Del 25 al 28 de mayo, la 10.ª Semana fiscal de donatarias autorizadas fue celebrada en el Hospital Español, una jornada donde expertos en diferentes disciplinas transversales a las donatarias se reunieron para actualizar y orientar a los asistentes para mantener las organizaciones que representan dentro del cumplimiento fiscal, financiero y normativo con el fin de que puedan generar impacto social desde su preservación.
Para la apertura del evento, Rosalía Ortega, presidenta del Colegio, señaló la relación entre los profesionales contables y las donatarias autorizadas, ya que en su responsabilidad social pueden brindar soporte y apoyo para alcanzar objetivos que generan cambios al dirigir esfuerzos y recursos a causas de interés social.
Carlos Eduardo López-Bosch Larenas, director de Programas Asistenciales en Junta de Asistencia Privada (JAP) de la Ciudad de México compartió el papel que tiene la organización que representa para brindar asistencia, evaluación y supervisión continua a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), donde señalaron que “nada es posible sin las personas, pero nada perdura si no se institucionalizan las organizaciones”, si las organizaciones perduran, alcanzan sus objetivos y generan cambio.
Posteriormente, Daniel Eugenio De la Parra desarrolló las obligaciones de las donatarias autorizadas en materia de PLD, dentro de las cuales destacaron la responsabilidad de identificar al beneficiario controlador mediante documentación y a sus usuarios de manera directa, no solo para alinearse al cumplimiento normativo, sino como una muestra de transparencia hacia los donantes que ponen su confianza en la organización
Pablo Alejandro Limón Arrieta fue el encargado de compartir las mejores prácticas contables para donatarias, alineadas a la Normas de Información Financiera (NIF) B-16, donde se determinan las entidades no lucrativas. Durante su ponencia, una de las prácticas clave fue evitar que una persona asuma múltiples responsabilidades y se convierta en el “super contador”, ya que no segregar las funciones supone un problema operativo y un entorno de riesgo creciente.
Por otro lado, en la ponencia Aspectos relevantes éticos para tu donataria autorizada, Leonardo Arana de la Garza destacó que la ética fortalece a la organización al construir una imagen de confianza mediante la práctica integral; según comenta el experto, cuando todos los integrantes y los donantes armonizan con principios éticos, se construye reputación que puede traducirse en alcanzar los objetivos de la donataria.
El segundo día comenzó con una exploración tecnológica, en Inteligencia Artificial: herramienta indispensable, José Alejandro Mendiola Díaz compartió algunas aplicaciones prácticas de esta herramienta dentro de las donatarias y enfatizó que su uso apropiado y cauteloso puede convertirse en un motor que eficientice procesos y recursos, como la revisión de instrumentos legales, la automatización de tareas repetitivas o la validación de documentos con relación a normativas de cumplimiento.
Germán Heberto Pancardo Durán, listó los requisitos que deben cumplir los CFDI emitidos por las donatarias e indicó a la audiencia la importancia que tienen estos comprobantes, ya que brindan congruencia a la información de las operaciones y se convierten en una herramienta de transparencia operativa con una doble función: mitigar auditorías y construir confianza.
Mediante un recorrido por el proceso en la plataforma del SAT, Elio Fernando Zurita Morales compartió los detalles de la Declaración informativa de Transparencia y uso de donativos y sus recomendaciones para su apropiada presentación, cuya prórroga de presentación concluye esta semana. En ella exaltó la importancia de la planificación y la presentación puntual ya que, en armonía con la previa presentación, fallar en esta declaración supone una afronta de transparencia que puede derivar en la pérdida de confianza de los donantes.
En Remanente distribuible y donativos que generan ISR e IVA, de Alejandro Guízar Acosta, se externaron los conceptos que generan remanente distribuible y, sobre todo, se enfatizó en que la correcta gestión de los donativos es vital, ya que su mal manejo puede derivar en el cobro de ISR del 35% e impactar en el tratamiento del IVA, convirtiéndose en un riesgo que puede mermar los recursos de las donatarias.
El tercer día de la jornada se centró en el control interno dentro de las donatarias, y se inauguró con un asunto elemental de la mano de Ángel José Turanzas Díaz, quien se encargó de delinear las bases que definen las características de las donatarias y las obligaciones que les corresponden; con ello, el experto señaló las principales causas de pérdida de autorización con el fin de señalar al auditorio que no responder a estas bases normativas puede suponer una revocación y ello se traduce en un daño a la misión de la donataria, no solo un incumplimiento normativo.
Andrea Citlalli Vega Orduña y Saira Ivonne García Vizcaya expusieron que la materialidad supone un factor relevante para demostrar la trazabilidad de las operaciones de una donataria. Además, comentaron algunas aplicaciones prácticas para contar con este requisito desde la planeación y el control interno.
