El Colegio organizó el evento magno Jornadas de Seguridad Social, del 2 al 4 de diciembre. Expertos en la materia se dieron cita para hablar de las actualidades de las empresas de servicios especializados: novedades y fiscalización; de las pensiones del IMSS y el programa piloto de personas trabajadoras independientes y la modalidad 40, así como de las modificaciones a la Ley del Seguro Social (matrimonio igualitario, pensión para viudos y otros); del SIDEIMSS y su visión en el futuro, así como de las novedades laborales y sus efectos en la seguridad social y laboral.
Las ponencias estuvieron a cargo de Nelly Magdalena Hormigo Martínez, Mauricio Valadez Sánchez, Salvador López Hernández, Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada y Miguel Ángel Silva Pedroza, quienes fueron apoyados por los coordinadores Ariel Morales García y Verónica Luis Mojica, comisionados de seguridad social.
Durante el primer día, la presentación de la contadora Nelly Hormigo Martínez profundizó en los sistemas Repse, Icsoe y Sisub, esto como parte de la reforma en materia de subcontratación de servicios, a través de la cual se pretendió regular la prestación de servicios especializados, que hasta ese momento estaba siendo altamente fiscalizada por la autoridad y donde habían detectado ciertos esquemas de tributación agresiva y que a través de esta reforma integral pretendieron regular.
“Lo que establece esta reforma en materia de subcontratación es que quedan prohibidos los trabajos de subcontratación de personal y se abre la posibilidad solamente para la prestación de servicios especializados”.
En la segunda exposición se abordó uno de los pilares fundamentales de la cobertura de la seguridad social en México: las pensiones, a cargo de Mauricio Valadez, quien mencionó que hay regímenes de pensión como la Ley de 1973 y la de 1997, cada una con sus propias características y requisitos para obtener una pensión: por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía en edad avanzada, invalidez y vida, y riesgos de trabajo.
Siendo el tema de pensiones por cesantía y vejez el tema central de su participación, a partir de los dos regímenes de pensión, con el fin de estimar la pensión que podrían recibir los trabajadores en términos de la Ley del IMSS vigente, esto a partir de casos prácticos.
Referente a la reforma de la Ley del IMSS, el contador Valadez mencionó que fue derivada porque el número de trabajadores con acceso a una pensión resultó menor al esperado, y los que alcanzan derecho a una pensión, el importe resulta muy inferior al esperado, esto derivado a la baja densidad de cotización y baja proporción del salario que se destina al ahorro.
“Se estima que sólo 34% de los trabajadores afiliados alcanzará el derecho a recibir una pensión garantizada. El beneficio de obtener una pensión cubre a una minoría de trabajadores, los que cotizan en los salarios más altos. Según la CONSAR la inversión del ahorro ha buscado un equilibrio entre rendimiento y riesgo; para el primer semestre del presente año se ha alcanzado un rendimiento de 11.8%. A nivel de cada trabajador el ahorro acumulado en las cuentas individuales difícilmente podrá superar el monto requerido para obtener una pensión superior a la garantizada”, concluyó.
El segundo día, Miguel Arnulfo Castellanos Cadena se hizo presente con el tema del SIDEIMSS y su visión en el futuro, en el que puso como punto de partida el artículo 16.° de la Ley del Seguro Social, el cual refiere que los patrones que cuenten con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el seguro social por Contador Público Autorizado (CPA), y que los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo anterior podrán optar por dictaminar sus aportaciones, por CPA, en términos del reglamento señalado.
“El artículo 152.° del RACERF menciona que el promedio de trabajadores al cual hace referencia el artículo 16.° se obtendrá dividiendo entre doce, el total de trabajadores que resulte de sumar los que, en cada mes del ejercicio fiscal inmediato anterior, prestaron servicios al patrón, tomando en cuenta todos los registros patronales que le haya asignado el instituto”.
En ese sentido, recalcó que el CPA tiene la responsabilidad de expresar una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social a cargo del patrón o sujeto obligado, con base en la información analizada y la auditoría que practica durante el periodo de revisión.
“El patrón deberá otorgar al CPA todos los elementos necesarios que él determine necesarios para emitir una opinión que refleje de forma adecuada el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social a su cargo”.
