El panorama laboral en México enfrenta importantes transformaciones con más de 150 iniciativas en discusión y regulaciones ya en vigor que impactan directamente a trabajadores y empleadores. Aspectos como la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral y las sanciones por exceso de trabajo extraordinario están marcando un nuevo rumbo en la protección de los derechos laborales y la administración del talento.
Bajo ese contexto, la comisión de Seguridad Social organizó el curso titulado Ley Federal del Trabajo con aplicación empresarial y administración de talento, el 21 de marzo. El evento estuvo coordinado por Jorge Tomás Ponce Yépez, miembro de la comisión de Desarrollo de Seguridad Social, y contó con las participaciones de Nancy Berenice Robles Núñez, manager en Mancera Ernst & Young, así como de José Rodríguez Sánchez y Jesús Gilberto Guerra Reyes, ambos integrantes de la comisión organizadora.
Para iniciar, Robles Núñez destacó que actualmente existen más de 150 iniciativas en materia laboral, muchas de las cuales buscan mejorar las condiciones de trabajo en el país. Uno de los cambios más relevantes que mencionó es la Ley Silla, la cual obliga a los patrones a proporcionar asientos adecuados y periodos de descanso a sus trabajadores. En ese sentido resaltó la importancia de modificar la documentación interna, como el reglamento interior de trabajo, para cumplir con esta normativa y así evitar sanciones.
También habló sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con dos días de descanso, lo que consideró que generaría un impacto significativo en las empresas; sin embargo, estimó necesario evaluar el efecto financiero de esta reforma y considerar su implementación gradual. Asimismo, compartió otras iniciativas relacionadas con prestaciones laborales, como el incremento del aguinaldo y la prima vacacional, así como medidas para garantizar la equidad salarial y la inclusión laboral de grupos vulnerables.
Un aspecto abordado por Robles Núñez fue la penalización del trabajo extraordinario excesivo, donde explicó que las horas extras triples pueden ser consideradas explotación laboral y derivar en sanciones penales, con penas de hasta 10 años de prisión y multas económicas severas. “Las empresas deben asegurarse de que sus empleados no excedan los límites legales de tiempo extraordinario y establecer controles para documentar y justificar cualquier prolongación de la jornada”, comentó.
Respecto al cumplimiento en materia de subcontratación y servicios especializados, comentó que las empresas deben verificar que sus proveedores cumplan con las regulaciones y evitar prácticas que puedan ser consideradas como una extensión ilegal de la plantilla laboral. Invitó a que las empresas adopten medidas de cumplimiento normativo, revisen sus políticas internas y se preparen ante los cambios en la legislación laboral para minimizar riesgos y mejorar la administración del talento.
Continuando con las ponencias, Rodríguez Sánchez indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha fortalecido su capacidad de fiscalización, mejorando la capacitación de sus inspectores y estableciendo planes estratégicos de supervisión. Refirió que, en colaboración con el SAT, el IMSS y el Infonavit, se realiza una fiscalización más rigurosa, advirtiendo que las empresas deben cumplir con las disposiciones laborales para evitar sanciones, lo que incluye áreas clave como la seguridad laboral, las condiciones de trabajo y la igualdad de género.
El ponente describió que uno de los enfoques principales de la STPS es asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales, como el pago de aguinaldo, la prevención de accidentes y la no discriminación. En cuanto a la subcontratación y los servicios especializados, dijo que la STPS ha intensificado su vigilancia, cancelando miles de registros en el REPSE y supervisando de cerca las prácticas empresariales. El expositor instó a las empresas a auditar a sus proveedores para evitar irregularidades.
Por último, Guerra Reyes destacó la importancia de la normativa laboral para equilibrar la salud física y emocional de los trabajadores, subrayando la responsabilidad solidaria de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales. Hizo hincapié en las sanciones por incumplir la Ley de Subcontratación (REPSE) y el impacto fiscal de no poder acreditar el IVA o deducir gastos cuando los proveedores no cumplen con sus obligaciones. Además, recomendó a las empresas vigilar el cumplimiento de sus proveedores, asegurando que los trabajadores estén debidamente registrados y reciban las prestaciones correspondientes.
Durante su presentación, se abordaron temas como la NOM-035 sobre riesgos psicosociales, que exige políticas de prevención del estrés, acoso y violencia en el trabajo, y la NOM-037 sobre teletrabajo, que obliga a las empresas a proporcionar herramientas adecuadas para el trabajo remoto y garantizar condiciones de seguridad en el hogar. Finalmente, el ponente advirtió que los accidentes laborales en casa podrían ser considerados riesgos de trabajo con implicaciones para la empresa.
