El Colegio organizó el evento magno Jornadas de Seguridad Social, del 2 al 4 de diciembre. Expertos en la materia se dieron cita para hablar de las actualidades de las empresas de servicios especializados: novedades y fiscalización; de las pensiones del IMSS y el programa piloto de personas trabajadoras independientes y la modalidad 40, así como de las modificaciones a la Ley del Seguro Social (matrimonio igualitario, pensión para viudos y otros); del SIDEIMSS y su visión en el futuro, así como de las novedades laborales y sus efectos en la seguridad social y laboral.
Las ponencias estuvieron a cargo de Nelly Magdalena Hormigo Martínez, Mauricio Valadez Sánchez, Salvador López Hernández, Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada y Miguel Ángel Silva Pedroza, quienes fueron apoyados por los coordinadores Ariel Morales García y Verónica Luis Mojica, comisionados de seguridad social.
Durante el primer día, la presentación de la contadora Nelly Hormigo Martínez profundizó en los sistemas Repse, Icsoe y Sisub, esto como parte de la reforma en materia de subcontratación de servicios, a través de la cual se pretendió regular la prestación de servicios especializados, que hasta ese momento estaba siendo altamente fiscalizada por la autoridad y donde habían detectado ciertos esquemas de tributación agresiva y que a través de esta reforma integral pretendieron regular.
“Lo que establece esta reforma en materia de subcontratación es que quedan prohibidos los trabajos de subcontratación de personal y se abre la posibilidad solamente para la prestación de servicios especializados”.
En la segunda exposición se abordó uno de los pilares fundamentales de la cobertura de la seguridad social en México: las pensiones, a cargo de Mauricio Valadez, quien mencionó que hay regímenes de pensión como la Ley de 1973 y la de 1997, cada una con sus propias características y requisitos para obtener una pensión: por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía en edad avanzada, invalidez y vida, y riesgos de trabajo.
Siendo el tema de pensiones por cesantía y vejez el tema central de su participación, a partir de los dos regímenes de pensión, con el fin de estimar la pensión que podrían recibir los trabajadores en términos de la Ley del IMSS vigente, esto a partir de casos prácticos.
Referente a la reforma de la Ley del IMSS, el contador Valadez mencionó que fue derivada porque el número de trabajadores con acceso a una pensión resultó menor al esperado, y los que alcanzan derecho a una pensión, el importe resulta muy inferior al esperado, esto derivado a la baja densidad de cotización y baja proporción del salario que se destina al ahorro.
“Se estima que sólo 34% de los trabajadores afiliados alcanzará el derecho a recibir una pensión garantizada. El beneficio de obtener una pensión cubre a una minoría de trabajadores, los que cotizan en los salarios más altos. Según la CONSAR la inversión del ahorro ha buscado un equilibrio entre rendimiento y riesgo; para el primer semestre del presente año se ha alcanzado un rendimiento de 11.8%. A nivel de cada trabajador el ahorro acumulado en las cuentas individuales difícilmente podrá superar el monto requerido para obtener una pensión superior a la garantizada”, concluyó.
El segundo día, Miguel Arnulfo Castellanos Cadena se hizo presente con el tema del SIDEIMSS y su visión en el futuro, en el que puso como punto de partida el artículo 16.° de la Ley del Seguro Social, el cual refiere que los patrones que cuenten con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el seguro social por Contador Público Autorizado (CPA), y que los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán optar por dictaminar sus aportaciones, por CPA, en términos del reglamento señalado.
“El artículo 152.° del RACERF menciona que el promedio de trabajadores al cual hace referencia el artículo 16.° se obtendrá dividiendo entre doce, el total de trabajadores que resulte de sumar los que, en cada mes del ejercicio fiscal inmediato anterior, prestaron servicios al patrón, tomando en cuenta todos los registros patronales que le haya asignado el instituto”.
En ese sentido, recalcó que el CPA tiene la responsabilidad de expresar una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social a cargo del patrón o sujeto obligado, con base en la información analizada y la auditoría que practica durante el periodo de revisión.
“El patrón deberá otorgar al CPA todos los elementos necesarios que él determine necesarios para emitir una opinión que refleje de forma adecuada el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social a su cargo”.
En tanto, Salvador López Hernández, se enfocó en el tema CFDI 4.0 de nómina detonante para la fiscalización de las empresas, al respecto dijo que las autoridades tributarias han considerado al CFDI como el eje fiscalizador, pues para todo se requiere de este comprobante fiscal, “ya sea de ingresos, de gastos, de nóminas, de actividades u operaciones especiales todo tiene que ir respaldado a través de este comprobante fiscal digital”.
La exposición estuvo enfocada en el CFDI de nóminas, en el que se acotó que este documento fiscal también contempla los efectos en materia de Impuestos Sobre la Renta, de sueldos y salarios, y a su vez, también con el tema de seguro social. A lo largo de su participación, habló de algunas particularidades, como es el subsidio para el empleo y los viáticos, que también son un tema que se tiene que revisar en los dictámenes de seguridad social, toda vez que hay una cédula de remuneraciones. “De este CFDI vamos a ver el correcto tratamiento de otras prestaciones, como puede ser el fondo de ahorro o préstamos; así como de los errores comunes en la nómina y los plazos para la emisión de este CFDI de nómina, sin pasar por alto el visor de nóminas y qué facultades tiene la autoridad con este visor que nos puede dar información sobre impuestos retenidos, la nómina pagada, si hay recibos cancelados, etcétera”.
El tercer día, y con el que se cerrarían las jornadas de seguridad social, Miguel Ángel Silva Pedroza expuso las Novedades laborales y sus efectos en la seguridad social y laboral, que han reconfigurado el panorama laboral mexicano tanto para los trabajadores como para las empresas. Ante esta premisa, el contador expuso los principales cambios relevantes en materia laboral desde enero de 2021 hasta lo que entrará en vigor el 1.° de enero de 2025 con los nuevos salarios mínimos, la actualización de los indicadores: Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de la Unidad Mixta Infonavit (UMI). En materia de las iniciativas y el estatus de dichas iniciativas en materia laboral destacó la reducción de la jornada laboral, la licencia por paternidad, adultos mayores, Ley Silla, plataformas digitales y personas con discapacidad.
Para cerrar con broche de oro, José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada habló de las Modificaciones a la Ley del Seguro Social, en el que resaltó aspectos reformados, como los reconocimientos de los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, de beneficiarios por unión civil, definición de servicio de guardería, eliminación de requisito de dependencia económica a viudos, de derechos a beneficiarios en relación de concubinato.
“A partir de la entrada en vigor de la reforma la Ley del Seguro Social reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones de los que son titulares los matrimonios celebrados entre hombres y mujeres”, lo que refleja una tendencia hacia una mayor inclusión y equidad en el acceso a los beneficios del sistema. Los cambios en materia de reconocimiento de parejas del mismo sexo, beneficiarios por unión civil y eliminación de requisitos de dependencia económica para viudos son ejemplos claros de esta evolución.
Eventos recientes
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
