Del 22 al 25
de septiembre, el Colegio fue sede de la 21ª Semana de temas fiscales selectos,
un espacio destinado a reforzar el conocimiento de los asistentes sobre tópicos
fiscales clave en esa materia, y que fue coordinado por Miguel Mauricio Urrutia
Schleske, Ernesto Torres García, Marcial Agapito Cavazos Ortiz y Alejandro
Javier Sánchez Calderón, representantes de la comisión técnica de Investigación
Fiscal.
La jornada
contó con ocho ponencias a lo largo de cuatro días, donde contadores y abogados
especialistas detallaron distintos temas de interés para profesionistas y
contribuyentes interesados.
El primer
tema fue la Enajenación de acciones a personas morales, con la presentación de Elio
Fernando Zurita Morales y Jorge León Manzanilla Cañizares, proceso que supone
la transmisión de la propiedad de acciones y, por lo tanto, tiene implicaciones
fiscales significativas. Así, durante la ponencia se detalló el proceso para
calcular el monto original ajustado y su relevancia para determinar la utilidad
o pérdida neta sobre la cual se aplicarán los impuestos correspondientes en la
venta de las acciones. Además, se comentaron los costos fiscales derivados de
la transferencia de estos activos por reestructuraciones de sociedades.
En Esquemas
reportables, Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón compartieron
el concepto, marco legal y la importancia de ellos. Como complemento, se señalaron
las diferencias entre esquemas generalizados y personalizados, junto con
ejemplos que permitieran identificar sus características. Durante su ponencia,
se reiteró el concepto de asesor fiscal, personas que, en el desarrollo de su
profesión, se encargan de un esquema reportable, con lo que se detallaron sus
responsabilidades y riesgos en el incumplimiento, así como las multas
relacionadas a su ejercicio.
El segundo
día se presentó la ponencia de José Gerardo Alfaro Osorio y Manuel Torres
García Villalobos, donde se detallaron los aspectos clave de las operaciones
entre partes relacionadas que competen al apropiado cumplimiento de las
obligaciones fiscales. Tras comentar el marco normativo contenido en la Ley de
Impuesto Sobre la Renta (LISR) con relación a los precios de transferencia y
los criterios que deben aplicarse para realizar ajustes a ellos, los ponentes señalaron
la importancia de las declaraciones anuales de partes relacionadas contenidas
en el plan de acción Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS,
por sus siglas en inglés), ya que permiten contar con más información para las
administraciones fiscales mediante un reporte escalonado que refleje
consistencia en la organización a distintos niveles.
En Acreditamiento
de ISR pagado en el extranjero, Paola Irene Salvador López y Miguel Ángel
Temblador Torres dieron continuidad a la jornada. Durante su presentación delinearon
el papel de este acreditamiento como un medio unilateral para evitar la doble
tributación; por ello, los ponentes compartieron los métodos para el cálculo de
la utilidad fiscal, ya que permite determinar el límite de acreditamiento en
función del país o territorio relacionado.
Para el
tercer día se presentaron dos ponencias complementarias: Razón de negocios y
materialidad de las operaciones, por Cecilia Bustamante Bejarano y Ángel
José Turanzas Díaz; y Revisiones del SAT y defensa fiscal, por Alejandro
Javier Torres Rivero y Daniel Eugenio De la Parra Huerta.
Primero se
definió el concepto de materialidad y se comentó a la audiencia la manera en
que se ha convertido en un eje de fiscalización para la autoridad en cualquier
procedimiento relacionado con auditorías. Sin embargo, según señalan, al ser un
concepto abierto a interpretación debido a su falta de regulación, puede
llevarse a extremos absurdos que pongan a los contribuyentes en una situación
vulnerable; incluso cuando los elementos brindados por la autoridad son
rechazados, esta no emite una indicación sobre los elementos ideales para
demostrar materialidad, con lo que deja expuesto al contribuyente al criterio
de los tribunales.
Este
concepto se extiende a todos los conceptos indeterminados con espacio a la
interpretación, por lo que se debe contar con un constante proceso de
actualización que permita anticiparse a las medidas de la autoridad, como sus
revisiones y vigilancias, para prevenir antes de reparar. Aún así, la
prevención implica también el conocimiento sobre los medios al alcance del
contribuyente para protegerse frente a la autoridad, por ello los expositores
abonaron en el conocimiento reactivo sobre las acciones y recursos
administrativos y jurisdiccionales que brindan defensa al tributario.
