Con el propósito de conocer la normativa bancaria internacional, el Colegio presentó, el pasado 4 de julio, el foro Monedas virtuales de los bancos centrales, espacio en el que se platicó sobre la visión general de estos activos y acerca del panorama regulatorio de acuerdo con la postura que ha ejercido el Banco de México, lo anterior en voz de Elizabeth Santillán Carcamo, César Román Oropeza, especialistas en el sector financiero; y Daniel Salas Torres, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes.
Durante la presentación, los expositores informaron que la emisión de dinero por parte del banco central puede tomar la forma digital fungiendo en paralelo a la forma física. Por lo anterior, Román Oropeza advirtió que la moneda virtual debe sustituir las tres principales características de la moneda física: ser un medio de pago, ser una unidad de cuenta y ser un depósito de valor. “Las MDBC se pueden clasificar en dos tipos, aquellas que se encuentran a favor de una entidad financiera como pasivo del banco central y aquellas que se encuentran a favor de cualquier persona como pasivo del banco central”, agregó.
Con relación a las reglas para el funcionamiento y operación de las monedas virtuales, la contadora Santillán Carcamo explicó que estas son definidas por el banco central, quien, además debe garantizar su paridad respecto de la moneda fiduciaria.
En su intervención, la especialista empresarial advirtió que estas monedas no deben confundirse con los llamados stablecoins, los cuales implican la desintermediación de la captación bancaria tradicional, ni confundirse con una tecnología de registro distribuido (DLT), ya que estas son bases de datos cuyos registros se encuentran distribuidos entre diferentes participantes.
Por su parte, Salas Torres señaló que al emitir una MDBC se persiguen tres objetivos principales, abrir cuentas para personas bancarizadas o no bancarizadas, ampliar las posibilidades de pago en la economía que sean rápidas, seguras y eficientes, y contar con un activo versátil que permita la implementación de diferentes funcionalidades como los son los mecanismos de automatización.
Por último, los expositores coincidieron en que los bancos centrales han manifestado distintas motivaciones y preocupaciones para implementar una moneda virtual; para el caso de México, explicaron que el banco central ha proyectado el desarrollo de su moneda digital en tres etapas diferentes:
Eventos recientes
El 15 de agosto el Colegio fue sede del curso Características del sistema automatizado en actividades no financieras, con la intención de dar a conocer características, funcionalidades y requisitos indispensables de un sistema automatizado alineado a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A la cita acudieron Teresita del Niño de Jesús Mendoza Espinosa, socia fundadora de Diaso, una línea de sistemas de software diseñada para la optimización de procesos administrativos y el cumplimiento normativo empresarial; y Yessica Trujillo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero, quien además se encargó de la coordinación de este espacio.Para comenzar, Mendoza Espinoza comentó la relevancia de preservar el cumplimiento de estos sistemas automatizados debido a la reciente reforma del 7 de agosto de 2026 en la LFPIORPI, que establece obligaciones de implementación y operación para actividades vulnerables. Por ello, el primer paso de este curso de actualización fue definir qué es un mecanismo automatizado y de qué manera está regulado por el cuerpo normativo citado.Un mecanismo automatizado es un conjunto de procesos, sistemas o herramientas tecnológicas que permiten la revisión continua de actos u operaciones; según comenta la experta, estos sistemas pueden estar compuestos de diversas herramientas, como bases de datos u hojas de cálculo, pero deben contener funciones alineadas con la norma y deben ser verificables por la autoridad. Además, estos mecanismos deberán alinearse al capítulo XIII, artículo 41 de la LFPIORPI, por lo que la ingeniera Mendoza desarrolló los supuestos que debe cumplir un mecanismo automatizado entre los que destacó que los datos recuperados deben ser conservados y actualizados, con el fin de ser accesibles a lo largo del tiempo para sustentar operaciones previas; y la capacidad de emitir alertas sobre las operaciones con Personas Usuarias de Grado de Riesgo alto y Personas Políticamente Expuestas, con el fin de mantener vigilancia activa en los datos recuperados.Adicionalmente, se destacó la importancia de mantener un enfoque basado en riesgos (EBR) para la carga y procesamiento de la información de estos sistemas automatizados, con el fin de aprovechar la información como una herramienta estratégica de detección temprana de riesgos y no solo como un extractor y almacenamiento de información que no dirija la toma de decisiones.El curso continuó con la exploración de un sistema ejemplo que permitió a la audiencia identificar las mejores prácticas y posibilidades al alcance, como la determinación de monitores que permita al sistema alertar sobre excesos en transacciones o un cambio en la tendencia de las operaciones con cada cliente. Con este ejemplo, la experta señaló la importancia de que el sistema analice todas las operaciones para comparar e identificar riesgos, no solo aquellas que presenten anomalías, ya que las operaciones totales son las que permiten visualizar operaciones que salen de la media.
