El pasado 6 de marzo, el Colegio presentó el foro Contabilidad como parte del compliance en comercio exterior, evento al que se dieron cita Juan Antonio Castro Chávez, Leticia Yamel Cado Espinosa y Rosaura Aguilar Peña, integrantes de la comisión de Comercio Exterior. En dicho foro, se explicó cómo integrar un expediente fiscal para cumplir los requerimientos de la autoridad y conocer la importancia del data stage.
En la presentación, el contador Castro Chávez explicó, a grandes rasgos, en qué consiste, obligaciones y cuáles son las fases de las operaciones transfronterizas, así como el papel que desempeñan las aduanas; al respecto, informó que existen diferentes regímenes aduaneros como los definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
Al hablar acerca de las formalidades, el especialista refirió que el pedimento que se transmite electrónicamente a la autoridad aduanera debe estar acompañado de la factura, documentos RRNA, documento de transporte, certificado de origen, entre otros. Asimismo, se deben tener los atributos para la operación, padrón de importadores (general y sectorial), autorizaciones IMMEX, depósito fiscal para armar vehículos y duty free.
Por otro lado, los panelistas señalaron que, en el contexto actual del comercio exterior en México, el expediente electrónico aduanero es un conjunto de documentos digitales que deben ser presentados a las autoridades aduaneras para el despacho de mercancías. Este expediente está diseñado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y mejorar la eficiencia operativa.
Sobre ello, la licenciada Leticia Yamel Cado agregó que los documentos que integran el expediente aduanero son los pedimentos, lista de empaque y otros documentos de transporte, certificados de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias, documentos de valoración aduanera.
En virtud de lo anterior, los panelistas recomendaron el empleo del compliance aduanero, ya que, con este proceso, se pueden cumplir con las leyes y regulaciones aduaneras de un país y, de esta forma, proporcionar seguridad en la cadena de suministro, mejorar la eficiencia, reducir costos, mitigar riesgos aduaneros o fiscales.
Sobre el tema de la Certificación Operador Económico Autorizado (OEA), explicaron que es un programa voluntario diseñado con base en el marco safe de la Organización Mundial de Aduanas que implementa estándares mínimos de seguridad internacionalmente reconocidos.
“La autorización como OEA corresponde a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante quien debe someterse el programa de seguridad para las cadenas de suministro, a fin de obtener y mantener vigente la certificación y gozar de ciertos beneficios aduaneros y fiscales”, puntualizó Juan Antonio Castro.
De igual forma, compartieron los elementos para obtener la certificación EC1301, tales como la identificación de los riesgos de naturaleza administrativa, penal y patrimonial en materia aduanera y comercio exterior, así como su impacto y probabilidad; establecer controles y mitigantes a través de un programa de cumplimiento que permita prevenir y evitar los riesgos previamente detectados.
Concluyeron su participación señalando que, dada la relevancia del agente aduanal, la idoneidad de su perfil puede ser evaluada atendiendo a parámetros como experiencia, instalaciones, personal, certificaciones o herramientas tecnológicas.
Eventos recientes
El 18 de septiembre, el Colegio fue sede de la conferencia IVA en las plataformas tecnológicas, con la colaboración de la Universidad Anáhuac, donde se dieron a conocer los servicios digitales que son sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sus implicaciones prácticas para prestadores y usuarios.El espacio fue precedido por Mario Ramón Escobosa Barojas, contador público certificado y catedrático de la Anáhuac. Al comienzo de la conferencia, el ponente señaló que el pago de impuestos en México cada vez es más complejo, por lo que mantenerse actualizado es fundamental.Para contextualizar, actualmente se encuentra en vigencia el Plan maestro del SAT, una estrategia que busca reforzar la recaudación sin crear ni aumentar impuestos. Para conseguirlo, se han prohibido condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, combatido al fraude y potenciado la modernización tecnológica. Según comenta Escabosa, el plan ha resultado provechoso hasta ahora, ya que la recaudación representa una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno mexicano y ha alcanzado un mayor volumen de recaudación, pero sin incrementar la cantidad de contribuyentes.En este contexto ocurren los ajustes realizados mediante la regla 3.7.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el 28 de julio, que reforman las obligaciones fiscales derivadas del comercio mediante plataformas digitales. Actividad que, según comenta el ponente, cuenta con una penetración de mercado del 84% en México y ubica a Latinoamérica como la segunda región con mayor crecimiento de este comercio durante el 2024.La reforma busca combatir limitar la exención fiscal que era aprovechada por plataformas de comercio digital para reducir la cantidad de impuestos generados por esta actividad, produciendo una competencia desleal con la industria local al aprovechar los “minimis”, umbrales de tolerancia que permitían importar productos sin generar impuestos adicionales debido a la mínima aportación que suponía.Con estos cambios, las mercancías que no superen el valor de 1 dólar estadounidense seguirán sin generar IVA ni impuestos aduanales; pero si su valor se coloca entre 50 a 117 dólares producirá un 17% en estos impuestos o un 19% si excede ese umbral. Según comenta Escobosa, este cambio ya se ve reflejado en el consumidor, pero se espera que su presencia quede de manifiesto durante los próximos meses, ya que algunas empresas han comenzado a absorber estos impuestos, pero dejarán de hacerlo paulatinamente.Para finalizar su sesión, el ponente dio algunos ejemplos donde quedaron de manifiesto estos cambios que producirán, en términos generales, un aumento de precios en los productos importados mediante plataformas comerciales digitales, especialmente con insumos provenientes de naciones que carezcan de tratados comerciales con México.
