Para dialogar en torno al cumplimiento de inversiones en el extranjero, así como de diversos casos de repatriación de capitales, la comisión Fiscal Internacional del Colegio llevó a cabo la sexta edición del Simposio patrimonial internacional, espacio que fue enmarcado por la intervención de Armando Ocampo Zambrano, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
En su intervención, el procurador recordó, a manera de contexto, sobre la publicación del decreto que otorga facilidades en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relativos a inversiones que se reciban en México. Por lo anterior, explicó los requisitos estructurales para hacer válido el beneficio, entre los que destacó el proceso de origen, temporalidad y destino.
Bajo esta línea, Ocampo Zambrano expuso el procedimiento para el pago del ISR por la repatriación de capitales, “al total de los recursos mantenidos en el extranjero hasta antes del 1de enero de 2017, que se retornen al país se les aplicaba una tasa de 8%, sin deducción alguna, no obstante, en los últimos años se iniciaron facultades de comprobación en ISR”, informó.
A raíz de lo anterior, el titular de la Prodecon explicó que diversos contribuyentes han acudido a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo con la finalidad de desvirtuar los hechos u omisiones durante estas revisiones. “De forma aproximada, se han tramitado 130 procedimientos ante la Prodecon para la adopción de acuerdos conclusivos en materia de repatriación de capitales", detalló.
En ese sentido, compartió las circunstancias más recurrentes que han detectado en la Procuraduría que impiden alcanzar consensos dentro de dichos acuerdos conclusivos, entre los que destacó la falta de documentación comprobatoria, falta de trazabilidad de los recursos retornados, entre otros.
En el simposio se presentó una mesa de discusión en la que se dio cita Gerardo Napolitano Pompa, quien dijo que, entre otros elementos que se deben considerar al momento de evaluar una estructura de inversión en México o en el extranjero son la residencia fiscal y nacionalidad de la persona física, el perfil de inversión, la necesidad de liquidez y la situación política y económica del país.
Referente a la estructura patrimonial, dijo que “es necesario implementar una adecuada planeación patrimonial y sucesoria; de lo contrario, puede traer consigo múltiples consecuencias, como la posibilidad de que exista un impuesto de herencias y donaciones en México”.
El panel también fue complementado por Eduardo Arista, especialista en negocios internacionales, y Juan Ángel Becerra Cantú, quienes analizaron la estructuración y funcionamiento básico de un trust estadounidense y el funcionamiento básico de una Limited Partnership canadiense.
Por último, los encargados de clausurar las actividades del Simposio patrimonial internacional fueron Ernest Haiat Khabie y René Alberto Meza Aragón, los cuales explicaron que los instrumentos de deuda adquiridos de manera directa que se mantienen en default por situaciones políticas y/o fortuitas, además de versar sobre las principales consideraciones fiscales en cuanto a inversiones en el extranjero.
Eventos recientes
El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo el curso Ciberseguridad estratégica para negocios y empresa el 30 de septiembre bajo la coordinación y moderación de Andrés Carrera Cué, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. La ponencia estuvo a cargo del especialista en la materia Ignacio José Domínguez Castillo, socio fundador y director general en Yakatiak Consultores y Asociados, quien hizo un repaso de las principales amenazas digitales, de las estrategias que deben implementar las empresas, del cumplimiento normativo que se debe aplicar y del impacto financiero que representan los ciberataques. Durante la jornada, se mencionó que los incidentes de ciberseguridad representan el principal riesgo operativo para las organizaciones. Hoy en día, las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) han sido un parteaguas para la automatización de los ataques informativos, lo que va incrementando la sofisticación de las amenazas como el ransomware, suplantación de identidad, filtración de información sensible, por citar algunos. En palabras del especialista, destacó que la implementación de contraseñas de alta complejidad son buenas prácticas, pero que no son suficientes si no se cuenta con esquemas de autenticación robustos, controles de acceso biométricos y esquemas de verificación continua basados en el modelo Zero Trust. Domínguez Castillo, con el tema del marco regulatorio, puso sobre la mesa la responsabilidad directa de la alta dirección en el establecimiento de controles internos. Asimismo, la normativa actual exige salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de infraestructura tecnológica. Adicional, el plan nacional de ciberseguridad y las directrices institucionales enfatizan la obligación de estructurar planes de seguridad, realizar auditarías periódicas del desempeño, implementar simulaciones de incidentes y gestionar copias de respaldo aisladas para asegurar la recuperación operativa rápida frente a acontecimientos adversos. Para cerrar el curso, el especialista destacó la importancia de consolidad una cultura organizacional orientada la concientización en seguridad, ya que la prevención de la ingeniería social, la gestión adecuada de canales de mensajería y la adopción de planes de continuidad de negocio reducen de manera significativa las vulnerabilidades perimetrales. El evento concluyó con la revisión de guías prácticas para la gestión de crisis, la evaluación de pérdidas reputacionales y la integración sistemática de presupuestos dedicados a la “resiliencia” tecnológica tanto en el sector privado como público.
