El 30.° Foro nacional de especialistas en seguridad social, FONESS, organizado por la comisión de Seguridad Social del Colegio, se llevó a cabo de manera híbrida del 5 al 9 de agosto. Este evento reunió a especialistas y funcionarios de instituciones clave como el IMSS, Infonavit, Consar, entre otras, para discutir los principales temas y reformas en seguridad social y laboral.
En la inauguración, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, agradeció a la comisión organizadora y destacó la importancia de este evento como el foro más relevante para los especialistas en la materia. Subrayó la necesidad de fortalecer la tecnología en el monitoreo y seguimiento de las cuotas pagadas y por pagar, y reconoció los retos que enfrentan los contadores públicos ante las novedades en condiciones laborales, leyes y regulaciones más estrictas. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la capacitación, la equidad de género, la diversidad y el impacto económico de estas variables en la productividad y competitividad, señalando que el foro brinda una valiosa oportunidad para el debate y la preparación ante los desafíos actuales y futuros.
El foro contó con la distinguida participación de Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, quien destacó que, durante su gestión, se han implementado reformas clave para hacer más accesibles y justos los créditos para los trabajadores. Durante su discurso, subrayó que una de las medidas más importantes ha sido la eliminación de restricciones que limitaban el acceso a un solo crédito a lo largo de la vida laboral, permitiendo ahora que los trabajadores puedan solicitar múltiples créditos, siempre y cuando hayan liquidado el anterior. Además, resaltó la transformación de los créditos denominados en salarios mínimos a pesos, lo que ha mejorado la capacidad de pago de los beneficiarios, afirmando que “esto ha sido un gran alivio para miles de familias que antes sufrían por las fluctuaciones del salario mínimo”.
Martínez Velázquez también enfatizó la expansión y modernización del servicio al cliente del Infonavit. “Pasamos de 86 a 116 sucursales en todo el país, acercando nuestros servicios a más trabajadores”.
Bajo esa idea, añadió que la digitalización de sus trámites a través de 'Mi Cuenta Infonavit' ha permitido que 16 millones de usuarios realicen sus gestiones sin perder tiempo y desde la comodidad de sus hogares." Además, habló sobre la creación de espacios culturales, como el Museo Nacional de la Vivienda, el cual reflejan el compromiso del Infonavit con la promoción del derecho a la vivienda y la preservación de la memoria colectiva en las unidades habitacionales. Para cerrar su intervención, refirió a la reforma propuesta por el presidente López Obrador, que busca que el Infonavit construya directamente viviendas y establezca un sistema de renta social, indicando que esto ampliará las opciones de vivienda para jóvenes y trabajadores con menores ingresos.
Por su parte, la directora de Incorporación y Recaudación en el IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, y el titular de la Unidad de Incorporación en el IMSS, Eduardo Alcaraz Prous, presentaron los avances significativos en la recaudación e incorporación del instituto. López Castañeda destacó que se ha alcanzado un superávit de 18,700 millones de pesos con una recaudación total de 271,000 millones de pesos hasta junio de 2024. En esa línea, subrayó que estos resultados reflejan el impacto positivo de políticas como el aumento del salario base de cotización y la formalización del empleo. “La gestión eficaz de finanzas permite mejorar la infraestructura y servicios del IMSS, beneficiando directamente a los trabajadores asegurados”.
En cuanto a la expansión de la seguridad social, Alcaraz Prous comentó que se han incorporado a 15 millones de personas al sistema, incluyendo sectores previamente excluidos como las trabajadoras del hogar y los trabajadores independientes. Señaló que, desde mayo de 2023, las trabajadoras del hogar deben registrarse obligatoriamente, “hemos simplificado el proceso de afiliación, permitiendo que casi 60,000 personas en este sector tengan acceso completo a la seguridad social y pensiones, lo que marca un avance significativo en la inclusión social y laboral”.
Sobre el Reporte Personalizado de Cotización (RPC), López Castañeda explicó que esta herramienta facilita a los trabajadores el seguimiento en tiempo real de su historial de cotización a través de la aplicación IMSS Digital. Añadió que más del 40% de los usuarios son menores de 40 años, destacando su éxito en la promoción de una cultura de prevención y control. “El RPC ha generado un retorno de 4,500 pesos por cada peso invertido, con un impacto positivo en la recaudación de cuotas y la sostenibilidad del sistema de seguridad social”.
