Durante la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrada del 20 al 24 de mayo, la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio convocó a destacados expertos para discutir temas como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la armonización contable y la lucha contra la corrupción.
El presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes del evento. En su discurso, expresó su entusiasmo por la oportunidad de reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el desarrollo y la transparencia de la nación. Consideró relevante que el gremio sea partícipe de un sistema robusto de conocimiento y prácticas en contabilidad gubernamental en el contexto de cambios económicos y estructurales, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para una sociedad justa y equitativa.
Ramírez Fernández del Castillo concluyó agradeciendo la presencia y compromiso de los asistentes con el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental, expresando su confianza en que los conocimientos y experiencias compartidos serán de gran valor para todos.
Para dar inicio con las ponencias, el director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, habló sobre la importancia de la transparencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Bohórquez precisó que, aunque la transparencia es generalmente vista como un producto de las democracias modernas, su aplicación efectiva requiere de un diseño regulatorio inteligente que no sobrecargue a las instituciones públicas con controles innecesarios. A lo largo de su discurso, subrayó las paradojas y desafíos enfrentados en la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría gubernamentales que realmente funcionen para prevenir la corrupción, en lugar de simplemente cumplir con formalidades que podrían ser fácilmente eludidas o manipuladas.
Bohórquez ilustró su punto con ejemplos concretos de mala regulación, como la prohibición de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, y abogó por una regulación más flexible y efectiva. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar y posiblemente reformar instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos garantes de transparencia, sugiriendo que se debería aprender de las experiencias internacionales y aplicar un enfoque práctico y autocrítico en el rediseño de estas entidades. Concluyó remarcando la necesidad de un plan nacional de desarrollo robusto que incorpore estos principios, alejándose de la mera superioridad moral y adoptando una postura pragmática y constructiva para lograr un cambio significativo en la administración pública mexicana.
En otro orden de ideas, el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó los quince años de armonización contable bajo las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Dijo que, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2008, se ha buscado unificar el registro contable de todas las entidades públicas para generar información homogénea. Rico Arvizu explicó cómo el CONAC ha emitido normas específicas a lo largo de estos años, fundamentales para los procedimientos de la administración pública, enfatizando la obligatoriedad de llevar una contabilidad armonizada para todos los entes públicos, lo cual ha sido un esfuerzo colectivo para asegurar la consistencia y transparencia en la contabilidad gubernamental en México.
Durante su plática, señaló la complejidad y la importancia de la armonización contable en el ámbito gubernamental, tocando aspectos como la clasificación y seguimiento de los gastos públicos, la contabilidad patrimonial y la necesidad de alinear las cuentas contables con el plan del Conac. Rico Arvizu delineó los pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental y puntualizó la necesidad de cumplir con los requisitos normativos para garantizar la transparencia y difusión de la información financiera gubernamental.
A manera de panel, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Dionisio Zabaleta Solis, director de Análisis en Secretaría Ejecutiva del SNA; y María Guadalupe Olivo Torres, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), debatieron sobre la relevancia de la contabilidad gubernamental como herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
En ese sentido, Rodríguez Castillo subrayó que desde la creación del SNA en 2015, se ha mejorado significativamente la coordinación entre actores gubernamentales y sociales, promoviendo la transparencia. Además, destacó la implementación de la política nacional anticorrupción y la plataforma digital nacional como elementos esenciales para fortalecer el sistema.
Por su parte, Olivo Torres compartió experiencias sobre los retos específicos en el Estado de México, señalando la necesidad de una mayor integración y coordinación a nivel municipal. Apuntó que, aunque el SNA ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos, especialmente en la sensibilización y capacitación de nuevos funcionarios municipales.
Zabaleta Solís enfatizó la participación ciudadana como columna vertebral del SNA, aunque reconoció que los comités de participación ciudadana carecen de atribuciones decisivas, lo que limita su efectividad. Los panelistas concluyeron con un llamado a fortalecer la educación y la concienciación sobre el sistema anticorrupción para asegurar su eficacia tanto a nivel nacional como local, destacando la importancia de un compromiso continuo de todos los niveles de gobierno y la sociedad en la lucha contra la corrupción.
