Durante la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrada del 20 al 24 de mayo, la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio convocó a destacados expertos para discutir temas como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la armonización contable y la lucha contra la corrupción.
El presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes del evento. En su discurso, expresó su entusiasmo por la oportunidad de reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el desarrollo y la transparencia de la nación. Consideró relevante que el gremio sea partícipe de un sistema robusto de conocimiento y prácticas en contabilidad gubernamental en el contexto de cambios económicos y estructurales, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para una sociedad justa y equitativa.
Ramírez Fernández del Castillo concluyó agradeciendo la presencia y compromiso de los asistentes con el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental, expresando su confianza en que los conocimientos y experiencias compartidos serán de gran valor para todos.
Para dar inicio con las ponencias, el director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, habló sobre la importancia de la transparencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Bohórquez precisó que, aunque la transparencia es generalmente vista como un producto de las democracias modernas, su aplicación efectiva requiere de un diseño regulatorio inteligente que no sobrecargue a las instituciones públicas con controles innecesarios. A lo largo de su discurso, subrayó las paradojas y desafíos enfrentados en la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría gubernamentales que realmente funcionen para prevenir la corrupción, en lugar de simplemente cumplir con formalidades que podrían ser fácilmente eludidas o manipuladas.
Bohórquez ilustró su punto con ejemplos concretos de mala regulación, como la prohibición de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, y abogó por una regulación más flexible y efectiva. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar y posiblemente reformar instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos garantes de transparencia, sugiriendo que se debería aprender de las experiencias internacionales y aplicar un enfoque práctico y autocrítico en el rediseño de estas entidades. Concluyó remarcando la necesidad de un plan nacional de desarrollo robusto que incorpore estos principios, alejándose de la mera superioridad moral y adoptando una postura pragmática y constructiva para lograr un cambio significativo en la administración pública mexicana.
En otro orden de ideas, el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó los quince años de armonización contable bajo las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Dijo que, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2008, se ha buscado unificar el registro contable de todas las entidades públicas para generar información homogénea. Rico Arvizu explicó cómo el CONAC ha emitido normas específicas a lo largo de estos años, fundamentales para los procedimientos de la administración pública, enfatizando la obligatoriedad de llevar una contabilidad armonizada para todos los entes públicos, lo cual ha sido un esfuerzo colectivo para asegurar la consistencia y transparencia en la contabilidad gubernamental en México.
Durante su plática, señaló la complejidad y la importancia de la armonización contable en el ámbito gubernamental, tocando aspectos como la clasificación y seguimiento de los gastos públicos, la contabilidad patrimonial y la necesidad de alinear las cuentas contables con el plan del Conac. Rico Arvizu delineó los pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental y puntualizó la necesidad de cumplir con los requisitos normativos para garantizar la transparencia y difusión de la información financiera gubernamental.
A manera de panel, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Dionisio Zabaleta Solis, director de Análisis en Secretaría Ejecutiva del SNA; y María Guadalupe Olivo Torres, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), debatieron sobre la relevancia de la contabilidad gubernamental como herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
En ese sentido, Rodríguez Castillo subrayó que desde la creación del SNA en 2015, se ha mejorado significativamente la coordinación entre actores gubernamentales y sociales, promoviendo la transparencia. Además, destacó la implementación de la política nacional anticorrupción y la plataforma digital nacional como elementos esenciales para fortalecer el sistema.
Por su parte, Olivo Torres compartió experiencias sobre los retos específicos en el Estado de México, señalando la necesidad de una mayor integración y coordinación a nivel municipal. Apuntó que, aunque el SNA ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos, especialmente en la sensibilización y capacitación de nuevos funcionarios municipales.
Zabaleta Solís enfatizó la participación ciudadana como columna vertebral del SNA, aunque reconoció que los comités de participación ciudadana carecen de atribuciones decisivas, lo que limita su efectividad. Los panelistas concluyeron con un llamado a fortalecer la educación y la concienciación sobre el sistema anticorrupción para asegurar su eficacia tanto a nivel nacional como local, destacando la importancia de un compromiso continuo de todos los niveles de gobierno y la sociedad en la lucha contra la corrupción.
