El panorama laboral en México enfrenta importantes transformaciones con más de 150 iniciativas en discusión y regulaciones ya en vigor que impactan directamente a trabajadores y empleadores. Aspectos como la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral y las sanciones por exceso de trabajo extraordinario están marcando un nuevo rumbo en la protección de los derechos laborales y la administración del talento.
Bajo ese contexto, la comisión de Seguridad Social organizó el curso titulado Ley Federal del Trabajo con aplicación empresarial y administración de talento, el 21 de marzo. El evento estuvo coordinado por Jorge Tomás Ponce Yépez, miembro de la comisión de Desarrollo de Seguridad Social, y contó con las participaciones de Nancy Berenice Robles Núñez, manager en Mancera Ernst & Young, así como de José Rodríguez Sánchez y Jesús Gilberto Guerra Reyes, ambos integrantes de la comisión organizadora.
Para iniciar, Robles Núñez destacó que actualmente existen más de 150 iniciativas en materia laboral, muchas de las cuales buscan mejorar las condiciones de trabajo en el país. Uno de los cambios más relevantes que mencionó es la Ley Silla, la cual obliga a los patrones a proporcionar asientos adecuados y periodos de descanso a sus trabajadores. En ese sentido resaltó la importancia de modificar la documentación interna, como el reglamento interior de trabajo, para cumplir con esta normativa y así evitar sanciones.
También habló sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con dos días de descanso, lo que consideró que generaría un impacto significativo en las empresas; sin embargo, estimó necesario evaluar el efecto financiero de esta reforma y considerar su implementación gradual. Asimismo, compartió otras iniciativas relacionadas con prestaciones laborales, como el incremento del aguinaldo y la prima vacacional, así como medidas para garantizar la equidad salarial y la inclusión laboral de grupos vulnerables.
Un aspecto abordado por Robles Núñez fue la penalización del trabajo extraordinario excesivo, donde explicó que las horas extras triples pueden ser consideradas explotación laboral y derivar en sanciones penales, con penas de hasta 10 años de prisión y multas económicas severas. “Las empresas deben asegurarse de que sus empleados no excedan los límites legales de tiempo extraordinario y establecer controles para documentar y justificar cualquier prolongación de la jornada”, comentó.
Respecto al cumplimiento en materia de subcontratación y servicios especializados, comentó que las empresas deben verificar que sus proveedores cumplan con las regulaciones y evitar prácticas que puedan ser consideradas como una extensión ilegal de la plantilla laboral. Invitó a que las empresas adopten medidas de cumplimiento normativo, revisen sus políticas internas y se preparen ante los cambios en la legislación laboral para minimizar riesgos y mejorar la administración del talento.
Continuando con las ponencias, Rodríguez Sánchez indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha fortalecido su capacidad de fiscalización, mejorando la capacitación de sus inspectores y estableciendo planes estratégicos de supervisión. Refirió que, en colaboración con el SAT, el IMSS y el Infonavit, se realiza una fiscalización más rigurosa, advirtiendo que las empresas deben cumplir con las disposiciones laborales para evitar sanciones, lo que incluye áreas clave como la seguridad laboral, las condiciones de trabajo y la igualdad de género.
El ponente describió que uno de los enfoques principales de la STPS es asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales, como el pago de aguinaldo, la prevención de accidentes y la no discriminación. En cuanto a la subcontratación y los servicios especializados, dijo que la STPS ha intensificado su vigilancia, cancelando miles de registros en el REPSE y supervisando de cerca las prácticas empresariales. El expositor instó a las empresas a auditar a sus proveedores para evitar irregularidades.
Por último, Guerra Reyes destacó la importancia de la normativa laboral para equilibrar la salud física y emocional de los trabajadores, subrayando la responsabilidad solidaria de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales. Hizo hincapié en las sanciones por incumplir la Ley de Subcontratación (REPSE) y el impacto fiscal de no poder acreditar el IVA o deducir gastos cuando los proveedores no cumplen con sus obligaciones. Además, recomendó a las empresas vigilar el cumplimiento de sus proveedores, asegurando que los trabajadores estén debidamente registrados y reciban las prestaciones correspondientes.
Durante su presentación, se abordaron temas como la NOM-035 sobre riesgos psicosociales, que exige políticas de prevención del estrés, acoso y violencia en el trabajo, y la NOM-037 sobre teletrabajo, que obliga a las empresas a proporcionar herramientas adecuadas para el trabajo remoto y garantizar condiciones de seguridad en el hogar. Finalmente, el ponente advirtió que los accidentes laborales en casa podrían ser considerados riesgos de trabajo con implicaciones para la empresa.