Siguiendo con el programa, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, abordó las generalidades del procedimiento de responsabilidades administrativas. En su presentación, resaltó la relevancia de integrar auditorías internas y de fiscalización superior para investigar responsabilidades administrativas. Hizo hincapié que las auditorías pueden iniciar procedimientos que culminen en un informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA). Gándara Ruiz Esparza recalcó la correcta distribución de competencias según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aclarando que solo los órganos internos de control pueden recibir denuncias directas y llevar a cabo investigaciones de faltas graves y no graves. Además, subrayó la importancia de un manejo riguroso y legal de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y la necesidad de objetividad en la documentación de auditoría e IPRA para asegurar la credibilidad y efectividad del procedimiento.
Gándara Ruiz Esparza también discutió aspectos técnicos del procedimiento, como los plazos de prescripción de tres años para faltas no graves y siete para las graves, y aclaró que la prescripción se interrumpe al admitir un IPRA o calificar una falta, no por la mera investigación. Mencionó la necesidad de notificaciones adecuadas para garantizar la certeza jurídica y evitar acciones unilaterales y arbitrarias. Reflexionó sobre la relación entre tribunales administrativos y entidades de fiscalización, criticando la práctica de devolver expedientes por errores formales y abogando por un enfoque pragmático. Concluyó que los tribunales deben distinguir entre su rol de resolutores y supervisores de legalidad, evitando excederse en sus funciones, y destacó la importancia de asegurar la fundamentación clara y específica para evitar la indefensión y asegurar justicia en el proceso.
En la participación de Edwin Meráz Ángeles, auditor superior en la Ciudad de México, abundó en el tema del SNA, resaltando los desafíos y propuestas para su implementación efectiva. Meráz hizo mención en la necesidad de mejorar la comunicación entre los entes auditados y los auditores, especificando que la fiscalización debe incluir una interacción proactiva y no limitarse a la documentación escrita. Expresó que el objetivo es corregir irregularidades durante el proceso de auditoría para evitar largos y costosos procesos de investigación. Además, señaló que los informes de auditoría se notifican primero al Congreso de la Ciudad de México y luego se publican en formato de datos abiertos, facilitando su consulta y procesamiento.
Meráz también abordó el SNA en el contexto específico de la Ciudad de México, realzando el valor de la colaboración y coordinación entre diversas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior. Sin embargo, criticó la inclusión de etapas procesales de investigación y substanciación en la labor de las auditorías superiores, argumentando que estas han entorpecido la fiscalización y prolongado los tiempos de resolución de casos de corrupción. Propuso una reevaluación del sistema anticorrupción para mejorar su eficacia y evitar la impunidad. También destacó las buenas prácticas adoptadas, como la agenda de mejora y aprendizaje en la administración pública y la digitalización de las compras públicas, que han contribuido a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Por otra parte, Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP, abundó en la armonización contable. Explicó que esta está basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008 y en las normas y lineamientos del Conac, los cuales buscan uniformar la información financiera de las entidades públicas. Detalló el marco conceptual, los manuales de contabilidad y las normas contables que incluyen aspectos presupuestales y programáticos, decisivos para mantener una clara distinción entre el presupuesto y la contabilidad.
Comentó que, desde 2018, bajo el actual gobierno, se han realizado múltiples actualizaciones y reformas al manual de contabilidad gubernamental para resolver incidentes y mejorar la práctica contable. Torres destacó esfuerzos específicos como la modificación de formatos de cuenta pública y la integración de recomendaciones de auditorías externas. Remarcó el trabajo en coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos estatales de armonización contable, que facilitan la implementación de acciones y mejoras normativas. También recalcó los esfuerzos en capacitación y tecnificación de las contabilidades estatales y municipales, apoyados por un presupuesto anual destinado a fortalecer los sistemas contables a nivel local, garantizando así la sostenibilidad y efectividad de la armonización contable en México.