Finalmente, las
ultimas conferencias a de esta jornada fueron Ingresos de personas físicas y
Régimen simplificado de confianza. La primera, dirigida por Edyth Ramírez
Sánchez y Arturo Camacho Osegueda, quienes se encargaron de destacar dos
aspectos clave acerca del tema: los ingresos de las personas físicas son un
tema complejo que debe ser atendido con detalle y, por lo tanto, el profesional
debe brindar apoyo minucioso para permitir al contribuyente presentar sus
obligaciones apropiadamente. Esto requiere un compromiso bidireccional, donde
el contribuyente comunica transparentemente sus ingresos al profesional y el
profesional permanece informado para poder brindar un soporte profesional adecuado.
Adrián
Urbina Galicia y Humberto Cruz Hernández presentaron la última conferencia de
este evento, donde detallaron los requisitos y obligaciones del Régimen
simplificado de confianza (RESICO) para personas físicas y morales. Durante su
charla señalaron la importancia de conocer estas características para hacer uso
del régimen de manera correcta y evitar la expulsión del contribuyente, por lo
que su uso debe implicar una labor de planeación preliminar que señale la
compatibilidad entre el régimen y la persona moral o física.
Finalmente,
los coordinadores del evento agradecieron a los asistentes y les invitaron a
mantenerse actualizados en materia fiscal de manera regular, ya que es un campo
donde la información hace una enorme diferencia para el cumplimiento.
Eventos recientes
El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una obligación medible. Así lo destacaron expertos durante el evento Reporte con métricas sostenibles, donde se presentó el nuevo marco normativo que exige a las organizaciones integrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus reportes corporativos con el mismo rigor que la información financiera.El evento, realizado el 26 de septiembre y organizado por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio, dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte de su presidenta, Graciela Enríquez Guadarrama, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre los grandes desafíos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que deben reflejarse en los reportes corporativos.En ese sentido, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso, socia de Asesoría Contable y de Reporte en Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, centró su intervención en el marco conceptual de las nuevas normas. Explicó que las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) buscan alinear la preparación y divulgación de la información de sostenibilidad con los principios de las Normas de Información Financiera. En ese contexto, señaló que esto implica una transformación en la forma en que las organizaciones reportan, ya que la sostenibilidad no puede estar desligada de la información financiera.Durante su presentación, subrayó que la información no financiera debe cumplir con los mismos estándares de calidad que los reportes financieros tradicionales: relevancia, representación fiel, neutralidad y completitud de los datos. Además, enfatizó que la sostenibilidad debe ser medible con base en métricas claras, verificables y materialmente significativas.En el ámbito social, Hidalgo presentó los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten evaluar aspectos como la igualdad de oportunidades, el trabajo digno, la brecha salarial, la capacitación del personal y la seguridad laboral. “La gestión de métricas sostenibles no solo fortalece la transparencia y confianza, sino que genera valor al alinear las prácticas empresariales con los objetivos de desarrollo social y ambiental”, afirmó.Por su parte, Carlos Carrillo Contreras, integrante de la comisión de Sostenibilidad y Diana Uribe Márquez, gerente senior de Assurance en Deloitte, abordaron la Norma de Información de Sostenibilidad B-1, centrada en los factores ambientales. Informaron que esta norma introduce 30 indicadores obligatorios a partir de 2025, diseñados para estandarizar el reporte ambiental. “Estas métricas permiten evaluar desempeño, identificar riesgos y generar valor para los grupos de interés”, señalaron.Entre los ejemplos presentados en la presentación, destacaron la medición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus tres alcances, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, así como el uso de sustancias que afectan la capa de ozono. También dieron a conocer herramientas prácticas desarrolladas por el CINIF, como la calculadora de emisiones de GEI y los mapas de estrés hídrico. Aunque reconocieron que la calidad y disponibilidad de los datos representan un desafío, coincidieron en que contar con reportes transparentes y comparables fortalece la credibilidad empresarial.Finalmente, otro de los temas abordados fue el de la gobernanza, presentado por Diana Neria Espinosa, integrante de la comisión organizadora. En su exposición compartió los indicadores establecidos por las NIS B-1 en esta materia, destacando la importancia de estructuras de gobierno corporativo robustas, políticas de gestión de riesgos y la diversidad en los órganos de decisión. “La existencia de consejos de administración con visión estratégica, órganos de vigilancia independientes y estructuras de rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia”, apuntó.También mencionó la necesidad de implementar códigos de ética, políticas de privacidad, seguridad de la información y protección de datos, elementos que calificó como clave para fortalecer la relación con los grupos de interés. “Estos indicadores permiten mitigar riesgos de corrupción, malas prácticas y vulnerabilidades cibernéticas”, dijo. Concluyó advirtiendo que, aunque su implementación puede ser un reto, especialmente para las pymes, su integración en la estrategia de negocio es esencial para lograr una sostenibilidad robusta y creíble.