En tanto, Salvador López Hernández, se enfocó en el tema CFDI 4.0 de nómina detonante para la fiscalización de las empresas, al respecto dijo que las autoridades tributarias han considerado al CFDI como el eje fiscalizador, pues para todo se requiere de este comprobante fiscal, “ya sea de ingresos, de gastos, de nóminas, de actividades u operaciones especiales todo tiene que ir respaldado a través de este comprobante fiscal digital”.
La exposición estuvo enfocada en el CFDI de nóminas, en el que se acotó que este documento fiscal también contempla los efectos en materia de Impuestos Sobre la Renta, de sueldos y salarios, y a su vez, también con el tema de seguro social. A lo largo de su participación, habló de algunas particularidades, como es el subsidio para el empleo y los viáticos, que también son un tema que se tiene que revisar en los dictámenes de seguridad social, toda vez que hay una cédula de remuneraciones. “De este CFDI vamos a ver el correcto tratamiento de otras prestaciones, como puede ser el fondo de ahorro o préstamos; así como de los errores comunes en la nómina y los plazos para la emisión de este CFDI de nómina, sin pasar por alto el visor de nóminas y qué facultades tiene la autoridad con este visor que nos puede dar información sobre impuestos retenidos, la nómina pagada, si hay recibos cancelados, etcétera”.
El tercer día, y con el que se cerrarían las jornadas de seguridad social, Miguel Ángel Silva Pedroza expuso las Novedades laborales y sus efectos en la seguridad social y laboral, que han reconfigurado el panorama laboral mexicano tanto para los trabajadores como para las empresas. Ante esta premisa, el contador expuso los principales cambios relevantes en materia laboral desde enero de 2021 hasta lo que entrará en vigor el 1.° de enero de 2025 con los nuevos salarios mínimos, la actualización de los indicadores: Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de la Unidad Mixta Infonavit (UMI). En materia de las iniciativas y el estatus de dichas iniciativas en materia laboral destacó la reducción de la jornada laboral, la licencia por paternidad, adultos mayores, Ley Silla, plataformas digitales y personas con discapacidad.
Para cerrar con broche de oro, José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada habló de las Modificaciones a la Ley del Seguro Social, en el que resaltó aspectos reformados, como los reconocimientos de los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, de beneficiarios por unión civil, definición de servicio de guardería, eliminación de requisito de dependencia económica a viudos, de derechos a beneficiarios en relación de concubinato.
“A partir de la entrada en vigor de la reforma la Ley del Seguro Social reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones de los que son titulares los matrimonios celebrados entre hombres y mujeres”, lo que refleja una tendencia hacia una mayor inclusión y equidad en el acceso a los beneficios del sistema. Los cambios en materia de reconocimiento de parejas del mismo sexo, beneficiarios por unión civil y eliminación de requisitos de dependencia económica para viudos son ejemplos claros de esta evolución.
Eventos recientes
Este 13 de junio, la comisión de Auditoría Interna del Colegio presentó la conferencia Auditoría interna y riesgos en la cadena de suministro, a la que acudieron Juan Rivero Medina, Gloria Camacho Vega y Armando Patiño Torres, especialistas en la materia, quienes discutieron sobre las características y elementos de la cadena de suministro y compartieron ejemplos de controles durante la operación en las empresas.En la apertura, Juan Rivero aclaró que la cadena de suministro es el conjunto de actividades, instalaciones y recursos de distribución requeridos para ejecutar el proceso de venta de un producto. “Esto abarca desde la búsqueda del producto o materia prima, pasando por su transformación, fabricación, transporte y, finalmente, la entrega al consumidor final”, puntualizó. Sobre las fases del proceso de una cadena, el expositor informó que comienza en el área de compras, seguido de producción, transporte, centro de distribución, transporte, punto de venta y cliente final.En la charla, también se habló sobre los riesgos en este procedimiento; al respecto, destacaron el mal uso de la tecnología, el exceso de compra, producción o fabricación, el mal control de inventarios, el desorden en el recibo y distribución, el fraude, robo, corrupción, soborno y lavado de dinero, y el asalto y robo de transporte, entre otros.Respecto a cómo establecer un plan de auditoría, se mencionó que es necesario establecer el head count, el perfil del auditor y el conocimiento del negocio. Asimismo, consideraron que se debe contar con tecnología, comunicación efectiva y coordinación con los operadores para definir acciones preventivas y correctivas.Por su parte, la licenciada Camacho Vega precisó que la logística se encarga del transporte de los productos desde el almacén hasta el hogar, asegurándose de que lleguen en buen estado y a tiempo. Además, explicó que, como parte del rol del auditor en este proceso, este profesional debe dominar los procesos internos de la cadena de suministro. “Esto es fundamental para determinar las recomendaciones y los riesgos a los que se enfrentan, con el fin de fortalecer su sistema de control interno y lograr resultados financieros positivos”, aseguró.De igual forma, Gloria Camacho dialogó