El 31 de marzo de cada año vence el plazo para que las personas morales presenten la declaración anual ante las autoridades tributarias, y con ello, inicia una de las obligaciones importantes en materia laboral, el reparto de utilidades; ante este contexto, el Colegio presentó el pasado 12 de abril el curso PTU: determinación y aspectos legales para empresas de subcontratación.
En el foro, David Gerardo García Morales, Rubén Darío Dávalos Palomera y Arturo Luna López, fueron los encargados de platicar sobre cómo calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las sanciones establecidas en la ley por la falta de pago.
En su turno, García Morales aclaró que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) el patrón debe pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, deberá pagarse antes del 31 de mayo.
Agregó que en dicha ley se señalan dos tipos de relaciones de trabajo por su temporalidad:
“Para comprender lo anterior debe atenderse a las tareas desempeñadas, ya que estas no deberán ser consideradas permanentes dentro de la fuente de trabajo”, explicó el especialista.
Asimismo, los panelistas advirtieron que, en el ejercicio del pago de utilidades, se puede producir una inspección extraordinaria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a efecto de verificar el posible incumplimiento en el pago. “Puede generarse una multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone la ley”, enfatizó Dávalos Palomera.
En este sentido, se informó que los trabajadores, a través de su sindicato, podrán emplazar a huelga para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, “los trabajadores podrán demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Laboral que corresponda, el pago de la participación de utilidades”, comentó García Morales.
Finalmente, el contador Dávalos Palomera detalló que se debe calcular el tope de tres meses y el promedio de tres años de PTU, pagando lo que sea mayor al trabajador; sin embargo, recordó que existe un tope primario que es el cálculo de la suma del factor peso y del factor día.
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Con el propósito de analizar las repercusiones jurídicas y fiscales que conllevan las transmisiones patrimoniales, el Colegio y la comisión Fiscal Internacional presentaron, este 10 de septiembre, la conferencia Sucesiones patrimoniales: herencias, legados, trusts y transiciones, un espacio dedicado al análisis, el cual contó con la participación de Layda Cárcamo Sabido y César Fares Canavati.Durante su intervención, Fares Canavati abordó los conceptos civiles que rigen los actos gratuitos, distinguiendo entre la donación como un acto inter vivos, puro, simple o condicional, y la sucesión por causa de muerte, la cual comprende tanto las modalidades testamentarias como las legítimas.El especialista profundizó en la relevancia patrimonial y fiscal de estos actos, señalando que el régimen aplicable está determinado por la naturaleza del acto, el sujeto receptor, el parentesco y la naturaleza del bien. En el ámbito de las personas morales, puntualizó que los donativos y herencias constituyen ingresos acumulables gravados a la tasa corporativa general del 30%, y detalló las reglas de deducibilidad para donantes, los límites generales y las obligaciones específicas para las entidades autorizadas para recibir donativos.Asimismo, informó sobre la mecánica fiscal aplicable a las personas físicas, donde la donación se considera un ingreso por adquisición de bienes valuado mediante avalúo, sujeto a una tarifa progresiva y a los supuestos de exención previstos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).Por su parte, la contadora Cárcamo Sabido centró su exposición en la importancia de la planeación sucesoria para proteger la riqueza acumulada, garantizar la continuidad de los negocios familiares y preservar la armonía entre los herederos, diferenciándola categóricamente de prácticas ilícitas como la evasión fiscal o el ocultamiento de capitales.La ponente advirtió sobre las consecuencias adversas de omitir una planeación adecuada, tales como el desconocimiento de activos, la aparición de terceros o la exposición a cargas tributarias no previstas. Para mitigar estos riesgos, analizó diversas estructuras de protección patrimonial, como los fideicomisos mexicanos y los trusts extranjeros, así como el uso de sociedades residentes en México.Los especialistas coincidieron en que la complejidad de las disposiciones fiscales actuales exige una estrategia preventiva rigurosa en la estructuración de sucesiones y transmisiones patrimoniales.Finalmente, se destacó que el entendimiento de las obligaciones informativas ante la autoridad tributaria, el apego a las formalidades jurídicas y civiles y la correcta distinción entre los tratamientos aplicables a personas físicas y morales son elementos clave para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y salvaguardar el patrimonio familiar.
