Durante la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrada del 20 al 24 de mayo, la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio convocó a destacados expertos para discutir temas como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la armonización contable y la lucha contra la corrupción.
El presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes del evento. En su discurso, expresó su entusiasmo por la oportunidad de reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el desarrollo y la transparencia de la nación. Consideró relevante que el gremio sea partícipe de un sistema robusto de conocimiento y prácticas en contabilidad gubernamental en el contexto de cambios económicos y estructurales, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para una sociedad justa y equitativa.
Ramírez Fernández del Castillo concluyó agradeciendo la presencia y compromiso de los asistentes con el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental, expresando su confianza en que los conocimientos y experiencias compartidos serán de gran valor para todos.
Para dar inicio con las ponencias, el director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, habló sobre la importancia de la transparencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Bohórquez precisó que, aunque la transparencia es generalmente vista como un producto de las democracias modernas, su aplicación efectiva requiere de un diseño regulatorio inteligente que no sobrecargue a las instituciones públicas con controles innecesarios. A lo largo de su discurso, subrayó las paradojas y desafíos enfrentados en la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría gubernamentales que realmente funcionen para prevenir la corrupción, en lugar de simplemente cumplir con formalidades que podrían ser fácilmente eludidas o manipuladas.
Bohórquez ilustró su punto con ejemplos concretos de mala regulación, como la prohibición de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, y abogó por una regulación más flexible y efectiva. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar y posiblemente reformar instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos garantes de transparencia, sugiriendo que se debería aprender de las experiencias internacionales y aplicar un enfoque práctico y autocrítico en el rediseño de estas entidades. Concluyó remarcando la necesidad de un plan nacional de desarrollo robusto que incorpore estos principios, alejándose de la mera superioridad moral y adoptando una postura pragmática y constructiva para lograr un cambio significativo en la administración pública mexicana.
En otro orden de ideas, el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó los quince años de armonización contable bajo las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Dijo que, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2008, se ha buscado unificar el registro contable de todas las entidades públicas para generar información homogénea. Rico Arvizu explicó cómo el CONAC ha emitido normas específicas a lo largo de estos años, fundamentales para los procedimientos de la administración pública, enfatizando la obligatoriedad de llevar una contabilidad armonizada para todos los entes públicos, lo cual ha sido un esfuerzo colectivo para asegurar la consistencia y transparencia en la contabilidad gubernamental en México.
Durante su plática, señaló la complejidad y la importancia de la armonización contable en el ámbito gubernamental, tocando aspectos como la clasificación y seguimiento de los gastos públicos, la contabilidad patrimonial y la necesidad de alinear las cuentas contables con el plan del Conac. Rico Arvizu delineó los pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental y puntualizó la necesidad de cumplir con los requisitos normativos para garantizar la transparencia y difusión de la información financiera gubernamental.
A manera de panel, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Dionisio Zabaleta Solis, director de Análisis en Secretaría Ejecutiva del SNA; y María Guadalupe Olivo Torres, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), debatieron sobre la relevancia de la contabilidad gubernamental como herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
En ese sentido, Rodríguez Castillo subrayó que desde la creación del SNA en 2015, se ha mejorado significativamente la coordinación entre actores gubernamentales y sociales, promoviendo la transparencia. Además, destacó la implementación de la política nacional anticorrupción y la plataforma digital nacional como elementos esenciales para fortalecer el sistema.
Por su parte, Olivo Torres compartió experiencias sobre los retos específicos en el Estado de México, señalando la necesidad de una mayor integración y coordinación a nivel municipal. Apuntó que, aunque el SNA ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos, especialmente en la sensibilización y capacitación de nuevos funcionarios municipales.
Zabaleta Solís enfatizó la participación ciudadana como columna vertebral del SNA, aunque reconoció que los comités de participación ciudadana carecen de atribuciones decisivas, lo que limita su efectividad. Los panelistas concluyeron con un llamado a fortalecer la educación y la concienciación sobre el sistema anticorrupción para asegurar su eficacia tanto a nivel nacional como local, destacando la importancia de un compromiso continuo de todos los niveles de gobierno y la sociedad en la lucha contra la corrupción.
