El 12 de febrero, el curso Tópicos selectos de precios de transferencia 1 fue presentado en el Colegio gracias a la coordinación de la comisión de Precios de Transferencia. Con el apoyo de los integrantes de la comisión: Paola Arredondo Marrón, Violeta Valerio Méndez, Karen Ramos Álvarez y Luis Antonio Andrade León, el espacio buscó fortalecer a los asistentes mediante el desarrollo de definiciones y estrategias fiscales en materia de precios de transferencia.
Para comenzar el evento, Paola Arreondo y Violeta Valerio presentaron información fundamental para entender los ajustes de precios de transferencia, correcciones realizadas para apegar el valor de transacciones al valor de mercado. Para ello, desarrollaron los fundamentos normativos de estos, contenidos en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y que se complementa con la sección 3.9.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).
Posteriormente, se desarrollaron los tipos de ajustes de precios de transferencia y puntualizaron que la correcta identificación de esta clasificación determina los efectos fiscales y los requisitos aplicables. Las ponentes comentaron que el sentido del ajuste, en disminución o aumento, también conlleva requerimientos específicos contenidos en la RMF y concluyeron el apartado con los requisitos documentales necesarios para la deducción de ajustes de precios de transferencia.
Para concluir con su segmento, las profesionales comentaron las obligaciones de declaración informativa sujetas a los ajustes de precios de transferencia: la Informativa local, el anexo 9 de la DIM, el formato 76 de Operaciones Relevantes, la Información Sobre la Situación Fiscal (ISSIF) y el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED). Además, enunciaron la importancia de monitorear de manera preventiva para detectar ajustes en los precios de transferencia
El segundo apartado del evento fue dirigido por Karen Ramos y Luis Antonio Andrade, quienes comentaron las consideraciones necesarias para un cierre anual apropiado con relación a los precios de transferencia. Para la apertura de su espacio, los expertos destacaron la importancia de construir la documentación de las transacciones necesaria para el cumplimiento, durante la operación y no de manera retroactiva. Adicionalmente, señalaron la importancia de analizar los riesgos de cada operación intercompañía, considerando los contratos de éstas y la fecha cierta.
Los ponentes señalaron que la materialidad es un factor determinante para la deducción entre partes relacionadas, ya que la autoridad exige demostrar la materialidad de los servicios solicitados, ejecutados y recibidos. Por ello, es relevante levantar evidencia documental que soporte las operaciones.
Posteriormente se listaron los momentos del año fiscal que se deben considerar para analizar y tomar acción para preservar el cumplimiento en materia de precios de transferencia, como los cambios en el modelo operativo, la implementación de nuevos servicios, reestructuras del grupo y los cierres contables y fiscales anuales.
Finalmente, los ponentes comentaron la importancia de un enfoque basado en riesgo para responder a la necesidad de anticiparse, contener y actuar en tiempo real. Identificar riesgos, ubicar áreas de oportunidad, fortalecer el cumplimiento y reducir la exposición a riesgos es fundamental para lograr un cierre anual favorable; dicho de otra forma, el cierre de año depende del trabajo realizado durante todo el año.
