El Colegio realizó el 12.° Foro de Fiscalización (AGAFF) los días 28 y 29 de octubre. Este foro se centró en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), que, como parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene la finalidad de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
A lo largo de las dos jornadas del foro, se presentaron siete paneles con la participación de especialistas en temas fiscales, así como funcionarios del SAT y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Los temas abordados incluyeron: Simulación de Operaciones, Novedades en materia de actividades vulnerables y Lavado de Dinero, Comentarios en materia de comercio exterior, Consideraciones del dictamen fiscal, Devolución de saldos a favor en impuestos, Comentarios generales en el Plan Maestro de Fiscalización y Acuerdos conclusivos.
La coordinación del evento estuvo a cargo de Graciela Rojas Mejía, Pablo Cervantes García y Eduardo Arizmendi Salcido (estos dos últimos también fungieron como moderadores), todos ellos integrantes de la comisión técnica Fiscal.
Por su parte, los moderadores de cada panel estuvieron representados por los comisionados en Fiscal Antonio Alberto Vela Peón, Mirella Mirandina Plácido Hernández, Eduardo Sánchez Lemoine, Federico Tercero Garza Torres, Pablo Ramírez Morales, Guadalupe Santos Moreno, Enrique Ramírez Luna (de la comisión técnica de Auditoría Fiscal) y Genaro Eliseo Gómez Muñoz (consultor independiente).
El primer día comenzó con la ponencia sobre Simulación de Operaciones, con las intervenciones de Marco Antonio Hernández Lara y Alejandro Cruz Santiago, administradores centrales de apoyo jurídico del SAT.
En sus participaciones, definieron la simulación como el acto en que las partes declaran falsamente lo que no ha pasado o no se ha convenido. Además, explicaron los tipos de simulación: absoluta (el acto no tiene nada de real, como las operaciones de EFOS definitivos) y relativa (falsa apariencia que oculta el verdadero carácter del acto jurídico).
Respecto al combate a la simulación, las autoridades mencionaron que se apoyan en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la adición del artículo 113-B, que sanciona penalmente la expedición o adquisición de comprobantes fiscales falsos que no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.
El segundo panel contó con la intervención de Castor Álvarez Ortiz, administrador central de apoyo jurídico de actividades vulnerables del SAT, quien expuso el tema de las Novedades en Actividades Vulnerables y Lavado de Dinero. En este contexto, destacó el papel del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como organismo que promueve estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Explicó que México, miembro desde el año 2000, está en proceso de una evaluación mutua (quinta ronda) por parte del GAFI, la cual verifica el cumplimiento técnico de los 40 estándares y la efectividad del régimen de prevención; la visita in situ continuará el próximo año y el informe final se discutirá en octubre de 2026.
En cuanto al Marco Legal Nacional, comentó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), vigente desde 2013, regula las actividades vulnerables. Finalmente, cerró su intervención mencionando el rol de los contadores y abogados como prestadores de servicios profesionales, quienes son considerados gatekeepers y sujetos obligados.
El primer día concluyó con la ponencia Comentarios en materia de comercio exterior a cargo de Gloria Rocío Estrada Antón y Alberto Ruiz Roja de la comisión técnica de Comercio Exterior, quienes se centraron en la perspectiva de la fiscalización para grandes contribuyentes en operaciones de comercio exterior y aduanas, en el contexto de la próxima reforma a la Ley Aduanera que entraría en vigor a partir del 1 de enero.
Sobre dicha reforma, comentaron que busca elevar la vigilancia sobre empresas con operaciones trascendentes (como aquellas con programas de fomento -IMMEX-, que operan un recinto fiscalizado estratégico, o un almacén general de depósito), señalando que los agentes aduanales han sido "castigados".
En cuanto a las tendencias de fiscalización, argumentaron que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) enfoca la vigilancia en aspectos sensibles del plan maestro de fiscalización, con un nuevo escenario que incluye la facilidad de la autoridad para acceder a documentación y anticipar tendencias de omisión.
El segundo día abrió con el tema de las Consideraciones del Dictamen Fiscal, con las participaciones de Fernando Sierra de la Fuente, administrador central de operación de la fiscalización nacional, y María Victoria Zacatenco Cruz, administradora de operación de la fiscalización 1, ambos de la administración general de auditoría fiscal federal del SAT.
Su participación se enfocó en la relevancia y el proceso de presentación del dictamen fiscal ante el SAT, destacando la función del contador público y las herramientas de aclaración disponibles.
Enfatizaron que el dictamen fiscal es una herramienta fundamental para el SAT porque le permite conocer a los contribuyentes y obtener información valiosa para la fiscalización, cuyo objetivo es dar certeza a las cifras financieras y fiscales del contribuyente.