Siguiendo con el programa, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, abordó las generalidades del procedimiento de responsabilidades administrativas. En su presentación, resaltó la relevancia de integrar auditorías internas y de fiscalización superior para investigar responsabilidades administrativas. Hizo hincapié que las auditorías pueden iniciar procedimientos que culminen en un informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA). Gándara Ruiz Esparza recalcó la correcta distribución de competencias según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aclarando que solo los órganos internos de control pueden recibir denuncias directas y llevar a cabo investigaciones de faltas graves y no graves. Además, subrayó la importancia de un manejo riguroso y legal de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y la necesidad de objetividad en la documentación de auditoría e IPRA para asegurar la credibilidad y efectividad del procedimiento.
Gándara Ruiz Esparza también discutió aspectos técnicos del procedimiento, como los plazos de prescripción de tres años para faltas no graves y siete para las graves, y aclaró que la prescripción se interrumpe al admitir un IPRA o calificar una falta, no por la mera investigación. Mencionó la necesidad de notificaciones adecuadas para garantizar la certeza jurídica y evitar acciones unilaterales y arbitrarias. Reflexionó sobre la relación entre tribunales administrativos y entidades de fiscalización, criticando la práctica de devolver expedientes por errores formales y abogando por un enfoque pragmático. Concluyó que los tribunales deben distinguir entre su rol de resolutores y supervisores de legalidad, evitando excederse en sus funciones, y destacó la importancia de asegurar la fundamentación clara y específica para evitar la indefensión y asegurar justicia en el proceso.
En la participación de Edwin Meráz Ángeles, auditor superior en la Ciudad de México, abundó en el tema del SNA, resaltando los desafíos y propuestas para su implementación efectiva. Meráz hizo mención en la necesidad de mejorar la comunicación entre los entes auditados y los auditores, especificando que la fiscalización debe incluir una interacción proactiva y no limitarse a la documentación escrita. Expresó que el objetivo es corregir irregularidades durante el proceso de auditoría para evitar largos y costosos procesos de investigación. Además, señaló que los informes de auditoría se notifican primero al Congreso de la Ciudad de México y luego se publican en formato de datos abiertos, facilitando su consulta y procesamiento.
Meráz también abordó el SNA en el contexto específico de la Ciudad de México, realzando el valor de la colaboración y coordinación entre diversas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior. Sin embargo, criticó la inclusión de etapas procesales de investigación y substanciación en la labor de las auditorías superiores, argumentando que estas han entorpecido la fiscalización y prolongado los tiempos de resolución de casos de corrupción. Propuso una reevaluación del sistema anticorrupción para mejorar su eficacia y evitar la impunidad. También destacó las buenas prácticas adoptadas, como la agenda de mejora y aprendizaje en la administración pública y la digitalización de las compras públicas, que han contribuido a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Por otra parte, Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP, abundó en la armonización contable. Explicó que esta está basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008 y en las normas y lineamientos del Conac, los cuales buscan uniformar la información financiera de las entidades públicas. Detalló el marco conceptual, los manuales de contabilidad y las normas contables que incluyen aspectos presupuestales y programáticos, decisivos para mantener una clara distinción entre el presupuesto y la contabilidad.
Comentó que, desde 2018, bajo el actual gobierno, se han realizado múltiples actualizaciones y reformas al manual de contabilidad gubernamental para resolver incidentes y mejorar la práctica contable. Torres destacó esfuerzos específicos como la modificación de formatos de cuenta pública y la integración de recomendaciones de auditorías externas. Remarcó el trabajo en coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos estatales de armonización contable, que facilitan la implementación de acciones y mejoras normativas. También recalcó los esfuerzos en capacitación y tecnificación de las contabilidades estatales y municipales, apoyados por un presupuesto anual destinado a fortalecer los sistemas contables a nivel local, garantizando así la sostenibilidad y efectividad de la armonización contable en México.
