Durante la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrada del 20 al 24 de mayo, la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio convocó a destacados expertos para discutir temas como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la armonización contable y la lucha contra la corrupción.
El presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes del evento. En su discurso, expresó su entusiasmo por la oportunidad de reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el desarrollo y la transparencia de la nación. Consideró relevante que el gremio sea partícipe de un sistema robusto de conocimiento y prácticas en contabilidad gubernamental en el contexto de cambios económicos y estructurales, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para una sociedad justa y equitativa.
Ramírez Fernández del Castillo concluyó agradeciendo la presencia y compromiso de los asistentes con el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental, expresando su confianza en que los conocimientos y experiencias compartidos serán de gran valor para todos.
Para dar inicio con las ponencias, el director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, habló sobre la importancia de la transparencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Bohórquez precisó que, aunque la transparencia es generalmente vista como un producto de las democracias modernas, su aplicación efectiva requiere de un diseño regulatorio inteligente que no sobrecargue a las instituciones públicas con controles innecesarios. A lo largo de su discurso, subrayó las paradojas y desafíos enfrentados en la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría gubernamentales que realmente funcionen para prevenir la corrupción, en lugar de simplemente cumplir con formalidades que podrían ser fácilmente eludidas o manipuladas.
Bohórquez ilustró su punto con ejemplos concretos de mala regulación, como la prohibición de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, y abogó por una regulación más flexible y efectiva. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar y posiblemente reformar instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos garantes de transparencia, sugiriendo que se debería aprender de las experiencias internacionales y aplicar un enfoque práctico y autocrítico en el rediseño de estas entidades. Concluyó remarcando la necesidad de un plan nacional de desarrollo robusto que incorpore estos principios, alejándose de la mera superioridad moral y adoptando una postura pragmática y constructiva para lograr un cambio significativo en la administración pública mexicana.
En otro orden de ideas, el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó los quince años de armonización contable bajo las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Dijo que, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2008, se ha buscado unificar el registro contable de todas las entidades públicas para generar información homogénea. Rico Arvizu explicó cómo el CONAC ha emitido normas específicas a lo largo de estos años, fundamentales para los procedimientos de la administración pública, enfatizando la obligatoriedad de llevar una contabilidad armonizada para todos los entes públicos, lo cual ha sido un esfuerzo colectivo para asegurar la consistencia y transparencia en la contabilidad gubernamental en México.
Durante su plática, señaló la complejidad y la importancia de la armonización contable en el ámbito gubernamental, tocando aspectos como la clasificación y seguimiento de los gastos públicos, la contabilidad patrimonial y la necesidad de alinear las cuentas contables con el plan del Conac. Rico Arvizu delineó los pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental y puntualizó la necesidad de cumplir con los requisitos normativos para garantizar la transparencia y difusión de la información financiera gubernamental.
A manera de panel, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Dionisio Zabaleta Solis, director de Análisis en Secretaría Ejecutiva del SNA; y María Guadalupe Olivo Torres, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), debatieron sobre la relevancia de la contabilidad gubernamental como herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
En ese sentido, Rodríguez Castillo subrayó que desde la creación del SNA en 2015, se ha mejorado significativamente la coordinación entre actores gubernamentales y sociales, promoviendo la transparencia. Además, destacó la implementación de la política nacional anticorrupción y la plataforma digital nacional como elementos esenciales para fortalecer el sistema.
Por su parte, Olivo Torres compartió experiencias sobre los retos específicos en el Estado de México, señalando la necesidad de una mayor integración y coordinación a nivel municipal. Apuntó que, aunque el SNA ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos, especialmente en la sensibilización y capacitación de nuevos funcionarios municipales.
Zabaleta Solís enfatizó la participación ciudadana como columna vertebral del SNA, aunque reconoció que los comités de participación ciudadana carecen de atribuciones decisivas, lo que limita su efectividad. Los panelistas concluyeron con un llamado a fortalecer la educación y la concienciación sobre el sistema anticorrupción para asegurar su eficacia tanto a nivel nacional como local, destacando la importancia de un compromiso continuo de todos los niveles de gobierno y la sociedad en la lucha contra la corrupción.