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El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una obligación medible. Así lo destacaron expertos durante el evento Reporte con métricas sostenibles, donde se presentó el nuevo marco normativo que exige a las organizaciones integrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus reportes corporativos con el mismo rigor que la información financiera.El evento, realizado el 26 de septiembre y organizado por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio, dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte de su presidenta, Graciela Enríquez Guadarrama, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre los grandes desafíos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que deben reflejarse en los reportes corporativos.En ese sentido, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso, socia de Asesoría Contable y de Reporte en Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, centró su intervención en el marco conceptual de las nuevas normas. Explicó que las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) buscan alinear la preparación y divulgación de la información de sostenibilidad con los principios de las Normas de Información Financiera. En ese contexto, señaló que esto implica una transformación en la forma en que las organizaciones reportan, ya que la sostenibilidad no puede estar desligada de la información financiera.Durante su presentación, subrayó que la información no financiera debe cumplir con los mismos estándares de calidad que los reportes financieros tradicionales: relevancia, representación fiel, neutralidad y completitud de los datos. Además, enfatizó que la sostenibilidad debe ser medible con base en métricas claras, verificables y materialmente significativas.En el ámbito social, Hidalgo presentó los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten evaluar aspectos como la igualdad de oportunidades, el trabajo digno, la brecha salarial, la capacitación del personal y la seguridad laboral. “La gestión de métricas sostenibles no solo fortalece la transparencia y confianza, sino que genera valor al alinear las prácticas empresariales con los objetivos de desarrollo social y ambiental”, afirmó.Por su parte, Carlos Carrillo Contreras, integrante de la comisión de Sostenibilidad y Diana Uribe Márquez, gerente senior de Assurance en Deloitte, abordaron la Norma de Información de Sostenibilidad B-1, centrada en los factores ambientales. Informaron que esta norma introduce 30 indicadores obligatorios a partir de 2025, diseñados para estandarizar el reporte ambiental. “Estas métricas permiten evaluar desempeño, identificar riesgos y generar valor para los grupos de interés”, señalaron.Entre los ejemplos presentados en la presentación, destacaron la medición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus tres alcances, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, así como el uso de sustancias que afectan la capa de ozono. También dieron a conocer herramientas prácticas desarrolladas por el CINIF, como la calculadora de emisiones de GEI y los mapas de estrés hídrico. Aunque reconocieron que la calidad y disponibilidad de los datos representan un desafío, coincidieron en que contar con reportes transparentes y comparables fortalece la credibilidad empresarial.Finalmente, otro de los temas abordados fue el de la gobernanza, presentado por Diana Neria Espinosa, integrante de la comisión organizadora. En su exposición compartió los indicadores establecidos por las NIS B-1 en esta materia, destacando la importancia de estructuras de gobierno corporativo robustas, políticas de gestión de riesgos y la diversidad en los órganos de decisión. “La existencia de consejos de administración con visión estratégica, órganos de vigilancia independientes y estructuras de rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia”, apuntó.También mencionó la necesidad de implementar códigos de ética, políticas de privacidad, seguridad de la información y protección de datos, elementos que calificó como clave para fortalecer la relación con los grupos de interés. “Estos indicadores permiten mitigar riesgos de corrupción, malas prácticas y vulnerabilidades cibernéticas”, dijo. Concluyó advirtiendo que, aunque su implementación puede ser un reto, especialmente para las pymes, su integración en la estrategia de negocio es esencial para lograr una sostenibilidad robusta y creíble.