sobre cinco formas de segmentar el inventario, partiendo del volumen de ventas, la estabilidad de la demanda para una gestión enfocada, la criticidad e impacto en la continuidad operativa, la frecuencia de uso del inventario y el valor unitario para la gestión de costos.Sobre la visibilidad de la cadena de suministro, la especialista recomendó utilizar plataformas que permitan rastrear y monitorear operaciones en tiempo real. “Estas herramientas proporcionan información sobre inventario, transporte y producción, lo que ayuda a anticipar y abordar problemas antes de que se conviertan en crisis”.Por último, los panelistas coincidieron en que la comunicación con el área de contraloría es vital y que ambas partes deben tener dominio sobre los reportes que ejecutan el sistema, sumado a la identificación de productos con mayor rotación, y que la información debe estar actualizada.
Con el objetivo de brindar herramientas actualizadas y efectivas frente a los retos fiscales actuales, el Colegio llevó a cabo el Simposio de Mecanismos de Prevención y Defensa Fiscal. La jornada, celebrada el 10 de junio y organizada por la comisión de Educación, contó con una destacada participación de especialistas, autoridades fiscales y miembros del Colegio, quienes analizaron mecanismos clave para la protección de los derechos del contribuyente y el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.En su mensaje de apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, agradeció la participación de los asistentes y subrayó la importancia de mantenerse actualizados ante los desafíos fiscales actuales. Destacó que el compliance y los mecanismos de defensa fiscal son clave para un ejercicio profesional responsable y expresó su confianza en que el simposio será de gran utilidad para todos los participantes.Pedro Larios, fundador de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, abrió el foro destacando el valor estratégico del compliance fiscal como herramienta de gestión de riesgos. A diferencia del cumplimiento tradicional, explicó que el verdadero compliance requiere identificar, valorar y mitigar riesgos legales mediante controles internos sólidos, alineados con estándares como la ISO 31000 o el modelo COSO. Para Larios, un sistema efectivo incluye gobierno corporativo, auditorías internas y políticas disciplinarias, convirtiéndose en una barrera preventiva ante posibles infracciones fiscales o incluso penales.Carlos Javier Verduzco, vicerrector en Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por su parte, abordó el tema de la defensa fiscal desde una perspectiva estructural. Subrayó la importancia del hecho imponible como punto de partida de la relación tributaria, insistiendo en su comprensión como elemento clave para identificar vulnerabilidades en la determinación de contribuciones. Además, explicó las distintas etapas de defensa, distinguiendo entre recursos administrativos y juicios contenciosos, e hizo énfasis en el papel del principio de legalidad como salvaguarda ante actos de autoridad.Desde una mirada institucional, Narciso Vázquez Vega, director general de Estados Normativos de la SASEN en Prodecon, ofreció un recorrido por las funciones y herramientas de Prodecon, destacando su papel como órgano no jurisdiccional pero decisivo en la defensa del contribuyente. Señaló que el enfoque integral del organismo —preventivo, conciliador, correctivo y contencioso— permite acompañar a los contribuyentes desde la asesoría inicial hasta la representación legal. Enfatizó mecanismos clave como las consultas especializadas, acuerdos conclusivos y quejas por violación a derechos, y destacó la importancia de acercarse a Prodecon antes de que los conflictos escalen.Desde la óptica de las micro, pequeñas y medianas empresas, Norma Martín Quintana, vicepresidenta de la comisión de Educación del Colegio, recalcó la urgencia de adoptar mecanismos de prevención fiscal. Explicó cómo el cumplimiento proactivo puede evitar sanciones y reducir riesgos, particularmente ante la evolución del modelo de recaudación del SAT. Señaló herramientas como el buzón tributario, la correcta emisión de CFDI, la capacitación continua y los acuerdos conclusivos como claves para la gestión fiscal responsable en las MiPyMEs.El enfoque práctico también estuvo presente en la exposición de Omar García González, analista de Mejora de Servicios Tributarios, quien presentó una guía detallada sobre los regímenes fiscales aplicables a personas físicas, con énfasis en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Destacó sus ventajas administrativas y fiscales, pero advirtió sobre la necesidad de mantener activas herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Recordó que, si bien RESICO representa una simplificación, la responsabilidad del cumplimiento sigue plenamente vigente.Por último, Abraham Levi Alcántara, docente en la FCA en la UNAM y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión organizadora, ofrecieron una visión transversal del compliance como una inversión estratégica. Definieron este sistema como un conjunto de controles orientados no solo al cumplimiento fiscal, sino también a la sostenibilidad, la transparencia financiera y la prevención de delitos como el lavado de dinero. Resaltaron el papel activo que deben asumir administradores, socios y contadores en la adopción de modelos integrales de cumplimiento, incluso en pequeñas empresas.
