Con el objetivo de conocer las novedades y los criterios recientes en las metodologías de revisión de las autoridades fiscales, el Colegio realizó los días 25 y 26 de octubre el 9. ° Foro de fiscalización del SAT.
El presidente del Colegio, Juan Manuel Puebla Domínguez, fue encargado de inaugurar el Foro. En su mensaje invitó a la autoridad fiscal a trabajar de forma conjunta ya que el Colegio de Contadores Públicos de México es un excelente enlace entre lo que la autoridad quiere compartir con los contribuyentes y los propios contribuyentes.
“En el Colegio tenemos especialistas en la materia muy capacitados que sin lugar a duda podrían aportar en el análisis e interpretación de la normatividad, para que los contribuyentes puedan aplicarla en forma en forma correcta”.
Expresó que, aunque en los últimos años no se ha tenido la comunicación necesaria con la autoridad, el Colegio y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) están a su disposición.
“El IMCP está preparando un documento con una serie de propuestas muy concretas de cada uno de los temas que se pueden analizar por parte de nuestro gremio; por ello, nuevamente tomó estos minutos para seguir invitando a la autoridad fiscal a que podamos trabajar juntos”.
Por último, agradeció el apoyo de la comisión técnica Fiscal del Colegio por la realización del evento, así como la participación de Miguel Ángel Izquierdo Flores, director general de Acuerdos Conclusivos B de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y actual presidente de la comisión técnica Colegio-Prodecon.
Entrando de lleno a las ponencias, Izquierdo Flores habló sobre los temas de beneficiario controlador, el tipo de auditorías que aplica la dependencia a esta figura, así como implementación de los acuerdos conclusivos.
En este sentido, informó que la Prodecon realizó un análisis del total de solicitudes de acuerdo conclusivo que han recibido en el año, “de las 2151 solicitudes de acuerdo conclusivo, tenemos que la revisión de gabinete representa un 72.76% de ese número de auditorías, la visita domiciliaria el 21.94%, la revisión electrónica del 5.11% y otro tipo de revisiones el 0.19%”.
Indicó que el incrementado en el número de revisiones de gabinete es porque la autoridad prefiere que se le lleve la contabilidad a su domicilio y no que acuda al domicilio del contribuyente.
En cuanto a los cambios en la fiscalización, resaltó que esta actividad aún depende de una contabilidad muy tradicional, pero se ha ido avanzando a temas como sustancia económica, razón de negocios, entregables, trazabilidad, duda razonable, detalles y descripción de todas las operaciones que se realizan.
“Hoy se vuelve vital el levantar una minuta, el tomar una foto, el hacer un video, prácticamente dejar evidencia material de la operación que se está realizando, que en cierta forma parecería excesivo, pero me parece que tendría que ir siendo un esquema natural de ir trabajando para efecto de prevenir”.
A lo largo de su presentación, Izquierdo Flores compartió diversos casos que se han presentado en la dependencia en cuanto a acuerdos conclusivos.
Allen Saracho Carrillo, integrante de la comisión Fiscal del Colegio, fue el encargado de abordar las tendencias de fiscalización. En este sentido, brindó un pequeño panorama del contexto político-económico del país donde puntualizó que es necesario continuar con el Plan Maestro para Grandes Contribuyentes, programa de recaudación del Gobierno Federal, además de tener control sobre las devoluciones de IVA.
Dentro de los criterios de fiscalización destacó la emisión de criterios no vinculativos individualizados y subjetivos, la revisión a empresas transnacionales, así como la lista de contribuyentes incumplidos; consecuencias penales y cancelación de sellos digitales, entre otros.
Otro tema abordado en el Foro fue el de las medidas preventivas y correctivas ante las facultades de comprobación, el cual fue expuesto por Juan Manuel Franco Gallardo, miembro de la comisión Fiscal, cuyos objetivos son el facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario mediante la transparencia, certeza jurídica y fiscal, así como dar a los contribuyentes una herramienta de autoanálisis que permita medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal.
Aclaró que, en materia de ingresos, los principales rubros por los cuales se ejercen las facultades de comprobación son la presunción, las cuentas por pagar, enajenación de acciones, fusiones y escisiones, reestructuras corporativas, entre otras. En cuanto a materia de egresos, señaló los pagos al extranjero como lo son las regalías, asistencia técnica, migración de intangibles y enajenación de acciones.
También compartió algunas medidas preventivas para los Grandes Contribuyentes y MiPymes para evitar sanciones por parte de las autoridades.
