El 31 de marzo de cada año vence el plazo para que las personas morales presenten la declaración anual ante las autoridades tributarias, y con ello, inicia una de las obligaciones importantes en materia laboral, el reparto de utilidades; ante este contexto, el Colegio presentó el pasado 12 de abril el curso PTU: determinación y aspectos legales para empresas de subcontratación.
En el foro, David Gerardo García Morales, Rubén Darío Dávalos Palomera y Arturo Luna López, fueron los encargados de platicar sobre cómo calcular la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y las sanciones establecidas en la ley por la falta de pago.
En su turno, García Morales aclaró que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) el patrón debe pagar la PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, deberá pagarse antes del 31 de mayo.
Agregó que en dicha ley se señalan dos tipos de relaciones de trabajo por su temporalidad:
“Para comprender lo anterior debe atenderse a las tareas desempeñadas, ya que estas no deberán ser consideradas permanentes dentro de la fuente de trabajo”, explicó el especialista.
Asimismo, los panelistas advirtieron que, en el ejercicio del pago de utilidades, se puede producir una inspección extraordinaria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a efecto de verificar el posible incumplimiento en el pago. “Puede generarse una multa por el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone la ley”, enfatizó Dávalos Palomera.
En este sentido, se informó que los trabajadores, a través de su sindicato, podrán emplazar a huelga para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades, “los trabajadores podrán demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Laboral que corresponda, el pago de la participación de utilidades”, comentó García Morales.
Finalmente, el contador Dávalos Palomera detalló que se debe calcular el tope de tres meses y el promedio de tres años de PTU, pagando lo que sea mayor al trabajador; sin embargo, recordó que existe un tope primario que es el cálculo de la suma del factor peso y del factor día.
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Durante el último día de la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrado el 23 de mayo, se llevó a cabo un panel titulado Importancia de la implementación de la ciberseguridad en los procesos de auditoría, en el que Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, reflexionaron sobre el papel de las tecnologías emergentes en la administración pública, destacando su impacto en la eficiencia, la fiscalización y la necesidad urgente de implementar medidas de ciberseguridad en los procesos de auditoría.En ese sentido, Martínez Ansúrez abrió el panel destacando cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data o la minería de datos han generado una redefinición y cambios de paradigma en torno a fenómenos que exigen repensar el papel del gobierno en una sociedad cambiante. “La administración pública debe ser capaz de adaptar e incorporar los cambios que posibilitan las nuevas herramientas y tecnologías”.En su análisis, Martínez enfatizó que estas tecnologías no deben entenderse únicamente como instrumentos, sino como parte integral de los valores que orientan la acción pública: “Se trata de introducir el deber en el poder… contener el poder que los seres humanos tienen para incidir sobre su medio y sobre sí mismos a partir del establecimiento y respeto de consideraciones de índole ético”.Sobre el impacto en la fiscalización, subrayó que estas herramientas permitirán auditorías más rápidas, precisas y efectivas y que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permitirán una más precisa y detallada lectura de grandes volúmenes de datos, lo que aumentará la transparencia y la confianza en los procesos de auditoría.Por su parte, Ramírez Fernández del Castillo, abordó el tema de los riesgos asociados al avance tecnológico. Comentó que hay un riesgo importante que no podemos dejar de lado: la ciberseguridad. “El incremento de los ciberataques se ha dado en una forma exponencial, por lo que la ciberseguridad debe estar dentro de los tres primeros riesgos que todo director o contralor debe considerar”.Ramírez alertó sobre la brecha entre la preocupación y la preparación ante los riesgos digitales. “Si del 56% están preocupados, solamente el 34% en México están preparados para esto. En el ámbito de la administración pública, la brecha podría ser aún mayor”.Además, destacó la urgencia de una regulación eficaz. “La ley de ciberseguridad de la Ciudad de México es un paso adelante, pero es necesario extender este marco a nivel federal. Las regulaciones deben traducirse en inversiones reales en infraestructura, controles y gobernanza”.En su cierre, remarcó que las tecnologías llegaron para quedarse y los hackers también. Por eso, expresó que pensar en ciberseguridad desde la institución, la empresa y hasta lo personal, es una necesidad urgente. “Y, como suelo decir, detrás de una gran tecnología, hay una gran mujer: la ciberseguridad”.
