora la balanza comercial; aumento en la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país, ya que se busca impulsar el crecimiento económico al aprovechar el potencial de México en sectores clave de la industria exportadora”.
Por último, Arturo Halgraves agregó, en materia fiscal, que el nearshoring aplica a las personas morales del régimen general y del régimen simplificado de confianza; las personas físicas que tributen en el régimen de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, siempre y cuando se dediquen a la producción, elaboración, o fabricación industrial de los bienes que se señalan y además los exporten.
Eventos recientes
Durante el último día de la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrado el 23 de mayo, se llevó a cabo un panel titulado Importancia de la implementación de la ciberseguridad en los procesos de auditoría, en el que Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, reflexionaron sobre el papel de las tecnologías emergentes en la administración pública, destacando su impacto en la eficiencia, la fiscalización y la necesidad urgente de implementar medidas de ciberseguridad en los procesos de auditoría.En ese sentido, Martínez Ansúrez abrió el panel destacando cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o la minería de datos han generado una redefinición y cambios de paradigma en torno a fenómenos que exigen repensar el papel del gobierno en una sociedad cambiante. “La administración pública debe ser capaz de adaptar e incorporar los cambios que posibilitan las nuevas herramientas y tecnologías”.En su análisis, Martínez enfatizó que estas tecnologías no deben entenderse únicamente como instrumentos, sino como parte integral de los valores que orientan la acción pública: “Se trata de introducir el deber en el poder… contener el poder que los seres humanos tienen para incidir sobre su medio y sobre sí mismos a partir del establecimiento y respeto de consideraciones de índole ético”.Sobre el impacto en la fiscalización, subrayó que estas herramientas permitirán auditorías más rápidas, precisas y efectivas y que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permitirán una más precisa y detallada lectura de grandes volúmenes de datos, lo que aumentará la transparencia y la confianza en los procesos de auditoría.Por su parte, Ramírez Fernández del Castillo, abordó el tema de los riesgos asociados al avance tecnológico. Comentó que hay un riesgo importante que no podemos dejar de lado: la ciberseguridad. “El incremento de los ciberataques se ha dado en una forma exponencial, por lo que la ciberseguridad debe estar dentro de los tres primeros riesgos que todo director o contralor debe considerar”.Ramírez alertó sobre la brecha entre la preocupación y la preparación ante los riesgos digitales. “Si del 56% están preocupados, solamente el 34% en México están preparados para esto. En el ámbito de la administración pública, la brecha podría ser aún mayor”.Además, destacó la urgencia de una regulación eficaz. “La ley de ciberseguridad de la Ciudad de México es un paso adelante, pero es necesario extender este marco a nivel federal. Las regulaciones deben traducirse en inversiones reales en infraestructura, controles y gobernanza”.En su cierre, remarcó que las tecnologías llegaron para quedarse y los hackers también. Por eso, expresó que pensar en ciberseguridad desde la institución, la empresa y hasta lo personal, es una necesidad urgente. “Y, como suelo decir, detrás de una gran tecnología, hay una gran mujer: la ciberseguridad”.
Esta tarde, el Colegio llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con el objetivo de fortalecer la capacitación y el desarrollo profesional en el ámbito de la administración pública.El evento tuvo lugar en las instalaciones del Colegio y contó con la presencia de Adolfo Ramírez, presidente del Colegio; María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; e integrantes de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, quienes coincidieron en la relevancia de esta alianza para robustecer la calidad de los servicios públicos y promover la profesionalización en cada sector.Por su parte, Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del INAP, subrayó la importancia de trabajar en conjunto para implementar programas de formación y actualización que respondan a las necesidades actuales de los servidores públicos.Este convenio, entre otros beneficios, permitirá el intercambio de conocimientos, programas de desarrollo institucional, asesoría técnica y la creación de proyectos conjuntos que beneficiarán a los profesionales del sector. Ambos presidentes coincidieron en que este acto es un paso significativo hacia la mejora continua de la administración pública.Con la firma de este convenio, el Colegio refrenda su compromiso con la búsqueda de mejores prácticas y una administración eficiente y transparente.
Cuidar nuestra información personal es fundamental para evitar caer en fraudes. El robo de identidad, que es una de las formas más comunes de ciberdelincuencia, se puede prevenir si tomamos ciertas precauciones y nos informamos sobre cómo operan los hackers. Con esta creciente preocupación, el Colegio organizó el 23 de mayo la conferencia titulada Prevención y medidas en el robo de identidad. Este evento contó con la participación de los contadores David Henry Foulkes Woog y Alejandro Méndez Rueda, integrantes de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio. El contador Foulkes Woog, ponente de la conferencia, explicó que el robo de identidad es un delito que implica la sustracción de información personal con el objetivo de cometer algún tipo de fraude. "Este delito incluye varios tipos de robo de identidad, que van desde el despojo de dinero hasta el uso indebido de los datos de la víctima. Robar una identidad puede ser tan simple como hackear una cuenta de redes sociales o tan complicado como presentar declaraciones fiscales en nombre de la víctima; todo esto se ve facilitado por la fácil disponibilidad de información personal en Internet", detalló. En este contexto, el robo de identidad a menudo se convierte en fraude de identidad, que se clasifica en cuatro tipos principales: financiero, delictivo, médico e infantil. Además, hay otras modalidades como las estafas de alquiler, de empleo, de impostor gubernamental, de negocios y de asistencia técnica.En palabras del expositor, el robo de identidad es un delito tipificado como un hecho ilícito. Dado que generalmente se produce por Internet, también se le conoce como ciberdelito, y, por lo tanto, a quien delinque de esta manera se le denomina ciberdelincuente."Estos ciberdelincuentes buscan la información confidencial de los usuarios para 'secuestrar' sus cuentas, comprar bienes o servicios, solicitar préstamos y otros créditos, conseguir documentos legales en su nombre, entre otras fechorías", explicó.Para evitar ser víctima de este delito de robo de información, es indispensable tener presentes los diferentes tipos de ataques como el phishing, pharming, malware, y el hackeo del correo electrónico y del Wi-Fi. Además, se recomienda no visitar páginas que no cuenten con el protocolo HTTPS. El contador Foulkes exhortó a cambiar las contraseñas con frecuencia.Por último, el robo de identidad fiscal ocurre cuando alguien utiliza información personal como el RFC, la e-firma o el número de seguridad social para realizar trámites ante las autoridades fiscales. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos, cobrar saldos a favor, solicitar créditos fiscales o emitir CFDI con operaciones falsas, por mencionar algunos ejemplos."Si te has convertido en víctima de robo de identidad, denuncia ante las autoridades correspondientes: el Ministerio Público, el sistema financiero, la Condusef y la Prodecon", concluyó el expositor.
