Durante la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, celebrada del 20 al 24 de mayo, la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio convocó a destacados expertos para discutir temas como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la armonización contable y la lucha contra la corrupción.
El presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, dio la bienvenida a los asistentes del evento. En su discurso, expresó su entusiasmo por la oportunidad de reflexionar y debatir sobre temas cruciales para el desarrollo y la transparencia de la nación. Consideró relevante que el gremio sea partícipe de un sistema robusto de conocimiento y prácticas en contabilidad gubernamental en el contexto de cambios económicos y estructurales, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para una sociedad justa y equitativa.
Ramírez Fernández del Castillo concluyó agradeciendo la presencia y compromiso de los asistentes con el fortalecimiento de la contabilidad gubernamental, expresando su confianza en que los conocimientos y experiencias compartidos serán de gran valor para todos.
Para dar inicio con las ponencias, el director ejecutivo en Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, habló sobre la importancia de la transparencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Bohórquez precisó que, aunque la transparencia es generalmente vista como un producto de las democracias modernas, su aplicación efectiva requiere de un diseño regulatorio inteligente que no sobrecargue a las instituciones públicas con controles innecesarios. A lo largo de su discurso, subrayó las paradojas y desafíos enfrentados en la implementación de sistemas de contabilidad y auditoría gubernamentales que realmente funcionen para prevenir la corrupción, en lugar de simplemente cumplir con formalidades que podrían ser fácilmente eludidas o manipuladas.
Bohórquez ilustró su punto con ejemplos concretos de mala regulación, como la prohibición de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, y abogó por una regulación más flexible y efectiva. Asimismo, mencionó la necesidad de revisar y posiblemente reformar instituciones clave como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos garantes de transparencia, sugiriendo que se debería aprender de las experiencias internacionales y aplicar un enfoque práctico y autocrítico en el rediseño de estas entidades. Concluyó remarcando la necesidad de un plan nacional de desarrollo robusto que incorpore estos principios, alejándose de la mera superioridad moral y adoptando una postura pragmática y constructiva para lograr un cambio significativo en la administración pública mexicana.
En otro orden de ideas, el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, Cornelio Rico Arvizu, destacó los quince años de armonización contable bajo las Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). Dijo que, desde la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en 2008, se ha buscado unificar el registro contable de todas las entidades públicas para generar información homogénea. Rico Arvizu explicó cómo el CONAC ha emitido normas específicas a lo largo de estos años, fundamentales para los procedimientos de la administración pública, enfatizando la obligatoriedad de llevar una contabilidad armonizada para todos los entes públicos, lo cual ha sido un esfuerzo colectivo para asegurar la consistencia y transparencia en la contabilidad gubernamental en México.
Durante su plática, señaló la complejidad y la importancia de la armonización contable en el ámbito gubernamental, tocando aspectos como la clasificación y seguimiento de los gastos públicos, la contabilidad patrimonial y la necesidad de alinear las cuentas contables con el plan del Conac. Rico Arvizu delineó los pilares fundamentales de la contabilidad gubernamental y puntualizó la necesidad de cumplir con los requisitos normativos para garantizar la transparencia y difusión de la información financiera gubernamental.
A manera de panel, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); Dionisio Zabaleta Solis, director de Análisis en Secretaría Ejecutiva del SNA; y María Guadalupe Olivo Torres, presidenta del Comité de Participación Ciudadana en Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), debatieron sobre la relevancia de la contabilidad gubernamental como herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas en el combate a la corrupción.
En ese sentido, Rodríguez Castillo subrayó que desde la creación del SNA en 2015, se ha mejorado significativamente la coordinación entre actores gubernamentales y sociales, promoviendo la transparencia. Además, destacó la implementación de la política nacional anticorrupción y la plataforma digital nacional como elementos esenciales para fortalecer el sistema.
Por su parte, Olivo Torres compartió experiencias sobre los retos específicos en el Estado de México, señalando la necesidad de una mayor integración y coordinación a nivel municipal. Apuntó que, aunque el SNA ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos, especialmente en la sensibilización y capacitación de nuevos funcionarios municipales.