Eventos recientes
Este 25 de agosto, el Colegio celebró la octava edición del Foro de ética con el propósito de analizar y difundir los principios que rigen la práctica contable en los entornos empresarial, independiente, gubernamental, financiero y docente. Durante la primera intervención, Norma Leyla Rangel López abordó los puntos finos para la estructuración de programas de cumplimiento en entidades en funcionamiento. En su exposición destacó la relevancia de la Norma de Información Financiera (NIF) A-2 y el postulado de negocio en marcha, vigentes de forma obligatoria a partir de 2025, los cuales exigen una evaluación formal, documentada y prospectiva a doce meses sobre la viabilidad de las organizaciones, informó la panelista.Asimismo, la especialista expuso las transformaciones que se han manifestado este año y que derivan de las disposiciones del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), entre las que destacan la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Ética para el Aseguramiento de la Sostenibilidad, los nuevos requerimientos en planeación fiscal y el uso de expertos, así como la actualización de la Norma Internacional de Educación.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez centró su participación en los requerimientos éticos indispensables para el control de calidad en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la prevención de contingencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al respecto, explicó cómo se relacionan el Código de Ética Profesional y el Código de Conducta del SAT con el ecosistema de facturación electrónica.De igual forma, enfatizó que los principios de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad institucional obligan a la autoridad a fundamentar sus actuaciones y evitar cobros o restricciones arbitrarias de sellos digitales, y al contador público a mantener la veracidad, objetividad y competencia para evitar la simulación de operaciones.También participó en el foro la contadora Silvia Matus de la Cruz, quien analizó la planeación estratégica con enfoque ético para la prevención del lavado de dinero y la mitigación de riesgos fiscales. En este sentido, comentó que la profesionalidad actúa como escudo mediante la aplicación del marco de la IESBA, que permite evaluar amenazas a través de la prueba del tercero razonable y gestionar los incentivos y periodos de desconexión.Por otro lado, señaló que la profesión se constituye como la primera línea de defensa macroeconómica frente a la delincuencia organizada y la evasión fiscal, al aplicar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Finalmente, la contadora María de Lourdes Nabor Cadena expuso las principales modificaciones incorporadas al Código de Ética Profesional para 2026; entre las novedades destacó la inclusión de los servicios de planificación fiscal en los sectores público, privado e independiente, estableciendo que el asesoramiento debe contar siempre con una base razonable conforme a la ley y evaluar los impactos reputacionales y comerciales.Además, abordó las nuevas disposiciones en materia de tecnologías de la información e hizo hincapié en que, si bien la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización optimizan cruces de datos, el juicio profesional y el criterio humano son fundamentales en el actuar profesional.
El Colegio llevó a cabo el curso Repse: taller sobre beneficios laborales, fiscales y sociales el 25 de agosto, el cual contó con la coordinación de Jorge Alvarado Cordero y la participación de los ponentes Jorge Eugenio Martínez Vargas, Selene Paredes De la Rosa y Alberto Flores Mesa, todos integrantes de la comisión técnica Sector empresarial. El desarrollo del taller se estructuró en tres temas fundamentales: los aspectos laborales del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), las implicaciones fiscales enfocadas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los aspectos de seguridad social relativos a las Informativas de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE) y Sistema de Información de Subcontratación (SISUB).Durante la primera hora, centrada en la normatividad laboral, Jorge Eugenio Martínez Vargas analizó la complejidad operativa y jurídica que afrontan las empresas ante las exigencias de este registro. El abogado expuso que la falta de actualización del sistema dificulta verificar los registros cancelados y señaló que la imposición del Repse genera sobrecarga administrativa. De igual manera, abordó las controversias derivadas de la coincidencia del objeto social, el riesgo de simulación laboral y la aplicación de sanciones por incumplimiento.Martínez Vargas precisó que las personas físicas con actividad empresarial sin trabajadores a cargo no tienen obligación de tramitar el registro. En cuanto a proveedores de servicios como banquetes, jardinería o instalación de productos terminados, el especialista sostuvo que el trámite resulta innecesario cuando los trabajos no implican una subordinación directa hacia la empresa contratante. De igual manera, explicó que los despachos de contadores tampoco requieren dicha inscripción para la prestación de sus servicios profesionales.Finalmente, el expositor examinó las implicaciones de la responsabilidad solidaria en materia de cuotas y auditorías, así como las confusiones conceptuales generadas por las normativas vigentes. Enfatizó la importancia de elaborar contratos específicos y adecuados a la realidad operativa de cada operación mercantil con el propósito de evitar interpretaciones erróneas por parte de la autoridad fiscal y laboral.La segunda participación estuvo a cargo de Selene Paredes De la Rosa, quien analizó los impactos del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el ISR y en el IVA; además, destacó la reforma iniciada en 2020 y publicada el 24 de abril de 2021, la cual modificó 12 artículos, adicionó 15 y derogó seis en diversas leyes para eliminar la subcontratación laboral e incorporar reglas sobre servicios especializados. En este tenor enfatizó que el artículo 15.