El Colegio presentó del 7 al 11 de agosto el 29. ° Foro nacional de especialistas en seguridad social (FONESS), donde, de la mano de autoridades del IMSS, Infonavit y Consar, se dialogó sobre los avances en el fortalecimiento de la previsión social en México.
IMSS
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) centró su participación para dialogar sobre los esfuerzos y logros del instituto en varios aspectos relacionados con el cumplimiento de obligaciones, la fiscalización y la mejora de los servicios.
Durante su discurso resaltó tres puntos clave. En primer lugar, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, no solo a través de la fiscalización, sino también mediante un enfoque proactivo y natural en el cumplimiento. Asimismo, destacó la importancia de la interacción y el intercambio de ideas para lograr este objetivo, como lo es la vinculación con diferentes instituciones y establecer criterios claros para evitar prácticas fiscales indebidas. Además, se subrayó la digitalización y simplificación de procesos a través de herramientas como el "Buzón IMSS", que agilizan trámites como los convenios de pago y mejoran la eficiencia.
En segundo lugar, se mencionó el compromiso del IMSS con la inclusión de diferentes grupos laborales en la seguridad social a través del programa piloto dirigido a trabajadores independientes, el cual busca abordar la problemática de la subcontratación y brindar acceso a la seguridad social a este sector. También se resaltó la importancia de garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y cumplir con las obligaciones relacionadas.
Por último, López Castañeda hizo un llamado a la acción, invitando a los presentes a conocer y difundir los programas mencionados, enfatizando la importancia de la colaboración y el compromiso colectivo para lograr un sistema más sólido de seguridad social, en línea con los valores y responsabilidades del IMSS.
Riesgos de trabajo
El titular de la coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos del IMSS, Francisco Javier Velázquez Angulo, profundizó en varios aspectos relacionados con la clasificación del seguro de riesgos de trabajo en las empresas. Comentó que éste se diferencia de otros seguros debido a que se basa en tres supuestos: la actividad de la empresa, el tiempo transcurrido y la siniestralidad. Del mismo modo este tipo de seguro utiliza un enfoque de autoclasificación y autodeterminación, donde las empresas se ubican en la clase, fracción y prima que les corresponde.
El funcionario, remarcó la importancia de la creación de una red de trabajo que abarque los riesgos inherentes a la actividad de la empresa y su exposición a la peligrosidad; además de revisar los cambios en la actividad de la empresa, ya que pueden requerir una reevaluación de la clasificación, esto de acuerdo con el Programa de Actualización de la Clasificación de Empresas (PAC).
También resaltó que los contadores públicos son actores clave en el proceso de clasificación de actividades, por lo que se debe tener una colaboración efectiva entre ellos y el IMSS para lograr una agrupación adecuada y transparente.
Prueba piloto de Personas Trabajadoras Independientes
En su turno, Luis Gerardo Magaña Zaga, titular de la unidad de Incorporación al Seguro Social en IMSS, abundó en el nuevo esquema de incorporación al IMSS que fue introducido en 2021, el cual permite la incorporación de trabajadores independientes y por cuenta propia a una cobertura integral de la seguridad social. Indicó que alrededor del 22% de la población ocupada en México se considera trabajador independiente, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de personas.
En su presentación, describió las características del esquema, como su voluntariedad y la posibilidad de inscripción en línea. También se desglosaron los beneficios de la cobertura, que incluyen atención médica, medicamentos, discapacidades, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, guarderías y retiro.
Magaña Zaga aseguró que el esquema ha tenido un éxito considerable en términos de participación, superando en pocos meses el número de afiliados que tenía un esquema similar en los últimos 25 años.
SIDEIMSS e ICSOE
Por otro lado, Horacio Martínez Cuazitl, titular de la coordinación de Corrección y Dictamen del IMSS y María Juana Ramírez Ortega, titular de la unidad de Servicios estratégicos, hablaron, respectivamente, sobre el Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS) y la herramienta electrónica denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializados (ICSOE).
Recordó que el SIDEIMSS es una herramienta que simplifica y moderniza el proceso de presentación de información sobre obligaciones fiscales y de seguridad social ante el IMSS en México. En este sentido, los contadores públicos desempeñan un papel crucial en la utilización de esta plataforma ya que son quienes preparan, ingresan y generan el Dictamen Único de Cumplimiento para sus clientes empresariales.