La presentación enfocada en la relevancia de la capacitación en torno a la contabilidad gubernamental estuvo a cargo de Indira Isabel García Pérez, auditora Superior del Estado de Colima. En su charla, hizo hincapié en la diferencia entre servidor y funcionario público, específicamente en la responsabilidad que conlleva el cargo. Explicó cómo la contabilidad gubernamental puede ser una herramienta clave para la transparencia y la prevención de la corrupción, señalando la importancia de la profesionalización y la participación ciudadana informada. Además, mencionó casos de sanciones a servidores públicos por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y destacó los esfuerzos de capacitación realizados en el Estado de Colima, así como los retos futuros en este campo.
En su participación también incluyó interacción con la audiencia, abordando preguntas sobre los programas contables utilizados por las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. García Pérez resaltó la necesidad de una capacitación constante y puntual para mejorar el servicio público, así como la importancia de herramientas como la contabilidad gubernamental en la lucha contra la corrupción y en la generación de confianza ciudadana en la gestión pública.
Para el tercer día de ponencias, Francisco Javier Acuña Llamas, especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, habló sobre la importancia de la contabilidad gubernamental para una democracia efectiva. Comentó que esta práctica permite evaluar el uso del presupuesto público, asegurando que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente.
Acuña Llamas utilizó metáforas para subrayar que sin contabilidad y transparencia, la administración pública se vuelve una entidad opaca y difícil de entender para los ciudadanos. Comparó la democracia con un juego de obstáculos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
Adicional a lo dicho, también expresó que la contabilidad gubernamental debe ser accesible y clara para los ciudadanos. Defendió la existencia de organismos autónomos como el INAI, argumentando que, aunque representan un costo, su función es vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para la salud democrática del país.
En la presentación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordó el tema del proceso de entrega-recepción en la administración pública. Explicó que este proceso es primordial para la rendición de cuentas, apoyándose en un marco legal sólido que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades y la Ley General de Administración Pública Federal. Carranza subrayó la relevancia de adherirse a estas normativas para asegurar la legalidad y transparencia en la gestión gubernamental, detallando los artículos específicos de la Constitución que sustentan las obligaciones de rendir cuentas y fiscalizar a los servidores públicos.
También delineó el procedimiento normativo del proceso de entrega-recepción, destacando la necesidad de designar un coordinador institucional y formar una comisión interna de transición. Señaló los plazos y el cronograma de actividades a seguir, enfatizando la importancia de elaborar y registrar informes de gestión gubernamental y memorias documentales que evidencien las acciones realizadas. Indicó que estos informes deben ser detallados y estructurados, incluyendo logros y recursos utilizados, justificando cualquier pendiente, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de los desafíos que presenta la divulgación de información por parte del gobierno.
A manera de panel, titulado Retos y perspectivas de la contabilidad gubernamental, se contó con la participación de Jaime Díaz Martínez de Crowe México, Carlos Enrique Charraga Sánchez de BDO Castillo Miranda y Rualdo Otoniel García Ramos de Salles Sainz - Grant Thornton. Los panelistas abordaron los desafíos en la implementación y actualización de normativas contables en México. Subrayaron la necesidad de una normativa clara y completa para regular las operaciones financieras de los entes públicos y discutieron la importancia de la supletoriedad en la normativa contable. También destacaron el impacto de la aplicación retrospectiva de nuevas normas de contabilidad patrimonial que entrarán en vigor en 2025, especialmente en el reconocimiento de pasivos laborales en los estados financieros de los entes públicos.
Los expertos discutieron la problemática de aplicar normativas supletorias de manera coherente, evitando discrecionalidades por ambigüedades legales. Asimismo, analizaron la alineación de normas de deterioro de activos con estándares internacionales y la necesidad de ajustar la depreciación y amortización tras el registro de deterioro. Enfatizaron la importancia de estudios técnicos para determinar la vida útil de los activos y evitar incongruencias en los estados financieros.
En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión Nacional de Contabilidad Municipal del IMCP, Rolfi Manuel Sánchez López habló sobre el papel del Órgano Interno de Control (OIC) en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, resaltó la importancia de los OIC en la supervisión y auditoría de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de planes y programas, por lo que consideró relevante la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la capacitación del personal para adaptarse a los requisitos normativos actuales.