Siguiendo con el programa, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, abordó las generalidades del procedimiento de responsabilidades administrativas. En su presentación, resaltó la relevancia de integrar auditorías internas y de fiscalización superior para investigar responsabilidades administrativas. Hizo hincapié que las auditorías pueden iniciar procedimientos que culminen en un informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA). Gándara Ruiz Esparza recalcó la correcta distribución de competencias según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aclarando que solo los órganos internos de control pueden recibir denuncias directas y llevar a cabo investigaciones de faltas graves y no graves. Además, subrayó la importancia de un manejo riguroso y legal de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y la necesidad de objetividad en la documentación de auditoría e IPRA para asegurar la credibilidad y efectividad del procedimiento.
Gándara Ruiz Esparza también discutió aspectos técnicos del procedimiento, como los plazos de prescripción de tres años para faltas no graves y siete para las graves, y aclaró que la prescripción se interrumpe al admitir un IPRA o calificar una falta, no por la mera investigación. Mencionó la necesidad de notificaciones adecuadas para garantizar la certeza jurídica y evitar acciones unilaterales y arbitrarias. Reflexionó sobre la relación entre tribunales administrativos y entidades de fiscalización, criticando la práctica de devolver expedientes por errores formales y abogando por un enfoque pragmático. Concluyó que los tribunales deben distinguir entre su rol de resolutores y supervisores de legalidad, evitando excederse en sus funciones, y destacó la importancia de asegurar la fundamentación clara y específica para evitar la indefensión y asegurar justicia en el proceso.
En la participación de Edwin Meráz Ángeles, auditor superior en la Ciudad de México, abundó en el tema del SNA, resaltando los desafíos y propuestas para su implementación efectiva. Meráz hizo mención en la necesidad de mejorar la comunicación entre los entes auditados y los auditores, especificando que la fiscalización debe incluir una interacción proactiva y no limitarse a la documentación escrita. Expresó que el objetivo es corregir irregularidades durante el proceso de auditoría para evitar largos y costosos procesos de investigación. Además, señaló que los informes de auditoría se notifican primero al Congreso de la Ciudad de México y luego se publican en formato de datos abiertos, facilitando su consulta y procesamiento.
Meráz también abordó el SNA en el contexto específico de la Ciudad de México, realzando el valor de la colaboración y coordinación entre diversas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior. Sin embargo, criticó la inclusión de etapas procesales de investigación y substanciación en la labor de las auditorías superiores, argumentando que estas han entorpecido la fiscalización y prolongado los tiempos de resolución de casos de corrupción. Propuso una reevaluación del sistema anticorrupción para mejorar su eficacia y evitar la impunidad. También destacó las buenas prácticas adoptadas, como la agenda de mejora y aprendizaje en la administración pública y la digitalización de las compras públicas, que han contribuido a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Por otra parte, Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP, abundó en la armonización contable. Explicó que esta está basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008 y en las normas y lineamientos del Conac, los cuales buscan uniformar la información financiera de las entidades públicas. Detalló el marco conceptual, los manuales de contabilidad y las normas contables que incluyen aspectos presupuestales y programáticos, decisivos para mantener una clara distinción entre el presupuesto y la contabilidad.
Comentó que, desde 2018, bajo el actual gobierno, se han realizado múltiples actualizaciones y reformas al manual de contabilidad gubernamental para resolver incidentes y mejorar la práctica contable. Torres destacó esfuerzos específicos como la modificación de formatos de cuenta pública y la integración de recomendaciones de auditorías externas. Remarcó el trabajo en coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos estatales de armonización contable, que facilitan la implementación de acciones y mejoras normativas. También recalcó los esfuerzos en capacitación y tecnificación de las contabilidades estatales y municipales, apoyados por un presupuesto anual destinado a fortalecer los sistemas contables a nivel local, garantizando así la sostenibilidad y efectividad de la armonización contable en México.