Zabaleta Solís enfatizó la participación ciudadana como columna vertebral del SNA, aunque reconoció que los comités de participación ciudadana carecen de atribuciones decisivas, lo que limita su efectividad. Los panelistas concluyeron con un llamado a fortalecer la educación y la concienciación sobre el sistema anticorrupción para asegurar su eficacia tanto a nivel nacional como local, destacando la importancia de un compromiso continuo de todos los niveles de gobierno y la sociedad en la lucha contra la corrupción.
Siguiendo con el programa, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Gándara Ruiz Esparza, abordó las generalidades del procedimiento de responsabilidades administrativas. En su presentación, resaltó la relevancia de integrar auditorías internas y de fiscalización superior para investigar responsabilidades administrativas. Hizo hincapié que las auditorías pueden iniciar procedimientos que culminen en un informe de presunta responsabilidad administrativa (IPRA). Gándara Ruiz Esparza recalcó la correcta distribución de competencias según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aclarando que solo los órganos internos de control pueden recibir denuncias directas y llevar a cabo investigaciones de faltas graves y no graves. Además, subrayó la importancia de un manejo riguroso y legal de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso, y la necesidad de objetividad en la documentación de auditoría e IPRA para asegurar la credibilidad y efectividad del procedimiento.
Gándara Ruiz Esparza también discutió aspectos técnicos del procedimiento, como los plazos de prescripción de tres años para faltas no graves y siete para las graves, y aclaró que la prescripción se interrumpe al admitir un IPRA o calificar una falta, no por la mera investigación. Mencionó la necesidad de notificaciones adecuadas para garantizar la certeza jurídica y evitar acciones unilaterales y arbitrarias. Reflexionó sobre la relación entre tribunales administrativos y entidades de fiscalización, criticando la práctica de devolver expedientes por errores formales y abogando por un enfoque pragmático. Concluyó que los tribunales deben distinguir entre su rol de resolutores y supervisores de legalidad, evitando excederse en sus funciones, y destacó la importancia de asegurar la fundamentación clara y específica para evitar la indefensión y asegurar justicia en el proceso.
En la participación de Edwin Meráz Ángeles, auditor superior en la Ciudad de México, abundó en el tema del SNA, resaltando los desafíos y propuestas para su implementación efectiva. Meráz hizo mención en la necesidad de mejorar la comunicación entre los entes auditados y los auditores, especificando que la fiscalización debe incluir una interacción proactiva y no limitarse a la documentación escrita. Expresó que el objetivo es corregir irregularidades durante el proceso de auditoría para evitar largos y costosos procesos de investigación. Además, señaló que los informes de auditoría se notifican primero al Congreso de la Ciudad de México y luego se publican en formato de datos abiertos, facilitando su consulta y procesamiento.
Meráz también abordó el SNA en el contexto específico de la Ciudad de México, realzando el valor de la colaboración y coordinación entre diversas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior. Sin embargo, criticó la inclusión de etapas procesales de investigación y substanciación en la labor de las auditorías superiores, argumentando que estas han entorpecido la fiscalización y prolongado los tiempos de resolución de casos de corrupción. Propuso una reevaluación del sistema anticorrupción para mejorar su eficacia y evitar la impunidad. También destacó las buenas prácticas adoptadas, como la agenda de mejora y aprendizaje en la administración pública y la digitalización de las compras públicas, que han contribuido a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Por otra parte, Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP, abundó en la armonización contable. Explicó que esta está basada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 2008 y en las normas y lineamientos del Conac, los cuales buscan uniformar la información financiera de las entidades públicas. Detalló el marco conceptual, los manuales de contabilidad y las normas contables que incluyen aspectos presupuestales y programáticos, decisivos para mantener una clara distinción entre el presupuesto y la contabilidad.