La presentación enfocada en la relevancia de la capacitación en torno a la contabilidad gubernamental estuvo a cargo de Indira Isabel García Pérez, auditora Superior del Estado de Colima. En su charla, hizo hincapié en la diferencia entre servidor y funcionario público, específicamente en la responsabilidad que conlleva el cargo. Explicó cómo la contabilidad gubernamental puede ser una herramienta clave para la transparencia y la prevención de la corrupción, señalando la importancia de la profesionalización y la participación ciudadana informada. Además, mencionó casos de sanciones a servidores públicos por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y destacó los esfuerzos de capacitación realizados en el Estado de Colima, así como los retos futuros en este campo.
En su participación también incluyó interacción con la audiencia, abordando preguntas sobre los programas contables utilizados por las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. García Pérez resaltó la necesidad de una capacitación constante y puntual para mejorar el servicio público, así como la importancia de herramientas como la contabilidad gubernamental en la lucha contra la corrupción y en la generación de confianza ciudadana en la gestión pública.
Para el tercer día de ponencias, Francisco Javier Acuña Llamas, especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, habló sobre la importancia de la contabilidad gubernamental para una democracia efectiva. Comentó que esta práctica permite evaluar el uso del presupuesto público, asegurando que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente.
Acuña Llamas utilizó metáforas para subrayar que sin contabilidad y transparencia, la administración pública se vuelve una entidad opaca y difícil de entender para los ciudadanos. Comparó la democracia con un juego de obstáculos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
Adicional a lo dicho, también expresó que la contabilidad gubernamental debe ser accesible y clara para los ciudadanos. Defendió la existencia de organismos autónomos como el INAI, argumentando que, aunque representan un costo, su función es vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para la salud democrática del país.
En la presentación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordó el tema del proceso de entrega-recepción en la administración pública. Explicó que este proceso es primordial para la rendición de cuentas, apoyándose en un marco legal sólido que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades y la Ley General de Administración Pública Federal. Carranza subrayó la relevancia de adherirse a estas normativas para asegurar la legalidad y transparencia en la gestión gubernamental, detallando los artículos específicos de la Constitución que sustentan las obligaciones de rendir cuentas y fiscalizar a los servidores públicos.
También delineó el procedimiento normativo del proceso de entrega-recepción, destacando la necesidad de designar un coordinador institucional y formar una comisión interna de transición. Señaló los plazos y el cronograma de actividades a seguir, enfatizando la importancia de elaborar y registrar informes de gestión gubernamental y memorias documentales que evidencien las acciones realizadas. Indicó que estos informes deben ser detallados y estructurados, incluyendo logros y recursos utilizados, justificando cualquier pendiente, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de los desafíos que presenta la divulgación de información por parte del gobierno.
A manera de panel, titulado Retos y perspectivas de la contabilidad gubernamental, se contó con la participación de Jaime Díaz Martínez de Crowe México, Carlos Enrique Charraga Sánchez de BDO Castillo Miranda y Rualdo Otoniel García Ramos de Salles Sainz - Grant Thornton. Los panelistas abordaron los desafíos en la implementación y actualización de normativas contables en México. Subrayaron la necesidad de una normativa clara y completa para regular las operaciones financieras de los entes públicos y discutieron la importancia de la supletoriedad en la normativa contable. También destacaron el impacto de la aplicación retrospectiva de nuevas normas de contabilidad patrimonial que entrarán en vigor en 2025, especialmente en el reconocimiento de pasivos laborales en los estados financieros de los entes públicos.
Los expertos discutieron la problemática de aplicar normativas supletorias de manera coherente, evitando discrecionalidades por ambigüedades legales. Asimismo, analizaron la alineación de normas de deterioro de activos con estándares internacionales y la necesidad de ajustar la depreciación y amortización tras el registro de deterioro. Enfatizaron la importancia de estudios técnicos para determinar la vida útil de los activos y evitar incongruencias en los estados financieros.
En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión Nacional de Contabilidad Municipal del IMCP, Rolfi Manuel Sánchez López habló sobre el papel del Órgano Interno de Control (OIC) en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, resaltó la importancia de los OIC en la supervisión y auditoría de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de planes y programas, por lo que consideró relevante la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la capacitación del personal para adaptarse a los requisitos normativos actuales.