Aunque la presentación abordó aspectos esenciales, como la vigilancia de presupuestos y programas de compras, se señalaron omisiones significativas, como la falta de atención a la argumentación jurídica necesaria para respaldar observaciones del OIC y la estandarización de formatos para la justificación de gastos.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, titular de la D.G.P.O.P. en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abundó en las reglas para la conciliación presupuestaria-contable y sus efectos en la información financiera del sector público. Apuntó sobre la necesidad de comprender y aplicar correctamente estas normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, subrayando la relevancia de conciliar los resultados contables y presupuestarios para cumplir con los objetivos de rendición de cuentas y transparencia.
Mancera proporcionó un razonamiento sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requisitos que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, resaltando la importancia de la armonización y la integridad de la información financiera y presupuestaria. Además, destacó las últimas modificaciones en las reglas de conciliación y su obligatoriedad a partir del primero de enero de 2024, reiterando que la conciliación presupuestaria-contable es tanto una obligación normativa como una herramienta fundamental para asegurar la integridad y precisión de la información financiera del sector público.
Como siguiente presentación se llevó a cabo un panel de contralores en universidades públicas, donde se exploraron las experiencias y desafíos en la fiscalización y auditoría de la contabilidad gubernamental. Los expositores, incluyendo a Alfredo Nájar Fuentes, contralor General en Universidad de Guadalajara; Enrique Carriola Gómez, socio en Gossler; y María de los Ángeles Carrillo González, contralora General en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, destacaron la importancia de la armonización contable, la implementación de técnicas de auditoría basadas en normativas profesionales y mejores prácticas, así como la necesidad de contar con un marco normativo sólido tanto a nivel nacional como interno para guiar estas acciones. Se resaltó la complejidad de la contabilidad en el sector público, especialmente en el contexto universitario, debido a la diversidad de activos, la autonomía institucional y la necesidad de consolidar información financiera de manera centralizada.
Además, se abordaron temas específicos como la evaluación de activos y pasivos, las normativas de patrimonio, la determinación del costo del servicio público en universidades públicas y la necesidad de establecer mecanismos para calcular el costo por estudiante. Por último, se destacó la importancia de seguir las normativas establecidas por el Conac y las leyes gubernamentales, así como la colaboración entre los órganos internos de control y los auditores externos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
La última sesión de la Semana nacional de contabilidad gubernamental, abrió sus charlas con la participación de Ramiro Ávalos Martínez, socio de impuestos en Baker Tilly, quien presentó aspectos de las obligaciones fiscales en el sector paraestatal. Ávalos destacó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y señaló problemas comunes como discrepancias entre comprobantes fiscales digitales emitidos y declaraciones presentadas, así como la estrategia de recaudación del SAT y el aumento en la recaudación secundaria mediante vigilancia profunda, según datos del último informe trimestral. Promovió la capacitación y atención oportuna a requerimientos fiscales, fomentando la participación activa de la audiencia.
Ávalos Martínez profundizó en las obligaciones establecidas en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, además de destacar la complejidad y relevancia del nuevo decreto sobre el subsidio al empleo para el año 2024. Destacó la importancia de contar con profesionales como contadores públicos para asegurar un manejo adecuado de estas responsabilidades y la necesidad de tomar medidas preventivas y estar al tanto de los cambios normativos.
Por otro lado, Nicolás Domínguez García, director General de Auditoría Financiera en la Secretaría de la Función Pública, ofreció un recorrido histórico desde las prácticas contables de los aztecas hasta la evolución actual de la contabilidad gubernamental en México. Destacó la transición hacia sistemas integrales y descentralizados, así como los esfuerzos de armonización a nivel federal y estatal; asimismo, hizo mención de la influencia de organismos internacionales en la estandarización de normativas contables, la importancia de la transparencia financiera y la necesidad continua de modernización para una gestión eficiente de los recursos públicos.