Siguiendo con el programa, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, abordó las generalidades del procedimiento de responsabilidades administrativas. En su presentación, resaltó la relevancia de integrar auditorías internas y de fiscalización superior para investigar responsabilidades administrativas. Hizo hincapié que las auditorías pueden iniciar procedimientos que culminen en un informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA). Gándara Ruiz Esparza recalcó la correcta distribución de competencias según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aclarando que solo los órganos internos de control pueden recibir denuncias directas y llevar a cabo investigaciones de faltas graves y no graves. Además, subrayó la importancia de un manejo riguroso y legal de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y la necesidad de objetividad en la documentación de auditoría e IPRA para asegurar la credibilidad y efectividad del procedimiento.
Gándara Ruiz Esparza también discutió aspectos técnicos del procedimiento, como los plazos de prescripción de tres años para faltas no graves y siete para las graves, y aclaró que la prescripción se interrumpe al admitir un IPRA o calificar una falta, no por la mera investigación. Mencionó la necesidad de notificaciones adecuadas para garantizar la certeza jurídica y evitar acciones unilaterales y arbitrarias. Reflexionó sobre la relación entre tribunales administrativos y entidades de fiscalización, criticando la práctica de devolver expedientes por errores formales y abogando por un enfoque pragmático. Concluyó que los tribunales deben distinguir entre su rol de resolutores y supervisores de legalidad, evitando excederse en sus funciones, y destacó la importancia de asegurar la fundamentación clara y específica para evitar la indefensión y asegurar justicia en el proceso.
En la participación de Edwin Meráz Ángeles, auditor superior en la Ciudad de México, abundó en el tema del SNA, resaltando los desafíos y propuestas para su implementación efectiva. Meráz hizo mención en la necesidad de mejorar la comunicación entre los entes auditados y los auditores, especificando que la fiscalización debe incluir una interacción proactiva y no limitarse a la documentación escrita. Expresó que el objetivo es corregir irregularidades durante el proceso de auditoría para evitar largos y costosos procesos de investigación. Además, señaló que los informes de auditoría se notifican primero al Congreso de la Ciudad de México y luego se publican en formato de datos abiertos, facilitando su consulta y procesamiento.
Meráz también abordó el SNA en el contexto específico de la Ciudad de México, realzando el valor de la colaboración y coordinación entre diversas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior. Sin embargo, criticó la inclusión de etapas procesales de investigación y substanciación en la labor de las auditorías superiores, argumentando que estas han entorpecido la fiscalización y prolongado los tiempos de resolución de casos de corrupción. Propuso una reevaluación del sistema anticorrupción para mejorar su eficacia y evitar la impunidad. También destacó las buenas prácticas adoptadas, como la agenda de mejora y aprendizaje en la administración pública y la digitalización de las compras públicas, que han contribuido a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Por otra parte, Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP, abundó en la armonización contable. Explicó que esta está basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008 y en las normas y lineamientos del Conac, los cuales buscan uniformar la información financiera de las entidades públicas. Detalló el marco conceptual, los manuales de contabilidad y las normas contables que incluyen aspectos presupuestales y programáticos, decisivos para mantener una clara distinción entre el presupuesto y la contabilidad.
Comentó que, desde 2018, bajo el actual gobierno, se han realizado múltiples actualizaciones y reformas al manual de contabilidad gubernamental para resolver incidentes y mejorar la práctica contable. Torres destacó esfuerzos específicos como la modificación de formatos de cuenta pública y la integración de recomendaciones de auditorías externas. Remarcó el trabajo en coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos estatales de armonización contable, que facilitan la implementación de acciones y mejoras normativas. También recalcó los esfuerzos en capacitación y tecnificación de las contabilidades estatales y municipales, apoyados por un presupuesto anual destinado a fortalecer los sistemas contables a nivel local, garantizando así la sostenibilidad y efectividad de la armonización contable en México.
La presentación enfocada en la relevancia de la capacitación en torno a la contabilidad gubernamental estuvo a cargo de Indira Isabel García Pérez, auditora Superior del Estado de Colima. En su charla, hizo hincapié en la diferencia entre servidor y funcionario público, específicamente en la responsabilidad que conlleva el cargo. Explicó cómo la contabilidad gubernamental puede ser una herramienta clave para la transparencia y la prevención de la corrupción, señalando la importancia de la profesionalización y la participación ciudadana informada. Además, mencionó casos de sanciones a servidores públicos por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y destacó los esfuerzos de capacitación realizados en el Estado de Colima, así como los retos futuros en este campo.
En su participación también incluyó interacción con la audiencia, abordando preguntas sobre los programas contables utilizados por las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. García Pérez resaltó la necesidad de una capacitación constante y puntual para mejorar el servicio público, así como la importancia de herramientas como la contabilidad gubernamental en la lucha contra la corrupción y en la generación de confianza ciudadana en la gestión pública.
