La ética como disciplina nos permite discernir entre el bien y el mal; asimismo, se dice que este conjunto de normas morales son la antítesis de la corrupción.
Ante este postulado el Colegio presentó el curso Ética en el servicio público, el 9 de noviembre, en el que se abordaron cuatro temas primordiales relacionados con esta disciplina: a) Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su impacto en la administración pública; b) la ética pública frente a la corrupción; c) diagnóstico de la corrupción actual y la relación con el Código de Ética de la Administración Pública Federal y d) el Código de Ética en la Administración Pública Federal.
Las ponencias estuvieron a cargo de Adrián Castillo García, vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral en la Anade; Óscar Diego Bautista, investigador en Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEMEX; Jaime rodríguez Alba, maestro en Sociología por la UCM (Universidad Complutense de Madrid); Héctor Torres Sánchez, líder de Contaduría Pública en la EBC; Alfredo Páez Herrera, jefe de la unidad de control y mejora de la Administración Pública Federal, quienes contaron con el apoyo de las coordinadoras Rosa María Cruz Lesbros, Lucelia Cuevas Rasgado y Laura Olivia Villaseñor Rosales, comisionadas técnicas de Contabilidad y Auditoría Gubernamental en el Colegio.
Adrián Castillo García, primer ponente de la tarde, habló del Convenio 190 de la OIT, el cual reconoce el derecho de toda persona a “un trabajo libre de violencia y acoso, en especial tratándose de las derivadas del acoso por razones de género, ya que constituyen una violación a los derechos humanos”.
Al respecto Castillo García comentó que el mundo laboral en México tuvo una gran transformación, en la que destacó la regulación a la Ley General del Trabajo, que deriva en una nueva relación entre las empresas, trabajadores, el Estado y la OIT.
El segundo tema versó en función de la ética frente a la corrupción a cargo de Diego Bautista, quien destacó que el tema de la corrupción es un problema mundial, no es exclusivo de un país; no obstante, el término puede tener diferentes acepciones.
“En un primer momento hay una versión económica de la corrupción. Cuando una persona obtiene beneficios en dinero por vías no convencionales o de forma indebida. En este caso intervienen dos partes: corruptor y corrompido. Cuando un servidor público pide dinero al ciudadano, estamos hablando de extorsión, pero si es a la inversa, si un ciudadano pide dinero al servidor público, entonces estamos hablando de soborno”.
En sus comentarios finales expresó que la corrupción genera desviación de recursos, incumplimiento de objetivos en los programas de gobierno, pobreza, desigualdad, desempleo, cuyos efectos se traducen en distintas formas de sufrimiento humano. En tanto, la ética aplicada conduce a una mayor responsabilidad en los gobernantes y a la defensa de los interese ciudadanos.
“La ética es un poderoso instrumento de control de la corrupción, por lo tanto necesitamos impulsar una cultura ética que llegue a todos los servidores públicos hasta lograr la interiorización de valores”.
En este sentido Jaime Rodríguez Alba, dijo que la corrupción es un acto intencional y que los códigos relacionados con la ética no tienen adecuados protocolos de cumplimiento ni tienen protocolos de socialización, por lo tanto, se quedan en una suerte de letra muerta; además, generan en las urbanizaciones algo que es terriblemente peligroso, que es una suerte de doble moral porque consiste en tener puesto en nuestra misión visión, valores, etcétera, cosas que suenan muy bonitas, pero en la práctica es totalmente contraria a eso, eso genera un sentimiento.
“Antes no teníamos nada. Hoy tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, 32 sistemas estatales anticorrupción y 2400 sistemas municipales anticorrupción. Hay comités de participación ciudadana, hay una secretaría ejecutiva, etcétera, y la corrupción sigue. Estamos dedicando los recursos y grandes recursos; sin embargo, algo no está funcionando”, por lo que exhortó a reforzar medidas para que la ética prevalezca más que la corrupción.
Entre tanto, Héctor Torres Sánchez participó con el tema Diagnóstico de la corrupción actual y la relación con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, en el que puso sobre la mesa que a pesar de que el gobierno actual tenía como uno de los compromisos erradicar por completo la corrupción, ésta prevalece y los datos estadísticos como el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, México sigue figurando con un alto índice, a pesar de los esfuerzos, pues México figura en el lugar 31 del ranking.
El contador Torres Sánchez argumentó que la experiencia internacional establece que la transparencia es uno de los más importantes antídotos contra la corrupción, favoreciendo la rendición de cuentas.
“La regla es simple. A mayor opacidad, mayor oportunidad para la incidencia de actos de corrupción”.
Para cerrar el evento, Alfredo Páez Herrera participó con el tema Código de Ética en la Administración Pública Federal, en el que destacó que el Código de Ética constituye un elemento de la política de integridad para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro.
“El Código de Ética en la administración Pública Federal es un instrumento en el que se destacan los principios y valores fundamentales que sirven de guía para indicar qué conducta está prohibida y se establece un compromiso de lo que se espera de los servidores públicos”.
Referente a la importancia de los Códigos de Ética agregó que son un referente de un recordatorio moral y que invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones.