Asimismo, proporciona al contribuyente la seguridad de que un tercero independiente (el contador público) revisa sus cifras y emite una opinión sobre su situación fiscal. Recordaron que son obligados a presentar el dictamen fiscal aquellos contribuyentes que cumplan con umbrales de:
• Ingresos acumulables superiores a $157,000,000.
• Valor del activo superior a $124,000,000.
• Tener por lo menos 300 trabajadores.
• Deben manifestarlo en su declaración anual (checando con el ejercicio inmediato anterior).
Aclararon que no existe el Dictamen complementario, pero sí hay un Escrito de Aclaraciones para corregir datos o discrepancias en el dictamen fiscal. Recomendaron presentar un escrito de aclaraciones ante un error evidente, el cual debe ser presentado por el contador que firmó el dictamen, mediante un escrito en la Oficialía de Partes de la Administración General de Auditoría (o la de Grandes Contribuyentes, según corresponda).
Por último, las autoridades recomendaron adelantar el proceso de presentación del dictamen y no esperar a los últimos días para evitar la saturación del sistema. También es crucial presentar el dictamen a tiempo y cumplir con la obligación de presentar los papeles de trabajo (cuyo porcentaje de cumplimiento ha mejorado al 91.7% para 2023), ya que se están comenzando a aplicar sanciones por la no presentación.
La segunda intervención del día trató el tema de la Devolución de saldos a favor de impuestos, con la participación de Desireé Romero Carrillo, administradora central de devoluciones y compensaciones del SAT, y María Elena Hernández Aguirre, quienes expusieron que el tema de las devoluciones están previstas principalmente en el artículo 22.° del CFF, detallando el proceso, los plazos, los desafíos y las estadísticas.
Las representantes del SAT explicaron que el proceso de devolución sigue el flujo de: (1) el contribuyente presenta una declaración que genera una cantidad a favor; (2) presenta la solicitud; (3) el trámite se asigna a la administración concentrada; (4) la autoridad tiene 40 días para resolver; (5) se puede emitir un primer o segundo requerimiento, o iniciar una orden de facultades de comprobación (auditoría) que puede durar 90 o 180 días; y (6) se emite la resolución (Autorizada, Desistida o Negativa) y, si es favorable, se efectúa el depósito.
Enfatizaron que, en los plazos para contestar son de 20 y 10 días, respectivamente, y, en cuanto a la decisión en el primer requerimiento, si la autoridad tiene los elementos de fondo suficientes, puede emitir una resolución de desistimiento o negativa desde el primer requerimiento sin necesidad de ir a un segundo, siendo el primer requerimiento el procedimiento más utilizado.
En materia de recaudación, comentaron que se han devuelto $718,000 millones de pesos (1% más que el año anterior), siendo el IVA el principal rubro de devoluciones (con un crecimiento del 2%). En Solicitudes Resueltas, se resolvieron 1,253,000 solicitudes (1% más) y en Devoluciones Automáticas (ISR), es el que más dinero devuelve, con $44,032 millones de pesos (4.7% más que el año anterior).
Finalmente, recomendaron a los contribuyentes ser muy precisos al enviar la documentación (por ejemplo, estados de cuenta sólo del mes que corresponde) para evitar que la autoridad rechace o requiera la información por ser ilegible, incompleta o errónea.
La tercera mesa de diálogo estuvo conformada por Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González de las comisiones técnicas de Fiscal y Auditoría Fiscal, respectivamente, quienes hablaron sobre los Comentarios generales Plan Maestro de Fiscalización. Se centraron en las Cartas Invitación (vigilancia profunda), destacando que no atender una carta invitación puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital (CSD) y la apertura de un acto de fiscalización formal.
Por ello, se recomienda aprovechar estas cartas como una "fotografía" de las irregularidades detectadas por la autoridad para aclarar, atender y corregirse de forma temprana. Enfatizaron la necesidad de educar al contribuyente para que involucre al asesor fiscal desde el "momento cero", pues la autocorrección oportuna es preferible a llegar a juicios, que resultan más costosos y largos.
Para cerrar el Foro de Fiscalización, se contó con la presencia de César Iván de la Torre Flores, director general de acuerdos conclusivos “A” en la Prodecon, quien versó su participación en el tema de los Acuerdos Conclusivos. Comentó que esta figura se tramita a través de la Prodecon (organismo protector de derechos humanos del contribuyente) y es un mecanismo para resolver controversias durante la auditoría.
