Bajo el nombre Temas Selectos de Contribuciones Locales, la comisión especializada en la materia organizó este foro del 11 al 13 de marzo, donde se ofreció un panorama de las tendencias y aspectos clave de los impuestos estatales.
Entrando en tema, Miguel Castañeda Villalobos habló sobre el impuesto sobre nóminas, destacando su relevancia como una fuente de ingresos para los estados y su aplicación en la retención de salarios y otros conceptos relacionados con el trabajo personal subordinado.
En esa línea, dialogó acerca de las obligaciones de los sujetos del impuesto, así como la base gravable y las tasas aplicables en diversos estados de México durante los años 2023 y 2024. Además, examinó la figura de la retención del impuesto sobre nóminas, especificando los sujetos, las ubicaciones y las bases para su aplicación en distintos estados, junto con las recomendaciones para un control adecuado por parte de los contratantes de los servicios de personal.
Durante su participación, compartió ejemplos específicos de estados como San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Estado de México, donde resaltó las disposiciones legales y los procedimientos para la retención y el entero del impuesto, incluyendo la emisión de constancias correspondientes.
Para dialogar sobre el análisis fiscal estatal en el teletrabajo, Enrique Augusto Zamora Paredes contextualizó cómo la pandemia de COVID-19 ha transformado las relaciones laborales a nivel mundial, resaltando el aumento exponencial del teletrabajo. Para ello se revisó el marco legal en México, desde la reforma de la Ley Federal del Trabajo en enero de 2021 hasta la entrada en vigor de la NOM-037-STPS-2023 en diciembre de 2023, así como las obligaciones tanto de los patrones como de los trabajadores en esta modalidad laboral.
Externó que, debido a los cambios en las leyes federales y locales, y considerando la naturaleza del teletrabajo como una provisión de herramientas para llevar a cabo las actividades laborales, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos, es factible que en algunas entidades federativas los pagos asociados al teletrabajo puedan quedar fuera de la base del impuesto a los pagos por nómina, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos laborales y fiscales correspondientes. En este sentido, subrayó la necesidad de analizar detalladamente cada legislación estatal para determinar la situación específica en cada caso.
Respecto a los estímulos y subsidios emitidos por las autoridades locales en la Ciudad de México, Jazmín Vera Montes de Oca, compartió una serie de reducciones y beneficios fiscales proporcionados por el Gobierno de la CDMX a diversos grupos de contribuyentes para fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y promover acciones que beneficien a la población.
Estos estímulos abarcan diferentes áreas como el Impuesto Predial, el Impuesto sobre Nómina, y los Derechos por el Suministro de Agua. Entre los beneficios se incluyen reducciones del impuesto predial para actividades agrícolas, restauración de inmuebles, iniciativas ambientales y de desarrollo tecnológico, así como incentivos para la contratación de empleados, la inversión en equipamiento e infraestructura, y la realización de obras públicas.
Informó que el procedimiento para solicitar estas reducciones fiscales implica presentar la documentación necesaria ante la Secretaría de Desarrollo Económico, cumpliendo con requisitos específicos y siguiendo un proceso de revisión por parte de las autoridades competentes. Apuntó que las reducciones se aplicarán durante el ejercicio fiscal vigente y no procederán en caso de haber interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de las contribuciones. Además, enfatizó que no se permitirá la acumulación de beneficios fiscales para un mismo concepto y ejercicio fiscal, excepto en el caso del pago anual anticipado del impuesto predial.
En su turno, Gaspar Cerón González abordó el tema del impuesto predial y sus aspectos relevantes para su revisión, destacando su fundamento legal según lo establecido en la Constitución Mexicana en el artículo 31-IV, que indica la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público.
Mencionó que dentro de los impuestos aplicados a quienes obtienen ingresos en territorio nacional se encuentra el impuesto predial, regulado por el Código Fiscal de la Ciudad de México, donde el artículo 8 establece quiénes están obligados al pago, incluyendo tanto a personas físicas como morales que sean propietarias de inmuebles, y el artículo 9 detalla las obligaciones principales de los contribuyentes, como inscribirse al padrón, declarar y pagar el impuesto derivado del valor catastral, entre otros. Además, se menciona la necesidad de determinar el valor catastral con base en el valor de mercado del inmueble, así como la clasificación del suelo según su ubicación y uso, con distintas categorías que afectan la determinación del impuesto.
En cuanto a la determinación del valor catastral, hizo hincapié en considerar aspectos como el uso habitacional o no habitacional, así como los diferentes tipos de suelo y áreas de valor. “Los contribuyentes deben identificar los datos de las cuentas catastrales, incluyendo el avalúo vigente y deméritos para la revisión del dictamen”.