Comentó que, desde 2018, bajo el actual gobierno, se han realizado múltiples actualizaciones y reformas al manual de contabilidad gubernamental para resolver incidentes y mejorar la práctica contable. Torres destacó esfuerzos específicos como la modificación de formatos de cuenta pública y la integración de recomendaciones de auditorías externas. Remarcó el trabajo en coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos estatales de armonización contable, que facilitan la implementación de acciones y mejoras normativas. También recalcó los esfuerzos en capacitación y tecnificación de las contabilidades estatales y municipales, apoyados por un presupuesto anual destinado a fortalecer los sistemas contables a nivel local, garantizando así la sostenibilidad y efectividad de la armonización contable en México.
La presentación enfocada en la relevancia de la capacitación en torno a la contabilidad gubernamental estuvo a cargo de Indira Isabel García Pérez, auditora Superior del Estado de Colima. En su charla, hizo hincapié en la diferencia entre servidor y funcionario público, específicamente en la responsabilidad que conlleva el cargo. Explicó cómo la contabilidad gubernamental puede ser una herramienta clave para la transparencia y la prevención de la corrupción, señalando la importancia de la profesionalización y la participación ciudadana informada. Además, mencionó casos de sanciones a servidores públicos por incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y destacó los esfuerzos de capacitación realizados en el Estado de Colima, así como los retos futuros en este campo.
En su participación también incluyó interacción con la audiencia, abordando preguntas sobre los programas contables utilizados por las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. García Pérez resaltó la necesidad de una capacitación constante y puntual para mejorar el servicio público, así como la importancia de herramientas como la contabilidad gubernamental en la lucha contra la corrupción y en la generación de confianza ciudadana en la gestión pública.
Para el tercer día de ponencias, Francisco Javier Acuña Llamas, especialista en Transparencia y Rendición de Cuentas, habló sobre la importancia de la contabilidad gubernamental para una democracia efectiva. Comentó que esta práctica permite evaluar el uso del presupuesto público, asegurando que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente.
Acuña Llamas utilizó metáforas para subrayar que sin contabilidad y transparencia, la administración pública se vuelve una entidad opaca y difícil de entender para los ciudadanos. Comparó la democracia con un juego de obstáculos donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para evitar abusos de poder y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y satisfacer sus necesidades.
Adicional a lo dicho, también expresó que la contabilidad gubernamental debe ser accesible y clara para los ciudadanos. Defendió la existencia de organismos autónomos como el INAI, argumentando que, aunque representan un costo, su función es vital para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para la salud democrática del país.
En la presentación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), abordó el tema del proceso de entrega-recepción en la administración pública. Explicó que este proceso es primordial para la rendición de cuentas, apoyándose en un marco legal sólido que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades y la Ley General de Administración Pública Federal. Carranza subrayó la relevancia de adherirse a estas normativas para asegurar la legalidad y transparencia en la gestión gubernamental, detallando los artículos específicos de la Constitución que sustentan las obligaciones de rendir cuentas y fiscalizar a los servidores públicos.
También delineó el procedimiento normativo del proceso de entrega-recepción, destacando la necesidad de designar un coordinador institucional y formar una comisión interna de transición. Señaló los plazos y el cronograma de actividades a seguir, enfatizando la importancia de elaborar y registrar informes de gestión gubernamental y memorias documentales que evidencien las acciones realizadas. Indicó que estos informes deben ser detallados y estructurados, incluyendo logros y recursos utilizados, justificando cualquier pendiente, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Además, dijo que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y garantizar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de los desafíos que presenta la divulgación de información por parte del gobierno.
A manera de panel, titulado Retos y perspectivas de la contabilidad gubernamental, se contó con la participación de Jaime Díaz Martínez de Crowe México, Carlos Enrique Charraga Sánchez de BDO Castillo Miranda y Rualdo Otoniel García Ramos de Salles Sainz - Grant Thornton. Los panelistas abordaron los desafíos en la implementación y actualización de normativas contables en México. Subrayaron la necesidad de una normativa clara y completa para regular las operaciones financieras de los entes públicos y discutieron la importancia de la supletoriedad en la normativa contable. También destacaron el impacto de la aplicación retrospectiva de nuevas normas de contabilidad patrimonial que entrarán en vigor en 2025, especialmente en el reconocimiento de pasivos laborales en los estados financieros de los entes públicos.