El ombudsman mencionó que la Prodecon ha reportado una efectividad superior al 70% en acuerdos totales o parciales entre 2014 y 2024. Finalmente, se dieron consejos para afrontar las diligencias presenciales (mesas de trabajo de los acuerdos conclusivos), como mantener un tono técnico, anticipar escenarios de la autoridad y contar con contraargumentos preparados.
Al término de cada una de las participaciones, se realizó una ronda de preguntas y respuestas y se entregó un reconocimiento de participación a los ponentes.
Eventos recientes
En el marco de la conferencia mensual de abril organizada por el Colegio, se llevó a cabo el foro Parques industriales, impulso de cadenas de valor, en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), el pasado 9 de abril. La sesión fue impartida por Claudia Esteves Cano, directora general de la AMPIP, y moderada por Miguel Ángel Tavares Sánchez, asesor del Comité Ejecutivo.Durante su intervención, Esteves Cano explicó la evolución de la manufactura global y el papel estratégico que ha adquirido México en las cadenas de valor. En ese sentido, comentó que la AMPIP, fundada en 1986 tras la apertura comercial del país, agrupa actualmente al 95% de los desarrolladores industriales, con presencia en todo el territorio nacional.Asimismo, señaló que México ha logrado consolidarse como un destino clave para la manufactura, gracias a su cercanía con Estados Unidos, su experiencia exportadora y la creciente integración de sus cadenas productivas. Al respecto, destacó que el país cuenta con 477 parques industriales clase A en operación, que suman alrededor de 85 millones de metros cuadrados, superando incluso la oferta total del resto de América Latina.En cuanto a la distribución regional, indicó que el desarrollo industrial responde a distintas vocaciones: el norte del país se enfoca en la exportación, el Bajío en manufactura avanzada, particularmente en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico, mientras que el centro ha fortalecido su papel logístico, impulsado por el auge del comercio electrónico tras la pandemia.Por otro lado, abordó el impacto del fenómeno de nearshoring. En ese contexto, explicó que factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia y diversos conflictos internacionales han detonado una demanda sin precedentes de espacios industriales en México. Como resultado, precisó que la absorción neta anual pasó de 2 a 5 millones de metros cuadrados entre 2021 y 2024, mientras que la disponibilidad se redujo del 6% al 2%.Derivado de esta presión, agregó, se han registrado incrementos significativos en los precios de renta, así como una aceleración en el desarrollo de nuevos parques. Actualmente, detalló, existen 103 proyectos en construcción que añadirán entre 7 y 8 millones de metros cuadrados adicionales.En ese mismo sentido, mencionó que, como parte del denominado Plan México, la AMPIP se comprometió a desarrollar 100 parques industriales durante el sexenio. A la fecha, puntualizó, ya se han entregado 20 de estos proyectos, con una inversión de 711 millones de dólares y la instalación de 245 empresas.No obstante, advirtió que el crecimiento del sector enfrenta importantes retos estructurales. En particular, subrayó las limitaciones en infraestructura energética, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, lo que podría restringir el desarrollo de nuevos proyectos industriales de gran escala.Aun así, destacó la resiliencia del sector. En ese sentido, comentó que, pese a un entorno complejo en materia regulatoria, fiscal y financiera, los desarrolladores han mantenido un fuerte dinamismo. También señaló que enfrentan desafíos como la falta de incentivos fiscales, restricciones al financiamiento y altos costos en infraestructura, llegando incluso a realizar inversiones que posteriormente son transferidas al Estado.Respecto a la inversión, indicó que, aunque cerca del 90% de los desarrolladores son de capital mexicano, la participación extranjera sigue siendo relevante por su escala. En términos generales, explicó, la inversión en el sector se distribuye aproximadamente en un 70–75% nacional y un 25–30% internacional.Por otra parte, destacó la evolución de los parques industriales hacia modelos de “nueva generación”. En ese contexto, explicó que estos desarrollos incorporan tecnología, criterios de sostenibilidad y mejores condiciones para los trabajadores. Asimismo, señaló que la composición de las empresas también ha cambiado, ya que actualmente alrededor del 36% de las compañías instaladas en parques industriales son mexicanas.Finalmente, subrayó que la toma de decisiones para la instalación de empresas o el desarrollo de nuevos parques responde a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura, como energía, agua y conectividad, así como la logística, los costos, la seguridad y la sostenibilidad.En este contexto, también hizo una distinción entre los parques industriales formales, con administración centralizada y estándares definidos y las zonas industriales tradicionales, muchas de las cuales, señaló, han quedado rezagadas o han sido absorbidas por la expansión urbana.A manera de conclusión, enfatizó que el principal reto hacia adelante será modernizar la infraestructura nacional, atender los rezagos existentes y mantener la competitividad de México como un actor estratégico en la manufactura global.
En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