Continuando con las presentaciones, Gerardo Canseco Romero y Berenice Egure Hidalgo, representantes de la comisión de comercio exterior, hablaron de las novedades fiscales que recaen en las operaciones de comercio exterior, tal es el caso de las revisiones secuenciales, que a groso modo se refiere a la capacidad de la autoridad fiscal en revisar el dictamen y cualquier otra información que pueda requerir el Contador Público Registrado (CPR), cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 52 y 52 A del Código Fiscal de la Federación (CFF)
Otras revisiones analizadas fue la visita domiciliaria, actividad centrada en la revisión de la contabilidad, bienes y mercancías en el domicilio del contribuyente; y la revisión de gabinete. Coincidieron que es importante tener una validación constante de la información que se tiene para no tener complicaciones en las revisiones.
Por su parte, Luis Eduardo Natera Niño de Rivera, presiente de la comisión de Precios de Transferencia, abundó en el entorno actual de los precios de transferencia y su fiscalización. Aclaró que el papel del SAT básicamente se centra en administrar los riegos de cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes.
El esquema operativo de las auditorías de precios de transferencia del SAT se centra en cinco puntos: 1) enfoques centralizados y descentralizad, 2) auditorías integrales por parte de la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia (ACFPT) de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF), 3) auditorías multi-anuales, 4) ampliación de plazos en las auditorías de PT y 5) temas considerados para la programación de fiscalización.
En su presentación compartió una serie de puntos relevantes a cuidar en los estudios en precios de transferencia para 2022 derivados de la reforma fiscal.
Dentro de la última ponencia, se abordaron los aspectos del dictamen fiscal como medida de control tributario, presentado por Santiago David Guadarrama Nieto, integrante de la comisión de Auditoría Fiscal.
Finalmente, el vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, Juan Ignacio Rivero Celorio, fue el encargado de clausurar el evento.
Eventos recientes
En el evento Tratamiento contable, fiscal y legal de pensiones y jubilaciones, organizado por la comisión de Educación del Colegio y realizado el 9 de mayo, se ofreció una visión integral de los nuevos marcos legales, contables y fiscales que impactan tanto a empresas como a trabajadores. Con un enfoque en los cambios normativos recientes, los conferencistas abordaron temas fundamentales que incluyen la actualización de la NIF D-3, las implicaciones de la reforma de pensiones de 2025 y la gestión de los beneficios laborales en un entorno fiscal cada vez más regulado.La primera intervención corrió a cargo de Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación, quien detalló los recientes cambios en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3. Según explicó Gutiérrez, la actualización de esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que todas las empresas, incluidas las pequeñas, provisionen pasivos por beneficios laborales como las jubilaciones. Esta obligación, que responde a la PIF número 2, implica que las empresas deben contar con estudios actuariales para determinar los montos exactos a provisionar. Gutiérrez también destacó que los pagos por desvinculación solo se reconocerán si existen condiciones preestablecidas, y que los fondos destinados a estos pagos deben gestionarse en cuentas separadas, sin posibilidad de usarlos para otros fines. En su exposición, Gutiérrez también subrayó que, en términos contables, las pérdidas o ganancias actuariales deben reconocerse de inmediato en la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI), sin posibilidad de diferirlas, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben tratar estos beneficios. Además, insistió en la necesidad de tomar decisiones sobre los instrumentos financieros en los que se invertirán estos fondos, destacando la importancia de contar con instrumentos como CETES o bonos verdes.La segunda intervención fue impartida por Mónica Isela Galindo Cosme, asesora de la vicepresidencia de Normatividad Institucional, quien ofreció una exhaustiva revisión sobre los aspectos fiscales y legales que deben considerarse al momento de gestionar una pensión. Galindo Cosme destacó la relevancia de unificar los números de seguridad social de aquellos trabajadores que tienen más de un número de afiliación, lo cual es un paso previo necesario antes de iniciar cualquier trámite relacionado con pensiones. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de validar los datos personales con la FORE y realizar las correcciones necesarias en caso de discrepancias.En cuanto a la reforma de pensiones de 2025, la ponente explicó que, a partir de esa fecha, se exigirá un mínimo de 850 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. También advirtió sobre los nuevos cálculos que se basarán en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo, lo que afectará a los trabajadores en cuanto al monto de su pensión. Galindo Cosme instó a los trabajadores a utilizar los servicios de las AFORE y a consultar con expertos para optimizar sus ahorros para el retiro.El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Fernando Caín Oviedo Cruz, Socio en Cali Oviedo y asociados, quien abordó el tema desde una perspectiva más amplia, comenzando con la distinción entre jubilación y pensión. Caín explicó que mientras la jubilación es el proceso mediante el cual un trabajador finaliza su vida laboral para disfrutar de una pensión, la pensión es el beneficio económico resultante de dicho proceso. Resaltó que la confusión entre ambos términos ha generado múltiples dificultades en la comprensión de los trabajadores y en la realización de los trámites ante las instituciones correspondientes. En su intervención, Caín también subrayó los efectos negativos de la reforma de 2013, que ha resultado en pensiones más bajas para los trabajadores. Sin embargo, destacó que las reformas más recientes han traído consigo una mejora en las condiciones, permitiendo a los trabajadores acceder a pensiones con menos semanas de cotización y limitando las comisiones de las AFORE, lo cual representa un avance significativo para el bienestar de los jubilados. Además, enfatizó que los trabajadores deben estar preparados con al menos 5 años de anticipación para realizar los trámites necesarios y evitar sorpresas al momento de calcular su pensión.Finalmente, Caín abordó las implicaciones legales y fiscales para las empresas, especialmente en lo que respecta a la evasión fiscal y el cumplimiento con el seguro social. Advirtió sobre las sanciones que enfrentan los patrones que no den de alta a sus trabajadores en el IMSS, lo que podría derivar en auditorías por parte del Seguro Social y poner en riesgo tanto a los empleados como a los empleadores.