Por otra parte, Verónica Luis Mojica profundizó en el dictamen del contador público y sus obligaciones en la elaboración del informe de Contribuciones Locales. En ese sentido, charló sobre los plazos de presentación en diversas entidades federativas de México, junto con los supuestos para dictaminar en la Ciudad de México, según el Artículo 58 del Código Financiero local.
Revisó los elementos fundamentales del informe, incluyendo el marco legal que rige las normativas de auditoría, con énfasis en la transición de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), estableciendo los tipos de trabajo como auditoría, atestiguamiento, revisión y otros servicios relacionados.
Además, proporcionó una comparativa entre el dictamen según las NIA y el informe específico para la Ciudad de México, detallando las responsabilidades del contador público, los aspectos clave de auditoría y las manifestaciones fiscales necesarias.
Continuando con el programa, Rodrigo Farías García fue el encargado de hablar sobre los impuestos ecológicos y su obligatoriedad en los estados abordando una amplia gama de medidas implementadas en 15 entidades federativas de México. Refirió que estos impuestos se centran en la extracción de materiales, transporte, emisión de gases y contaminantes, así como el depósito de residuos, para ello, compartió ejemplos detallados de cada uno.
Comentó que la jurisprudencia de la SCJN se presenta para clarificar competencias y límites legales. “Se observa una tendencia hacia la autonomía estatal en la regulación tributaria ambiental, sugiriendo que este modelo podría replicarse en más entidades federativas, acompañado de un enfoque en auditorías para garantizar la eficacia y transparencia en el uso de estos recursos”, externó.
Durante la plática, externó cómo cada estado ejerce su autonomía en la regulación de impuestos ecológicos, estableciendo diferentes tarifas y condiciones según sus necesidades y recursos naturales. “Esta tendencia sugiere un movimiento hacia la adopción generalizada de este tipo de impuestos en todo México, reflejando una preocupación creciente por la protección del medio ambiente a nivel local”.
Por otro lado, José Eduardo Beristain Martínez abundó acerca de la atención de requerimientos e invitaciones en materia local, por lo que abordó el fundamento legal de los requerimientos fiscales, destacando la posibilidad de imponer multas y requerir información hasta en tres ocasiones, así como la facultad de rectificar errores en declaraciones y solicitudes.
Resaltó la conveniencia de las cartas invitación o exhortos utilizados por las autoridades hacendarias para fiscalizar a contribuyentes, gracias a la sistematización de procesos y la implementación de tecnología, lo que permite acciones más dirigidas y eficientes. Hizo hincapié en la importancia de atender estas comunicaciones como muestra de cooperación, aunque no generen una obligación inmediata de respuesta o pago.
El expositor detalló el proceso de aclaración de discrepancias fiscales a partir de las cartas invitación, destacando la validación de la legitimidad del documento, la identificación de fechas y datos relevantes, así como el acceso a la información mediante códigos QR y páginas web específicas.
Para cerrar las participaciones del curso, César Martínez Hernández centró su participación en el tema del impuesto cedular, destacando su fundamentación legal en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), específicamente en el Capítulo IX sobre las participaciones a las entidades federativas.
Explicó que este impuesto permite a las entidades federativas establecer gravámenes sobre los ingresos obtenidos por personas físicas en diversas actividades, como la prestación de servicios profesionales, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, la enajenación de bienes inmuebles y actividades empresariales, siempre y cuando cumplan con ciertas características.
Se compartieron ejemplos de entidades federativas que ya aplican este impuesto, así como aspectos importantes como las tasas impositivas y las retenciones por parte de personas morales. Asimismo, resaltó aspectos a vigilar del impuesto cedular, como las retenciones, las constancias de retención, las exenciones, los sujetos exentos, los responsables solidarios y las sanciones aplicables.