La presentación enfocada en la relevancia de la capacitación en torno a la contabilidad gubernamental estuvo a cargo de Indira Isabel García Pérez, auditora Superior del Estado de Colima. En su charla, hizo hincapié en la diferencia entre servidor y funcionario público, específicamente en la responsabilidad que conlleva el cargo. Explicó cómo la contabilidad gubernamental puede ser una herramienta clave para la transparencia y la prevención de la corrupción, señalando la importancia de la profesionalización y la participación ciudadana informada. Además, mencionó casos de sanciones a servidores públicos por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y destacó los esfuerzos de capacitación realizados en el Estado de Colima, así como los retos futuros en este campo.
En su participación también incluyó interacción con la audiencia, abordando preguntas sobre los programas contables utilizados por las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. García Pérez resaltó la necesidad de una capacitación constante y puntual para mejorar el servicio público, así como la importancia de herramientas como la contabilidad gubernamental en la lucha contra la corrupción y en la generación de confianza ciudadana en la gestión pública.
Para el tercer día de ponencias, Francisco Javier Acuña Llamas, especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, habló sobre la importancia de la contabilidad gubernamental para una democracia efectiva. Comentó que esta práctica permite evaluar el uso del presupuesto público, asegurando que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente.
Acuña Llamas utilizó metáforas para subrayar que sin contabilidad y transparencia, la administración pública se vuelve una entidad opaca y difícil de entender para los ciudadanos. Comparó la democracia con un juego de obstáculos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
Adicional a lo dicho, también expresó que la contabilidad gubernamental debe ser accesible y clara para los ciudadanos. Defendió la existencia de organismos autónomos como el INAI, argumentando que, aunque representan un costo, su función es vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para la salud democrática del país.
En la presentación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordó el tema del proceso de entrega-recepción en la administración pública. Explicó que este proceso es primordial para la rendición de cuentas, apoyándose en un marco legal sólido que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades y la Ley General de Administración Pública Federal. Carranza subrayó la relevancia de adherirse a estas normativas para asegurar la legalidad y transparencia en la gestión gubernamental, detallando los artículos específicos de la Constitución que sustentan las obligaciones de rendir cuentas y fiscalizar a los servidores públicos.
También delineó el procedimiento normativo del proceso de entrega-recepción, destacando la necesidad de designar un coordinador institucional y formar una comisión interna de transición. Señaló los plazos y el cronograma de actividades a seguir, enfatizando la importancia de elaborar y registrar informes de gestión gubernamental y memorias documentales que evidencien las acciones realizadas. Indicó que estos informes deben ser detallados y estructurados, incluyendo logros y recursos utilizados, justificando cualquier pendiente, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de los desafíos que presenta la divulgación de información por parte del gobierno.
A manera de panel, titulado Retos y perspectivas de la contabilidad gubernamental, se contó con la participación de Jaime Díaz Martínez de Crowe México, Carlos Enrique Charraga Sánchez de BDO Castillo Miranda y Rualdo Otoniel García Ramos de Salles Sainz - Grant Thornton. Los panelistas abordaron los desafíos en la implementación y actualización de normativas contables en México. Subrayaron la necesidad de una normativa clara y completa para regular las operaciones financieras de los entes públicos y discutieron la importancia de la supletoriedad en la normativa contable. También destacaron el impacto de la aplicación retrospectiva de nuevas normas de contabilidad patrimonial que entrarán en vigor en 2025, especialmente en el reconocimiento de pasivos laborales en los estados financieros de los entes públicos.
Los expertos discutieron la problemática de aplicar normativas supletorias de manera coherente, evitando discrecionalidades por ambigüedades legales. Asimismo, analizaron la alineación de normas de deterioro de activos con estándares internacionales y la necesidad de ajustar la depreciación y amortización tras el registro de deterioro. Enfatizaron la importancia de estudios técnicos para determinar la vida útil de los activos y evitar incongruencias en los estados financieros.