Esta tarde, el Colegio llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con el objetivo de fortalecer la capacitación y el desarrollo profesional en el ámbito de la administración pública.El evento tuvo lugar en las instalaciones del Colegio y contó con la presencia de Adolfo Ramírez, presidente del Colegio; María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; e integrantes de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, quienes coincidieron en la relevancia de esta alianza para robustecer la calidad de los servicios públicos y promover la profesionalización en cada sector.Por su parte, Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del INAP, subrayó la importancia de trabajar en conjunto para implementar programas de formación y actualización que respondan a las necesidades actuales de los servidores públicos.Este convenio, entre otros beneficios, permitirá el intercambio de conocimientos, programas de desarrollo institucional, asesoría técnica y la creación de proyectos conjuntos que beneficiarán a los profesionales del sector. Ambos presidentes coincidieron en que este acto es un paso significativo hacia la mejora continua de la administración pública.Con la firma de este convenio, el Colegio refrenda su compromiso con la búsqueda de mejores prácticas y una administración eficiente y transparente.
Cuidar nuestra información personal es fundamental para evitar caer en fraudes. El robo de identidad, que es una de las formas más comunes de ciberdelincuencia, se puede prevenir si tomamos ciertas precauciones y nos informamos sobre cómo operan los hackers. Con esta creciente preocupación, el Colegio organizó el 23 de mayo la conferencia titulada Prevención y medidas en el robo de identidad. Este evento contó con la participación de los contadores David Henry Foulkes Woog y Alejandro Méndez Rueda, integrantes de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio. El contador Foulkes Woog, ponente de la conferencia, explicó que el robo de identidad es un delito que implica la sustracción de información personal con el objetivo de cometer algún tipo de fraude. "Este delito incluye varios tipos de robo de identidad, que van desde el despojo de dinero hasta el uso indebido de los datos de la víctima. Robar una identidad puede ser tan simple como hackear una cuenta de redes sociales o tan complicado como presentar declaraciones fiscales en nombre de la víctima; todo esto se ve facilitado por la fácil disponibilidad de información personal en Internet", detalló. En este contexto, el robo de identidad a menudo se convierte en fraude de identidad, que se clasifica en cuatro tipos principales: financiero, delictivo, médico e infantil. Además, hay otras modalidades como las estafas de alquiler, de empleo, de impostor gubernamental, de negocios y de asistencia técnica.En palabras del expositor, el robo de identidad es un delito tipificado como un hecho ilícito. Dado que generalmente se produce por Internet, también se le conoce como ciberdelito, y, por lo tanto, a quien delinque de esta manera se le denomina ciberdelincuente."Estos ciberdelincuentes buscan la información confidencial de los usuarios para 'secuestrar' sus cuentas, comprar bienes o servicios, solicitar préstamos y otros créditos, conseguir documentos legales en su nombre, entre otras fechorías", explicó.Para evitar ser víctima de este delito de robo de información, es indispensable tener presentes los diferentes tipos de ataques como el phishing, pharming, malware, y el hackeo del correo electrónico y del Wi-Fi. Además, se recomienda no visitar páginas que no cuenten con el protocolo HTTPS. El contador Foulkes exhortó a cambiar las contraseñas con frecuencia.Por último, el robo de identidad fiscal ocurre cuando alguien utiliza información personal como el RFC, la e-firma o el número de seguridad social para realizar trámites ante las autoridades fiscales. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos, cobrar saldos a favor, solicitar créditos fiscales o emitir CFDI con operaciones falsas, por mencionar algunos ejemplos."Si te has convertido en víctima de robo de identidad, denuncia ante las autoridades correspondientes: el Ministerio Público, el sistema financiero, la Condusef y la Prodecon", concluyó el expositor.