Por otro lado, Francisco Javier Velázquez Angulo, titular de la Coordinación de Clasificación en Empresas y Vigencia de Derechos del IMSS, ofreció una visión sobre la clasificación de riesgos de trabajo y la vigencia de derechos. Según Velázquez, el seguro de riesgos de trabajo no solo protege al trabajador en caso de accidente, sino también a su núcleo familiar, resaltando la importancia de este seguro para una protección integral. También subrayó que los patrones deben cumplir con los requisitos de alta y modificaciones correspondientes para evitar problemas de clasificación y primas.
Velázquez detalló los avances en la simplificación de trámites, indicando que desde el 15 de enero de 2024 se han implementado ajustes importantes para facilitar los procesos, como la presentación en línea de modificaciones. Además, destacó las mejoras en el Sistema Integral de Semanas de Cotización (SISEC), que ahora permite un estado de cuenta completo que facilita la revisión de semanas cotizadas y otros aspectos del historial laboral.
En su turno, Horacio Martínez Cuazitl, titular de la coordinación corrección y dictamen en el IMSS y Faustino Cruz Hernández, titular de División de Dictamen en el IMSS, compartieron avances en el proceso de dictamen del IMSS y la integración de nuevas tecnologías. Al respecto, Martínez Cuazitl destacó que desde 2018, el IMSS ha trabajado en la sistematización de procesos para reducir las cargas administrativas, y subrayó la importancia de mantener una comunicación abierta con los contadores y cumplir con las acreditaciones y membresías a tiempo para evitar sanciones. También hizo énfasis en las recientes actualizaciones de la herramienta de dictamen, que buscan simplificar y mejorar el proceso.
Cruz Hernández, por su parte, se centró en las mejoras de los formatos de aviso y dictamen, resaltando que los cambios en la carga de información facilitan el cumplimiento de obligaciones y que es crucial utilizar las plantillas más recientes para evitar problemas. También mencionó que se han implementado estatus específicos para los avisos y dictámenes para asegurar su correcta tramitación.
Hizo un llamado a los contadores para que presenten la información en el domicilio fiscal correspondiente y se mantengan al día con las actualizaciones tecnológicas y normativas para garantizar la precisión de sus documentos. Además, destacó la necesidad de un registro adecuado en el sector de la construcción para evitar confusiones y sanciones, sugiriendo una revisión minuciosa de los informes y el cumplimiento con todas las obligaciones legales y administrativas.
Respecto a las bajas por artículo 251de la Ley del Seguro Social, Aurora Isabel Pérez Gómez, titular de la Coordinación de Cobranza en el IMSS, explicó que este artículo establece que el patrón debe notificar cualquier cambio de domicilio; de lo contrario, el Instituto puede dar de baja a la empresa y a sus trabajadores. Pérez Gómez destacó que a veces se dan bajas en domicilios ya existentes, lo cual no debería ocurrir. Recomendó reportar estos casos al jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza para investigar la subdelegación responsable y evitar problemas, ya que restablecer una empresa requiere una verificación en el lugar de operación.
Además, Pérez Gómez discutió el problema de incapacidades apócrifas que surgieron a partir de 2021, y cómo estas pueden ser detectadas a través de la serie y números en los documentos. Informó que, para evitar inconvenientes a los patrones, la emisión de diferencias por incapacidad se suspenderá de manera mensual y se realizará anualmente a partir de junio de 2024. Esto busca reducir las molestias para los patrones y asegurar que solo se emitan las diferencias necesarias. Para cualquier situación urgente, recomendó contactar directamente con su oficina.
Siguiendo con el foro, María Juana Ramírez Ortega, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos en el IMSS; Luis Miguel Velázquez González, coordinador de Servicios Integrales en el IMSS y Esmeralda Lara Rodríguez, coordinadora de proyecto en la Unidad de Servicios Estratégicos de la Dirección de Incorporación y Recaudación en el IMSS, presentaron las novedades del Buzón IMSS y el impacto de la reforma laboral.
Velázquez destacó que la reforma de 2024 modifica artículos clave de la Ley del Seguro Social para incluir el Buzón IMSS como el medio único para realizar trámites y recibir notificaciones del IMSS; puntualizó su papel como un canal de comunicación bidireccional esencial. Añadió que los lineamientos publicados el 5 de agosto detallan notificaciones electrónicas y la gestión de trámites, con la fecha límite para habilitar el buzón establecida para el 1 de febrero de 2025.