Hablar de testamento suele asociarse con la distribución de bienes, pero durante la conferencia Testamento y certeza jurídica en la prevención de conflictos familiares quedó de manifiesto que sus alcances van mucho más allá. En el marco del mes del Testamento, el Colegio de la Contaduría Pública de México realizó el 10 de septiembre esta sesión, en la que Manuel Niño de Rivera, fundador de la firma Kudo y Niño de Rivera Abogados, abordó los conflictos que pueden surgir cuando la voluntad de una persona no queda establecida y explicó cómo una adecuada planeación puede contribuir a prevenirlos. La conferencia fue moderada por Víctor Oliver Mercado, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 1.Desde el inicio de su participación, Niño de Rivera planteó la necesidad de cambiar la percepción que existe alrededor del testamento y dejar de verlo como un trámite reservado para personas mayores o con grandes patrimonios. Explicó que se trata de un acto de responsabilidad y protección familiar, pues permite establecer con claridad qué sucederá con los bienes y derechos después del fallecimiento. A partir de situaciones que se presentan en la práctica, señaló que la ausencia de estas disposiciones puede abrir la puerta a disputas entre familiares, desacuerdos sobre una vivienda o diferencias respecto de quién debe continuar al frente de una empresa.Uno de los ejemplos que marcó la exposición fue el de las empresas familiares. Al respecto, destacó que no siempre basta con determinar quién heredará las acciones, pues también es necesario considerar si esa persona cuenta con las condiciones para participar en la operación o en los órganos de decisión de la empresa. Por ello, explicó la utilidad de establecer protocolos familiares y convenios entre accionistas que definan previamente las reglas para una eventual sucesión, incluyendo mecanismos para determinar el valor de las acciones y alternativas para facilitar su transmisión.A lo largo de la sesión, el ponente también se detuvo en algunos de los mitos que pueden retrasar la decisión de otorgar un testamento. Aclaró que hacerlo no significa perder el control de los bienes ni impide vender una propiedad posteriormente, y recordó que el documento puede modificarse cuando la persona lo considere necesario. De igual forma, señaló que el patrimonio no se limita a casas, terrenos o cuentas bancarias, pues también puede incluir negocios, marcas, acciones y otros activos cuyo valor debe ser considerado dentro de la planeación.Otro de los puntos abordados fue el proceso que comienza después del fallecimiento. Niño de Rivera explicó las distintas etapas de una sucesión y la función del albacea, figura a la que atribuyó especial importancia por su responsabilidad en la administración de los bienes y en el cumplimiento de la voluntad del autor de la sucesión. También describió algunos escenarios en los que puede intervenir un juez, así como las circunstancias que pueden llevar a impugnar un testamento, entre ellas la falta de capacidad, violencia, amenazas, coacción o determinadas irregularidades en su otorgamiento.En el tramo final de la conferencia, la conversación se trasladó a cuestiones prácticas: cuentas bancarias, bienes ubicados en el extranjero, transmisión de acciones, impuestos y documentación necesaria para iniciar una sucesión. Ante estas situaciones, el expositor recomendó mantener organizada la información patrimonial y comunicar a los familiares la existencia del testamento, evitando que su contenido se convierta en un misterio después del fallecimiento. También hizo énfasis en elegir cuidadosamente al albacea, consultar a especialistas y considerar las necesidades de menores y personas que requieran redes de apoyo y salvaguardas.La sesión concluyó con una idea que atravesó toda la exposición: prevenir también forma parte de cuidar a la familia. Para Niño de Rivera, aprovechar septiembre para ordenar la voluntad y patrimonio no debe verse únicamente como un trámite, sino como una decisión de planeación que puede brindar certeza y reducir la posibilidad de que los bienes terminen siendo motivo de conflicto. En ese sentido, el testamento se presentó como una herramienta para dejar reglas claras antes de que otros tengan que tomar decisiones en medio de una sucesión.