Del 22 al 25 de septiembre, el Colegio fue sede de la 21ª Semana de temas fiscales selectos, un espacio destinado a reforzar el conocimiento de los asistentes sobre tópicos fiscales clave en esa materia, y que fue coordinado por Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Ernesto Torres García, Marcial Agapito Cavazos Ortiz y Alejandro Javier Sánchez Calderón, representantes de la comisión técnica de Investigación Fiscal. La jornada contó con ocho ponencias a lo largo de cuatro días, donde contadores y abogados especialistas detallaron distintos temas de interés para profesionistas y contribuyentes interesados.El primer tema fue la Enajenación de acciones a personas morales, con la presentación de Elio Fernando Zurita Morales y Jorge León Manzanilla Cañizares, proceso que supone la transmisión de la propiedad de acciones y, por lo tanto, tiene implicaciones fiscales significativas. Así, durante la ponencia se detalló el proceso para calcular el monto original ajustado y su relevancia para determinar la utilidad o pérdida neta sobre la cual se aplicarán los impuestos correspondientes en la venta de las acciones. Además, se comentaron los costos fiscales derivados de la transferencia de estos activos por reestructuraciones de sociedades.En Esquemas reportables, Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón compartieron el concepto, marco legal y la importancia de ellos. Como complemento, se señalaron las diferencias entre esquemas generalizados y personalizados, junto con ejemplos que permitieran identificar sus características. Durante su ponencia, se reiteró el concepto de asesor fiscal, personas que, en el desarrollo de su profesión, se encargan de un esquema reportable, con lo que se detallaron sus responsabilidades y riesgos en el incumplimiento, así como las multas relacionadas a su ejercicio.El segundo día se presentó la ponencia de José Gerardo Alfaro Osorio y Manuel Torres García Villalobos, donde se detallaron los aspectos clave de las operaciones entre partes relacionadas que competen al apropiado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tras comentar el marco normativo contenido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) con relación a los precios de transferencia y los criterios que deben aplicarse para realizar ajustes a ellos, los ponentes señalaron la importancia de las declaraciones anuales de partes relacionadas contenidas en el plan de acción Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), ya que permiten contar con más información para las administraciones fiscales mediante un reporte escalonado que refleje consistencia en la organización a distintos niveles. En Acreditamiento de ISR pagado en el extranjero, Paola Irene Salvador López y Miguel Ángel Temblador Torres dieron continuidad a la jornada. Durante su presentación delinearon el papel de este acreditamiento como un medio unilateral para evitar la doble tributación; por ello, los ponentes compartieron los métodos para el cálculo de la utilidad fiscal, ya que permite determinar el límite de acreditamiento en función del país o territorio relacionado.Para el tercer día se presentaron dos ponencias complementarias: Razón de negocios y materialidad de las operaciones, por Cecilia Bustamante Bejarano y Ángel José Turanzas Díaz; y Revisiones del SAT y defensa fiscal, por Alejandro Javier Torres Rivero y Daniel Eugenio De la Parra Huerta.Primero se definió el concepto de materialidad y se comentó a la audiencia la manera en que se ha convertido en un eje de fiscalización para la autoridad en cualquier procedimiento relacionado con auditorías. Sin embargo, según señalan, al ser un concepto abierto a interpretación debido a su falta de regulación, puede llevarse a extremos absurdos que pongan a los contribuyentes en una situación vulnerable; incluso cuando los elementos brindados por la autoridad son rechazados, esta no emite una indicación sobre los elementos ideales para demostrar materialidad, con lo que deja expuesto al contribuyente al criterio de los tribunales.Este concepto se extiende a todos los conceptos indeterminados con espacio a la interpretación, por lo que se debe contar con un constante proceso de actualización que permita anticiparse a las medidas de la autoridad, como sus revisiones y vigilancias, para prevenir antes de reparar. Aún así, la prevención implica también el conocimiento sobre los medios al alcance del contribuyente para protegerse frente a la autoridad, por ello los expositores abonaron en el conocimiento reactivo sobre las acciones y recursos administrativos y jurisdiccionales que brindan defensa al tributario. Finalmente, las ultimas conferencias a de esta jornada fueron Ingresos de personas físicas y Régimen simplificado de confianza. La primera, dirigida por Edyth Ramírez Sánchez y Arturo Camacho Osegueda, quienes se encargaron de destacar dos aspectos clave acerca del tema: los ingresos de las personas físicas son un tema complejo que debe ser atendido con detalle y, por lo tanto, el profesional debe brindar apoyo minucioso para permitir al contribuyente presentar sus obligaciones apropiadamente. Esto requiere un compromiso bidireccional, donde el contribuyente comunica transparentemente sus ingresos al profesional y el profesional permanece informado para poder brindar un soporte profesional adecuado.Adrián Urbina Galicia y Humberto Cruz Hernández presentaron la última conferencia de este evento, donde detallaron los requisitos y obligaciones del Régimen simplificado de confianza (RESICO) para personas físicas y morales. Durante su charla señalaron la importancia de conocer estas características para hacer uso del régimen de manera correcta y evitar la expulsión del contribuyente, por lo que su uso debe implicar una labor de planeación preliminar que señale la compatibilidad entre el régimen y la persona moral o física. Finalmente, los coordinadores del evento agradecieron a los asistentes y les invitaron a mantenerse actualizados en materia fiscal de manera regular, ya que es un campo donde la información hace una enorme diferencia para el cumplimiento.
