Para platicar acerca de las nuevas obligaciones relativas a la capitalización de pasivos de las personas morales y las consideraciones que se deben de tener en cuenta, el Colegio y la comisión técnica de Auditoría Fiscal presentaron el foro Certificación de la capitalización de pasivos por el CPI, espacio en el que se presentaron los contadores y comisionados Julio Ortiz Guerrero y José Carlos Romero Cuellar.
Durante el evento, presentado el 19 de septiembre, se puntualizó que la capitalización de pasivos ha sido una figura útil para las organizaciones que tienen un alto índice de endeudamiento, pues, en voz de Romero Cuellar, este concepto contribuye pone a la empresa en una mejor posición para obtener financiamiento externo en el futuro o a renegociar la deuda mejorando la condición de préstamos existentes.
Ante este panorama, el especialista agregó que la capitalización de pasivos es una medida efectiva para reestructurar los pasivos de las empresas; “para la organización, al contar con pasivos, puede representar una probable disminución de recursos económicos para la misma”, explicó José Carlos Romero. Sin embargo, advirtió que la compañía puede evitar el desembolso de flujo de efectivo otorgando participación del capital a través de acciones a los acreedores.
En materia fiscal, los panelistas comentaron que, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), dicha capitalización puede aumentar la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) al no estar restringida como lo es el caso de capitalización de utilidades, así como la reinversión de utilidades o dividendos.
“Los contribuyentes utilizaban esta figura para aumentar el monto de su CUCA y no estar sujetos a la no deducibilidad de intereses pagados a sus partes relacionadas residentes en el extranjero, de conformidad con la LISR, en la que se establece que no serán deducibles los intereses del monto de las deudas que excedan del triple de su capital contable”, señaló Romero Cuellar.
Esto derivó en que la autoridad fiscal busque que el contribuyente acredite una sustancia económica en estas operaciones; por ello, aclaró Ortiz Guerrero que en respuesta a esta situación la autoridad publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca regular el aumento de la CUCA por capitalización de pasivos, estableciendo que el contribuyente que utilice esta figura deberá conservar actas de asamblea donde consten dichos actos, certificar la existencia contable de pasivos y el valor de estos.
“El artículo 30 del CFF establece que la contabilidad se debe conservar a disposición de la autoridad durante un plazo de cinco años a partir de presentada la declaración del ejercicio correspondiente; además, se indica que existen actos cuyos efectos fiscales se prolongan en el tiempo o son a largo plazo”, enfatizó el expositor.
En virtud de lo anterior, el especialista en la materia compartió los criterios que los auditores deben de tener en cuenta en caso de capitalización de pasivos, tales como que el acreedor es parte relacionada; de las operaciones que dan origen al adeudo se tienen por escrito el estudio de precios de transferencia de los periodos a que corresponden los movimientos; y finalmente, en el caso de intereses se tienen los CFDI, facturas, si son extranjeros solamente los cálculos en un papel de trabajo.
El encargado de clausurar este evento fue el contador Jesús Sánchez Robles, quien además fungió como coordinador del evento y medio por el que se despejaron las dudas de los participantes.