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En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
Este 11 de abril, el Colegio, a través de la comisión de Seguridad Social, presentó la videoconferencia PTU: determinación, reparto y aspectos de seguridad social, espacio que contó con las participaciones de Hugo Meléndez Nieto, Rubén Dávalos Palomera y Arturo Luna López, quienes hablaron acerca del procedimiento para la determinación de la PTU, su fundamentación e integración, trabajadores eventuales, entre otros temas.En la introducción, Meléndez Nieto explicó que, cada año, los patrones en México deben llevar a cabo el procedimiento para calcular y repartir las utilidades que se hayan generado y que correspondan a sus trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior. “Para ello, todo patrón debe constituir una comisión mixta para el reparto de utilidades, así como dar cumplimiento a una serie de reglas que se encuentran ubicadas en diferentes ordenamientos”, detalló.Sobre ello, precisó que la comisión mixta para el reparto de las utilidades deberá constituirse cada año y determinar si hay o no utilidades a repartir, con independencia del resultado de su declaración anual, es decir, si tuvo o no utilidad, o si se encuentra en alguno de los casos de excepción para repartir utilidades. “La PTU no puede ser sujeta a descuento alguno que no esté contemplado en la legislación aplicable; debe ser dispuesta de manera absolutamente libre por los trabajadores y debe ser cubierta de manera directa al trabajador”, aclaró.Asimismo, los especialistas informaron que el patrón deberá entregar al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo una copia de la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, dentro de los 10 días siguientes a su presentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Sobre el tema, añadieron que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no tienen derecho a la PTU; por su parte, los demás trabajadores de confianza sí participarán en la PTU. “Sin embargo, su derecho está limitado a que, si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa, o a falta de este, al trabajador de planta con las mismas características, se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo”, enfatizó Rubén Dávalos.Respecto a una de las principales dudas de los asistentes, los especialistas señalaron que las madres trabajadoras, durante los períodos pre y posnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, serán considerados como personal en activo para el cálculo de la PTU, durante el tiempo que duren sus incapacidades.En cuanto a la fecha de pago de la PTU, comentaron que el patrón deberá pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, es decir, a más tardar el 30 de mayo tratándose de personas morales, o el 29 de junio cuando el patrón sea persona física, de cada año.Para cerrar las actividades, hablaron sobre la prescripción de pago de la PTU; al respecto, comentaron que el derecho para reclamar la PTU prescribe en un año. Sin embargo, de acuerdo con el criterio emitido por el poder judicial, “este plazo iniciará a partir del día siguiente a que se notifique o se avise al trabajador o a su beneficiario la cantidad líquida e individual que le corresponde de la PTU del ejercicio de que se trate”, concluyeron.
El Colegio presentó el foro El contador público ante los juicios penales por auditoría forense, en donde los especialistas Dalia Sierra Ramírez, Ricardo Cacho García, Alexa Mendivil Ramírez y Amalin Vargas platicaron sobre la importancia del contador público en los juicios penales relacionados con la auditoría forense.En el evento, llevado a cabo el 10 de abril de manera online y coordinado por la contadora Mónica Estrada, la discusión se centró en la necesidad de entender conceptos básicos como el fraude, riesgos y la relevancia de la auditoría forense en el sistema judicial; al respecto, se puntualizó que, de acuerdo con la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), el fraude se refiere al uso de engaño intencional para obtener un beneficio injusto o ilegal, en detrimento de otra persona o entidad.Por lo anterior, Dalia Magaly Sierra Ramírez destacó la importancia de reconocer las diferentes tipologías de fraude, afirmando que “comprender estas categorías es esencial para prevenir y detectar irregularidades”; entre las tipologías discutidas se mencionaron el fraude ocupacional, el fraude externo y el fraude interno.Por su parte, Cacho García enfatizó que la naturaleza del fraude se basa en cuatro pilares: oportunidad, presión, racionalización y capacidad, y añadió que “la conciencia de estos factores puede ser clave para implementar medidas preventivas efectivas”.Llegado a este punto, los expositores comentaron que la auditoría forense es un enfoque técnico que permite la investigación de irregularidades y la obtención de pruebas para su análisis legal. Al respecto, Alexa Mendivil explicó que esta práctica debe responder a preguntas fundamentales: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué? y ¿qué? “Cada una de estas preguntas guía la investigación y asegura que no se omita ningún detalle crítico”, subrayó.Vargas añadió que “la transparencia en cada fase del proceso es fundamental para garantizar la credibilidad del informe final”.De igual forma, se mencionó que los peritos juegan un papel crucial en los juicios, actuando como expertos que ayudan a los jueces a entender hechos complejos. Dalia Magaly Sierra Ramírez mencionó que “los peritos deben ser capaces de comunicar sus hallazgos de manera clara y comprensible, ya que su testimonio puede influir significativamente en las decisiones judiciales”.Además, pueden ser oficiales, privados o terceros en discordia. La evidencia sólida es esencial para el éxito de un informe de auditoría.Los especialistas concluyeron que la auditoría forense no solo identifica y documenta fraudes y delitos financieros, sino que también asegura el cumplimiento de normativas y evita sanciones.“Los contadores públicos, con su capacidad para traducir información financiera compleja, son piezas clave en este proceso, apoyando así la justicia y la transparencia en el ámbito empresarial y gubernamental”, precisó Ricardo Cacho.