En lo que respecta al marco normativo en material de ética pública, Alfredo Páez mencionó que para ello se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Eventos recientes
El Foro de contribuciones estatales en México fue precedido en el Colegio el 11 de diciembre, como un espacio bajo la coordinación de María Margarita Aranda Martínez que permitió conocer una visión integral de las contribuciones locales en nuestro país. En el evento se contó con la participación de miembros de la Comisión Nacional de Contribuciones Estatales (CoNCE) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) e integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales.En total se reunieron 12 expertos en materia para desarrollar el tema: Ubaldo Díaz Ibarra, César Martínez Hernández, Sergio Alejandro Ríos Alonso, Alfonso García Suárez, Juan Betancourt Desni, Ana Patricia Pozos García, Luisa Sabido Encalada, Ramón Ortega Día, María Margarita Aranda Martínez, José Eduardo Beristain Martínez, Fernando Robles Gutiérrez y María Margarita Aranda Martínez, antes mencionada.Para comenzar, se destacaron los aspectos fundamentales de estas contribuciones, donde se señaló su importancia para los ingresos estatales, al punto en que se han convertido en un recurso más de negociación para financiar sus actividades y servicios con una alta influencia en la toma de decisiones empresariales.Como complemento, los ponentes comentaron la relevancia del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la fiscalización, ya que se ha convertido en una máxima de la información que conoce la autoridad. Según describen, los CFDI representan una declaración por parte de quien firma, así que han cobrado un valor notorio para señalar la congruencia de los estados financieros.También se señaló la importancia de identificar la obligatoriedad el dictamen de contribuciones locales, ya que este depende de cada entidad federativa pues son legislaciones fiscales locales las que establecen los supuestos de su presentación.Posteriormente, se desarrollaron distintos impuestos locales aplicables en los estados del país y se brindaron detalles de sus supuestos de obligatoriedad y sus fundamentos normativos, con el fin de brindar un panorama amplio de ellos. Entre los impuestos presentados, se destacó el impuesto sobre nóminas y retenciones, que supone un 50% del total de los ingresos del Estado en Ciudad de México y, como otros impuestos locales, tiene distintos nombres que varían en función del estado.También se recupero la importancia de entender el valor de las contribuciones locales al hablar de los impuestos ecológicos, ya que estos permiten desincentivar actividades contaminantes que comprometen la sostenibilidad y son una forma de financiar proyectos ambientales que la preserven. Sin embargo, el mayor punto de atención es su función complementaria con cuerpos normativos, como las Norma Internacionales de Sostenibilidad, y con la práctica profesional, como lo refleja el Código de Ética Profesional en su más reciente actualización.
El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo la última conferencia mensual del año titulada Panorama económico de México hacia 2026, un encuentro que contó con la participación de la reconocida periodista y analista política Ana Paula Ordorica, quien ofreció un diagnóstico amplio, crítico y sustentado sobre el rumbo económico del país.Desde el inicio, Ordorica definió a México como un país de contrastes. “México creo que es un país bipolar actualmente”, afirmó, al explicar que esta dualidad no solo se refleja en la polarización política, sino también en el ámbito económico. Por un lado, destacó un entorno externo sólido; por el otro, un escenario interno debilitado.“Por el ámbito externo es un país que tiene muchas fortalezas: somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tenemos un tipo de cambio fuerte y estabilidad macroeconómica”, señaló. Sin embargo, advirtió que el panorama cambia radicalmente al observar la economía doméstica: “Si volteamos a ver el lado interno de México, es un país que tiene problemas de consumo, de inversión, bajo crecimiento y un poder de compra bastante reducido”.Durante su exposición, Ordorica subrayó que las proyecciones de crecimiento para México son preocupantes. De acuerdo con el Banco de México, el país crecería apenas 0.3% en 2025, una cifra que calificó como realmente raquítica frente al crecimiento esperado en otras regiones del mundo.La principal causa, explicó, es la caída de la inversión, particularmente la pública. De enero a septiembre hubo un desplome del 32.5% en la inversión pública, con reducciones drásticas en sectores clave como agua, educación, hidrocarburos e infraestructura. A ello se suma un clima de desconfianza empresarial: “Llevamos nueve meses consecutivos por debajo del umbral del 50% en el indicador de confianza empresarial del INEGI”.Este entorno, afirmó, inhibe la creación de nuevas empresas y limita la innovación. Al comparar a México con Estados Unidos, Ordorica fue contundente: “Las empresas más importantes de México son centenarias y tradicionales, mientras que las de Estados Unidos son más jóvenes y de innovación tecnológica”. La razón, dijo, es clara: “Faltan incentivos para que se creen nuevas empresas en México”.La periodista puso especial énfasis en la falta de políticas públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Las mipymes generan cerca de la mitad del PIB y siete de cada diez empleos, y aun así no vemos políticas claras para impulsarlas”, afirmó.También criticó la complejidad del sistema fiscal mexicano, que desincentiva la formalidad. “En México, cualquiera que quiera estar en la formalidad requiere los servicios de un contador por lo complejo que es el sistema”, comentó al comparar la situación con