El Colegio, en colaboración con la comisión Fiscal, presentó este 17 de septiembre el foro Iniciativa Fiscal para 2026, evento que reunió a destacados panelistas que presentaron las implicaciones y reformas fiscales propuestas en el Paquete Económico del Gobierno para el próximo año.En la presentación, Rodrigo Ramírez Venegas, uno de los panelistas, inició con las presentaciones destacando que la actual administración presentó, ante el Congreso de la Unión, su Paquete Económico para 2026, el cual establece un plan de ingresos y gastos para el país. El especialista enfatizó que este paquete no solo detalla las expectativas de recaudación, sino que también incluye cambios en diversas leyes fiscales para garantizar un sistema más equitativo y ordenado en el pago de impuestos.En particular, habló sobre la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), que grava ciertos bienes y servicios considerados nocivos para la salud y el medio ambiente. A manera de ejemplo, mencionó que se propone una cuota de $1.1584 por cada cigarro enajenado o importado, lo que refleja un esfuerzo por desincentivar el consumo de tabaco. Además, comentó que se introducirán nuevos gravámenes a edulcorantes y a juegos de azar.Por su parte, María Enriqueta Mancilla Rendón continuó la charla enfocándose en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; explicó que, según el artículo 42, el Ejecutivo debe enviar al Congreso un documento detallado con los objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas, tales como el crecimiento, la inflación, la tasa de interés y el precio del petróleo.Al respecto, destacó la importancia de este procedimiento para asegurar la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Además, mencionó que el documento debe incluir una enumeración de los programas prioritarios y sus montos, lo que permitirá una evaluación más clara de cómo se utilizarán los fondos públicos en beneficio de la sociedad.Siguiendo con las presentaciones, Juan Alberto Torres Romero abordó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), centrándose en el sistema financiero. Destacó que se implementará una deducción del 25% de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aunque el resto de las cuotas no será deducible.De igual manera, anunció que se homologará el tratamiento de créditos incobrables para instituciones de crédito con el resto de los contribuyentes, eliminando el régimen especial establecido en la LISR.Para cerrar el foro, Luis Alberto Placencia Alarcón dialogó sobre la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF); resaltó que esta iniciativa es estructural y abarca un total de 43 artículos del CFF, lo que sugiere una revisión profunda de la legislación fiscal. La propuesta incluye 25 reformas, 17 adiciones y una derogación, lo que busca modernizar el marco fiscal mexicano y adaptarlo a las necesidades actuales de México.
Este 17 de septiembre, el Colegio fue el escenario del foro Importancia del testamento con el Colegio de Notarios de la CDMX, impartido por el notario José Manuel Nuncio Rodríguez, titular de la Notaría 190 de la Ciudad de México. El evento contó con la presencia de la contadora Guadalupe Saldívar Olivares, vicepresidenta de Comunicación e Imagen, y abordó la relevancia y los aspectos legales del testamento, destacando la necesidad de una adecuada planificación patrimonial.Nuncio Rodríguez comenzó su participación aclarando que un testamento es un documento legal que debe otorgarse ante un notario, en el cual una persona puede decidir el destino de su patrimonio tras su muerte. Resaltó que cualquier manifestación sobre el patrimonio fuera del ámbito notarial carece de validez jurídica, por lo que no debe confiarse en formatos o videos informales que circulan en redes sociales.Asimismo, explicó que el testamento es un acto formal que debe ser redactado con precisión. “Como notario, nuestra función es asesorar y redactar el testamento de manera que no queden dudas sobre la voluntad del testador, ya que, al momento de su ejecución, el autor ya no estará presente para aclarar las confusiones”. Además, subrayó la importancia de la matricidad, principio que establece que el notario conserva el documento original, lo cual garantiza su preservación aun si las copias se destruyen, pues siempre podrá recuperarse mediante el archivo notarial.El notario también destacó el carácter personalísimo del testamento, que exige la manifestación directa y personal de la voluntad del testador. “La voluntad del testador debe expresarse de manera directa y personal, lo que significa que, por ejemplo, no se puede hacer un testamento en nombre de otra persona”, informó.De igual forma, mencionó la libertad de testar, un principio que permite a las personas decidir a quién dejar su patrimonio, sin obligación de beneficiar a familiares directos. Esta libertad, sin embargo, puede generar conflictos familiares cuando no se entiende o respeta plenamente.Una de las aclaraciones más importantes fue sobre la revocabilidad del testamento. El notario explicó que un testamento puede ser modificado o anulado mediante la creación de uno nuevo. “La única forma de revocar un testamento es a través de otro testamento. Esta flexibilidad permite a las personas ajustar sus disposiciones patrimoniales a lo largo de su vida, en función de cambios en su situación personal”.Por último, aclaró que cualquier persona mayor de 16 años puede otorgar un testamento, siempre que esté en pleno uso de sus facultades mentales, “lo anterior demuestra que este proceso no está reservado únicamente a personas en la vejez o en situaciones terminales”, concluyó.