Por su parte, Lara Rodríguez enfatizó que los participantes deben habilitar su buzón en un plazo de 180 días, y que el buzón ofrece alertas por SMS y correo electrónico sobre nuevas notificaciones, simplificando así la gestión documental.
En cuanto a la reforma laboral de 2021, María Juana Ramírez Ortega y sus colegas abordaron la prohibición del outsourcing general, permitiendo solo la subcontratación de servicios u obras especializados bajo ciertas condiciones. Lara Rodríguez detalló que los contratistas deben registrar sus servicios en el REPSE, y explicó el proceso de informe a través de la herramienta electrónica denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE), que permite la presentación de informativas normal, sin información y de corrección. Se mencionaron las sanciones por incumplimiento, que oscilan entre 52,428 y 217,140 pesos, y el convenio de colaboración entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo y el SAT para la verificación del cumplimiento. Esmeralda Lara recomendó mantener la vigencia diaria de la opinión de cumplimiento para evitar problemas en el registro de contratos y destacó la reciente baja de 15,000 registros en el REPSE debido a la falta de trabajadores en las empresas correspondientes.
En otro orden de ideas, Luis Enrique Marín Bañales, coordinador general de Recaudación Fiscal del Infonavit, expuso las acciones recientes que la institución ha implementado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los patrones. Marín Bañales destacó las mejoras tecnológicas en el portal empresarial del Infonavit, incluyendo la actualización del CFDI y la modificación en la constancia de obligaciones fiscales, que ahora se emite por RFC en lugar de número de seguridad social, con el fin de evitar distorsiones en los trámites empresariales. También mencionó la introducción de un nuevo webservice para optimizar la consulta de avisos de retención y reducir errores en las retenciones realizadas por los patrones.
Además, Marín Bañales mencionó temas de interés para los contadores, como las aclaraciones patronales, el sistema de subcontratación, y el dictamen Infonavit, subrayando la importancia de estos tópicos en la operación diaria de los patrones. Aunque no se pudo discutir en detalle el tema del Fondo de Pensiones del Bienestar, el expositor invitó a los asistentes a plantear sus dudas, asegurando que los recursos de los derechohabientes están resguardados y generando intereses, independientemente de su administración. Marín Bañales concluyó reafirmando el compromiso del Infonavit de ser un participante clave en la gestión de estos fondos, junto con otras instituciones como el IMSS y las Afores.
A su vez, Fernando Tapia Díaz, gerente de Facturación Fiscal en el Infonavit, presentó la evolución de los Avisos de Crédito del Instituto. Explicó que los Avisos de Retención se emiten por nuevos créditos o cambios en las características de descuento, mientras que los Avisos de Suspensión se usan para liquidaciones y cancelaciones. Destacó la reciente actualización del formato de los avisos y la mejora en la consulta de información. Asimismo, abordó la reingeniería del Servicio de Aclaraciones Patronales, enfatizando la simplificación de procesos y la reducción de causales, con una nueva funcionalidad en cuatro pasos para identificar y reportar omisiones o diferencias de pago, facilitando un proceso más claro y transparente.
Alternadamente, Martha Mireya Fuerte Álvarez, gerente de programación en Fiscalización en el Infonavit, abundó sobre el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB). Este sistema facilita el cumplimiento del artículo 29 Bis de la Ley del Infonavit al permitir a los patrones enviar información sobre subcontratación, incluyendo contratos y datos de trabajadores. En la presentación destacó errores comunes como inconsistencias en archivos y detalles incorrectos, que pueden llevar a sanciones. También discutió el Dictamen Infonavit, enfatizando la necesidad de que los contadores estén registrados y actualizados, y se explicó el proceso de revisión de dictámenes y las sanciones por incumplimientos.