Para el tercer día de ponencias, Francisco Javier Acuña Llamas, especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, habló sobre la importancia de la contabilidad gubernamental para una democracia efectiva. Comentó que esta práctica permite evaluar el uso del presupuesto público, asegurando que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente.
Acuña Llamas utilizó metáforas para subrayar que sin contabilidad y transparencia, la administración pública se vuelve una entidad opaca y difícil de entender para los ciudadanos. Comparó la democracia con un juego de obstáculos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
Adicional a lo dicho, también expresó que la contabilidad gubernamental debe ser accesible y clara para los ciudadanos. Defendió la existencia de organismos autónomos como el INAI, argumentando que, aunque representan un costo, su función es vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para la salud democrática del país.
En la presentación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordó el tema del proceso de entrega-recepción en la administración pública. Explicó que este proceso es primordial para la rendición de cuentas, apoyándose en un marco legal sólido que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades y la Ley General de Administración Pública Federal. Carranza subrayó la relevancia de adherirse a estas normativas para asegurar la legalidad y transparencia en la gestión gubernamental, detallando los artículos específicos de la Constitución que sustentan las obligaciones de rendir cuentas y fiscalizar a los servidores públicos.
También delineó el procedimiento normativo del proceso de entrega-recepción, destacando la necesidad de designar un coordinador institucional y formar una comisión interna de transición. Señaló los plazos y el cronograma de actividades a seguir, enfatizando la importancia de elaborar y registrar informes de gestión gubernamental y memorias documentales que evidencien las acciones realizadas. Indicó que estos informes deben ser detallados y estructurados, incluyendo logros y recursos utilizados, justificando cualquier pendiente, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de los desafíos que presenta la divulgación de información por parte del gobierno.
A manera de panel, titulado Retos y perspectivas de la contabilidad gubernamental, se contó con la participación de Jaime Díaz Martínez de Crowe México, Carlos Enrique Charraga Sánchez de BDO Castillo Miranda y Rualdo Otoniel García Ramos de Salles Sainz - Grant Thornton. Los panelistas abordaron los desafíos en la implementación y actualización de normativas contables en México. Subrayaron la necesidad de una normativa clara y completa para regular las operaciones financieras de los entes públicos y discutieron la importancia de la supletoriedad en la normativa contable. También destacaron el impacto de la aplicación retrospectiva de nuevas normas de contabilidad patrimonial que entrarán en vigor en 2025, especialmente en el reconocimiento de pasivos laborales en los estados financieros de los entes públicos.
Los expertos discutieron la problemática de aplicar normativas supletorias de manera coherente, evitando discrecionalidades por ambigüedades legales. Asimismo, analizaron la alineación de normas de deterioro de activos con estándares internacionales y la necesidad de ajustar la depreciación y amortización tras el registro de deterioro. Enfatizaron la importancia de estudios técnicos para determinar la vida útil de los activos y evitar incongruencias en los estados financieros.
En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión Nacional de Contabilidad Municipal del IMCP, Rolfi Manuel Sánchez López habló sobre el papel del Órgano Interno de Control (OIC) en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, resaltó la importancia de los OIC en la supervisión y auditoría de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de planes y programas, por lo que consideró relevante la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la capacitación del personal para adaptarse a los requisitos normativos actuales.
Aunque la presentación abordó aspectos esenciales, como la vigilancia de presupuestos y programas de compras, se señalaron omisiones significativas, como la falta de atención a la argumentación jurídica necesaria para respaldar observaciones del OIC y la estandarización de formatos para la justificación de gastos.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, titular de la D.G.P.O.P. en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abundó en las reglas para la conciliación presupuestaria-contable y sus efectos en la información financiera del sector público. Apuntó sobre la necesidad de comprender y aplicar correctamente estas normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, subrayando la relevancia de conciliar los resultados contables y presupuestarios para cumplir con los objetivos de rendición de cuentas y transparencia.
Mancera proporcionó un razonamiento sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requisitos que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, resaltando la importancia de la armonización y la integridad de la información financiera y presupuestaria. Además, destacó las últimas modificaciones en las reglas de conciliación y su obligatoriedad a partir del primero de enero de 2024, reiterando que la conciliación presupuestaria-contable es tanto una obligación normativa como una herramienta fundamental para asegurar la integridad y precisión de la información financiera del sector público.