Los expertos discutieron la problemática de aplicar normativas supletorias de manera coherente, evitando discrecionalidades por ambigüedades legales. Asimismo, analizaron la alineación de normas de deterioro de activos con estándares internacionales y la necesidad de ajustar la depreciación y amortización tras el registro de deterioro. Enfatizaron la importancia de estudios técnicos para determinar la vida útil de los activos y evitar incongruencias en los estados financieros.
En otro orden de ideas, el presidente de la Comisión Nacional de Contabilidad Municipal del IMCP, Rolfi Manuel Sánchez López habló sobre el papel del Órgano Interno de Control (OIC) en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, resaltó la importancia de los OIC en la supervisión y auditoría de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de planes y programas, por lo que consideró relevante la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y la capacitación del personal para adaptarse a los requisitos normativos actuales.
Aunque la presentación abordó aspectos esenciales, como la vigilancia de presupuestos y programas de compras, se señalaron omisiones significativas, como la falta de atención a la argumentación jurídica necesaria para respaldar observaciones del OIC y la estandarización de formatos para la justificación de gastos.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, titular de la D.G.P.O.P. en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), abundó en las reglas para la conciliación presupuestaria-contable y sus efectos en la información financiera del sector público. Apuntó sobre la necesidad de comprender y aplicar correctamente estas normativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, subrayando la relevancia de conciliar los resultados contables y presupuestarios para cumplir con los objetivos de rendición de cuentas y transparencia.
Mancera proporcionó un razonamiento sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los requisitos que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, resaltando la importancia de la armonización y la integridad de la información financiera y presupuestaria. Además, destacó las últimas modificaciones en las reglas de conciliación y su obligatoriedad a partir del primero de enero de 2024, reiterando que la conciliación presupuestaria-contable es tanto una obligación normativa como una herramienta fundamental para asegurar la integridad y precisión de la información financiera del sector público.
Como siguiente presentación se llevó a cabo un panel de contralores en universidades públicas, donde se exploraron las experiencias y desafíos en la fiscalización y auditoría de la contabilidad gubernamental. Los expositores, incluyendo a Alfredo Nájar Fuentes, contralor General en Universidad de Guadalajara; Enrique Carriola Gómez, socio en Gossler; y María de los Ángeles Carrillo González, contralora General en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, destacaron la importancia de la armonización contable, la implementación de técnicas de auditoría basadas en normativas profesionales y mejores prácticas, así como la necesidad de contar con un marco normativo sólido tanto a nivel nacional como interno para guiar estas acciones. Se resaltó la complejidad de la contabilidad en el sector público, especialmente en el contexto universitario, debido a la diversidad de activos, la autonomía institucional y la necesidad de consolidar información financiera de manera centralizada.
Además, se abordaron temas específicos como la evaluación de activos y pasivos, las normativas de patrimonio, la determinación del costo del servicio público en universidades públicas y la necesidad de establecer mecanismos para calcular el costo por estudiante. Por último, se destacó la importancia de seguir las normativas establecidas por el Conac y las leyes gubernamentales, así como la colaboración entre los órganos internos de control y los auditores externos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
La última sesión de la Semana nacional de contabilidad gubernamental, abrió sus charlas con la participación de Ramiro Ávalos Martínez, socio de impuestos en Baker Tilly, quien presentó aspectos de las obligaciones fiscales en el sector paraestatal. Ávalos destacó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones y señaló problemas comunes como discrepancias entre comprobantes fiscales digitales emitidos y declaraciones presentadas, así como la estrategia de recaudación del SAT y el aumento en la recaudación secundaria mediante vigilancia profunda, según datos del último informe trimestral. Promovió la capacitación y atención oportuna a requerimientos fiscales, fomentando la participación activa de la audiencia.