Aunque la presentación abordó aspectos esenciales, como la vigilancia de presupuestos y programas de compras, se señalaron omisiones significativas, como la falta de atención a la argumentación jurídica necesaria para respaldar observaciones del OIC y la estandarización de formatos para la justificación de gastos.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, titular de la D.G.P.O.P. en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abundó en las reglas para la conciliación presupuestaria-contable y sus efectos en la información financiera del sector público. Apuntó sobre la necesidad de comprender y aplicar correctamente estas normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, subrayando la relevancia de conciliar los resultados contables y presupuestarios para cumplir con los objetivos de rendición de cuentas y transparencia.
Mancera proporcionó un razonamiento sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requisitos que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, resaltando la importancia de la armonización y la integridad de la información financiera y presupuestaria. Además, destacó las últimas modificaciones en las reglas de conciliación y su obligatoriedad a partir del primero de enero de 2024, reiterando que la conciliación presupuestaria-contable es tanto una obligación normativa como una herramienta fundamental para asegurar la integridad y precisión de la información financiera del sector público.
Como siguiente presentación se llevó a cabo un panel de contralores en universidades públicas, donde se exploraron las experiencias y desafíos en la fiscalización y auditoría de la contabilidad gubernamental. Los expositores, incluyendo a Alfredo Nájar Fuentes, contralor General en Universidad de Guadalajara; Enrique Carriola Gómez, socio en Gossler; y María de los Ángeles Carrillo González, contralora General en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, destacaron la importancia de la armonización contable, la implementación de técnicas de auditoría basadas en normativas profesionales y mejores prácticas, así como la necesidad de contar con un marco normativo sólido tanto a nivel nacional como interno para guiar estas acciones. Se resaltó la complejidad de la contabilidad en el sector público, especialmente en el contexto universitario, debido a la diversidad de activos, la autonomía institucional y la necesidad de consolidar información financiera de manera centralizada.
Además, se abordaron temas específicos como la evaluación de activos y pasivos, las normativas de patrimonio, la determinación del costo del servicio público en universidades públicas y la necesidad de establecer mecanismos para calcular el costo por estudiante. Por último, se destacó la importancia de seguir las normativas establecidas por el Conac y las leyes gubernamentales, así como la colaboración entre los órganos internos de control y los auditores externos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
La última sesión de la Semana nacional de contabilidad gubernamental, abrió sus charlas con la participación de Ramiro Ávalos Martínez, socio de impuestos en Baker Tilly, quien presentó aspectos de las obligaciones fiscales en el sector paraestatal. Ávalos destacó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y señaló problemas comunes como discrepancias entre comprobantes fiscales digitales emitidos y declaraciones presentadas, así como la estrategia de recaudación del SAT y el aumento en la recaudación secundaria mediante vigilancia profunda, según datos del último informe trimestral. Promovió la capacitación y atención oportuna a requerimientos fiscales, fomentando la participación activa de la audiencia.
Ávalos Martínez profundizó en las obligaciones establecidas en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, además de destacar la complejidad y relevancia del nuevo decreto sobre el subsidio al empleo para el año 2024. Destacó la importancia de contar con profesionales como contadores públicos para asegurar un manejo adecuado de estas responsabilidades y la necesidad de tomar medidas preventivas y estar al tanto de los cambios normativos.
Por otro lado, Nicolás Domínguez García, director General de Auditoría Financiera en la Secretaría de la Función Pública, ofreció un recorrido histórico desde las prácticas contables de los aztecas hasta la evolución actual de la contabilidad gubernamental en México. Destacó la transición hacia sistemas integrales y descentralizados, así como los esfuerzos de armonización a nivel federal y estatal; asimismo, hizo mención de la influencia de organismos internacionales en la estandarización de normativas contables, la importancia de la transparencia financiera y la necesidad continua de modernización para una gestión eficiente de los recursos públicos.