Como siguiente presentación se llevó a cabo un panel de contralores en universidades públicas, donde se exploraron las experiencias y desafíos en la fiscalización y auditoría de la contabilidad gubernamental. Los expositores, incluyendo a Alfredo Nájar Fuentes, contralor General en Universidad de Guadalajara; Enrique Carriola Gómez, socio en Gossler; y María de los Ángeles Carrillo González, contralora General en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, destacaron la importancia de la armonización contable, la implementación de técnicas de auditoría basadas en normativas profesionales y mejores prácticas, así como la necesidad de contar con un marco normativo sólido tanto a nivel nacional como interno para guiar estas acciones. Se resaltó la complejidad de la contabilidad en el sector público, especialmente en el contexto universitario, debido a la diversidad de activos, la autonomía institucional y la necesidad de consolidar información financiera de manera centralizada.
Además, se abordaron temas específicos como la evaluación de activos y pasivos, las normativas de patrimonio, la determinación del costo del servicio público en universidades públicas y la necesidad de establecer mecanismos para calcular el costo por estudiante. Por último, se destacó la importancia de seguir las normativas establecidas por el Conac y las leyes gubernamentales, así como la colaboración entre los órganos internos de control y los auditores externos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
La última sesión de la Semana nacional de contabilidad gubernamental, abrió sus charlas con la participación de Ramiro Ávalos Martínez, socio de impuestos en Baker Tilly, quien presentó aspectos de las obligaciones fiscales en el sector paraestatal. Ávalos destacó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y señaló problemas comunes como discrepancias entre comprobantes fiscales digitales emitidos y declaraciones presentadas, así como la estrategia de recaudación del SAT y el aumento en la recaudación secundaria mediante vigilancia profunda, según datos del último informe trimestral. Promovió la capacitación y atención oportuna a requerimientos fiscales, fomentando la participación activa de la audiencia.
Ávalos Martínez profundizó en las obligaciones establecidas en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, además de destacar la complejidad y relevancia del nuevo decreto sobre el subsidio al empleo para el año 2024. Destacó la importancia de contar con profesionales como contadores públicos para asegurar un manejo adecuado de estas responsabilidades y la necesidad de tomar medidas preventivas y estar al tanto de los cambios normativos.
Por otro lado, Nicolás Domínguez García, director General de Auditoría Financiera en la Secretaría de la Función Pública, ofreció un recorrido histórico desde las prácticas contables de los aztecas hasta la evolución actual de la contabilidad gubernamental en México. Destacó la transición hacia sistemas integrales y descentralizados, así como los esfuerzos de armonización a nivel federal y estatal; asimismo, hizo mención de la influencia de organismos internacionales en la estandarización de normativas contables, la importancia de la transparencia financiera y la necesidad continua de modernización para una gestión eficiente de los recursos públicos.
Además, exaltó la obligación de los entes públicos en México de publicar información financiera trimestralmente, junto con la importancia de registrar y evaluar eficientemente el patrimonio estatal. De igual forma, discutió los retos futuros, incluida la adaptación de normas nacionales e internacionales, la generación de información útil para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo de sistemas de gestión, reforzando así la necesidad de avanzar hacia una contabilidad gubernamental armonizada y eficiente para garantizar una administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
Eventos recientes
El Foro de contribuciones estatales en México fue precedido en el Colegio el 11 de diciembre, como un espacio bajo la coordinación de María Margarita Aranda Martínez que permitió conocer una visión integral de las contribuciones locales en nuestro país. En el evento se contó con la participación de miembros de la Comisión Nacional de Contribuciones Estatales (CoNCE) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) e integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales.En total se reunieron 12 expertos en materia para desarrollar el tema: Ubaldo Díaz Ibarra, César Martínez Hernández, Sergio Alejandro Ríos Alonso, Alfonso García Suárez, Juan Betancourt Desni, Ana Patricia Pozos García, Luisa Sabido Encalada, Ramón Ortega Día, María Margarita Aranda Martínez, José Eduardo Beristain Martínez, Fernando Robles Gutiérrez y María Margarita Aranda Martínez, antes mencionada.Para comenzar, se destacaron los aspectos fundamentales de estas contribuciones, donde se señaló su importancia para los ingresos estatales, al punto en que se han convertido en un recurso más de negociación para financiar sus actividades y servicios con