Continuando con el programa, Héctor Pedro Martínez López y Evelyn de Monserrat Zamudio Balvanera, director y subdirectora del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dialogaron sobre la renovación del REPSE. Explicaron que el primer ciclo de renovación para registros de 2021 está en marcha, con énfasis en la correcta actualización de documentos y la consistencia entre las actividades registradas y el objeto social de las empresas. Igualmente, abordaron la fiscalización en subcontratación, destacando la importancia de la transparencia y la coordinación interinstitucional en las inspecciones y revisiones. Indicaron que la STPS sigue mejorando su comunicación y soporte para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Por otra parte, Marco Antonio Gómez Lovera, director técnico de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), y Fernando Yllanes Martínez, presidente del Comité de Vigilancia en Consar e integrante de la OIT, presentaron la evolución reciente del salario mínimo en México. Destacaron la significativa recuperación del salario mínimo desde 2017, con un aumento del 113% a nivel nacional y del 221% en la frontera norte hasta 2024. “Este incremento ha reducido la pobreza y mejorado el salario promedio de los trabajadores del IMSS en un 21%, además de disminuir la brecha salarial de género y fomentar la formalidad laboral”.
Los expositores también abordaron los desafíos y la necesidad de equilibrar los aumentos salariales con la competitividad empresarial, subrayando la importancia de una planificación adecuada y el diálogo social para lograr un desarrollo económico que beneficie tanto a trabajadores como a empresas.
Siguiendo con el programa, Ivonne Hernández Contreras, directora de Comunicación Social en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y Roberto Carrillo Lárraga, director de Relaciones Interinstitucionales en la Consar, presentaron avances clave en el sistema de pensiones de México. Hernández destacó los beneficios de la reforma de 2020, que elevó las aportaciones patronales y redujo las comisiones de las Afores, mejorando así la tasa de reemplazo y los saldos en las cuentas individuales. Carrillo Lárraga abundó en el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, que asegura a los trabajadores un complemento para alcanzar hasta el 100% de su último salario, financiado con recursos de las cuentas individuales y otros ingresos públicos.
“Este fondo busca mejorar la calidad de vida de los pensionados, especialmente en situación vulnerable, y se han comenzado a pagar complementos desde julio”.
Los expositores también aclararon que los recursos del fondo son imprescriptibles y se utilizarán exclusivamente para el propósito de mejorar pensiones, con un sistema de devolución de fondos si se solicita.
En la presentación de Rolando Silva Briceño, integrante de la comisión organizadora, se discutió la integración de la seguridad social dentro de un contexto económico y fiscal más amplio. Silva Briceño subrayó la necesidad de una visión multidimensional por parte de los contadores, considerando la interconexión entre seguridad social, impuestos y otros aspectos fiscales.
Dentro de sus temas, abordó el déficit fiscal, la automatización y el impacto de la pandemia y el cambio climático, sugiriendo la adaptación tecnológica y el ajuste del enfoque hacia la generación de empleo de calidad. También trató la propuesta de reforma laboral para modificar la jornada laboral a cinco días de trabajo y dos de descanso, destacando sus beneficios y desafíos, especialmente en áreas de alta productividad.
En otra presentación, Carlos Mario de la Fuente Aguirre y Javier Juárez Ocotencatl, miembros del Colegio, discutieron las recientes reformas al sistema de pensiones en México. Comentaron que a pesar de las modificaciones en 2020 y 2021, que incluyen ajustes en las semanas de cotización y un incremento gradual en las aportaciones patronales, el esquema fundamental del sistema permanece intacto desde la reforma de 1997. También abordaron una nueva reforma, publicada el 29 de abril de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025, que busca establecer un fondo solidario para que los trabajadores puedan pensionarse con su último salario. Sin embargo, la viabilidad de esta reforma es incierta debido a la falta de claridad sobre los fondos disponibles. Los expositores aclararon que la reforma no implica expropiación sino redistribución de fondos inactivos y enfatizaron la importancia de incrementar la edad de retiro y fomentar el ahorro voluntario para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Por su parte, Edgar Enríquez Álvarez y Miguel A. Castellanos Cadena, integrantes del Colegio, abordaron las actualizaciones del Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS) y el dictamen electrónico, destacando la importancia de cumplir con la Norma de Desarrollo Profesional Continuo, que debe presentarse antes del último día de marzo. Enríquez enfatizó que errores en el sistema, como la selección incorrecta de la unidad administrativa o el uso de plantillas desactualizadas, pueden invalidar el aviso de dictamen, con un 20% de presentaciones incorrectas.
Castellanos recomendó presentar el dictamen con anticipación para evitar la saturación del sistema cerca de las fechas límite y actualizó sobre las modificaciones del SIDEIMSS, incluyendo nuevos atestiguamientos y ajustes en el REPSE.