Ernesto Horacio Rocha San Miguel cerró el día con su ponencia Importancia del control interno, donde comentó algunos focos rojos que deben detonar la atención de las donatarias, como la concentración de funciones, la ausencia de niveles de autorización o la insatisfacción de los colaboradores. Para concluir su participación, indicó que observar es el primer paso para diseñar controles para prevenir y reducir riesgos.
El último día de la semana fue encabezado por Mónica Estrada Hernández, cuya participación se centró en los riesgos financieros. La contadore señaló que "la falta de control no elimina los problemas, solo retrasa el momento en que debemos lidiar con ellos”, así que mantener apetito de riesgo para identificarlos oportunamente es indispensable para diseñar controles que minimicen su impacto en las donatarias.
Alfredo Kupfer Domínguez centró su atención en las obligaciones que, como patrones, deben cumplir las donatarias. Entre las recomendaciones que dio, destacó tener cuidado con los contratos de los empleados, ya que estos deben mantenerse actualizados y señalar correctamente el tipo de relación que guardan los involucrados, evitando a toda costa esquemas de simulación para evitar responsabilidades, ya que suponen un alto riesgo.
Sebastián Patiño Jiménez revisó los requisitos a los que a seguimiento el IMSS y que las donatarias deben documentar. Adicionalmente comentó que, desde la reforma laboral, hay evidencia que es fiscalizable por el IMSS y que ahora debe registrarse, como la trazabilidad de la jornada, que será el puente entre operación, nómina y defensa de las donatarias autorizadas.
Finalmente, se contó con un panel con representantes del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi): Acciones para su permanencia, donde desarrollaron tres temas clave para la preservación de las donatarias, la sucesión del consejo directivo, la construcción de un fondo patrimonial y la regularización de activos donados; estos elementos, se satisfacen con preparación y su cumplimiento honra la coherencia de estas organizaciones con el compromiso social de sus misiones.
Tras una jornada de cuatro días, Rita Mireya Valdivia, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación agradeció a todos los representantes de donatarias por su asistencia y su compromiso social, pero también por su compromiso con la actualización continua. Adicionalmente, Pablo Alejandro Limón Mestre, el coordinador del evento, anunció el cierre de la jornada y anunció la proyección de la 11.ª Semana fiscal de donatarias autorizadas en 2027.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
En el marco de las celebraciones por el Día del Contador, el Colegio llevó a cabo el Congreso de la Contaduría Pública: IA en fiscalización y gestión. El evento fue inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la nutrida asistencia del público, lo que representa grandes avances para el futuro de la profesión. Durante su mensaje, la contadora enfatizó que el Colegio mantiene un compromiso con la innovación y la preparación de su gremio.La jornada inició con la participación de Rosaura Aguilar Peña y José Luis Ortiz Coronado, quienes abordaron a fondo el concepto y alcance fiscal de la materialidad. Ante ello, el especialista habló sobre algunos desafíos que se presentan en la práctica actual, tales como la propia definición jurídica de materialidad dentro de la legislación mexicana.Además, recordó que, ante la emisión de comprobantes sin activos, personal o infraestructura, la autoridad presumirá la inexistencia de las operaciones. Asimismo, alertó sobre la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación (CFF) en la Ley Aduanera y las facultades de comprobación.Sobre la actualización para 2026, Rosaura Aguilar desglosó el impacto de la reforma aduanera publicada el 19 de noviembre de 2025, donde se obliga a importadores y exportadores a conservar de forma electrónica el soporte documental que acredite la materialidad de los recursos empleados. Aunado a esto, detallaron las exigencias de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) mediante los rubros específicos que vinculan el entorno corporativo, comercial y fiscal.Por su parte, Marycelia García Valle y Rodolfo Jerónimo Pérez aportaron una visión sobre el panorama actual de fiscalización, “el cual está totalmente volcado hacia la digitalización de la información fiscal y los cruces automatizados de datos, lo que permite a la autoridad detectar riesgos y patrones de comportamiento atípicos en tiempo real”, aclaró García Valle.Jerónimo Pérez precisó que demostrar la materialidad en la práctica va más allá de un papel; “implica comprobar plenamente que la operación exista, tenga sentido de negocio y sea comprobable”, subrayó.Finalmente, Ignacio Domínguez Castillo expuso los objetivos institucionales de eficiencia recaudatoria y cobranza coactiva implementados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que el uso de mecanismos inteligentes busca optimizar las acciones de vigilancia para identificar omisiones de forma oportuna, sin generar cargas innecesarias a los contribuyentes cumplidos.Sin embargo, advirtió que la fiscalización inteligente enfocará sus baterías y auditorías de manera prioritaria en aquellos contribuyentes que incurran en las siguientes conductas, como la celebración de operaciones con empresas factureras, presentación de pérdidas fiscales recurrentes, simulación o aplicación ilegal de deducciones, entre otras.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