una alta influencia en la toma de decisiones empresariales.Como complemento, los ponentes comentaron la relevancia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la fiscalización, ya que se ha convertido en una máxima de la información que conoce la autoridad. Según describen, los CFDI representan una declaración por parte de quien firma, así que han cobrado un valor notorio para señalar la congruencia de los estados financieros.También se señaló la importancia de identificar la obligatoriedad el dictamen de contribuciones locales, ya que este depende de cada entidad federativa pues son legislaciones fiscales locales las que establecen los supuestos de su presentación.Posteriormente, se desarrollaron distintos impuestos locales aplicables en los estados del país y se brindaron detalles de sus supuestos de obligatoriedad y sus fundamentos normativos, con el fin de brindar un panorama amplio de ellos. Entre los impuestos presentados, se destacó el impuesto sobre nóminas y retenciones, que supone un 50% del total de los ingresos del Estado en Ciudad de México y, como otros impuestos locales, tiene distintos nombres que varían en función del estado.También se recupero la importancia de entender el valor de las contribuciones locales al hablar de los impuestos ecológicos, ya que estos permiten desincentivar actividades contaminantes que comprometen la sostenibilidad y son una forma de financiar proyectos ambientales que la preserven. Sin embargo, el mayor punto de atención es su función complementaria con cuerpos normativos, como las Norma Internacionales de Sostenibilidad, y con la práctica profesional, como lo refleja el Código de Ética Profesional en su más reciente actualización.
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la última conferencia mensual del año titulada Panorama económico de México hacia 2026, un encuentro que contó con la participación de la reconocida periodista y analista política Ana Paula Ordorica, quien ofreció un diagnóstico amplio, crítico y sustentado sobre el rumbo económico del país.Desde el inicio, Ordorica definió a México como un país de contrastes. “México creo que es un país bipolar actualmente”, afirmó, al explicar que esta dualidad no solo se refleja en la polarización política, sino también en el ámbito económico. Por un lado, destacó un entorno externo sólido; por el otro, un escenario interno debilitado.“Por el ámbito externo es un país que tiene muchas fortalezas: somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tenemos un tipo de cambio fuerte y estabilidad macroeconómica”, señaló. Sin embargo, advirtió que el panorama cambia radicalmente al observar la economía doméstica: “Si volteamos a ver el lado interno de México, es un país que tiene problemas de consumo, de inversión, bajo crecimiento y un poder de compra bastante reducido”.Durante su exposición, Ordorica subrayó que las proyecciones de crecimiento para México son preocupantes. De acuerdo con el Banco de México, el país crecería apenas 0.3% en 2025, una cifra que calificó como realmente raquítica frente al crecimiento esperado en otras regiones del mundo.La principal causa, explicó, es la caída de la inversión, particularmente la pública. De enero a septiembre hubo un desplome del 32.5% en la inversión pública, con reducciones drásticas en sectores clave como agua, educación, hidrocarburos e infraestructura. A ello se suma un clima de desconfianza empresarial: “Llevamos nueve meses consecutivos por debajo del umbral del 50% en el indicador de confianza empresarial del INEGI”.Este entorno, afirmó, inhibe la creación de nuevas empresas y limita la innovación. Al comparar a México con Estados Unidos, Ordorica fue contundente: “Las empresas más importantes de México son centenarias y tradicionales, mientras que las de Estados Unidos son más jóvenes y de innovación tecnológica”. La razón, dijo, es clara: “Faltan incentivos para que se creen nuevas empresas en México”.La periodista puso especial énfasis en la falta de políticas públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Las mipymes generan cerca de la mitad del PIB y siete de cada diez empleos, y aun así no vemos políticas claras para impulsarlas”, afirmó.También criticó la complejidad del sistema fiscal mexicano, que desincentiva la formalidad. “En México, cualquiera que quiera estar en la formalidad requiere los servicios de un contador por lo complejo que es el sistema”, comentó al comparar la situación con otros países de América Latina.Este exceso de trámites, explicó, alimenta un círculo vicioso de baja inversión, escaso crecimiento y precariedad laboral.Respecto con el análisis de la informalidad, comentó que según datos del INEGI, 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, es decir, más de 32 millones de personas. “De cada diez empleos, casi seis son informales”, señaló.La consecuencia es una productividad extremadamente baja: “Por cada 100 pesos que genera un trabajador formal, uno informal genera apenas 24 pesos”. A pesar de presumir una tasa de desempleo cercana al 3%, Ordorica advirtió: “Sí hay trabajo, pero es muy precario”.La ponente también cuestionó la estructura del gasto público, especialmente el peso de las pensiones, los programas sociales y los apoyos a Pemex. “El Estado está regando el pasado y secando el futuro”, sentenció.En 2025, el gasto en programas sociales ascendió a 850 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un aumento del 16%. Al mismo tiempo, la inversión pública retrocede y la deuda pública podría alcanzar 58% del PIB hacia 2030, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.A pesar del panorama complejo, Ordorica destacó el papel estratégico del T-MEC. Recordó que México es desde 2023 el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ambos países dependen del tratado.