En cuanto a las informativas relacionadas con la subcontratación de personal, Ramírez Ortega comenzó contextualizando el tema, mencionó que, a raíz de abusos en la subcontratación, se implementó un decreto que prohibió esta práctica para evitar daños a los derechos laborales de los trabajadores, a las finanzas de la autoridad fiscalizadora y la competencia comercial desleal. En la plática se describieron los esquemas de evasión en los que empresas se acercaban a otros para administrar su personal a cambio de menores costos, lo que generaba deudas y perjudicaba a los trabajadores.
Infonavit
SISUB y dictamen Infonavit
Siguiendo con el programa, Martha Mireya Fuerte Álvarez, gerente de Programación de la Fiscalización en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue la encargada de hablar de declaraciones informativas a través del Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) y el dictamen Infonavit.
Al respecto, comentó que los prestadores de servicios especializados previamente registrados en el REPSE deberán presentar de forma obligatoria su información SISUB, esto de acuerdo con lo establecido en la Ley del Infonavit que comprende los datos de los sujetos obligados. Explicó que lo mencionado abarca la información relacionada con los contratos suscritos y los trabajadores asociados a dichos contratos durante el periodo de referencia. Además, se deben proporcionar los detalles del beneficiario del servicio en el marco de un esquema de subcontratación.
Respecto al dictamen, centró su discurso en los cambios realizados en la institución para mejorar la fiscalización y revisión, así como en los requisitos y procedimientos para llevar a cabo el dictamen fiscal y obtener la autorización necesaria.
Registro de datos fiscales para la obtención de CFDI de pagos patronales
Por otra parte, Fernando Tapia Díaz, gerente de Facturación Fiscal en el Infonavit, disertó sobre el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) desde la perspectiva del instituto. En ese orden de ideas, destacó la necesidad de alinear la regulación fiscal en los comprobantes, la relación entre el cumplimiento de obligaciones patronales y los pagos al Infonavit, y la importancia de avanzar hacia la automatización y digitalización en el intercambio de información.
Asimismo, detalló el proceso de generación del CFDI en tres pasos: el registro de datos fiscales, el timbre y sellado técnico con el SAT, y la descarga del CFDI. Además, abordó los tiempos implicados en el proceso y la relevancia de datos fiscales precisos para garantizar el éxito en la generación del CFDI.
Empresas de Diez
La gerente de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional del Infonavit, Rebeca Flores León, ahondó en el programa Empresas de Diez y Empresas de Diez Plus, los cuales, tienen como objetivo destacar y recompensar a las organizaciones que sobresalen en el cumplimiento ejemplar de sus responsabilidades como empleadores. “Estas empresas se destacan como líderes en diversas áreas laborales dentro de su sector, lo que refleja su sólido compromiso con el bienestar de sus empleados y contribuye positivamente al crecimiento económico del país”.
Consar
Efectos de la reforma de pensiones y los grandes retos del sistema
En otro orden de ideas, Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien compartió aspectos clave del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las finanzas sostenibles en México. En tal sentido, externó que el SAR engloba alrededor de 743.4 millones de cuentas individuales administradas por Afores, gestionando una proporción considerable del PIB y logrando rendimientos históricos sólidos.
Cervantes subrayó varios aspectos clave de la reforma en el SAR, como la reducción de comisiones y su impacto positivo en los ahorros de los trabajadores, así como la disminución de las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión, lo que ha permitido un aumento significativo en la cantidad de personas que ya tienen una pensión garantizada y mejoró su calidad de vida en la vejez, y que sin duda, estas medidas han llevado a un reconocimiento internacional ya una mejora sustantiva en el ingreso de los adultos mayores.
Agenda legislativa de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados
Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, abordó la importancia y necesidad de mejorar el sistema de seguridad social en México a través de diversas reformas legislativas. Refirió que la seguridad social es un derecho humano, sin embargo, aún existe la desigualdad en el acceso a este sistema.
Dentro de la agenda legislativa aprobada por unanimidad en la Comisión de Seguridad Social, se distinguen como pilares el reconocimiento de la seguridad social como un derecho, la disminución de la desigualdad en el acceso y mejora en la legislación.
En su discurso, resaltó la relevancia de un diálogo nacional y así como la colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de México en el proceso de mejorar el sistema de seguridad social en el país.
Litis Abierta. Su impacto en actos de fiscalización y medio de defensa ante el IMSS
Juan Manuel Jiménez Illescas, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), profundizó sobre el ámbito del derecho procesal administrativo, particularmente en el contexto de los medios de defensa utilizados por los contribuyentes y gobernados frente a las autoridades administrativas en México.