En la presentación de Francisco Javier Ibarra Mayoral y José Luis Sánchez García, debatieron los desafíos relacionados con la renovación del REPSE a tres años de la reforma laboral. Los expositores resaltaron la necesidad de actualizar contratos y cumplir con nuevos requisitos, como la opinión de cumplimiento del Infonavit, además de abordar problemas en la funcionalidad de plataformas como la Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE) y Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) B, subrayando la urgencia de mejoras que simplifiquen estos procesos para las empresas.
En otro orden de ideas, Hugo Tulio Meléndez Nieto y Rubén Darío Dávalos Palomera discutieron los desafíos que enfrentan las empresas con la renovación del REPSE tres años después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Resaltaron las complicaciones operativas y administrativas que han surgido debido a la interacción con plataformas como ICSOE y SISUB, y subrayaron la importancia de documentar correctamente el cumplimiento de las normativas, especialmente en la constitución y funcionamiento de la Comisión Mixta de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Advirtieron sobre el aumento de inspecciones extraordinarias por parte de la STPS, así como las graves sanciones por errores en la documentación y el incumplimiento de la entrega de la declaración de impuestos.
Finalmente, Gerardo García Morales y José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada analizaron las responsabilidades de empleadores y teletrabajadores derivadas de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la NOM-037. Resaltaron que el teletrabajo requiere un cumplimiento estricto de políticas de seguridad e higiene, con verificaciones que pueden ser realizadas in situ o a través de medios digitales. Además, subrayaron la importancia de contratos que detallen los gastos a cubrir por el empleador, evitando que estos se consideren parte del salario base, lo que tendría implicaciones fiscales.
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Entender y planificar la transición generacional de un negocio familiar fue el enfoque principal del curso en línea Sucesión en empresas familiares, que se llevó a cabo el 10 de septiembre. El objetivo era ofrecer una perspectiva clara y práctica sobre cómo garantizar una transferencia ordenada y estratégica, integrando tanto los aspectos empresariales como los familiares. Sergio Jara Rullán y Carlos Enrique Orozco-Felgueres Loya, integrantes de la comisión técnica del Sector Empresarial y expertos en el tema, fueron los encargados de la presentación. Ambos contadores destacaron que la ausencia de un plan de sucesión representa un riesgo significativo para la mayoría de las empresas familiares en México, donde más de la mitad enfrenta la amenaza de cierre por esta razón. Una transición bien planificada es crucial para asegurar la continuidad del negocio y prevenir conflictos familiares. Según Sergio Jara Rullán, basándose en un estudio del IPADE Business School, comentó que 57% de las empresas familiares en México y Latinoamérica están en riesgo de fracasar debido a la falta de un plan de sucesión. Sólo 3% de estas empresas cuenta con un plan de sucesión explícito para su dirección general. Sin un plan claro, las empresas familiares son más vulnerables a conflictos internos y a una posible disolución. En México, 21% de estas empresas logra llegar a la segunda generación, y menos del 10% sobrevive a la tercera y cuarta generaciones.Cuando se trata de las herramientas legales para la sucesión en México, Jara Rullán destacó tres instrumentos clave que pueden facilitar la planificación sucesoria: 1.- Donación: se refiere a la transferencia gratuita de activos o acciones mientras el propietario aún está vivo. 2.- Usufructo: esta figura legal divide la propiedad en dos derechos diferentes: • Nuda Propiedad: que es la propiedad neta del activo, la cual se transfiere al sucesor. • Usufructo: el derecho a usar, disfrutar y recibir los beneficios (como dividendos) del activo, que permanece con el fundador. 3.- Fideicomiso: es un contrato donde el fundador (fideicomitente) transfiere activos a una institución financiera (fiduciario) para que los administre en beneficio de los herederos (fideicomisarios). Por su parte, el contador Carlos Enrique Orozco-Felgueres Loya comenzó argumentando que el patrimonio como una herramienta para el bienestar es entender que el patrimonio no es sólo un objetivo en sí mismo, sino una herramienta valiosa para lograr la seguridad económica y el bienestar familiar. Profundizó en cómo acumular activos (como propiedades, ahorros, inversiones y negocios) puede ayudar a las familias a: A) Enfrentar imprevistos: contar con un respaldo financiero para emergencias médicas, pérdidas de empleo o reparaciones inesperadas. B) Planificar el futuro: financiar la educación de los hijos, la jubilación de los padres o el lanzamiento de un nuevo negocio. C) Generar ingresos pasivos: hacer que el dinero trabaje para la familia a través de rentas o dividendos, disminuyendo así la dependencia del ingreso laboral.Asimismo, abordó los temas de los riesgos y conflictos patrimoniales vinculados a la empresa familiar y a la sucesión, así como la transferencia del patrimonio en vida o al fallecimiento y con ello, las acciones preventivas. A lo largo de su participación, el contador Orozco-Felgueres añadió que, para lograr una transición exitosa, es fundamental establecer un sólido marco de gobernanza. Esto implica crear un consejo de familia y un consejo de administración para separar las decisiones empresariales de la dinámica familiar. También recomendó implementar un protocolo familiar, que es un acuerdo privado que establece las reglas para la participación de los miembros de la familia en la empresa. Este protocolo puede integrarse oficialmente en los estatutos de la empresa y registrarse en el Registro Público de Comercio, dándole así validez legal. Alternativamente, puede vincularse a un fideicomiso, lo que le otorga una fuerte base legal e incluso puede eliminar la necesidad de un testamento o un juicio sucesorio. La clave está en elegir las herramientas adecuadas, o una combinación de ellas, para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la familia y el negocio.