Eventos recientes
Bajo con el apoyo de la comisión técnica de Contribuciones Locales, el 8 de agosto se presentó en el colegio el curso Saldos a favor en impuestos locales: medios de defensa y marco legal, donde se reunieron a expertos en materia para compartir información de utilidad para entender los saldos a favor, recomendaciones para darle seguimiento a su petición y medios de defensa al alcance del contribuyente.Para comenzar, Laila Yarina Moreno Sotelo, abrió con una premisa fundamental sobre el saldo a favor: “En nuestro sistema tributario, los contribuyentes no solo tienen la obligación de cumplir con el pago de impuestos, también tienen derecho a recuperar recursos cuando han pagado en exceso o de forma indebida”. Así, la devolución y compensación de saldos a favor tiene su fundamento en los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación (CFF); pero no se reduce a esa base, ya que cada estado tiene sus propias reglas, plazos y requisitos.Posteriormente, la expositora desarrolló las normativas específicas de Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz; en ese recorrido, quedó demostrado que, a pesar de fundamentarse en un punto común, cada estado tiene diferencias en sus plazos procesos de solicitud y sus requisitos. Emiliano Fajado Sotelo continuó con su ponencia para desarrollar los medios de defensa al alcance del contribuyente en contra de las solicitudes de devolución en la Ciudad de México. El primero de ellos es el juicio contencioso administrativo, que procede contra la respuesta o silencio de la autoridad ante la solicitud de devolución de una contribución efectuada por el contribuyente, medio de defensa de dos instancias que, en caso de no alcanzar su resolución favorable da lugar a la promoción de un juicio de amparo directo. Por otro lado, para juicios sin sentencias definitivas que puedan violar los derechos fundamentales o causar perjuicios a los contribuyentes, puede proceder un amparo indirecto.Finalmente, Sergio Alejandro Ríos Alonso explicó el recurso de revocación al que puede accederse desde la Ciudad de México, con sustento en el artículo 443 del Código Fiscal de la Ciudad de México (CFCDMX), un recurso optativo y aplicable para actos o resoluciones administrativas definitivas que puede tramitarse y resolverse en línea o de forma presencial.
Del 4 al 7 de agosto, el Colegio se convirtió en el escenario para el debate y la reflexión sobre la seguridad social y laboral en México, al albergar el 31.º Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social (FONESS); evento que reunió a destacados funcionarios del gobierno, expertos y profesionales del sector para analizar las expectativas, resultados, desafíos y oportunidades en la materia.Entre las figuras gubernamentales presentes, destacó la participación de Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección Jurídica del IMSS; Fernando Jordan Siliceo del Prado, director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Jorge Quiroz Téllez, gerente de Recaudación y Cobranza Fiscal del Infonavit. Su presencia subrayó la importancia de la colaboración entre las autoridades y los especialistas en la materia.Durante el foro, se discutieron temas cruciales como el Programa de Inspección Federal del Trabajo 2025, el cual busca fortalecer la vigilancia y cumplimiento de las normativas laborales; al respecto, Siliceo del Prado informó que, entre 2019 y 2024, la STPS realizó más de 236 mil inspecciones a los centros de trabajo, de las cuales fueron vigiladas las condiciones de 27 millones de personas trabajadoras, “resultado de una mejora en la eficiencia de la inspección federal”, remarcó.Además, puntualizó que, bajo la meta de reducir los gastos operativos de la STPS, se migrará a un mecanismo de notificaciones electrónicas, tal como las realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su buzón tributario. “Con esto, se ahorrarían 2.7 millones que representan 17% del gasto en notificaciones”, remarcó.Asimismo, se abordaron las reformas laborales y su impacto en el ámbito social, ofreciendo un balance de los resultados obtenidos hasta la fecha y las perspectivas legislativas futuras, a cargo de Norma Gabriela López Castañeda, Yareni Varinia Villareal Camero, jefa de Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos en el IMSS, y Jesús Mendoza Huelgas, coordinador de Asuntos Contenciosos en el IMSS. De igual forma, dialogaron sobre los avances en la modernización jurídica en el instituto, así como los mecanismos alternativos y la responsabilidad patrimonial.Otro de los puntos destacados fue la presentación de Pedro Ordorica Leñero, especialista jurídico y en seguridad social, y Juan Manuel Jiménez Illescas, exmagistrado de sala regional y de la sala superior del TFJA; quienes hablaron sobre las características del compliance tributario en la seguridad social para lograr una gestión empresarial responsable y realizaron un análisis del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el que examinaron su evolución, problemáticas actuales y posibles escenarios de la reforma.En más actividades del FONESS, Jorge Quiroz Téllez presentó las principales consideraciones derivadas de la modificación al artículo 29 de la Ley del Infonavit, la cual es vigente a partir de julio de 2025; sobre el punto, comentó que, al eliminarse la suspensión de la obligación de realizar el descuento, el empleador debe aplicar el monto completo indicado en el aviso de retención sin hacer reducciones proporcionales.Por su parte, Carlos Alberto González Calvo, gerente de Operaciones de la Cuenta en el Infonavit, compartió los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, entre los que destacó las aportaciones a la subcuenta de