En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión Nacional de Contabilidad Municipal del IMCP, Rolfi Manuel Sánchez López habló sobre el papel del Órgano Interno de Control (OIC) en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, resaltó la importancia de los OIC en la supervisión y auditoría de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de planes y programas, por lo que consideró relevante la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la capacitación del personal para adaptarse a los requisitos normativos actuales.
Aunque la presentación abordó aspectos esenciales, como la vigilancia de presupuestos y programas de compras, se señalaron omisiones significativas, como la falta de atención a la argumentación jurídica necesaria para respaldar observaciones del OIC y la estandarización de formatos para la justificación de gastos.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, titular de la D.G.P.O.P. en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abundó en las reglas para la conciliación presupuestaria-contable y sus efectos en la información financiera del sector público. Apuntó sobre la necesidad de comprender y aplicar correctamente estas normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, subrayando la relevancia de conciliar los resultados contables y presupuestarios para cumplir con los objetivos de rendición de cuentas y transparencia.
Mancera proporcionó un razonamiento sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requisitos que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, resaltando la importancia de la armonización y la integridad de la información financiera y presupuestaria. Además, destacó las últimas modificaciones en las reglas de conciliación y su obligatoriedad a partir del primero de enero de 2024, reiterando que la conciliación presupuestaria-contable es tanto una obligación normativa como una herramienta fundamental para asegurar la integridad y precisión de la información financiera del sector público.
Como siguiente presentación se llevó a cabo un panel de contralores en universidades públicas, donde se exploraron las experiencias y desafíos en la fiscalización y auditoría de la contabilidad gubernamental. Los expositores, incluyendo a Alfredo Nájar Fuentes, contralor General en Universidad de Guadalajara; Enrique Carriola Gómez, socio en Gossler; y María de los Ángeles Carrillo González, contralora General en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, destacaron la importancia de la armonización contable, la implementación de técnicas de auditoría basadas en normativas profesionales y mejores prácticas, así como la necesidad de contar con un marco normativo sólido tanto a nivel nacional como interno para guiar estas acciones. Se resaltó la complejidad de la contabilidad en el sector público, especialmente en el contexto universitario, debido a la diversidad de activos, la autonomía institucional y la necesidad de consolidar información financiera de manera centralizada.
Además, se abordaron temas específicos como la evaluación de activos y pasivos, las normativas de patrimonio, la determinación del costo del servicio público en universidades públicas y la necesidad de establecer mecanismos para calcular el costo por estudiante. Por último, se destacó la importancia de seguir las normativas establecidas por el Conac y las leyes gubernamentales, así como la colaboración entre los órganos internos de control y los auditores externos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
La última sesión de la Semana nacional de contabilidad gubernamental, abrió sus charlas con la participación de Ramiro Ávalos Martínez, socio de impuestos en Baker Tilly, quien presentó aspectos de las obligaciones fiscales en el sector paraestatal. Ávalos destacó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y señaló problemas comunes como discrepancias entre comprobantes fiscales digitales emitidos y declaraciones presentadas, así como la estrategia de recaudación del SAT y el aumento en la recaudación secundaria mediante vigilancia profunda, según datos del último informe trimestral. Promovió la capacitación y atención oportuna a requerimientos fiscales, fomentando la participación activa de la audiencia.
Ávalos Martínez profundizó en las obligaciones establecidas en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, además de destacar la complejidad y relevancia del nuevo decreto sobre el subsidio al empleo para el año 2024. Destacó la importancia de contar con profesionales como contadores públicos para asegurar un manejo adecuado de estas responsabilidades y la necesidad de tomar medidas preventivas y estar al tanto de los cambios normativos.
Por otro lado, Nicolás Domínguez García, director General de Auditoría Financiera en la Secretaría de la Función Pública, ofreció un recorrido histórico desde las prácticas contables de los aztecas hasta la evolución actual de la contabilidad gubernamental en México. Destacó la transición hacia sistemas integrales y descentralizados, así como los esfuerzos de armonización a nivel federal y estatal; asimismo, hizo mención de la influencia de organismos internacionales en la estandarización de normativas contables, la importancia de la transparencia financiera y la necesidad continua de modernización para una gestión eficiente de los recursos públicos.