El Colegio llevó a cabo, este 9 de septiembre, el foro Sucesiones patrimoniales internacionales: herencias, legados y trusts, espacio en el que los expertos en planeación patrimonial compartieron su experiencia en torno a estructuras internacionales y casos prácticos relacionados con herencias, legados y donaciones. Coordinado por Juan Ignacio Rivero, el evento contó con la participación de los contadores Layda Cárcamo, Juan Ángel Becerra y Pedro Corona.En su turno, Layda Cárcamo destacó las razones fundamentales para planear la sucesión patrimonial, como la protección de la riqueza acumulada, la continuidad de los negocios familiares y la preservación de la armonía familiar. A su vez, enfatizó la distinción entre la planeación patrimonial y prácticas ilegales como la evasión fiscal y el lavado de dinero, advirtiendo sobre las consecuencias de no planear, tales como el desconocimiento de activos, la incapacidad de los herederos para administrarlos y la aparición de herederos no deseados.También, mencionó que se debe considerar la situación financiera futura de los herederos, posibles discapacidades y la justicia en la distribución de bienes. La especialista subrayó que “una adecuada planeación no solo protege los activos, sino que también permite a las familias tomar decisiones informadas que pueden evitar conflictos futuros”.Por su parte, Pedro Corona habló acerca de la importancia de entender el concepto de residencia fiscal en los EUA y cómo esto afecta a los residentes mexicanos. Aclaró que la determinación de la residencia se basa en criterios objetivos, lo que es crucial para la planificación fiscal.Además, detalló las implicaciones que tiene la residencia en la tributación sobre la renta, lo que puede influir en la estrategia patrimonial de los individuos que operan o tienen activos en ambos países.En tanto, Juan Ángel Becerra abordó el tema de Canadá como un destino favorable para la protección patrimonial internacional, hablando sobre la estabilidad y reputación del sistema legal canadiense, el acceso a más de 90 tratados fiscales y la existencia de corporaciones con responsabilidad limitada que facilitan la concentración de inversiones en diversos activos, incluidos bienes raíces y valores bursátiles. Ante este contexto internacional, remarcó la trascendencia de las holding companies como herramientas efectivas para estructurar inversiones y proteger el patrimonio familiar, así como la relevancia de contar con un marco legal robusto que ofrezca seguridad y flexibilidad a los inversionistas.Los panelistas concluyeron que, ante el actual panorama internacional, es fundamental adoptar medidas que aseguren un futuro financiero estable y armonioso.