El Colegio, con motivo de los últimos cambios en la normatividad, presentó el curso Sueldos y prestaciones: Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social, el cual contó con la participación de especialistas en seguridad social, investigación fiscal, contribuciones locales y expertos en derecho laboral. Dicho evento se presentó del 6 al 8 de mayo de 2025.En el primer panel, los especialistas Óscar De la Vega Gómez y Regina De La Vega Castillo analizaron el panorama actual tras la reforma de 2021, en la que se prohibió la subcontratación de personal y se establecieron nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.Al respecto, dialogaron sobre las obligaciones y puntos críticos para mantener el registro en el REPSE, recordaron que las empresas deben actualizar constantemente la información del registro, mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener claramente definido su objeto social y las actividades registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras obligaciones.Asimismo, De La Vega Castillo destacó los recientes cambios en los criterios de inspección por parte de las autoridades laborales. “El objetivo de estas inspecciones es verificar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre servicios especializados. Las inspecciones pueden ser iniciales, periódicas, compulsivas o extraordinarias, dependiendo de la situación específica de cada empresa”, informó.También discutieron varias iniciativas que podrían implementarse en 2025, tales como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días, la ampliación del permiso de paternidad, la opción de teletrabajo, entre otras.Por su parte, Julio César Suárez Domínguez versó acerca de las consideraciones del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En su ponencia mencionó que, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece de manera directa que las empresas se encuentran obligadas a repartir PTU, se consideran todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, así como todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.Sobre lo anterior, explicó quiénes son los sujetos exentos al pago de la PTU, entre ellos las empresas de nueva creación, las empresas de industria extractiva e instituciones de asistencia privada. En tanto, Sergio Alejandro Ríos Alonso, de la comisión de Contribuciones Locales, compartió los puntos de interés en materia del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la CDMX y el Estado de México.El segundo día de conferencias y siguiendo con el tema de deducción de nómina, Humberto Cruz Hernández y José Pablo Casales García comentaron que, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores será de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social.Agregó que, con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. “La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total”, señaló.Aclaró que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo Segundo Transitorio, y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente en 2023.Un tema importante fue el de la reforma a la ley del Infonavit, donde Miguel Ángel Silva Pedroza informó que el objeto es establecer bases para el desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, regular la figura del arrendamiento social, ampliar los beneficios previstos y el fortalecimiento del Infonavit y su operación.Siguiendo con las participaciones, los expertos comentaron que el CFDI de nómina es la principal herramienta de fiscalización digital. “En estos comprobantes se cruzan declaraciones anuales, provisionales y contabilidad; además, es la base para cartas invitación, auditorías electrónicas y control del gasto deducible”, puntualizó Casales García.Ya en el último día de actividades, Pablo Limón Mestre informó que un trabajador expatriado es aquella persona que tiene sus intereses en su país de origen, pero es transferido por una empresa multinacional, de manera temporal o permanente, a prestar sus servicios a otro país.Sobre este tema, el contador Limón Mestre especificó que el aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los treinta días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de seis meses de anticipación.Los responsables de cerrar con el curso fueron Jorge Manzanilla Cañizares y Manuel García Villalobos, quienes platicaron sobre los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y los aspectos fiscales relacionados con las prestaciones de previsión social, respectivamente.