° del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la prohibición de esquemas agresivos de subcontratación de personal cuando las actividades se desempeñan en relación con el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa contratante.En este sentido, precisó que la norma permite la contratación de servicios u obras especializadas, incluso entre empresas de un mismo grupo corporativo, siempre que no formen parte de la actividad preponderante y se cuente con el registro en la plataforma correspondiente. La especialista aclaró dudas sobre la existencia de subordinación laboral, los servicios prestados entre partes relacionadas, la adquisición de productos por maquila y los criterios aplicables a diversos sectores para mitigar riesgos de rechazo en deducciones o acreditamientos. La tercera y última participación fue de Alberto Flores Mesa, quien abordó los aspectos de seguridad social del REPSE, así como las plataformas del ICSOE y del SISUB. En su exposición detalló las diferencias legales entre ambos sistemas, el fundamento jurídico del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social (LSS), la periodicidad cuatrimestral de reporte, la gestión de usuarios capturistas dentro del sistema, el intercambio de información entre autoridades (IMSS, Infonavit, SAT y STPS) y los procedimientos prácticos para registrar declaraciones informativas tanto con datos como sin información.En ese sentido, el especialista mencionó que la entrega extemporánea u omisión de esta obligación faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a imponer multas que oscilan entre 500 y 2000 UMA. En caso de no celebrar contratos durante el periodo a reportar, existe la obligación de presentar la declaración bajo la modalidad sin información. El Salario Base de Cotización a declarar corresponde al último salario registrado del trabajador dentro del periodo. De forma adicional, Flores Mesa, el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mandata el cumplimiento cuatrimestral de la entrega de información contractual, montos de aportaciones, amortizaciones y datos de los trabajadores a través del Sistema de Información de Subcontratación. Ambas instituciones mantienen convenios de colaboración con la STPS para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, lo que permite detectar inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y proceder con la cancelación del registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Para cerrar el taller, se realizó una ronda de preguntas y respuestas, así como la entrega de reconocimientos.
Este 24 de agosto, el Colegio y México Evalúa concretaron una alianza estratégica orientada a impulsar acciones de investigación, análisis y difusión en materia de transparencia, rendición de cuentas y civismo fiscal. Además, el acuerdo establece las bases para que ambas instituciones desarrollen actividades orientadas a generar conocimiento, fortalecer capacidades y promover espacios de diálogo sobre asuntos de interés público. Durante la firma, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la institución ha buscado construir alianzas que contribuyan a su crecimiento y permitan ampliar la aportación de la contaduría pública al fortalecimiento de las organizaciones y las instituciones.Señaló que la profesión contable tiene una responsabilidad que trasciende el ámbito empresarial y organizacional, particularmente por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado manejo de los recursos; “en este Colegio creemos firmemente en el poder de las alianzas”, expresó la contadora.Por su parte, María de Lourdes Morales Canales, coordinadora del Programa de Ciudadanía de México Evalúa, subrayó la relevancia de este acuerdo ante los retos que enfrenta el país en materia de fortalecimiento institucional y participación ciudadana.Morales Canales explicó que, como parte de los compromisos adoptados, se impulsará el proyecto El poder de tus contribuciones, iniciativa que busca promover una visión del civismo fiscal y fomentar una ciudadanía consciente de sus derechos y capacitada para exigir que la gestión de los fondos públicos se traduzca en beneficios concretos y accesibles.Mediante este marco de colaboración, México Evalúa podrá convocar a los integrantes del Colegio a participaciones activas en seminarios, conferencias, talleres y debates, además de colaborar de forma conjunta en la elaboración y divulgación de materiales especializados. Para dar seguimiento a las actividades proyectadas, se designó como enlaces institucionales a Morales Canales por parte de México Evalúa y a la contadora Rosa María Cruz Lesbros por parte del Colegio.Con esta colaboración, el Colegio refrenda su interés en ampliar los espacios de participación de la profesión contable en asuntos vinculados con las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que fortalece la vinculación de su membresía con iniciativas de investigación, generación de conocimiento y participación ciudadana.