Además, exaltó la obligación de los entes públicos en México de publicar información financiera trimestralmente, junto con la importancia de registrar y evaluar eficientemente el patrimonio estatal. De igual forma, discutió los retos futuros, incluida la adaptación de normas nacionales e internacionales, la generación de información útil para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo de sistemas de gestión, reforzando así la necesidad de avanzar hacia una contabilidad gubernamental armonizada y eficiente para garantizar una administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
Eventos recientes
El 10, 11 y 12 de septiembre, la comisión técnica de Finanzas y Sistema Financiero coordinó la Semana de temas selectos del sistema financiero en el Colegio, un espacio preparado para fortalecer la capacidad de análisis y respuesta de los profesionales que se desempeñan en espacios financieros en el contexto actual.Para comenzar la jornada, Alberto Ortíz Bolaños refirió a una serie de estudios para presentar los riesgos y oportunidades del sistema financiero. De su análisis subrayó un concepto clave: el ecosistema financiero es un organismo interconectado, por lo que para entenderlo se deben comprender sus partes y la relación que tienen entre sí, ya que una perturbación puede generar una cadena de efectos.Por su parte, Parménides Lozano Rodríguez desarrolló el concepto de negocio en marcha desde su marco normativo en la Norma de Internacional de Auditoría (NIA) 570 y la Norma de Información Financiera (NIF) A-1. Tras su descripción, el ponente concluyó que existen razones de peso para la constante evaluación de la continuidad de un negocio, ya que brinda información para identificar incertidumbres y evaluar la efectividad de las acciones para mitigar riesgos.En Afores: inversiones alternativas para potenciar el ahorro para el retiro, Martha Angélica León Alvarado brindo un panorama sobre el estado de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en el país mediante datos estadísticos que permiten comprender el estado actual de estas administradoras y los beneficiarios de ellas.Además, Claudia Feria Cuevas detalló en los planes privados de pensiones, sus beneficios y responsabilidades, donde comentó la forma en que estos planes deben ser registrados en la contabilidad de las empresas, ya que representan un pasivo que debe ser reportado e implica obligaciones fiscales y financieras.Para el segundo día, Sergio Garcia Quintana profundizó en la importancia de los estados financieros para la toma de decisiones informadas y la evaluación de riesgos precisa. Además, se comentaron los riesgos y amenazas en el sistema financiero actualmente.En Situación actual del sector asegurador mexicano: retos y oportunidades, Georgina Ortíz Robert expuso el estado actual de este campo y señaló como los avances tecnológicos o la adopción de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) suponen un desafío cambios estructurales que tienen impacto le influyen. Además, comentó que los agentes aseguradores deben evolucionar para adaptarse a la actualidad y enfrentar la desconfianza sobre el sector.Para complementar esta ponencia, Ricardo Ibarra Lara comentó las acciones que ya se están tomado para este fin mediante el empleo de nuevas tecnologías y métodos centrados en el usuario. Finalmente, señaló que el camino a la innovación sigue transitándose y que, incluso con los avances actuales, se siguen desarrollando herramientas y modelos para mejorar los servicios de aseguramiento, desde modelos predictivos potenciados por el big data hasta el uso de inteligencia artificial en el análisis de datos y la generación de contenidos personalizados.En la siguiente ponencia, Jose Roberto Soto desarrolló el papel de la sostenibilidad en el sistema financiero y comentó que se debe tener presente que la búsqueda de sostenibilidad incluye factores sociales, ambientales y económicos integrados de forma holística, Cynthia Escoffie Caballero abrió el último día de esta jornada de actualización con una ponencia sobre la labor del oficial de cumplimiento. En su charla señaló que el compliance supone más que el seguimiento legislativo, es una cultura organizacional que debe guiar las acciones de todos sus integrantes, sobre todo actualmente, donde la prevención del lavado de dinero y la lucha contra la corrupción es clave para todo negocio. Así, el oficial de cumplimiento es una pieza fundamental que permite a una organización generar confianza, seguridad