El Colegio realizó el 12.° Foro de Fiscalización (AGAFF) los días 28 y 29 de octubre. Este foro se centró en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), que, como parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene la finalidad de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
A lo largo de las dos jornadas del foro, se presentaron siete paneles con la participación de especialistas en temas fiscales, así como funcionarios del SAT y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Los temas abordados incluyeron: Simulación de Operaciones, Novedades en materia de actividades vulnerables y Lavado de Dinero, Comentarios en materia de comercio exterior, Consideraciones del dictamen fiscal, Devolución de saldos a favor en impuestos, Comentarios generales en el Plan Maestro de Fiscalización y Acuerdos conclusivos.
La coordinación del evento estuvo a cargo de Graciela Rojas Mejía, Pablo Cervantes García y Eduardo Arizmendi Salcido (estos dos últimos también fungieron como moderadores), todos ellos integrantes de la comisión técnica Fiscal.
Por su parte, los moderadores de cada panel estuvieron representados por los comisionados en Fiscal Antonio Alberto Vela Peón, Mirella Mirandina Plácido Hernández, Eduardo Sánchez Lemoine, Federico Tercero Garza Torres, Pablo Ramírez Morales, Guadalupe Santos Moreno, Enrique Ramírez Luna (de la comisión técnica de Auditoría Fiscal) y Genaro Eliseo Gómez Muñoz (consultor independiente).
El primer día comenzó con la ponencia sobre Simulación de Operaciones, con las intervenciones de Marco Antonio Hernández Lara y Alejandro Cruz Santiago, administradores centrales de apoyo jurídico del SAT.
En sus participaciones, definieron la simulación como el acto en que las partes declaran falsamente lo que no ha pasado o no se ha convenido. Además, explicaron los tipos de simulación: absoluta (el acto no tiene nada de real, como las operaciones de EFOS definitivos) y relativa (falsa apariencia que oculta el verdadero carácter del acto jurídico).
Respecto al combate a la simulación, las autoridades mencionaron que se apoyan en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la adición del artículo 113-B, que sanciona penalmente la expedición o adquisición de comprobantes fiscales falsos que no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.
El segundo panel contó con la intervención de Castor Álvarez Ortiz, administrador central de apoyo jurídico de actividades vulnerables del SAT, quien expuso el tema de las Novedades en Actividades Vulnerables y Lavado de Dinero. En este contexto, destacó el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como organismo que promueve estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Explicó que México, miembro desde el año 2000, está en proceso de una evaluación mutua (quinta ronda) por parte del GAFI, la cual verifica el cumplimiento técnico de los 40 estándares y la efectividad del régimen de prevención; la visita in situ continuará el próximo año y el informe final se discutirá en octubre de 2026.
En cuanto al Marco Legal Nacional, comentó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), vigente desde 2013, regula las actividades vulnerables. Finalmente, cerró su intervención mencionando el rol de los contadores y abogados como prestadores de servicios profesionales, quienes son considerados gatekeepers y sujetos obligados.
El primer día concluyó con la ponencia Comentarios en materia de comercio exterior a cargo de Gloria Rocío Estrada Antón y Alberto Ruiz Roja de la comisión técnica de Comercio Exterior, quienes se centraron en la perspectiva de la fiscalización para grandes contribuyentes en operaciones de comercio exterior y aduanas, en el contexto de la próxima reforma a la Ley Aduanera que entraría en vigor a partir del 1 de enero.
Sobre dicha reforma, comentaron que busca elevar la vigilancia sobre empresas con operaciones trascendentes (como aquellas con programas de fomento -IMMEX-, que operan un recinto fiscalizado estratégico, o un almacén general de depósito), señalando que los agentes aduanales han sido "castigados".
En cuanto a las tendencias de fiscalización, argumentaron que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) enfoca la vigilancia en aspectos sensibles del plan maestro de fiscalización, con un nuevo escenario que incluye la facilidad de la autoridad para acceder a documentación y anticipar tendencias de omisión.