Este 23 de septiembre, el Colegio abrió sus puertas para presentar la octava edición del Foro fintech, encuentro en el que especialistas y profesionales de distintas áreas compartieron reflexiones, experiencias y discutieron sobre cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo las actividades organizacionales y, con ello, el rol del contador público y afines.El foro dio inicio con la intervención de Alberto Ratia Mendoza, quien habló del ecosistema fintech desde la mirada del inversionista. Subrayó que hoy la diversificación es más accesible gracias a plataformas digitales que permiten invertir desde casa en instrumentos tan variados como Cetes, bonos, crowdfunding e, incluso, pymes. Aseguró que el sistema financiero mexicano atraviesa una transformación digital profunda, en la que las sucursales pierden terreno frente a los dispositivos inteligentes.Seguido se presentó Jazmín García Juvenal y Mayra Espejel Rodríguez, quienes expusieron las tendencias regulatorias en torno a los activos digitales, en particular, sobre las stablecoins. Al respecto, compararon el enfoque que existe en Estados Unidos, donde los emisores son tratados como entidades financieras bajo supervisión de la Reserva Federal (Fed), con el marco europeo, el cual, bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), impone reglas estrictas de transparencia, capital y reservas.Ambas especialistas destacaron que el mercado de estas monedas estables pasó a más de 160 mil millones de dólares en el periodo de 2014 a 2025.El foro también abrió espacio para discutir sobre la función de la Inteligencia Artificial (IA). Carina Herrera Escalante y Rafael de Pina Lima cuestionaron si el uso de esta herramienta en las empresas debe verse como un gasto o como una inversión estratégica. Coincidieron en que su mayor valor radica en la interpretación de datos, la detección de anomalías y la experimentación constante, donde el contador público debe asumir un rol clave en la adopción de la IA.Más adelante, Silvia Rosa Matus de la Cruz, junto con Edmundo Romero Lázaro y Aimée Cortés Méndez, pusieron sobre la mesa los retos en materia de prevención de lavado de dinero. Sobre ello, recalcaron con los asistentes presenciales y remotos la importancia que tienen los procedimientos como la integración de expedientes, el análisis de perfiles y la debida diligencia en relaciones con terceros. Matus de la Cruz fue enfática al señalar que la responsabilidad del contador no solo es legal y regulatoria, sino también ética y preventiva, con efectos directos en la confianza del mercado y en la lucha contra la delincuencia económica.Para platicar sobre el ámbito legal, se contó con la ponencia de Adriana Jiménez Sandoval y Francisco Pinilla, quienes revisaron el estado de la Ley Fintech, promulgada en 2018. Señalaron que, mientras países como Reino Unido ya han avanzado hacia marcos específicos para la tokenización y las stablecoins, en México no existe aún un proyecto formal de reforma, lo que obliga al país a mirar hacia afuera y adaptarse hacia una Ley Fintech 2.0.Por su parte, Carlos Francisco Pérez Mejía y Jorge Manlio Sentíes Medellín hablaron de los desafíos en el reconocimiento de intangibles en las fintech, mientras que Francisco Javier Sánchez Hernández y Juan Ramón Carcaño López apuntaron que México se acerca a la barrera de las 400 startups en el sector, lo que llevará a la CNBV a reforzar su vigilancia sobre auditorías externas y a atender riesgos como el robo de identidad y la integridad de las bases de datos.Por su parte, Débora Carrizo, quien presentó su panel de forma digital, versó acerca de la tokenización de activos tangibles como el nuevo lenguaje financiero, y Jorge López Farjeat habló del emergente concepto del Internet del valor, capaz de transferir activos digitales con la misma velocidad y seguridad que hoy se comparte información en la red.El cierre estuvo marcado por reflexiones sobre los pagos digitales y la ciberseguridad a cargo de Carlos Castillo Perera, fundador de Chipipay, y Ricardo Tapia, quienes advirtieron sobre el crecimiento de fraudes y hackeos en la era fintech.Por último, Josué González Martínez, Daniel Salas Torres y Juan Carlos Santillán expusieron las consideraciones fiscales que persisten en torno a los activos digitales, especialmente en su tratamiento en ISR y en el ajuste anual por inflación de acuerdo con las leyes vigentes.