vivienda y el mecanismo de ahorro. En este tenor, Perla María Márquez Martínez y Santiago Gutiérrez Villarruel, de la gerencia Sr. de Fiscalización en el Infonavit, versaron sobre las características del aviso para presentar el dictamen Infonavit, así como la revisión de papeles de trabajo como parte de las facultades de revisión de la autoridad.La tercera jornada culminó con una destacada conferencia a cargo de Gabriela Garza Valdez y Luis Eduardo Jiménez Torres, de la Gerencia Sr. de Fiscalización del Infonavit, junto a Fernando Tapia Díaz, de la Gerencia de Facturación Fiscal. Durante su presentación, se abordaron las más recientes actualizaciones sobre el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB), que busca optimizar la regulación y control de la subcontratación en el ámbito laboral.Garza Valdez y Jiménez Torres enfatizaron la importancia de este sistema para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social por parte de las empresas que recurren a este modelo de contratación.También, los ponentes discutieron aspectos relevantes de los avisos de crédito, proporcionando a los asistentes información valiosa sobre su manejo y las implicaciones que tienen en la fiscalización.En su participación, Gabriel Omar Cabello León, titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos del IMSS, presentó importantes detalles sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.Cabello León explicó las características y objetivos de este fondo, diseñado para mejorar la calidad de vida de los pensionados y garantizar un ingreso digno en la etapa de retiro. Durante su exposición, enfatizó las condiciones necesarias para acceder al complemento que ofrece este programa.Respecto a la situación de trabajadores independientes, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, destacó que, en el país, 22.1% de la población ocupada, equivalente a 13.2 millones de personas, se encuentra en esta categoría. Dada esta cifra significativa, subrayó la importancia de facilitar el acceso al seguro social para estos trabajadores, quienes a menudo enfrentan retos únicos en su camino hacia la formalización.En su presentación, explicó los pasos necesarios para la incorporación, así como los beneficios que esta ofrece, incluyendo acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y seguridad en el retiro.Las participaciones fueron complementadas por Rolando Silva Briceño, Jorge Eugenio Martínez Vargas, miembros del Colegio; José Guadalupe Rodríguez Marentes, Nancy Berenice Robles Núñez, especialistas en la materia; y María Juana Ramírez Ortega, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos en el IMSS, y Luis Miguel Velázquez González, coordinador de Servicios Integrales en el IMSS; estos últimos versaron sobre las características, funciones e implementación del Buzón IMSS, respondiendo a las dudas de los asistentes, lo cual, fue la característica principal de esta edición del foro, pues dicha interacción permitió aclarar dudas y fomentar un intercambio de ideas sobre las mejores prácticas en la gestión de estos temas.
El 7 de agosto el Colegio contó con la presencia de la maestra Patricia Moles, especialista en sostenibilidad del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), quien presentó la conferencia Tendencias y Normas de Información de Sostenibilidad con el CINIF.Para comenzar, Moles mencionó que un reporte empresarial es una herramienta para comprender una entidad, por ello debe ser pensado de forma holística y prospectivo. Ante la preocupación por los riesgos sistémicos del cambio climático, se integran a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFSR) la consideración de los riesgos físicos y relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).Según comentó la ponente, de manera global “se reconoce la responsabilidad de reducir las emisiones con aplicación tecnológica, políticas públicas, políticas de recaudación y reducir el consumo energético para permitir la conservación del planeta”.En ese mismo sentido, operan las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) propuestas por el CINIF, ya que permiten identificar las métricas de 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) de cada actor en las cadenas de valor por parte de los usuarios de la información. Con esos datos se permite entender el estado de una entidad para atender problemáticas, identificar oportunidades y encaminarla a prácticas más sostenibles.Posteriormente, la ponente detalló la información a considerar por las NIS en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).Al respecto de los IBSO ambientales, los que suponen una mayor concentración de datos cuantitativos, Moles señaló la complejidad de la recopilación y obtención de los estos datos supone un reto que el CINIF decidió apoyar mediante la publicación de dos herramientas digitales; ambas pensadas desde la accesibilidad y la gratuidad, para que empresas de cualquier tamaño puedan emplearlas y así impulsar a la presentación de esta información.La primera herramienta es una calculadora de GEI, que mediante un cuestionario y un llenado de datos permite conocer las métricas de producción de CO2 directas e indirectas de una entidad. La segunda, permite el análisis de exposición a zonas de riesgo para la biodiversidad y la identificación de estrés hídrico.En conjunto, ambas propuestas proponen una perspectiva simplificada para que obtener estos datos suponga una carga menor en la entidad en relación con la ventaja que supone poseer esa información que, según concluyó Moles, supone una ventana para entender una empresa, sus riesgos, oportunidades y, con ello, elaborar un plan estratégico para su beneficio y la sostenibilidad del medio ambiente.