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El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una obligación medible. Así lo destacaron expertos durante el evento Reporte con métricas sostenibles, donde se presentó el nuevo marco normativo que exige a las organizaciones integrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus reportes corporativos con el mismo rigor que la información financiera.El evento, realizado el 26 de septiembre y organizado por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio, dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte de su presidenta, Graciela Enríquez Guadarrama, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre los grandes desafíos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que deben reflejarse en los reportes corporativos.En ese sentido, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso, socia de Asesoría Contable y de Reporte en Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, centró su intervención en el marco conceptual de las nuevas normas. Explicó que las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) buscan alinear la preparación y divulgación de la información de sostenibilidad con los principios de las Normas de Información Financiera. En ese contexto, señaló que esto implica una transformación en la forma en que las organizaciones reportan, ya que la sostenibilidad no puede estar desligada de la información financiera.Durante su presentación, subrayó que la información no financiera debe cumplir con los mismos estándares de calidad que los reportes financieros tradicionales: relevancia, representación fiel, neutralidad y completitud de los datos. Además, enfatizó que la sostenibilidad debe ser medible con base en métricas claras, verificables y materialmente significativas.En el ámbito social, Hidalgo presentó los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten evaluar aspectos como la igualdad de oportunidades, el trabajo digno, la brecha salarial, la capacitación del personal y la seguridad laboral. “La gestión de métricas sostenibles no solo fortalece la transparencia y confianza, sino que genera valor al alinear las prácticas empresariales con los objetivos de desarrollo social y ambiental”, afirmó.Por su parte, Carlos Carrillo Contreras, integrante de la comisión de Sostenibilidad y Diana Uribe Márquez, gerente senior de Assurance en Deloitte, abordaron la Norma de Información de Sostenibilidad B-1, centrada en los factores ambientales. Informaron que esta norma introduce 30 indicadores obligatorios a partir de 2025, diseñados para estandarizar el reporte ambiental. “Estas métricas permiten evaluar desempeño, identificar riesgos y generar valor para los grupos de interés”, señalaron.Entre los ejemplos presentados en la presentación, destacaron la medición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus tres alcances, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, así como el uso de sustancias que afectan la capa de ozono. También dieron a conocer herramientas prácticas desarrolladas por el CINIF, como la calculadora de emisiones de GEI y los mapas de estrés hídrico. Aunque reconocieron que la calidad y disponibilidad de los datos representan un desafío, coincidieron en que contar con reportes transparentes y comparables fortalece la credibilidad empresarial.Finalmente, otro de los temas abordados fue el de la gobernanza, presentado por Diana Neria Espinosa, integrante de la comisión organizadora. En su exposición compartió los indicadores establecidos por las NIS B-1 en esta materia, destacando la importancia de estructuras de gobierno corporativo robustas, políticas de gestión de riesgos y la diversidad en los órganos de decisión. “La existencia de consejos de administración con visión estratégica, órganos de vigilancia independientes y estructuras de rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia”, apuntó.También mencionó la necesidad de implementar códigos de ética, políticas de privacidad, seguridad de la información y protección de datos, elementos que calificó como clave para fortalecer la relación con los grupos de interés. “Estos indicadores permiten mitigar riesgos de corrupción, malas prácticas y vulnerabilidades cibernéticas”, dijo. Concluyó advirtiendo que, aunque su implementación puede ser un reto, especialmente para las pymes, su integración en la estrategia de negocio es esencial para lograr una sostenibilidad robusta y creíble.
Del 22 al 25 de septiembre, el Colegio fue sede de la 21ª Semana de temas fiscales selectos, un espacio destinado a reforzar el conocimiento de los asistentes sobre tópicos fiscales clave en esa materia, y que fue coordinado por Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Ernesto Torres García, Marcial Agapito Cavazos Ortiz y Alejandro Javier Sánchez Calderón, representantes de la comisión técnica de Investigación Fiscal. La jornada contó con ocho ponencias a lo largo de cuatro días, donde contadores y abogados especialistas detallaron distintos temas de interés para profesionistas y contribuyentes interesados.El primer tema fue la Enajenación de acciones a personas morales, con la presentación de Elio Fernando Zurita Morales y Jorge León Manzanilla Cañizares, proceso que supone la transmisión de la