El segundo día abrió con el tema de las Consideraciones del Dictamen Fiscal, con las participaciones de Fernando Sierra de la Fuente, administrador central de operación de la fiscalización nacional, y María Victoria Zacatenco Cruz, administradora de operación de la fiscalización 1, ambos de la administración general de auditoría fiscal federal del SAT.
Su participación se enfocó en la relevancia y el proceso de presentación del dictamen fiscal ante el SAT, destacando la función del contador público y las herramientas de aclaración disponibles.
Enfatizaron que el dictamen fiscal es una herramienta fundamental para el SAT porque le permite conocer a los contribuyentes y obtener información valiosa para la fiscalización, cuyo objetivo es dar certeza a las cifras financieras y fiscales del contribuyente.
Asimismo, proporciona al contribuyente la seguridad de que un tercero independiente (el contador público) revisa sus cifras y emite una opinión sobre su situación fiscal. Recordaron que son obligados a presentar el dictamen fiscal aquellos contribuyentes que cumplan con umbrales de:
• Ingresos acumulables superiores a $157,000,000.
• Valor del activo superior a $124,000,000.
• Tener por lo menos 300 trabajadores.
• Deben manifestarlo en su declaración anual (checando con el ejercicio inmediato anterior).
Aclararon que no existe el Dictamen complementario, pero sí hay un Escrito de Aclaraciones para corregir datos o discrepancias en el dictamen fiscal. Recomendaron presentar un escrito de aclaraciones ante un error evidente, el cual debe ser presentado por el contador que firmó el dictamen, mediante un escrito en la Oficialía de Partes de la Administración General de Auditoría (o la de Grandes Contribuyentes, según corresponda).
Por último, las autoridades recomendaron adelantar el proceso de presentación del dictamen y no esperar a los últimos días para evitar la saturación del sistema. También es crucial presentar el dictamen a tiempo y cumplir con la obligación de presentar los papeles de trabajo (cuyo porcentaje de cumplimiento ha mejorado al 91.7% para 2023), ya que se están comenzando a aplicar sanciones por la no presentación.
La segunda intervención del día trató el tema de la Devolución de saldos a favor de impuestos, con la participación de Desireé Romero Carrillo, administradora central de devoluciones y compensaciones del SAT, y María Elena Hernández Aguirre, quienes expusieron que el tema de las devoluciones están previstas principalmente en el artículo 22.° del CFF, detallando el proceso, los plazos, los desafíos y las estadísticas.
Las representantes del SAT explicaron que el proceso de devolución sigue el flujo de: (1) el contribuyente presenta una declaración que genera una cantidad a favor; (2) presenta la solicitud; (3) el trámite se asigna a la administración concentrada; (4) la autoridad tiene 40 días para resolver; (5) se puede emitir un primer o segundo requerimiento, o iniciar una orden de facultades de comprobación (auditoría) que puede durar 90 o 180 días; y (6) se emite la resolución (Autorizada, Desistida o Negativa) y, si es favorable, se efectúa el depósito.
Enfatizaron que, en los plazos para contestar son de 20 y 10 días, respectivamente, y, en cuanto a la decisión en el primer requerimiento, si la autoridad tiene los elementos de fondo suficientes, puede emitir una resolución de desistimiento o negativa desde el primer requerimiento sin necesidad de ir a un segundo, siendo el primer requerimiento el procedimiento más utilizado.
En materia de recaudación, comentaron que se han devuelto $718,000 millones de pesos (1% más que el año anterior), siendo el IVA el principal rubro de devoluciones (con un crecimiento del 2%). En Solicitudes Resueltas, se resolvieron 1,253,000 solicitudes (1% más) y en Devoluciones Automáticas (ISR), es el que más dinero devuelve, con $44,032 millones de pesos (4.7% más que el año anterior).
