Abril es el mes designado para que todas las personas físicas presenten su declaración de impuestos anual correspondiente al periodo 2024. Ante ello, el Colegio llevó a cabo, el pasado 1, 2 y 3 de abril, el foro Declaración anual de personas físicas con ingresos del extranjero, espacio organizado por especialistas de la comisión de Investigación Fiscal.
En la presentación, los expositores recordaron que este mes las personas físicas están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el caso de los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, así como las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en otro país, se consideran residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales.
Por su parte, Julio César Suárez Domínguez informó que las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México deberán presentar un aviso ante la autoridad fiscal dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel que suceda un cambio de residencia.
Además, “están obligados los residentes en el extranjero respecto a ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, esto cuando no tengan un establecimiento permanente en el país”, enmarcó Suárez Domínguez.
Ante este escenario, se comentó que un establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios independientes. De igual forma, se mencionó que están obligadas al pago de impuesto las personas físicas que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a este.
En tanto, Salvador Rotter Aubanel detalló que las personas físicas en México están obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que estos (en lo individual o conjunto) excedan de 600,000.00; “para presentar la declaración anual se necesita contar con el RFC y firma electrónica”, recordó.
En virtud de ello, es necesario contar con recibos de nómina emitidos por los patrones y estados de cuenta donde se deposita la nómina. Sobre este punto se destacó que algunos patrones, por error, emiten recibos de nómina incorrectos y no los cancelan, por lo que se pueden duplicar los ingresos a declarar.
Por su parte, Adrián Urbina y Santiago Vélez Suberbie compartieron ejemplos sobre los ingresos acumulables y no acumulables, y sobre la información obligatoria en la declaración anual, tales como viáticos, enajenación de casa habitación por la que se tomó exención, herencias o legados; “en caso de omitir esta información y la autoridad ejerciera sus facultades, se convierten en ingresos acumulables".
Para el caso de operaciones con partes relacionadas, los panelistas señalaron que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe (directa o indirectamente) en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera.
Podrán solicitar la devolución de saldo a favor que hayan manifestado en la declaración mensual definitiva, en el mes inmediato siguiente, u optar por solicitud en devolución de manera conjunta, siempre que dicha solicitud sea sobre la suma total de los saldos a favor que les haya resultado en el ejercicio y se soliciten a partir del 17 de enero del ejercicio inmediato.
Finalmente, los responsables de clausurar las actividades del foro fueron Elias Kamhagi Mochon y Jorge León Manzanilla Cañizares, quienes platicaron las consideraciones de dividendos en el extranjero, entre ellas, la de las personas físicas sujetas a ISR adicional de 10% sobre utilidades percibidas.
También discutieron sobre la obligación de efectuar retenciones y enteros mensuales a quienes hagan pagos por concepto de asimilados a salarios; cómo se calculará dicha retención, y presentaron qué son las deducciones personales, en qué casos aplica y los límites.
Eventos recientes
Pensar como empresarios, analizar escenarios y tomar decisiones con información limitada fueron algunos de los retos que enfrentaron estudiantes universitarios durante la segunda edición del Simulador de Negocios, una experiencia que en esta ocasión puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos para el futuro del país: la seguridad hídrica.Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, dio la bienvenida a los participantes y destacó que el simulador representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, así como para desarrollar una habilidad fundamental en el ámbito profesional: la toma de decisiones.La presidenta invitó a los estudiantes a aprovechar la experiencia para analizar escenarios, trabajar en equipo, defender sus ideas y aprender de las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, los exhortó a mantener un vínculo cercano con el Colegio desde su etapa universitaria y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ofrece la institución.En esta edición, bajo el concepto “Proyecto Esmeralda: construyendo la seguridad hídrica de México”, los equipos asumieron el reto de diseñar un modelo de negocio que justificara una inversión privada de 250 millones de dólares para impulsar proyectos de infraestructura hídrica hacia 2035.Como parte del desafío, los participantes analizaron las condiciones del Estado de México, Nuevo León y Sonora para determinar dónde tendría mayor viabilidad su proyecto, considerando aspectos financieros, sociales, ambientales y de riesgo. Entre las alternativas se encontraban plantas de tratamiento y reúso de agua, infraestructura inteligente para reducir fugas, sistemas regionales de almacenamiento y distribución y plantas desalinizadoras.La competencia se desarrolló en tres etapas: desarrollo de la propuesta, exposición ante el jurado y una fase final de justificación mediante preguntas y respuestas. Los equipos pusieron a prueba sus conocimientos en herramientas como VAN, TIR, ROI, Payback, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad, además de incorporar elementos de impacto social, sostenibilidad y análisis de riesgos.En esta edición participaron estudiantes de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Universidad Tres Culturas – Campus Atizapán, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) – Campus Escuela Superior de Zimapán, Universidad Panamericana (UP), UNAM – Facultad de Contaduría y Administración e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) – Campus Ciudad de México.La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de las comisiones de Finanzas y Sistema Financiero y Sector Empresarial, encabezado por Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria.Tras analizar las propuestas y el desempeño de los equipos, los resultados fueron:Primer lugar: Universidad de Ixtlahuaca CUISegundo lugar: UNAM – Facultad de Contaduría y AdministraciónTercer lugar: Universidad Panamericana (UP)El evento contó con el patrocinio de CONTPAQi® y tuvo como maestro de ceremonias a Víctor Manuel Pérez Ruiz, quien también fue el encargado de cerrar las actividades.