y fomentar las relaciones con otras entidades alineadas a los objetivos del compliance.En Sostenibilidad: Regulaciones ASG y criterios para emisores, Gabriel Llamas Monjardín abrió con la importancia de entender que la sostenibilidad supone un compromiso para permitir satisfacer las necesidades del presente y las del futuro. Para alcanzar ese compromiso fue necesario dar estructuras que alinearan a las diversas organizaciones a lo largo del mundo para alcanzar la sostenibilidad, es debido a ello que seguir las regulaciones de cuidado ambiental y sostenibilidad nacionales e internacionales son una responsabilidad antes que una obligación. Por otra parte, Christofer Flores Estrella profundizó en los pormenores fiscales relevante para el sector asegurador. Entre estos temas comentó la aplicación de los tratados internacionales y el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en siniestros de reaseguro. Además, el expositor comentó la reciente adaptación de los acuerdos de intercambio automático de información, que permiten a las autoridades reciban información sin necesidad de solicitarla; un ejemplo de esto es la Foreign Account Tax Compilance Act (FATCA), donde cada cuenta en instituciones financieras debe notificar la ciudadanía o residencia de sus titulares.Finalmente, Luis Guillen Juárez, compartió en su ponencia algunas ideas de cómo el sector financiero debe hacer frente a la fiscalización contemporánea, donde la autoridad evoluciona día con día y genera más herramientas para obtener información y hacer cumplir las obligaciones fiscales a los contribuyentes. El expositor listó los temas que atañen al sector financiero y que están en vigilancia de la autoridad, para que los asistentes consideraran prestar atención a ellos y evitar el incumplimiento fiscal. Finalmente, la presidenta de la comisión de técnica de Finanzas y Sistema Financiero, Laura Becerra Rodríguez agradeció la participación de los expertos para iluminar la actualidad del sistema financiero con el fin de preparar a los profesionales que se desenvuelven en él.
Entender y planificar la transición generacional de un negocio familiar fue el enfoque principal del curso en línea Sucesión en empresas familiares, que se llevó a cabo el 10 de septiembre. El objetivo era ofrecer una perspectiva clara y práctica sobre cómo garantizar una transferencia ordenada y estratégica, integrando tanto los aspectos empresariales como los familiares. Sergio Jara Rullán y Carlos Enrique Orozco-Felgueres Loya, integrantes de la comisión técnica del Sector Empresarial y expertos en el tema, fueron los encargados de la presentación. Ambos contadores destacaron que la ausencia de un plan de sucesión representa un riesgo significativo para la mayoría de las empresas familiares en México, donde más de la mitad enfrenta la amenaza de cierre por esta razón. Una transición bien planificada es crucial para asegurar la continuidad del negocio y prevenir conflictos familiares. Según Sergio Jara Rullán, basándose en un estudio del IPADE Business School, comentó que 57% de las empresas familiares en México y Latinoamérica están en riesgo de fracasar debido a la falta de un plan de sucesión. Sólo 3% de estas empresas cuenta con un plan de sucesión explícito para su dirección general. Sin un plan claro, las empresas familiares son más vulnerables a conflictos internos y a una posible disolución. En México, 21% de estas empresas logra llegar a la segunda generación, y menos del 10% sobrevive a la tercera y cuarta generaciones.Cuando se trata de las herramientas legales para la sucesión en México, Jara Rullán destacó tres instrumentos clave que pueden facilitar la planificación sucesoria: 1.- Donación: se refiere a la transferencia gratuita de activos o acciones mientras el propietario aún está vivo. 2.- Usufructo: esta figura legal divide la propiedad en dos derechos diferentes: • Nuda Propiedad: que es la propiedad neta del activo, la cual se transfiere al sucesor. • Usufructo: el derecho a usar, disfrutar y recibir los beneficios (como dividendos) del activo, que permanece con el fundador. 3.