Además, exaltó la obligación de los entes públicos en México de publicar información financiera trimestralmente, junto con la importancia de registrar y evaluar eficientemente el patrimonio estatal. De igual forma, discutió los retos futuros, incluida la adaptación de normas nacionales e internacionales, la generación de información útil para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo de sistemas de gestión, reforzando así la necesidad de avanzar hacia una contabilidad gubernamental armonizada y eficiente para garantizar una administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
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En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y promover una cultura organizacional basada en la excelencia, la comisión de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos del Colegio llevó a cabo el 25 de marzo el curso Normas Internacionales de Gestión de Calidad 1 y 2 y NIA 220 Revisada, un espacio de análisis y actualización normativa que reunió a especialistas en la materia.Bajo la coordinación de Rosa Isabel Pedraza Curiel, el evento contó con la participación de José Ángel Lucio Bernal, Jorge Adrián Ramírez Soriano, Emilio Hernández Rodríguez, José Emilio Martínez Gutiérrez, Verónica Flores Acosta, Miguel Ángel Castillo Ruiz, Luis Eduardo Lazcano Luviano y Jorge Uriel Sánchez Cedillo, todos integrantes de la comisión organizadora.Durante la jornada, José Ángel Lucio Bernal destacó que el propósito central del curso es difundir la normatividad aplicable y compartir experiencias que permitan a las firmas implementar con éxito sistemas de gestión de calidad. Subrayó que este aspecto cobra especial relevancia ante las revisiones anuales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales enfatizan el cumplimiento de dichos sistemas como medida para evitar consecuencias negativas.En su intervención, Jorge Adrián Ramírez Soriano explicó que la NIGC 1 establece la necesidad de diseñar, implementar y operar un sistema que garantice, con seguridad razonable, el cumplimiento de las responsabilidades profesionales y la emisión de informes adecuados. Enfatizó que la calidad debe entenderse como un proceso transversal dentro de la firma, que exige un enfoque proactivo y un liderazgo comprometido.Por su parte, Emilio Hernández Rodríguez abordó el proceso de valoración de riesgos, señalando que este debe partir de la identificación de objetivos de calidad, el reconocimiento de riesgos asociados y la implementación de respuestas para mitigarlos. Destacó la importancia de que este proceso sea continuo y adaptable a las características particulares de cada firma.En el ámbito de la relación con clientes, José Emilio Martínez Gutiérrez enfatizó la necesidad de realizar evaluaciones previas, o background checks, para analizar la integridad y valores éticos de los clientes potenciales, así como su impacto reputacional. También advirtió sobre los riesgos de dependencia financiera excesiva, que podrían comprometer la independencia del auditor.Verónica Flores Acosta resaltó que la NIGC 1 fortalece los requerimientos en materia de información y comunicación, al exigir objetivos de calidad medibles y una interacción efectiva con distintos actores, tanto internos como externos, definiendo claramente la naturaleza, oportunidad y alcance de estas comunicaciones.Uno de los puntos clave fue expuesto por Miguel Ángel Castillo Ruiz, quien señaló que la calidad en auditoría se construye de manera progresiva y no en una sola etapa. Explicó que las normas de gestión de calidad y la NIA 220 deben aplicarse de forma integral, destacando el papel del revisor de calidad como un agente independiente que cuestiona los juicios significativos del socio del encargo, sin que ello implique una segunda auditoría.En la misma línea, Luis Eduardo Lazcano Luviano profundizó en la aceptación y continuidad de clientes conforme a la NIA 220, describiéndola como un filtro preventivo esencial. Identificó tres factores clave: la integridad del cliente, la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de los principios éticos e independencia. Asimismo, subrayó la importancia de documentar adecuadamente estos procesos.Finalmente, Jorge Uriel Sánchez Cedillo abordó los recursos del encargo, clasificándolos en humanos, tecnológicos e intelectuales. Destacó que el uso adecuado de la tecnología puede mejorar la eficiencia y calidad, aunque advirtió sobre los riesgos de dependencia excesiva y la necesidad de capacitación constante. También subrayó la relevancia de contar con conocimiento actualizado y políticas bien documentadas.