Ávalos Martínez profundizó en las obligaciones establecidas en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación, además de destacar la complejidad y relevancia del nuevo decreto sobre el subsidio al empleo para el año 2024. Destacó la importancia de contar con profesionales como contadores públicos para asegurar un manejo adecuado de estas responsabilidades y la necesidad de tomar medidas preventivas y estar al tanto de los cambios normativos.
Por otro lado, Nicolás Domínguez García, director General de Auditoría Financiera en la Secretaría de la Función Pública, ofreció un recorrido histórico desde las prácticas contables de los aztecas hasta la evolución actual de la contabilidad gubernamental en México. Destacó la transición hacia sistemas integrales y descentralizados, así como los esfuerzos de armonización a nivel federal y estatal; asimismo, hizo mención de la influencia de organismos internacionales en la estandarización de normativas contables, la importancia de la transparencia financiera y la necesidad continua de modernización para una gestión eficiente de los recursos públicos.
Además, exaltó la obligación de los entes públicos en México de publicar información financiera trimestralmente, junto con la importancia de registrar y evaluar eficientemente el patrimonio estatal. De igual forma, discutió los retos futuros, incluida la adaptación de normas nacionales e internacionales, la generación de información útil para la toma de decisiones y la promoción del desarrollo de sistemas de gestión, reforzando así la necesidad de avanzar hacia una contabilidad gubernamental armonizada y eficiente para garantizar una administración transparente y efectiva de los recursos públicos.
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Para conocer acerca del impacto que generan en las compañías los reportes de sostenibilidad, el Colegio presentó, el 23 de enero, el foro Introducción a las normas de sostenibilidad para empresarios, evento en el que se dieron cita Stefani Ivonne Ferreira Ruíz, Jorge Alvarado Cordero, integrantes de la comisión Sector Empresarial, y Carlos Carrillo Contreras, de la comisión de Sostenibilidad.En ponencia, Carlos Carrillo presentó un breve panorama sobre los orígenes y avances que ha manifestado el país en materia de desarrollo sostenible. Explicó que, desde los años setenta, México ha celebrado diversos acuerdos en materia de cambio climático y la desigualdad, incluidos los acuerdos de la Agenda 2030.Al respecto, comentó que el desarrollo sostenible permite a los países establecer estrategias de desarrollo y crecimiento económico que impacten de manera positiva el medio ambiente; esto obedece a que el cambio climático representa un riesgo creciente vinculado a las actividades del ser humano y un incremento de temperatura global. “Ante esta situación, se han emitido leyes y regulaciones que deben considerarse por las empresas y también para el diseño de la política ambiental en el país”, puntualizó el expositor.Además, informó que, en 2017, el ejecutivo federal mexicano creó por decreto el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; esta visión prioriza el bienestar, el medio ambiente, la reactivación económica y el impulso de la equidad y justicia social. “La Secretaría de Economía publica de forma anual el grado de avance de los programas gubernamentales con los OSD”.Por lo anterior, los expositores recalcaron la importancia de que hoy día se debe alentar a las empresas, en especial, a las trasnacionales a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sus actividades sostenibles en sus reportes empresariales.Al presentar un estatus sobre la situación en el país, se comentó que de 2019 a 2023 se han emitido diversos instrumentos de política dirigidos a tener un consumo y producción sustentable, tales como políticas, estrategias, instrumentos voluntarios, emisión de estándares de reporte contable.Por lo anterior, los especialistas explicaron que los reportes de sostenibilidad deben incluir, entre otra información, perfil de la empresa, cadena de valor, aspectos ASG, estar alineado con marcos y estándares de referencia, grupos de interés y el reporte de aseguramiento.Por su parte, la contadora Stefani Ivonne Ferreira manifestó que la emisión de las normas de sostenibilidad representa un impulso por parte del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) para que el informe empresarial evolucione e incluya, además de los estados financieros, notas que permitan entender la capacidad de una entidad para mantenerse operando en el largo plazo.En el caso de México, expusieron que las NIS requieren que se reporten 30 métricas denominadas Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) en lugar de un reporte sofisticado de sostenibilidad; “este reporte ayuda a interconectar la información financiera con la información de sostenibilidad, cada vez se han desarrollado más guías, cursos específicos, entre otros mecanismos para atender este ámbito”, concluyó la especialista.