El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo, este 9 de septiembre, el 9.° Foro Fintech bajo el eje temático de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las tecnologías financieras emergentes, un espacio en el que especialistas examinaron cómo la transformación digital ha modificado los modelos de negocio, la toma de decisiones y la gestión de riesgos en el sector financiero.Durante la apertura, encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Daniel Salas Torres, presidente de la comisión organizadora del foro, se destacó que la profesión contable hoy en día enfrenta una evolución operativa donde la automatización y el análisis de datos exigen anticiparse a los cambios tecnológicos, lo anterior, sin perder de vista la ética, la seguridad de la información y la confianza; “nuestra responsabilidad no solo consiste en acompañar los cambios de nuestra profesión, sino también en anticiparlos y preparar a la comunidad para enfrentarlos”, precisó la contadora.Las actividades dieron inicio con la conferencia de Eloisa Cadenas Morales, quien advirtió sobre el acelerado crecimiento del ecosistema financiero digital y los retos que representa para contadoras y contadores ante la expansión de mercados globales que emplean criptoactivos y stablecoins.La especialista subrayó la integración de México en esta dinámica y alertó sobre el fortalecimiento de las medidas de fiscalización, destacando el acceso en tiempo real otorgado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la implementación del intercambio automático de datos del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Posteriormente, el foro siguió con la presentación de diversos paneles especializados que abordaron la maduración operativa de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), el cumplimiento normativo y la exposición a auditorías fiscalizadoras más digitalizadas.En el ámbito de la tecnología corporativa, los ponentes enfatizaron la urgencia de adaptar el factor humano mediante una comprensión de algoritmos y modelos de lenguaje, así como el establecimiento de marcos de gobernanza para mitigar riesgos de filtración de información.Asimismo, se aclaró que la denominada “Ley Fintech 2.0” corresponde a iniciativas presentadas en la legislatura enfocadas en activos virtuales estables y portabilidad de datos, más que a una reforma consolidada.El programa también profundizó en la prevención del lavado de dinero mediante el análisis de los riesgos globales de los activos virtuales y las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicadas en agosto de 2026, las cuales imponen una gestión basada en riesgos y trazabilidad absoluta para exchanges y plataformas.De igual manera, se examinaron las tendencias de mercado y el crecimiento de las stablecoins, cuya oferta se duplicó en los últimos años por la adopción institucional, destacando que en Latinoamérica el 71% de la actividad se concentra en pagos transfronterizos, de acuerdo con datos de los panelistas.Bajo la óptica contable, se revisó el tratamiento normativo de las criptomonedas conforme a la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 y la NIF B-17, reiterando que no les aplica la NIF C-8 sobre activos intangibles y detallando las rigurosas exigencias de revelación, valoración razonable y administración de riesgos en la auditoría corporativa.Hacia el cierre de la jornada, las mesas de análisis abordaron la complejidad tributaria de los modelos descentralizados frente a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los retos críticos de la ciberseguridad ante la inmutabilidad de la tecnología blockchain y las perspectivas del sector financiero hacia 2030.Esta edición del Foro Fintech contó con las aportaciones de Charikleia Tsoukia, Alan Gerardo Manrique López, Alberto Ratia Mendoza, Gilberto Jesús Morales Navarrete, María Luisa Jazmín García Juvenal, Andrés Carrera Cué, Jaume Sués Caula, Adriana Jiménez Sandoval, Isaac López, Gerardo Alexis Farías López, Rodolfo Enrique Islas Strassburger, Edmundo Romero Lázaro, Juan Ramón Carcaño, Jhonny R. Bolivar Isturiz, Jorge Manlio Sentíes Medellín, Juan Carlos Santillán Hernández, Yair Kershenovich Tavel, Mayra Eliana Espejel Rodríguez, Clara Valencia Padilla, Ignacio José Domínguez Castillo, Aurora Osiris Alarcón Jasso, Rodrigo Santillana Vergara, Eduardo Juárez Álvarez y César Molnar Rizo, quienes presentaron mesas de análisis en las que coincidieron en que el panorama fintech en México se encamina hacia un modelo donde la banca tradicional y las IFT convergerán en un ecosistema híbrido con agilidad digital, un estricto cumplimiento regulatorio y el criterio profesional como bases para el desarrollo de la profesión contable.