Finalmente, recomendaron a los contribuyentes ser muy precisos al enviar la documentación (por ejemplo, estados de cuenta sólo del mes que corresponde) para evitar que la autoridad rechace o requiera la información por ser ilegible, incompleta o errónea.
La tercera mesa de diálogo estuvo conformada por Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González de las comisiones técnicas de Fiscal y Auditoría Fiscal, respectivamente, quienes hablaron sobre los Comentarios generales Plan Maestro de Fiscalización. Se centraron en las Cartas Invitación (vigilancia profunda), destacando que no atender una carta invitación puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital (CSD) y la apertura de un acto de fiscalización formal.
Por ello, se recomienda aprovechar estas cartas como una "fotografía" de las irregularidades detectadas por la autoridad para aclarar, atender y corregirse de forma temprana. Enfatizaron la necesidad de educar al contribuyente para que involucre al asesor fiscal desde el "momento cero", pues la autocorrección oportuna es preferible a llegar a juicios, que resultan más costosos y largos.
Para cerrar el Foro de Fiscalización, se contó con la presencia de César Iván de la Torre Flores, director general de acuerdos conclusivos “A” en la Prodecon, quien versó su participación en el tema de los Acuerdos Conclusivos. Comentó que esta figura se tramita a través de la Prodecon (organismo protector de derechos humanos del contribuyente) y es un mecanismo para resolver controversias durante la auditoría.
El ombudsman mencionó que la Prodecon ha reportado una efectividad superior al 70% en acuerdos totales o parciales entre 2014 y 2024. Finalmente, se dieron consejos para afrontar las diligencias presenciales (mesas de trabajo de los acuerdos conclusivos), como mantener un tono técnico, anticipar escenarios de la autoridad y contar con contraargumentos preparados.
Al término de cada una de las participaciones, se realizó una ronda de preguntas y respuestas y se entregó un reconocimiento de participación a los ponentes.
Eventos recientes
El 14 de septiembre se presentó en el Colegio un curso destinado a desarrollar sobre los descuentos de créditos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): Descuentos de Infonavit. La intención del curso fue construir un espacio práctico cercano a la realidad que permitiera a los asistentes consolidar sus conocimientos técnicos mediante ejemplos prácticos y fue presentado por Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, coordinador del curso y representante de la comisión T. de Seguridad Social. Francisco Javier Ibarra Mayoral fue el encargado de desarrollar el tema para la audiencia, quien comenzó señalando que los créditos para la vivienda proporcionados por el Infonavit se mantienen como opciones competitivas frente a créditos bancarios en la mayoría de los casos, por lo que conocer su funcionamiento, límites y alcances es conocimiento esencial para el especialista. El experto señaló que el Infonavit proporciona distintos tipos de créditos como los créditos de cuota fija monetaria, que representan la mayor parte de la cartera, los créditos en veces de Unidad de Medida y Actualización (UMA) o unidad mixta y los créditos porcentuales, siendo estos últimos los menos comunes en comparación a los otros dos. Francisco Ibarra señaló que, para el caso de la cuota fija, ésta representa certeza para los trabajadores y facilita la planeación, convirtiéndola en una opción accesible financiera y administrativamente.Al desarrollar los cuerpos normativos vinculados a estos créditos para la vivienda se desarrolló la Ley del Infonavit, el marco legal que regula a la institución y donde se establecen las obligaciones patronales, como el pago de aportaciones de cada trabajador mientras exista una relación laboral y, por tanto, la realización de los descuentos en los salarios conforme lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT).Uno de los grandes escenarios que debe considerar el patrón, tras la reforma de la Ley Infonavit del 2025, es que la obligación de los descuentos y enteros por créditos de vivienda no se suspende por ausencias o incapacidades médicas, ya que se debe cubrir un 5% del salario base de cotización y pagar la amortización del crédito Infonavit, aunque el trabajador no perciba salario directamente. Todo