Con la importancia que han cobrado los trámites digitales para la presentación de obligaciones fiscales, los Certificados de Sello Digital (CSD) se han convertido en una herramienta indispensable cuya suspensión o cancelación representa un impacto financiero y económico enorme.Por ello, en el Colegio se compartió el curso Suspensión y cancelación de CSD. Acciones y medios de defensa, donde se exploraron las causas que pueden llevar a la restricción y suspensión de CSD; sus procedimientos de aclaración y revisión; y los medios legales de defensa al alcance del contribuyente.En evento, la contadora Mirella M. Plácido Hernández, integrante de la comisión D. Fiscal; Angélica L. Valladares López, presidenta de la comisión D. Fiscal 2; y Antonio Alberto Vela Peón, coordinador de noticias de la comisión T. Fiscal; compartieron su experticia con el fin de brindar a los contadores la información necesaria para evitar afectar la operación empresarial derivada de la incapacidad de emitir Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Todo ello bajo la coordinación de Jose A. Estudillo Cruz, integrante de la comisión D. Fiscal 4.La autoridad tiene la facultad de restringir CSD de manera temporal cuando detecta que el contribuyente se encuentra dentro de alguno de los supuestos mencionados en el artículo 17-H BIS del Código Fiscal de la Federación (CFF), según comenta la contadora Mirella. Dentro de estos causales se encuentra omitir la declaración anual de más de dos pagos provisionales o definitivos, sean consecutivos o no y la incapacidad de localizar al contribuyente en procedimientos administrativos.Según la contadora, “en impuestos no hay materialidad. Mientras haya una diferencia, independientemente de su tamaño, se debe desvirtuar esa diferencia”, por ello ante la restricción de CSD se debe emplear un procedimiento descrito en la regla 2.2.15 de las Reglas de Miscelánea Fiscal (RMF) que subsane las irregularidades presentadas para la posterior obtención de un nuevo certificado. Cabe mencionar que, una vez iniciada la solicitud de aclaración, la autoridad restablece el CSD de forma provisional, por lo que la agilidad es fundamental para evitar incrementar la gravedad de las afecciones provocadas por la restricción.Mediante este proceso, se presenta la aclaración correspondiente que permita desvirtuar la inconsistencia fiscal, por lo que es importante la manera en que se presenta esta aclaración, más allá de la materialidad. Lo más importante, según comentan los expositores, es dar claridad a la autoridad.Si esta aclaración no es presentada, no se subsanan las irregularidades detectadas o no se desvirtúan las causas que motivaron la restricción en primer lugar, se interrumpe y suspende el uso del CSD, dejándolo sin efectos.Una vez llegados a ese punto, donde se ha efectuado una cancelación de CSD, según el artículo 17-H Bis es posible establecer contacto con la autoridad para corregir la situación fiscal y emitir un nuevo CSD. Angélica Valladares comenta que, a pesar de existir una aparente contradicción entre el párrafo séptimo y octavo del artículo en cuestión, en la práctica estos apartados indican que se debe “acercar con la autoridad para ver la posibilidad de expedir un nuevo certificado tras realizar una aclaración”, ya que en función de la naturaleza de cancelación es posible obtener un nuevo certificado.Finalmente, Antonio Vela abona a la conversación al compartir los medios legales de defensa al alcance del contribuyente, una vez a agotados los procesos de aclaración. De ellos, el expositor destaca que la posibilidad de un juicio debe ser considerada con cuidado, ya que la duración inexacta de este mediopuede suponer una pérdida insostenible de patrimonio para cualquier negocio.Por ello, el medio de defensa óptimo resulta ser la presentación de una queja frente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), quien brinda intermediación para la resolución de los procesos previamente descritos mediante un proceso administrativo.De esta manera, dicha queja nos ayuda a indicar los incumplimientos surgidos del proceso de aclaración presentado, y brinda un soporte que puede hacer la diferencia para el éxito de la aclaración.