Además, exaltó la obligación de los entes públicos en México de publicar información financiera trimestralmente, junto con la importancia de registrar y evaluar eficientemente el patrimonio estatal. De igual forma, discutió los retos futuros, incluida la adaptación de normas nacionales e internacionales, la generación de información útil para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo de sistemas de gestión, reforzando así la necesidad de avanzar hacia una contabilidad gubernamental armonizada y eficiente para garantizar una administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
Eventos recientes
El 28 de abril se presentó en el colegio el curso Criterios no vinculativos para efectos del informe fiscal, SIPRED. En el evento, bajo la coordinación de Teresa Cruz Rodríguez, representante de la comisión técnica de Auditoría Fiscal, se presentaron las consideraciones para tener en cuenta sobre los criterios no vinculativos contenidos en distintos cuerpos normativos.Para cubrir el tema, se contó con la valiosa participación de Manuel Corral Moreno y Álvaro Enrique Cordón Álvarez, integrantes de comisión mencionada previamente.Antes de comenzar, los contadores señalaron la importancia de los criterios no vinculativos ya que, aunque no tienen fuerza legal obligatoria, su relevancia permite alinear los tres elementos o perspectivas que convergen durante el informe fiscal: la autoridad fiscal, el contribuyente y el auditor; de esta forma, estos criterios permiten dar cuenta de la forma en que el sujeto pasivo (la autoridad) interpreta una normativa para orientar al sujeto activo (el contribuyente).Además, se comentó que, pese a que el contribuyente no tiene la obligación de considerar estos criterios vinculantes, “el auditor tiene la obligación de revelar las discrepancias entre los criterios de la autoridad fiscal y el contribuyente”, ya que en caso de no hacerlo puede ser copartícipe de un encubrimiento de discrepancias fiscales.Una vez establecido ese precedente, los ponentes detallaron los criterios no vinculativos relacionados con distintos cuerpos normativos, comenzando con el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la LIEPS (Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH). Para cada apartado, los expositores comentaron los criterios no vinculativos aplicables a cada conjunto de leyes y ejemplos prácticos que permitieron profundizar en ellos, desde aquellos relacionados con la expedición, timbrado y entrega de CFDI; la base gravable del IEPS en la prestación de servicios de juegos con apuestas y sorteos; la deducción de pagos a sindicatos; los gastos a favor de terceros; entre otros.
En la conferencia universitaria de abril, el tema principal fue los Instrumentos auxiliares de fiscalización del SAT, un evento que contó con la destacada participación de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Tepepan. David Osorio Cetina, docente de referida institución educativa, tuvo la responsabilidad de explicar en detalle los mecanismos y herramientas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emplea para respaldar y complementar sus facultades de comprobación. Su ponencia se centró en cómo estos instrumentos ayudan a identificar posibles incumplimientos fiscales por parte de los contribuyentes. El curso, que se ofreció de manera gratuita en un formato híbrido el 24 de abril, fue inaugurado por el vicepresidente de Vinculación Universitaria, Héctor Vázquez González, junto con el profesor de la ESCA Tepepan, Hugo Rodríguez Barbosa. Durante su presentación, Osorio Cetina hizo hincapié en la importante diferencia entre estos instrumentos auxiliares y las facultades de comprobación directas del SAT, como las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Subrayó que los instrumentos auxiliares no son actos de fiscalización en sí, sino que ofrecen información y elementos valiosos para que el SAT pueda ejercer sus facultades de manera más eficiente y selectiva. En este contexto, la recomendación más importante es prestar atención a los comunicados emitidos por la autoridad fiscal. Este tema está estrechamente relacionado con el control interno de las empresas, por lo que es esencial mantener un diálogo con las áreas de contabilidad y, si es necesario, con asesores fiscales. Al recibir un comunicado del SAT, es crucial verificar la información que la autoridad presenta. Por ejemplo, si el SAT notifica la omisión de la declaración anual, se debe corroborar de manera interna el estado de dicha obligación. Una de las grandes ventajas en el ámbito de las vigilancias profundas es que el cumplimiento que se realiza después de recibir un comunicado se considera aún como algo espontáneo. Según el artículo 72.° del Código Fiscal de la Federación (CFF), “si se presentan las declaraciones de manera espontánea, se está exento de sanciones por parte de la autoridad”, destacó el también abogado en Derecho. “Así que, aunque llegue una notificación, si se presenta la declaración después, sigue siendo considerada espontánea. Esto es muy diferente a un requerimiento formal por no cumplir con las obligaciones, donde la espontaneidad ya no cuenta”. La oportunidad de corregir la situación fiscal sin tener que enfrentar multas u otras sanciones es un gran beneficio para el contribuyente. Por último, David Osorio destacó la importancia de visitar la página oficial del SAT y la plataforma de gobierno abierto, donde se publican cifras de recaudación que muestran lo valiosos que son estos instrumentos auxiliares y la vigilancia constante en la labor recaudatoria del SAT. "La eficiencia que han demostrado estas herramientas ha asegurado su uso continuo, marcando un avance firme en la estrategia de fiscalización, ya que permiten una recaudación significativa sin necesidad de ejercer facultades de comprobación directas", concluyó.