propiedad de acciones y, por lo tanto, tiene implicaciones fiscales significativas. Así, durante la ponencia se detalló el proceso para calcular el monto original ajustado y su relevancia para determinar la utilidad o pérdida neta sobre la cual se aplicarán los impuestos correspondientes en la venta de las acciones. Además, se comentaron los costos fiscales derivados de la transferencia de estos activos por reestructuraciones de sociedades.En Esquemas reportables, Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón compartieron el concepto, marco legal y la importancia de ellos. Como complemento, se señalaron las diferencias entre esquemas generalizados y personalizados, junto con ejemplos que permitieran identificar sus características. Durante su ponencia, se reiteró el concepto de asesor fiscal, personas que, en el desarrollo de su profesión, se encargan de un esquema reportable, con lo que se detallaron sus responsabilidades y riesgos en el incumplimiento, así como las multas relacionadas a su ejercicio.El segundo día se presentó la ponencia de José Gerardo Alfaro Osorio y Manuel Torres García Villalobos, donde se detallaron los aspectos clave de las operaciones entre partes relacionadas que competen al apropiado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tras comentar el marco normativo contenido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) con relación a los precios de transferencia y los criterios que deben aplicarse para realizar ajustes a ellos, los ponentes señalaron la importancia de las declaraciones anuales de partes relacionadas contenidas en el plan de acción Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), ya que permiten contar con más información para las administraciones fiscales mediante un reporte escalonado que refleje consistencia en la organización a distintos niveles. En Acreditamiento de ISR pagado en el extranjero, Paola Irene Salvador López y Miguel Ángel Temblador Torres dieron continuidad a la jornada. Durante su presentación delinearon el papel de este acreditamiento como un medio unilateral para evitar la doble tributación; por ello, los ponentes compartieron los métodos para el cálculo de la utilidad fiscal, ya que permite determinar el límite de acreditamiento en función del país o territorio relacionado.Para el tercer día se presentaron dos ponencias complementarias: Razón de negocios y materialidad de las operaciones, por Cecilia Bustamante Bejarano y Ángel José Turanzas Díaz; y Revisiones del SAT y defensa fiscal, por Alejandro Javier Torres Rivero y Daniel Eugenio De la Parra Huerta.Primero se definió el concepto de materialidad y se comentó a la audiencia la manera en que se ha convertido en un eje de fiscalización para la autoridad en cualquier procedimiento relacionado con auditorías. Sin embargo, según señalan, al ser un concepto abierto a interpretación debido a su falta de regulación, puede llevarse a extremos absurdos que pongan a los contribuyentes en una situación vulnerable; incluso cuando los elementos brindados por la autoridad son rechazados, esta no emite una indicación sobre los elementos ideales para demostrar materialidad, con lo que deja expuesto al contribuyente al criterio de los tribunales.Este concepto se extiende a todos los conceptos indeterminados con espacio a la interpretación, por lo que se debe contar con un constante proceso de actualización que permita anticiparse a las medidas de la autoridad, como sus revisiones y vigilancias, para prevenir antes de reparar. Aún así, la prevención implica también el conocimiento sobre los medios al alcance del contribuyente para protegerse frente a la autoridad, por ello los expositores abonaron en el conocimiento reactivo sobre las acciones y recursos administrativos y jurisdiccionales que brindan defensa al tributario. Finalmente, las ultimas conferencias a de esta jornada fueron Ingresos de personas físicas y Régimen simplificado de confianza. La primera, dirigida por Edyth Ramírez Sánchez y Arturo Camacho Osegueda, quienes se encargaron de destacar dos aspectos clave acerca del tema: los ingresos de las personas físicas son un tema complejo que debe ser atendido con detalle y, por lo tanto, el profesional debe brindar apoyo minucioso para permitir al contribuyente presentar sus obligaciones apropiadamente. Esto requiere un compromiso bidireccional, donde el contribuyente comunica transparentemente sus ingresos al profesional y el profesional permanece informado para poder brindar un soporte profesional adecuado.Adrián Urbina Galicia y Humberto Cruz Hernández presentaron la última conferencia de este evento, donde detallaron los requisitos y obligaciones del Régimen simplificado de confianza (RESICO) para personas físicas y morales. Durante su charla señalaron la importancia de conocer estas características para hacer uso del régimen de manera correcta y evitar la expulsión del contribuyente, por lo que su uso debe implicar una labor de planeación preliminar que señale la compatibilidad entre el régimen y la persona moral o física. Finalmente, los coordinadores del evento agradecieron a los asistentes y les invitaron a mantenerse actualizados en materia fiscal de manera regular, ya que es un campo donde la información hace una enorme diferencia para el cumplimiento.