esto, según comenta Francisco, representa una obligación patronal y una carga financiera que la organización debe considerar para evitar deudas y multas.Finalmente, se trazó una prelación de descuentos al salario, donde se señaló un elemento fundamental: el patrón es solidario del pago de créditos Infonavit y sujeto a multa ante el incumplimiento de descuentos judiciales, como la pensión alimenticia, por lo que se debe considera que si el sueldo neto tras retenciones de impuestos y descuentos judiciales no cubre el total de la amortización de Infonavit, el patrón debe reportar la incidencia y retener únicamente hasta el límite legal permitido sin afectar el mínimo vital del trabajador; debido a ello, la planeación es fundamental para evitar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Con el propósito de orientar a los asociados sobre las disposiciones vigentes para el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC) 2026, el Colegio llevó a cabo, el 14 de septiembre, el curso NDPC 2026 Actualización, cumplimiento y nuevas disciplinas. La sesión estuvo a cargo de Brenda Miroslava Vázquez Calderón, y Elodia González Torreblanca, bajo la coordinación de Carlos Jesús Verdi García, todos integrantes de la comisión de Desarrollo Profesional Continuo.Durante el encuentro se explicó que cumplir con la NDPC no consiste únicamente en acumular horas de capacitación. Las expositoras destacaron la necesidad de identificar correctamente el sector profesional, la certificación y las disciplinas que corresponden a cada asociado, además de conocer los requisitos aplicables y planear con anticipación las actividades que permitirán cubrir los puntos requeridos durante el año.En este sentido, se hizo énfasis en la importancia de llevar un seguimiento permanente. Se señaló que las actividades deben contar con evidencia documental y registrarse en los formatos correspondientes dentro de los plazos establecidos. También se recomendó no esperar hasta enero para revisar la información, sino mantener actualizado el perfil en la plataforma de la federada y verificar durante el año que los cursos y demás actividades hayan sido correctamente considerados.Al abordar las disciplinas profesionales contempladas para 2026, se mencionaron, entre otras, las Normas de Información de Sostenibilidad, contabilidad gubernamental, finanzas, fiscal, costos, prevención de lavado de dinero y anticorrupción, seguridad social y tributación. Asimismo, se refirió la importancia de temas relacionados con ética, derecho, gobierno corporativo, competencias digitales, gobernanza, visualización de datos, informática e inteligencia artificial, siempre que exista una relación con el ejercicio profesional.Uno de los ejemplos utilizados durante la sesión permitió destacar un aspecto fundamental: la pertenencia temática. Se explicó que una capacitación no genera puntos simplemente por abordar una herramienta o conocimiento de uso general. Por ejemplo, un curso de Excel puede adquirir relevancia para efectos de DPC cuando está orientado a una aplicación concreta de la profesión, como el desarrollo de cédulas de auditoría. De igual forma, se indicó que los cursos sobre inteligencia artificial u otras tecnologías deben vincularse con alguna de las disciplinas o temas reconocidos por la norma.A manera de síntesis, durante la sesión se compartió una guía práctica para que los asociados tengan presentes los principales pasos del cumplimiento:Puntos clave de la NDPC 2026Planear: identificar sector, certificación, disciplina y puntos requeridos.Verificar: revisar que la capacitadora y la actividad cumplan con los requisitos aplicables.Documentar: conservar constancias y evidencia de las actividades realizadas.Manifestar: registrar los puntos en el formato correspondiente y dentro del plazo establecido.Revisar: mantener actualizado el perfil en la plataforma de la federada.Prever: solicitar con anticipación las autorizaciones necesarias para actividades especiales.Dar seguimiento: comprobar que el cumplimiento haya quedado correctamente registrado ante la federada y, cuando corresponda, ante los organismos relacionados con la certificación.Posteriormente, las expositoras abordaron situaciones que requieren especial atención, entre ellas la capacitación impartida por instituciones no registradas como capacitadoras, los programas de educación