En el entorno empresarial que al pasar de los años se ha vuelto más dinámico, complejo y digitalizado, la función de auditoría interna está llamada a evolucionar. Así lo expuso Edgar Cruz Cruz, miembro de la comisión SE Auditoría Interna, el pasado 11 de abril durante su presentación en el curso Auditoría Interna Ágil, en la cual compartió un enfoque innovador basado en metodologías ágiles como scrum, lean y kanban, aplicadas con éxito en diversos sectores más allá del desarrollo de software.En el evento, coordinado por Armando Patiño Torres, de comisión mencionada, Cruz Cruz destacó que estas metodologías, lejos de sustituir los métodos tradicionales, los complementan y potencian, permitiendo dividir auditorías extensas en entregables más pequeños y manejables, optimizando tiempos y enfocándose en lo verdaderamente crítico. “Se trata de entregar valor desde etapas tempranas, mantener ciclos de mejora continua y alinear la auditoría con los objetivos estratégicos del negocio”, puntualizó.En su presentación profundizó en la aplicación de scrum dentro de la auditoría interna. Cruz explicó cómo estructurar el trabajo en sprints (ciclos de máximo cuatro semanas), donde se planifican tareas específicas, se realizan reuniones diarias de seguimiento y se entrega un producto final por cada ciclo: desde hallazgos hasta informes completos. En ese sentido, definió los roles del proceso: el product owner, el scrum master y el equipo de auditores, quienes trabajan de manera colaborativa, autónoma y adaptativa.Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso ficticio de la empresa “El Conejo Feliz”, donde la auditoría al proceso “orden al pago” fue segmentada en sprints semanales, lo que permitió realizar entregas constantes y mantener una alta alineación con las áreas auditadas. Con ello, se demostró que incluso en equipos pequeños, estas metodologías pueden mejorar la trazabilidad, la velocidad de respuesta y la capacidad de adaptación ante cambios o nuevos hallazgos.Durante su intervención, Cruz hizo hincapié en que la adopción de metodologías ágiles requiere una cultura organizacional madura, liderazgo comprometido y equipos capacitados. Identificó como principal obstáculo la resistencia al cambio, y resaltó la importancia de comunicar claramente los beneficios de este enfoque dentro de la organización.También abordó la relevancia de contar con manuales de auditoría actualizados y vivos, ajustados a normas internacionales, pero con flexibilidad para incorporar enfoques ágiles. En ese sentido, se invitó a los asistentes a reflexionar sobre la pertinencia de sus propios marcos de trabajo y la necesidad de incorporar valores y principios ágiles como la colaboración, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor.Además de los aspectos técnicos, la charla abordó temas estratégicos. Edgar Cruz subrayó la necesidad de que la auditoría interna esté alineada con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y participe activamente en el cumplimiento y desarrollo del negocio. Enfatizó que la oportunidad en la entrega de informes es esencial, pues auditorías que se entregan meses después pueden perder relevancia. “La auditoría debe prevenir, no solo registrar errores del pasado”, afirmó.Finalmente, se compartieron ejemplos de organizaciones que ya están aplicando con éxito estas metodologías en sectores como salud, finanzas, manufactura y tecnología, demostrando que el enfoque ágil es viable en organizaciones de cualquier tamaño, siempre que se adapte a sus necesidades específicas.