- Fideicomiso: es un contrato donde el fundador (fideicomitente) transfiere activos a una institución financiera (fiduciario) para que los administre en beneficio de los herederos (fideicomisarios). Por su parte, el contador Carlos Enrique Orozco-Felgueres Loya comenzó argumentando que el patrimonio como una herramienta para el bienestar es entender que el patrimonio no es sólo un objetivo en sí mismo, sino una herramienta valiosa para lograr la seguridad económica y el bienestar familiar. Profundizó en cómo acumular activos (como propiedades, ahorros, inversiones y negocios) puede ayudar a las familias a: A) Enfrentar imprevistos: contar con un respaldo financiero para emergencias médicas, pérdidas de empleo o reparaciones inesperadas. B) Planificar el futuro: financiar la educación de los hijos, la jubilación de los padres o el lanzamiento de un nuevo negocio. C) Generar ingresos pasivos: hacer que el dinero trabaje para la familia a través de rentas o dividendos, disminuyendo así la dependencia del ingreso laboral.Asimismo, abordó los temas de los riesgos y conflictos patrimoniales vinculados a la empresa familiar y a la sucesión, así como la transferencia del patrimonio en vida o al fallecimiento y con ello, las acciones preventivas. A lo largo de su participación, el contador Orozco-Felgueres añadió que, para lograr una transición exitosa, es fundamental establecer un sólido marco de gobernanza. Esto implica crear un consejo de familia y un consejo de administración para separar las decisiones empresariales de la dinámica familiar. También recomendó implementar un protocolo familiar, que es un acuerdo privado que establece las reglas para la participación de los miembros de la familia en la empresa. Este protocolo puede integrarse oficialmente en los estatutos de la empresa y registrarse en el Registro Público de Comercio, dándole así validez legal. Alternativamente, puede vincularse a un fideicomiso, lo que le otorga una fuerte base legal e incluso puede eliminar la necesidad de un testamento o un juicio sucesorio. La clave está en elegir las herramientas adecuadas, o una combinación de ellas, para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la familia y el negocio.
El Colegio llevó a cabo, este 9 de septiembre, el foro Sucesiones patrimoniales internacionales: herencias, legados y trusts, espacio en el que los expertos en planeación patrimonial compartieron su experiencia en torno a estructuras internacionales y casos prácticos relacionados con herencias, legados y donaciones. Coordinado por Juan Ignacio Rivero, el evento contó con la participación de los contadores Layda Cárcamo, Juan Ángel Becerra y Pedro Corona.En su turno, Layda Cárcamo destacó las razones fundamentales para planear la sucesión patrimonial, como la protección de la riqueza acumulada, la continuidad de los negocios familiares y la preservación de la armonía familiar. A su vez, enfatizó la distinción entre la planeación patrimonial y prácticas ilegales como la evasión fiscal y el lavado de dinero, advirtiendo sobre las consecuencias de no planear, tales como el desconocimiento de activos, la incapacidad de los herederos para administrarlos y la aparición de herederos no deseados.También, mencionó que se debe considerar la situación financiera futura de los herederos, posibles discapacidades y la justicia en la distribución de bienes. La especialista subrayó que “una adecuada planeación no solo protege los activos, sino que también permite a las familias tomar decisiones informadas que pueden evitar conflictos futuros”.Por su parte, Pedro Corona habló acerca de la importancia de entender el concepto de residencia fiscal en los EUA y cómo esto afecta a los residentes mexicanos. Aclaró que la determinación de la residencia se basa en criterios objetivos, lo que es crucial para la planificación fiscal.Además, detalló las implicaciones que tiene la residencia en la tributación sobre la renta, lo que puede influir en la estrategia patrimonial de los individuos que operan o tienen activos en ambos países.En tanto, Juan Ángel Becerra abordó el tema de Canadá como un destino favorable para la protección patrimonial internacional, hablando sobre la estabilidad y reputación del sistema legal canadiense, el acceso a más de 90 tratados fiscales y la existencia de corporaciones con responsabilidad limitada que facilitan la concentración de inversiones en diversos activos, incluidos bienes raíces y valores bursátiles. Ante este contexto internacional, remarcó la trascendencia de las holding companies como herramientas efectivas para estructurar inversiones y proteger el patrimonio familiar, así como la relevancia de contar con un marco legal robusto que ofrezca seguridad y flexibilidad a los inversionistas.Los panelistas concluyeron que, ante el actual panorama internacional, es fundamental adoptar medidas que aseguren un futuro financiero estable y armonioso.