Del 28 de septiembre al 1 de octubre se presentó la 22.ª Semana de temas fiscales selectos en el Colegio, donde se reunieron expertos en materia fiscal y legal para comentar tópicos de actualidad necesarios para dominar el entorno de fiscalización complejo y cambiante al que se enfrentan las personas especialistas en contaduría pública. El evento fue precedido por la comisión técnica de Investigación Fiscal, representada por cuatro coordinadores: Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Marcial Agapito Cavazos Ortiz, Juan Alejandro Solano González y Alejandro Javier Sánchez Calderón.Durante el primer día del evento, la presidenta Rosalía Ortega López dedicó unas palabras de apertura, donde señaló la importancia de preservar conocimientos actualizados dentro del entorno fiscal, ya que la complejidad de éste demanda un conocimiento pleno y en constante búsqueda de las mejores prácticas alineadas a normativas que cambian de periódicamente.Comenzando con los espacios de actualización, Edyth Ramírez Sánchez y Adrián Urbina Galicia presentaron su ponencia dedicada a la deducción de inversiones. Donde se comentó la definición contable y fiscal de inversión y de gasto, a fin de distinguirlos y evitar confusiones que lleven al incumplimiento. Con ello, los ponentes desarrollaron los requisitos y límites de las deducciones aplicables a las inversiones determinados por la Ley de Impuesto Sobre la Renta y calculados sobre el monto original de la inversión (MOI).Por su parte, Plácido Del Ángel Herrera y Humberto Cruz Hernández desarrollaron Lo último en CFDI, una exposición que recupero el estado actual de este elemento fundamental para la fiscalización mexicana y cuyo incumplimiento normativo en su expedición puede implicar un riesgo para la continuidad del negocio. Por ello, se detallaron las obligaciones vinculadas a estos comprobantes y el papel que han tomado para la trazabilidad de operaciones y la recaudación fiscal en general.El segundo día fue inaugurado por Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón, quienes hablaron sobre los pagos de dividendos y la reducción de capital que, aunque suponen mecanismos corporativos para transferir recursos de la empresa a los socios y se encuentran intermediados por la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), ambos cuentan con aspectos contables y legales propios que generan un impacto fiscal. Elio Fernando Zurita Morales y Daniel Eugenio De la Parra Huerta abordaron en su ponencia dos conceptos fundamentales para cualquier organización: razón de negocios y materialidad de las operaciones, los cuales se encuentran estrechamente vinculados ya que, como se desarrolló por los expertos, la razón de negocios brinda justificación a las operaciones y la materialidad les da trazabilidad.La fusión y escisión de sociedades fueron los temas de apertura para el tercer día de jornada, encabezado por Ángel José Turanzas Díaz y Paola Irene Salvador López, donde se comentaron los requisitos legales y consideraciones, tanto contables como fiscales. Además, señalaron la importancia de reconocer que una reorganización no debe evaluarse solo por su viabilidad fiscal, pues debe demostrarse la sustancia económica y analizar las obligaciones de revelación. Salvador Rotter Aubanel y Cecilia Bustamante Bejarano, por otro lado, comentaron las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida comúnmente como la Ley Antilavado. Entre lo recuperado, se desarrolló la implementación de metodologías basadas en riesgo y el monitoreo constante para detectar operaciones anómalas.Para el cuarto día, José Manuel Velderrain Sáenz y Carmina Alheli Calzada López presentaron información relevante sobre la deducción de intereses, incluyendo sus límites y las disposiciones aplicables a casos especiales como las obras de infraestructura pública, las construcciones y los rendimientos de deuda pública. Finalmente, Alejandro Guízar Acosta y Víctor Manuel Pérez Ruiz cerraron la jornada con una ponencia dedicada a las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comenzando por un resumen del plan de fiscalización y las tendencias de acción de la autoridad: una fiscalización exhaustiva, enfocada en el análisis de fondo y forma. Durante el bloque se recuperaron los medios de defensa del contribuyente frente a estas revisiones, con el fin de destacar sus características, buenas prácticas y alcance de cada uno.El cierre de la jornada fue precedido por Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien dedicó el espacio para agradecer a los participantes por alimentar el foro con sus preguntas ya que con ello se demuestra el compromiso de mantenerse actualizados en un entorno tan complejo y dinámico como el fiscal.