superior y posgrado, los diplomados, la educación a distancia y los eventos realizados en el extranjero. En relación con estos últimos, se enfatizó que es necesario solicitar previamente la autorización correspondiente y presentar la documentación requerida con suficiente anticipación. También se destacó la importancia de verificar la vigencia del RVOE cuando resulte aplicable y de no asumir que cualquier curso o programa genera puntos automáticamente.Durante la sesión también se revisaron los supuestos de excepción al cumplimiento, así como las consecuencias derivadas de no acreditar oportunamente la NDPC. Se aclaró que las dispensas no operan de manera automática y deben solicitarse y confirmarse conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, se recordó que para quienes cuentan con certificaciones o registros vinculados con organismos externos, el cumplimiento oportuno puede ser necesario para mantener dichas condiciones.Hacia el cierre, se reiteró que la actualización profesional debe entenderse como un proceso continuo y no como una actividad que se resuelve al finalizar el año. La recomendación fue mantener durante todo el ejercicio una ruta de cumplimiento que incluya la planeación de puntos, selección y verificación de capacitaciones, conservación de evidencias y manifestación en tiempo y forma. Con ello, se enfatizó que cumplir con la NDPC no termina al tomar un curso: también implica documentar, registrar, verificar y asumir la responsabilidad sobre la propia actualización profesional.
Con el propósito de analizar las repercusiones jurídicas y fiscales que conllevan las transmisiones patrimoniales, el Colegio y la comisión Fiscal Internacional presentaron, este 10 de septiembre, la conferencia Sucesiones patrimoniales: herencias, legados, trusts y transiciones, un espacio dedicado al análisis, el cual contó con la participación de Layda Cárcamo Sabido y César Fares Canavati.Durante su intervención, Fares Canavati abordó los conceptos civiles que rigen los actos gratuitos, distinguiendo entre la donación como un acto inter vivos, puro, simple o condicional, y la sucesión por causa de muerte, la cual comprende tanto las modalidades testamentarias como las legítimas.El especialista profundizó en la relevancia patrimonial y fiscal de estos actos, señalando que el régimen aplicable está determinado por la naturaleza del acto, el sujeto receptor, el parentesco y la naturaleza del bien. En el ámbito de las personas morales, puntualizó que los donativos y herencias constituyen ingresos acumulables gravados a la tasa corporativa general del 30%, y detalló las reglas de deducibilidad para donantes, los límites generales y las obligaciones específicas para las entidades autorizadas para recibir donativos.Asimismo, informó sobre la mecánica fiscal aplicable a las personas físicas, donde la donación se considera un ingreso por adquisición de bienes valuado mediante avalúo, sujeto a una tarifa progresiva y a los supuestos de exención previstos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).Por su parte, la contadora Cárcamo Sabido centró su exposición en la importancia de la planeación sucesoria para proteger la riqueza acumulada, garantizar la continuidad de los negocios familiares y preservar la armonía entre los herederos, diferenciándola categóricamente de prácticas ilícitas como la evasión fiscal o el ocultamiento de capitales.La ponente advirtió sobre las consecuencias adversas de omitir una planeación adecuada, tales como el desconocimiento de activos, la aparición de terceros o la exposición a cargas tributarias no previstas. Para mitigar estos riesgos, analizó diversas estructuras de protección patrimonial, como los fideicomisos mexicanos y los trusts extranjeros, así como el uso de sociedades residentes en México.Los especialistas coincidieron en que la complejidad de las disposiciones fiscales actuales exige una estrategia preventiva rigurosa en la estructuración de sucesiones y transmisiones patrimoniales.Finalmente, se destacó que el entendimiento de las obligaciones informativas ante la autoridad tributaria, el apego a las formalidades jurídicas y civiles y la correcta distinción entre los tratamientos aplicables a personas físicas y morales son elementos clave para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y salvaguardar el patrimonio familiar.