Con el objetivo de brindar claridad y orientación sobre algunas de las obligaciones fiscales complejas y actuales en México, se llevó a cabo la presentación Beneficiario controlador, operaciones relevantes y esquemas reportables, los días 2 y 9 de junio, un evento organizado por la comisión Fiscal que reunió a destacados especialistas del área para analizar la evolución normativa, los retos operativos y las implicaciones prácticas de estas figuras.La primera intervención, a cargo de Viviana Monserrat García Porras, vicepresidenta de la comisión Fiscal 2, y Pablo Ramírez Morales, integrante de la comisión organizadora, abordó el concepto de beneficiario controlador (BC). Se explicó que este surge de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Foro Global, y ha sido incorporado al marco legal mexicano a través de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los ponentes detallaron que el BC es aquella persona física que, directa o indirectamente, obtiene beneficios o ejerce control sobre una entidad jurídica, sin importar un umbral mínimo de participación.Durante la sesión se expusieron casos prácticos que ilustran distintos esquemas de control —como el uso de fideicomisos, prestanombres y estructuras internacionales— y se destacaron los retos comunes en su identificación, como la trazabilidad de la información, la protección de datos personales y el acceso a documentación extranjera. También se señalaron precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validan la constitucionalidad de esta figura, y se enfatizó la necesidad de contar con políticas internas sólidas para cumplir eficazmente con esta obligación.Por su parte, Israel Bastida Ventura, integrante de la comisión Fiscal, centró su exposición en las operaciones relevantes, explicando los fundamentos legales que obligan a reportarlas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando estas, por su naturaleza o impacto fiscal, podrían ser indicativas de estrategias de planeación fiscal agresiva. Detalló el uso del formato oficial 76, conforme al artículo 31-A del CFF, así como los lineamientos del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal. Bastida también abordó los riesgos legales por omisión del reporte y la importancia de establecer políticas claras para su identificación oportuna.El análisis técnico de las operaciones relevantes fue ampliado por Miguel Zárraga Zárraga, también miembro de la comisión Fiscal, quien explicó que estas deben reportarse cuando superan ciertos umbrales fiscales. Zárraga presentó ejemplos detallados de operaciones complejas —como derivados financieros, cambios accionarios, reorganizaciones corporativas y ajustes por precios de transferencia— y subrayó la necesidad de equipos interdisciplinarios que integren la perspectiva fiscal, financiera y legal. Advirtió que, aunque la fiscalización directa por estas operaciones aún es limitada, su omisión puede derivar en sanciones si se detectan inconsistencias.Finalmente, los contadores Ulises Castilla Flores e Ignacio Sosa López abordaron el tema de los esquemas reportables, introducidos en México como parte de la implementación de la Acción 12 del Plan BEPS de la OCDE en 2020. Explicaron que estas disposiciones buscan proporcionar al SAT información anticipada sobre estructuras fiscales que puedan representar riesgos, sin que ello implique necesariamente evasión. Se discutieron los elementos clave como la definición de esquema reportable, los sujetos obligados (asesores fiscales y contribuyentes), los plazos para informar y la documentación exigida. También se señalaron los desafíos operativos, incluyendo la ambigüedad en conceptos como “beneficio fiscal” o “primer contacto”, así como la necesidad de adaptar la norma a la realidad mexicana.