Este 13 de agosto, el Colegio llevó a cabo la octava edición del Foro de expertos en comercio exterior, un espacio dedicado al análisis y actualización profesional que reunió a especialistas y comisionados de la institución para abordar los principales retos que enfrenta México ante la evolución del entorno comercial internacional. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó la importancia de mantener una actualización permanente frente a las transformaciones que experimenta el comercio exterior.En el primer panel, Georgina Estrada Aguirre explicó que la incertidumbre derivada de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un factor que las empresas deben considerar en sus procesos de planeación, particularmente en materia de inversiones. Por su parte, Juan Antonio Castro Chávez analizó los desafíos relacionados con la fiscalización y la defensa de las empresas ante los cambios normativos; sobre ello, destacó la necesidad de fortalecer la preparación jurídica y contable para atender posibles controversias.En tanto, Rosaura Aguilar Peña y Gerardo Canseco Romero centraron su participación en la manifestación de valor electrónica y sus implicaciones para el cumplimiento. Explicaron que este mecanismo resulta relevante para determinar el valor en aduana de las mercancías, base para el cálculo de impuestos y cuotas compensatorias, y precisaron que la responsabilidad principal de transmitir y realizar la manifestación corresponde al importador. Los especialistas señalaron que dicha manifestación busca fortalecer la trazabilidad y congruencia de las operaciones mediante la integración de documentación como facturas, comprobantes de pago, contratos y gastos incrementables. Asimismo, resaltaron la necesidad de coordinación entre las áreas legales, fiscales y de logística de las empresas, así como con agentes aduanales y asesores externos.En el tercer panel, Leticia Yamel y José Luis Ortiz discutieron la relevancia del T-MEC para México y los retos asociados con su proceso de revisión. Destacaron la relevancia del tratado para el crecimiento del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la posición de México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.En este contexto, señalaron la relevancia de sectores como el automotriz, agrícola, de maquinaria y equipo eléctrico, combustibles y productos médicos, cuyas cadenas mantienen interdependencia entre los tres países. “La revisión del tratado representa un desafío para la certidumbre de las inversiones y las operaciones comerciales”, precisó José Luis.Posteriormente, Sandra López y Blanca Hernández abordaron la función de los aranceles y las alternativas disponibles para las empresas con el propósito de reducir su impacto; al respecto, señalaron que estos impuestos cumplen funciones de recaudación, protección de la industria nacional y regulación del comercio.También comentaron que los aranceles pueden incrementar los costos de importación y afectar los márgenes de las empresas, por lo que presentaron mecanismos como el programa IMMEX, PROSEC, la regla octava, entre otros.De igual forma, se presentaron Balam Riquelme y Marco Antonio Martínez, quienes abordaron los medios de defensa a partir de las características del actual sistema judicial. En su presentación, explicaron en qué consisten las herramientas jurídicas con las que cuentan las empresas ante posibles controversias derivadas de actos de autoridad.El sexto panel fue dedicado al incremento de las sanciones y a las medidas para prevenir dichos actos, los cuales están previstos en los artículos 176 y 178 de la Ley Aduanera; para ello, Berenice Egure y Julián Luna hablaron sobre fortalecer los procesos de verificación y control interno, particularmente en la identificación de proveedores extranjeros, validación de domicilios y correcta integración de la información relacionada con las operaciones.Los especialistas precisaron que “las empresas deben verificar previamente que las mercancías no estén sujetas a prohibiciones de importación o exportación y establecer controles sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a cada fracción arancelaria”.Finalmente, Gloria Rocío Estrada y Alberto Ruiz Rioja versaron sobre los cambios en la figura del agente aduanal y sus efectos en las operaciones contables. Los especialistas detallaron que la patente constituye la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a una persona física para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los distintos regímenes aduaneros.Explicaron la función del agente como representante legal de los importadores y exportadores, e informaron que su responsabilidad no se limita a facilitar los trámites administrativos, sino que comprende obligaciones fiscales, aduaneras, civiles y, en determinados supuestos, penales.
El 13 de agosto tuvo lugar en el Colegio de Contadores Públicos de México la firma de un convenio de colaboración con Siigo Aspel, empresa tecnológica especializada en soluciones de software contable, administrativo y de gestión empresarial. El objetivo de esta convergencia es construir oportunidades de cooperación para fortalecer a la profesión contable mediante el uso y desarrollo de tecnología.A la firma del acuerdo acudió Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Hans Ludwig Schmal Jiménez, vicepresidente de producto de Siigo Aspel. Durante el encuentro comentaron la importancia de mantenerse a la vanguardia tecnológica y técnica de manera continua, sobre todo para la profesión contable; adicionalmente, la presidenta Rosalía comentó que incluso con la importancia que alcanzan las herramientas y métodos digitales, el criterio profesional del contador público siempre será fundamental para aplicarlos de manera responsable y efectiva.El acuerdo supone honrar estos principios de unidad entre la tecnología y la labor profesional para conseguir objetivos conjuntos y crear nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina contable y la tecnología aplicada a la toma de decisiones, la eficiencia de procesos y el levantamiento de información de calidad.Así, ambos representantes sellaron el compromiso con la firma de los instrumentos que reflejan su acuerdo de cooperación. María Luisa Ramírez, directora del Colegio, y Fernando Ramírez Cordero, analista senior de relaciones públicas en Siigo Aspel, acudieron a la cita para reforzar el compromiso de ambas organizaciones.