El pasado 24 de marzo se llevó a cabo el foro Auditoría interna de clase mundial: herramientas tecnológicas, organizado por la comisión de Auditoría Interna del Colegio y coordinado por Edgar Cruz Cruz. La sesión fue impartida por los especialistas Raúl Vaca Castro y Raúl Celis Gallegos, quienes compartieron su experiencia en la transformación digital de la auditoría interna.Durante su intervención, Raúl Vaca Castro destacó que la tecnología constituye un elemento fundamental en la práctica actual de la auditoría, subrayando la importancia de mantenerse actualizado ante los avances digitales. En este sentido, Raúl Celis Gallegos señaló que el uso de herramientas tecnológicas permite incrementar la eficiencia operativa, reducir cargas manuales y orientar los esfuerzos hacia actividades de análisis y generación de valor.Ambos expositores compartieron su experiencia en Grupo México, donde han implementado metodologías de auditoría basadas en riesgos con un fuerte componente tecnológico. De acuerdo con lo expuesto por Vaca Castro, este enfoque ha permitido llevar a cabo auditorías completamente digitales, eliminando el uso de papel y la captura manual de información. Por su parte, Celis Gallegos indicó que estos procesos han reducido significativamente los tiempos de ejecución, pasando de varios meses a periodos de tres a cuatro semanas.En el marco del evento, se promovió la participación de los asistentes mediante una encuesta interactiva coordinada por Celis Gallegos, en la que se identificaron la rapidez, eficiencia y agilidad como los principales beneficios del uso de tecnología en auditoría interna. Asimismo, Vaca Castro presentó material audiovisual orientado a reflexionar sobre el impacto de la automatización en diversas industrias y la necesidad de adaptación profesional.En relación con las herramientas tecnológicas, los ponentes abordaron soluciones como Power BI, Excel, Data Sniper y plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini. Vaca Castro resaltó el potencial de Power BI como una herramienta accesible y eficaz para el análisis de grandes volúmenes de información, mientras que Celis Gallegos enfatizó la posibilidad de analizar la totalidad de los datos, superando los esquemas tradicionales de muestreo.La presentación se estructuró en cuatro fases: Business Intelligence, automatización de pruebas, robotización e inteligencia artificial. En la primera, Vaca Castro mostró tableros orientados al análisis de información financiera y operativa, facilitando la identificación de tendencias, variaciones y cifras de control.En la fase de automatización, Celis Gallegos expuso casos como el monitoreo continuo de inventarios y la validación de proveedores mediante cruces con listas negras del SAT, destacando la reducción de tiempos y la mejora en los controles internos.Respecto a la robotización, Vaca Castro explicó la aplicación de herramientas de RPA de Microsoft para la ejecución de tareas repetitivas, como la extracción de información de sistemas ERP. En complemento, Celis Gallegos subrayó que estas soluciones permiten incrementar la productividad del equipo sin sustituir la labor del auditor.Finalmente, en el apartado de inteligencia artificial, ambos especialistas coincidieron en la relevancia de su adopción responsable. Vaca Castro hizo referencia a los riesgos asociados, como las imprecisiones en los resultados o el uso indebido de la información, mientras que Celis Gallegos enfatizó la necesidad de mantener supervisión humana en su aplicación.Como conclusión, los expositores coincidieron en que la incorporación de herramientas tecnológicas fortalece el rol del auditor interno, posicionándolo como un socio estratégico dentro de las organizaciones. Asimismo, destacaron que los desarrollos implementados por sus equipos han generado información confiable y oportuna para la toma de decisiones.