El Colegio, a través de su comisión de Finanzas y Sistema Financiero, llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre el foro Temas selectos del sistema financiero, espacio que reunió a especialistas de organismos reguladores, instituciones financieras y firmas de servicios profesionales para analizar distintos retos y transformaciones del sector. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la evolución del sistema financiero exige una actualización permanente frente a los nuevos modelos de negocio, tecnologías, riesgos y disposiciones regulatorias.Para dar inicio con las presentaciones, Martha Angélica León Alvarado, vicepresidenta Financiera de la CONSAR, abordó el financiamiento a fondos de capital privado y la evolución del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Explicó que, al cierre de agosto de 2026, los recursos del SAR superaron los 9 billones de pesos, equivalentes a 25% del PIB nacional, y señaló que los portafolios han transitado hacia una mayor diversificación. En este contexto, detalló que aproximadamente 2.3 billones de pesos se encuentran canalizados a infraestructura y empresas del sector privado, mientras que los instrumentos estructurados y alternativos, entre ellos CKD y CERPI, representan alrededor de 382 mil millones de pesos. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los controles de riesgo, la gobernanza y los criterios ASG en las inversiones de largo plazo.Por su parte, Oscar Morales Pluma, coordinador de Grupos e Intermediarios Financieros de la CNBV, analizó los retos de la supervisión y regulación frente a la innovación tecnológica. Explicó que la digitalización acelerada durante la pandemia modificó la operación del sector y planteó nuevos desafíos para las autoridades, particularmente por la incorporación de datos, algoritmos e inteligencia artificial. Al respecto, advirtió sobre riesgos como los ciberataques, el fraude digital, la suplantación de identidad y la opacidad algorítmica, aunque también destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos y prevenir fraudes. En este sentido, enfatizó la necesidad de fortalecer la gobernanza digital y avanzar hacia una supervisión tecnológica y transversal.En tanto, Patricia Adriana Sánchez Pelayo, directora de Control y Supervisión de la Región Metropolitana de la CONDUSEF, centró su participación en las prácticas y cláusulas abusivas. Explicó que estas pueden colocar a los usuarios en situación de desventaja o dificultar el ejercicio de sus derechos y compartió las herramientas disponibles para su atención y defensa, entre ellas el registro Redeco, las quejas electrónicas y los procesos de conciliación. Asimismo, informó que hasta agosto de 2026 la CONDUSEF había revisado 10,589 contratos, en los que detectó 1,833 cláusulas abusivas y ordenó la eliminación de 1,829, principalmente en Sofomes no reguladas, bancos y aseguradoras.El programa continuó con la participación de Sergio García Quintana, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, quien analizó los efectos de IFRS 18 en la presentación de información financiera y en el tratamiento de operaciones con instrumentos derivados. Explicó la importancia de clasificar estas operaciones de manera ordenada y coherente y enfatizó que el registro contable de las coberturas debe estar vinculado con el modelo de negocio y una estrategia adecuada de administración de riesgos. Posteriormente, Eric Osio Cerón, director General de Administración de Riesgos de la CONSAR, y Gabriela Lizette Luna Zambrano, encargada de Sostenibilidad de Afore XXI Banorte, abordaron la elaboración y revelación de reportes de sostenibilidad. Los especialistas destacaron la necesidad de avanzar de la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza hacia su medición, divulgación y conexión con la información financiera, mediante indicadores de calidad, trazabilidad y metodologías que permitan sustentar la información reportada.Finalmente, Martha Dorantes Paz, socia de Controversia Fiscal en Deloitte, y Juan Carlos Santillán Hernández, integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, analizaron los cambios en la deducción de créditos incobrables en las instituciones bancarias. Explicaron que, a partir de 2026, el esquema contempla distintas vías para efectuar estas deducciones, entre ellas la prescripción, la notoria imposibilidad práctica de cobro y el castigo bajo reglas específicas. Los ponentes advirtieron que las nuevas disposiciones implican una mayor carga administrativa para las instituciones de crédito y pueden generar un diferimiento de las deducciones, con efectos en el pago anticipado de impuestos, los activos por impuestos diferidos y las variaciones en la tasa efectiva de los estados financieros.