otros países de América Latina.Este exceso de trámites, explicó, alimenta un círculo vicioso de baja inversión, escaso crecimiento y precariedad laboral.Respecto con el análisis de la informalidad, comentó que según datos del INEGI, 55.4% de la población ocupada trabaja en la informalidad, es decir, más de 32 millones de personas. “De cada diez empleos, casi seis son informales”, señaló.La consecuencia es una productividad extremadamente baja: “Por cada 100 pesos que genera un trabajador formal, uno informal genera apenas 24 pesos”. A pesar de presumir una tasa de desempleo cercana al 3%, Ordorica advirtió: “Sí hay trabajo, pero es muy precario”.La ponente también cuestionó la estructura del gasto público, especialmente el peso de las pensiones, los programas sociales y los apoyos a Pemex. “El Estado está regando el pasado y secando el futuro”, sentenció.En 2025, el gasto en programas sociales ascendió a 850 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un aumento del 16%. Al mismo tiempo, la inversión pública retrocede y la deuda pública podría alcanzar 58% del PIB hacia 2030, poniendo en riesgo el grado de inversión del país.A pesar del panorama complejo, Ordorica destacó el papel estratégico del T-MEC. Recordó que México es desde 2023 el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ambos países dependen del tratado.“Romper el T-MEC sería como querer aterrizar un avión en pleno vuelo”, afirmó, al tiempo que llamó a poner en perspectiva el discurso político y separar el ruido de la realidad económica. Citó además el artículo 34.7 del acuerdo, que garantiza su vigencia hasta 2036, aun si no se ratifica en el corto plazo.En su conclusión, Ana Paula Ordorica sostuvo que México enfrenta una decisión crucial. “Podemos seguir por la inercia del bajo crecimiento o tomar un camino más complejo, pero necesario”, afirmó.Ese camino, explicó, implica fortalecer el estado de derecho, impulsar la inversión productiva, reducir la informalidad y enfocar el gasto público en infraestructura, especialmente en el sector energético. “La estabilidad macroeconómica no es garantía de bienestar”, advirtió.Finalmente, dejó un mensaje claro: “Hay que romper la trampa del bajo crecimiento y pensar en el futuro. Una revisión exitosa del T-MEC puede ayudar, pero México tiene que hacer una tarea mucho más profunda”.
Este 11 de diciembre, el Colegio llevó a cabo el foro Cierre estratégico contable y fiscal para donatarias: método ADA, espacio que sirvió para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las organizaciones autorizadas para recibir donativos.La sesión estuvo a cargo de la contadora Maribel Trejo Estudillo, integrante de la comisión de Entidades con Propósitos no Lucrativos, quien compartió una explicación integral del Método de Alineación para Donatarias Autorizadas (ADA) y su relevancia para el cierre fiscal de las donatarias. La coordinación estuvo a cargo de la contadora Alma Goretti Rivera Pérez.Durante su intervención, Trejo Estudillo destacó que la correcta correspondencia entre ingresos, gastos y registros contables es un elemento central para sostener la transparencia y la confiabilidad de la información, especialmente frente al escrutinio del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que una primera dimensión del método consiste en asegurar la alineación entre los ingresos registrados y lo reportado ante la autoridad fiscal, lo cual implica verificar que cada monto provenga de actividades efectivamente vinculadas con el objeto social autorizado.En este sentido, señaló que la autoridad revisa que la oficina de donatarias autorizadas realice exclusivamente actividades coherentes con dicho objeto, por lo que identificar ingresos relacionados y diferenciarlos de aquellos que no lo están es indispensable para evitar inconsistencias. También subrayó la importancia de que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido coincida con el registro contable y con las declaraciones informativas.La especialista explicó que una segunda dimensión de este método es la clasificación precisa de los ingresos no relacionados, como los derivados de ventas o eventos. Estos deben ser identificados con claridad y sujetos al tratamiento contable y fiscal correspondiente, considerando que su naturaleza puede implicar obligaciones adicionales o un control más estricto para garantizar que no se confundan con ingresos autorizados.En paralelo, destacó la relevancia de revisar de manera continua los donativos recibidos, distinguiendo entre los que cumplen con los requisitos para ser deducibles y aquellos que no están autorizados, pues mantener esta separación evita contingencias y facilita la rendición de cuentas.De igual forma, señaló que esta metodología exige una verificación puntual entre los CFDI recibidos y el registro contable, de modo que ambos reflejen la operación real de la entidad. Esta revisión permite identificar gastos que carecen de comprobante fiscal, así como erogaciones realizadas en el extranjero que requieren documentación específica y un tratamiento fiscal particular. Respecto a los gastos efectuados fuera del país, explicó que su deducibilidad depende de contar con la factura extranjera, el comprobante digital, el método de pago y la conversión correcta del monto conforme al tipo de cambio aplicable. Añadió que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), puede ser necesaria la traducción de ciertos documentos y, en todos los casos, el registro adecuado en la contabilidad electrónica para dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente.La contadora concluyó que el Método ADA constituye una herramienta estratégica para que las donatarias fortalezcan sus procesos internos, garanticen la trazabilidad de recursos y mantengan un cierre fiscal ordenado.