Ante este contexto, abordó la noción de "litis abierta", la cual se refiere al proceso en el un individuo puede presentar conceptos de impugnación o agravios en una etapa jurisdiccional que no fueron presentados previamente en la fase administrativa. Apuntó que esta figura busca garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa de los contribuyentes y particulares, permitiéndoles ampliar los argumentos presentados originalmente ante las autoridades administrativas al acudir a los tribunales de control de legalidad, como el TFJA.
Asimismo, exploró cómo los particulares pueden presentar medios de defensa en contra de resoluciones administrativas, tales como recursos de revisión o revocación, y cómo estos medios pueden ser ejercidos en la fase contenciosa. “La litis abierta proporciona a los gobernados la oportunidad de fortalecer su posición legal al presentar nuevos argumentos y agravios durante el proceso judicial, incluso si no se presentó en la etapa administrativa. Este principio busca equilibrar los derechos y garantías de las partes involucradas en los conflictos administrativos, promoviendo una mayor transparencia y justicia en el proceso legal”.
OIT, IMEF, ANADE, CCE: seguridad social, retos y perspectivas
En el panel integrado por Fernando Yllanes Martínez, integrante del Consejo de Administración de la OIT; Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF; Manuel Etchegaray Morales, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del IMCP; Santiago Villanueva Durán, coordinador de la Comisión de Seguridad Social de la ANADE; y Pedro Sánchez Cuervo, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del CCE, dialogaron sobre los retos y perspectivas de la seguridad social en México.
A lo largo de la semana, especialistas en materia de seguridad social abordaron temas como las reformas 2023, compliance en la seguridad social, las pensiones en México, así como los contratos de servicios especializados, reformas de la STPS y sus inspecciones.
El evento contó con la presencia de Juan Manuel Puebla Domínguez, presidente del Colegio; Alan Yohan Nájera Olivares, presidente de la comisión técnica de Seguridad Social del Colegio; Carlos Mario de la Fuente Aguirre y Cristina Zoé Gómez Benavides, representantes ante el IMSS e Infonavit respectivamente; e integrantes de la comisión organizadora quienes fueron los encargados de moderar las ponencias presentadas.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa académico, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
Con la finalidad de identificar riesgos, proteger datos personales y saber cómo actuar en caso de fraude, el Colegio celebró el foro Prevención y medidas en el robo de identidad, llevado a cabo este 21 de mayo a cargo del contador David Foulkes Woog y Susana Mejía Balcázar, integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero.En la introducción, el expositor aclaró que el fraude engloba la apropiación indebida de información confidencial para secuestrar cuentas, realizar compras, tramitar créditos o conseguir documentos oficiales. “Se opera a través de tres vías principales, la física, la virtual y, de manera más reciente, mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA)”.Sobre lo anterior, explicó que la complejidad de este fenómeno varía desde el hackeo de una red social hasta acciones de repercusión legal y fiscal, tales como la presentación de declaraciones de impuestos apócrifas en nombre del afectado.En el foro se detalló que existen cuatro variantes principales de este delito: la financiera, la delictiva, la médica y la infantil. El robo de identidad financiera se mantiene como el más común, generando pérdidas económicas directas y severas. Por su parte, la modalidad delictiva ocurre cuando un infractor suplanta la identidad de un tercero para evadir consecuencias jurídicas ante la policía al ser detenido.En el ámbito de la identidad médica, el panelista explicó que los delincuentes buscan recibir tratamientos o conseguir medicamentos de forma ilícita, un riesgo altamente incentivado en regiones con sistemas de salud privados. Y, para el caso de robo de identidad infantil, se comentó que los criminales aprovechan registros de menores de edad para adquirir propiedades o solicitar créditos.Al respecto, David Foulkes subrayó que una de las herramientas más utilizadas por los estafadores para concretar estos fraudes son las llamadas telefónicas automáticas pregrabadas y los mensajes de texto. “Los delincuentes emplean tecnología avanzada para falsificar el identificador de llamadas, logrando que aparezcan los nombres de instituciones oficiales y mediante mensajes engañosos se busca presionar a las personas para que hagan clic en enlaces maliciosos”.Ante este panorama, la principal recomendación que compartió el especialista consiste en colgar de inmediato las llamadas sospechosas e ignorar cualquier mensaje inesperado, evitando presionar números o abrir vínculos digitales. Además, aconseja recurrir a los servicios de bloqueo con los proveedores de telefonía y consultar herramientas de orientación internacional.El contador concluyó su participación exponiendo casos reales de estas conductas delictivas y haciendo un llamado a la prevención colectiva y la difusión de estas medidas de protección.