El pasado 9 de septiembre, la comisión Fiscal del Colegio organizó la plática Programa de regularización fiscal, de voz de las autoridades, en la que representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicaron los alcances de este esquema contemplado en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos 2025. La medida busca apoyar a personas físicas, micro y pequeñas empresas con adeudos fiscales, ofreciendo una oportunidad excepcional para ponerse al corriente.En la apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia de generar foros que fortalezcan la comunicación entre la autoridad y los profesionales de la contaduría. En su mensaje, destacó la relevancia del Paquete Económico 2026 como hoja de ruta financiera del país y convocó al gremio a participar activamente en el análisis técnico y ético de las reformas fiscales en puerta.Para dar inicio con la plática, Alejandro Alcalde Andrade, administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal 1, del SAT, destacó que el programa de regularización fiscal previsto en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos de 2025 representa una oportunidad para personas físicas, micro y pequeñas empresas que enfrentan adeudos por contribuciones propias, retenidas o trasladadas de los ejercicios 2023 y anteriores. Señaló que este esquema surge como respuesta a la necesidad de apoyar a los contribuyentes que, tras la pandemia, enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales, sin que ello signifique falta de voluntad de pago.En ese sentido, explicó que el beneficio aplica únicamente para contribuyentes con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, siempre que no hayan recibido condonaciones fiscales en programas previos (2007 y 2013), no cuenten con sentencias firmes por delitos fiscales ni estén publicados en los listados del artículo 69 del Código Fiscal. Resaltó que el crédito fiscal debe encontrarse firme o, en su caso, el contribuyente debe desistirse de los medios de defensa interpuestos, lo que permite acceder a reducciones significativas en multas, recargos y accesorios.El expositor detalló los cuatro supuestos que abarca el estímulo: Contribuciones autodeterminadasContribuyentes en facultades de comprobaciónCréditos fiscales determinados con convenio de pago a plazosCréditos fiscales firmesEn cada caso, las condiciones y fechas límite varían, siendo el 30 de septiembre de 2025 la fecha clave para solicitar el beneficio en los incisos C y D, y el 31 de diciembre de 2025 para la regularización en el inciso A. Subrayó que en todos los supuestos el pago debe realizarse en una sola exhibición o, de manera limitada, en parcialidades hasta noviembre de 2025.Para cerrar su intervención, Alcalde Andrade remarcó que el estímulo fiscal permite que los contribuyentes solo paguen la contribución actualizada, liberándolos de recargos, multas, gastos de ejecución y extraordinarios, lo que representa un ahorro considerable. Invitó a los contadores a difundir esta información entre sus clientes y colegas, ya que se trata de una medida excepcional que busca fortalecer la cultura contributiva y dar certidumbre a quienes desean ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.Continuando con la plática, la jefa del Departamento de Beneficios Fiscales en la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 1, del SAT, Temis García Alvarado, compartió los procedimientos para que los contribuyentes puedan acceder al programa de regularización fiscal previsto en la Ley de Ingresos 2025. Profundizó que, en el caso de los incisos A y B (contribuciones autodeterminadas y aquellas bajo facultades de comprobación), el trámite se realiza directamente en el portal de declaraciones y pagos del SAT, seleccionando el estímulo fiscal correspondiente para aplicar la reducción de recargos y, en su caso, de multas. En cambio, para los incisos C y D (créditos fiscales en convenio de pago a plazos y créditos firmes), comentó que el procedimiento debe realizarse a través de un caso de aclaración en Mi portal, adjuntando la documentación soporte requerida.García Alvarado destacó que este estímulo es particularmente atractivo porque permite la reducción al 100% de recargos y multas, sin importar su tipo, lo que lo hace más favorable que los beneficios previstos en otras disposiciones como el artículo 70-A del Código Fiscal. Subrayó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos, en especial el límite de ingresos de 35 millones de pesos, y de que los contadores funjan como puente de comunicación para orientar a los contribuyentes en el aprovechamiento de esta medida excepcional de regularización.Por último, Perla Xóchitl Sánchez Rodríguez, subadministradora de Recaudación en la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 1, del SAT, abundó en las principales problemáticas que enfrentan los contribuyentes al solicitar la aplicación del estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos 2025. Señaló que en los casos de los incisos C y D (adeudos con pago en parcialidades vigentes y créditos firmes), la solicitud debe realizarse mediante un caso de aclaración en el portal del SAT, cumpliendo con los requisitos de la ficha de trámite 10 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Advirtió que los errores más frecuentes incluyen la falta de documentación, escritos incompletos o mal formateados, así como la omisión de manifestaciones necesarias, lo que retrasa o impide la procedencia del beneficio.Asimismo, destacó que el estímulo aplica únicamente cuando existe una contribución omitida, pues el objetivo es la regularización de adeudos y no el perdón de multas aisladas. Aclaró que el beneficio permite la reducción de recargos, multas, gastos de ejecución y accesorios, incluso en casos de responsabilidad solidaria, siempre que se cumpla con el límite de ingresos de 35 millones de pesos. Finalmente, subrayó que este programa es una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al corriente.