Una decisión fiscal mal sustentada puede convertirse en un riesgo para toda la empresa. Con esta premisa como punto de partida, el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el evento Importancia de la asesoría fiscal en la empresa, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, donde especialistas en materia administrativa y tributaria analizaron los desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir contingencias, responder ante las autoridades y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. La sesión fue coordinada por Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, y reunió a Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada anticorrupción; Javier Ramírez Jacintos, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Susana Mireles Arreola, especialista fiscal independiente, y Jorge García González, socio en Mancera.Durante su participación, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía explicó el alcance de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su aplicación para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas. Al abordar la responsabilidad de servidores públicos y particulares, detalló las etapas de investigación, substanciación y resolución, así como la intervención de los Tribunales de Justicia Administrativa en los casos de faltas graves. También señaló que las sanciones pueden incluir multas, inhabilitaciones y, tratándose de personas morales, la suspensión de actividades o disolución de sociedades.En este contexto, la magistrada destacó la importancia de que las empresas cuenten con políticas de integridad que contemplen manuales de organización, códigos de conducta, sistemas de control, mecanismos de denuncia y capacitación. Asimismo, mencionó las medidas cautelares previstas en el marco legal y la posibilidad de reducir sanciones mediante la confesión de responsabilidad, subrayando la necesidad de que las organizaciones conozcan las obligaciones y responsabilidades que pueden derivarse de sus actuaciones.Por su parte, Javier Ramírez Jacintos llevó la conversación al terreno de la defensa fiscal y explicó los principales recursos con los que cuentan los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades. En su exposición, puso especial énfasis en el soporte probatorio y la materialidad de las operaciones, elementos fundamentales durante los procesos de fiscalización. Más adelante, analizó las alternativas disponibles, entre ellas el recurso administrativo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo, además de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.A su vez, Susana Mireles Arreola centró su intervención en el cumplimiento cotidiano y la identificación de riesgos dentro de las empresas. Comentó la importancia de revisar la situación fiscal de los socios, el manejo adecuado de los CFDI y las obligaciones formales, al tiempo que destacó el potencial de la inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo. También hizo referencia al Plan Maestro 2026 del SAT y a sus líneas de atención sobre prácticas como la simulación de operaciones y el uso de pérdidas fiscales, así como al papel de la inteligencia de datos para fortalecer la fiscalización y combatir la evasión.Hacia el cierre del encuentro, Jorge García González abordó la prevención de riesgos fiscales desde la perspectiva de las prácticas indebidas, la ética profesional y el control interno. Analizó las medidas para combatir operaciones inexistentes o sin razón de negocios y enfatizó que la asesoría debe sustentarse en una base creíble de las disposiciones legales, sin participar en conductas ilícitas como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Finalmente, como parte de su intervención, planteó la actualización de los controles internos, la revisión de las operaciones, la congruencia de la información presentada a las autoridades y la capacitación continua como elementos esenciales para anticipar contingencias.
Con el objetivo de hablar sobre los criterios jurisdiccionales para anticipar riesgos, fortalecer el cumplimiento fiscal y sustentar adecuadamente una posición ante autoridades, la comisión de Contribuciones Locales del Colegio llevó a cabo el foro Tesis y jurisprudencias en materia de contribuciones locales.Durante el encuentro, presentado este 7 de septiembre, los especialistas abordaron las bases constitucionales de la coordinación fiscal, los medios administrativos y jurisdiccionales de defensa frente a actos de autoridades locales, así como los criterios normativos aplicables a los gravámenes de carácter estatal y municipal.En su intervención, Sergio Ríos Alonso analizó la distribución de facultades tributarias dentro del pacto federal. Explicó que el Sistema de Coordinación Fiscal busca articular la hacienda pública entre la Federación, las entidades federativas y los municipios mediante la distribución de participaciones y reglas de colaboración administrativa.Al contextualizar este marco en los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Política, destacó el principio de facultades reservadas a los estados respecto de aquello no conferido expresamente a la Federación. Asimismo, expuso el alcance del artículo 115 constitucional, precisando la autonomía municipal para la administración de su hacienda pública, integrada principalmente por tributos sobre la propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos por servicios públicos, elementos clave para la correcta delimitación de la competencia fiscal local.Por su parte, Emiliano Fajardo Sotelo abordó las vías procedimentales de medios de defensa frente a actos tributarios subnacionales, detallando la naturaleza y substanciación del recurso de inconformidad como mecanismo administrativo de revisión ante la propia autoridad emisora.Al respecto, subrayó los requisitos formales esenciales para su procedencia, así como sus etapas procesales que concluyen con la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado.En tanto, Rodrigo Farías García expuso un panorama sobre los gravámenes locales de mayor impacto operativo para las organizaciones y los criterios jurisprudenciales vigentes emitidos por los tribunales federales. Centró su análisis en la interpretación judicial del impuesto sobre nóminas, los derechos por servicios públicos y aprovechamientos, el impuesto predial, así como el marco regulatorio y los pronunciamientos recientes relativos a los impuestos ecológicos adoptados por diversas entidades federativas.La encargada de cerrar el foro fue la contadora Laila Yarina Moreno, quien remarcó la importancia de mantener una actualización permanente respecto a las tesis y criterios jurisprudenciales.