“Romper el T-MEC sería como querer aterrizar un avión en pleno vuelo”, afirmó, al tiempo que llamó a poner en perspectiva el discurso político y separar el ruido de la realidad económica. Citó además el artículo 34.7 del acuerdo, que garantiza su vigencia hasta 2036, aun si no se ratifica en el corto plazo.En su conclusión, Ana Paula Ordorica sostuvo que México enfrenta una decisión crucial. “Podemos seguir por la inercia del bajo crecimiento o tomar un camino más complejo, pero necesario”, afirmó.Ese camino, explicó, implica fortalecer el estado de derecho, impulsar la inversión productiva, reducir la informalidad y enfocar el gasto público en infraestructura, especialmente en el sector energético. “La estabilidad macroeconómica no es garantía de bienestar”, advirtió.Finalmente, dejó un mensaje claro: “Hay que romper la trampa del bajo crecimiento y pensar en el futuro. Una revisión exitosa del T-MEC puede ayudar, pero México tiene que hacer una tarea mucho más profunda”.
Este 11 de diciembre, el Colegio llevó a cabo el foro Cierre estratégico contable y fiscal para donatarias: método ADA, espacio que sirvió para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las organizaciones autorizadas para recibir donativos.La sesión estuvo a cargo de la contadora Maribel Trejo Estudillo, integrante de la comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos, quien compartió una explicación integral del Método de Alineación para Donatarias Autorizadas (ADA) y su relevancia para el cierre fiscal de las donatarias. La coordinación estuvo a cargo de la contadora Alma Goretti Rivera Pérez.Durante su intervención, Trejo Estudillo destacó que la correcta correspondencia entre ingresos, gastos y registros contables es un elemento central para sostener la transparencia y la confiabilidad de la información, especialmente frente al escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que una primera dimensión del método consiste en asegurar la alineación entre los ingresos registrados y lo reportado ante la autoridad fiscal, lo cual implica verificar que cada monto provenga de actividades efectivamente vinculadas con el objeto social autorizado.En este sentido, señaló que la autoridad revisa que la oficina de donatarias autorizadas realice exclusivamente actividades coherentes con dicho objeto, por lo que identificar ingresos relacionados y diferenciarlos de aquellos que no lo están es indispensable para evitar inconsistencias. También subrayó la importancia de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido coincida con el registro contable y con las declaraciones informativas.La especialista explicó que una segunda dimensión de este método es la clasificación precisa de los ingresos no relacionados, como los derivados de ventas o eventos. Estos deben ser identificados con claridad y sujetos al tratamiento contable y fiscal correspondiente, considerando que su naturaleza puede implicar obligaciones adicionales o un control más estricto para garantizar que no se confundan con ingresos autorizados.En paralelo, destacó la relevancia de revisar de manera continua los donativos recibidos, distinguiendo entre los que cumplen con los requisitos para ser deducibles y aquellos que no están autorizados, pues mantener esta separación evita contingencias y facilita la rendición de cuentas.De igual forma, señaló que esta metodología exige una verificación puntual entre los CFDI recibidos y el registro contable, de modo que ambos reflejen la operación real de la entidad. Esta revisión permite identificar gastos que carecen de comprobante fiscal, así como erogaciones realizadas en el extranjero que requieren documentación específica y un tratamiento fiscal particular. Respecto a los gastos efectuados fuera del país, explicó que su deducibilidad depende de contar con la factura extranjera, el comprobante digital, el método de pago y la conversión correcta del monto conforme al tipo de cambio aplicable. Añadió que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), puede ser necesaria la traducción de ciertos documentos y, en todos los casos, el registro adecuado en la contabilidad electrónica para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.La contadora concluyó que el Método ADA constituye una herramienta estratégica para que las donatarias fortalezcan sus procesos internos, garanticen la trazabilidad de recursos y mantengan un cierre fiscal ordenado.