La comisión de Seguridad Social organizó el 22 de enero el curso Cambios en la Seguridad Social 2025, con el propósito de actualizar a los participantes sobre las reformas que afectarán a las empresas y a sus sistemas de nómina, así como el impacto que tendrán en la estructura laboral. Este evento fue coordinado por Reynaldo Eleazar Olvera López, integrante de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social.Durante la jornada, los ponentes abordaron los principales ajustes que las empresas deberán implementar a partir de 2025 para cumplir con las nuevas normativas. Entre las reformas más destacadas se encuentra el aumento del salario mínimo y de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la creación de la Unidad de Medida de Infraestructura (UMI), lo que representa un incremento del 12%. Además, la reforma incluye la absorción total de las cuotas patronales, lo que implica la eliminación de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en estos casos.Rolando Silva Briceño, miembro de la comisión organizadora, explicó que, aunque estos ajustes buscan mejorar la protección social de los trabajadores, también traerán costos adicionales para las empresas, que deberán adaptarse a los nuevos valores y cumplir con las disposiciones en un entorno fiscal más riguroso. Otro de los puntos clave fue la reforma al IMSS, relacionada con los temas de cesantía, vejez, alimentación y habitación, además de las iniciativas que promueven la reducción de la jornada laboral semanal.En su intervención también profundizó en las modificaciones a la Ley del Infonavit y los cambios en los avisos empresariales y las contribuciones patronales. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, ha generado tanto expectativas como inquietudes entre los empresarios, quienes deberán ajustarse a nuevas normativas que impactarán directamente en sus operaciones.En su intervención, Edgar Enríquez Álvarez, socio en AE Assessment, destacó la relevancia de las herramientas digitales que entrarán en vigor en 2025, como el Buzón IMSS. Este sistema electrónico será obligatorio a partir de febrero de 2025 para la realización de trámites y consultas relacionados con la incorporación, recaudación y fiscalización. Aunque este cambio promete mejorar la eficiencia, mencionó que también representa un reto para las empresas y trabajadores, quienes deberán familiarizarse con la nueva tecnología.Otro tema relevante tratado en el curso fue la renovación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE), que deberá realizarse cada tres años para evitar la cancelación de este registro. Además, Enríquez Álvarez señaló las nuevas obligaciones informativas, como las declaraciones SISUB e ICSOE, que obligan a las empresas a adaptarse a un entorno fiscal más estricto, en el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá realizar inspecciones si no se cumplen los plazos establecidos.La regulación de las plataformas digitales en el ámbito laboral también fue tema de discusión. A partir de diciembre de 2024, un decreto establece una relación laboral subordinada entre las plataformas y los trabajadores que perciban al menos un salario mínimo mensual, lo que responde a la creciente tendencia del empleo en la economía digital.Finalmente, José Luis Sánchez García, también integrante de la comisión de Seguridad Social, presentó la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo. Con la inclusión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), esta reforma tiene como objetivo mejorar la atención a los trabajadores y establecer una revisión periódica cada cinco años, ajustándose a los avances médicos.Sánchez García también destacó las reformas orientadas a los trabajadores del campo. Desde 2024, los trabajadores agrícolas, tanto permanentes como temporales, tienen derecho a acceder a la seguridad social, lo que implica nuevas responsabilidades para los empleadores en cuanto a condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica. Además, puntualizó la importancia de los contratos laborales escritos y el seguro de vida para los jornaleros migrantes, buscando garantizar mejores condiciones de vida y trabajo en el sector agrícola.
