La ética como disciplina nos permite discernir entre el bien y el mal; asimismo, se dice que este conjunto de normas morales son la antítesis de la corrupción.
Ante este postulado el Colegio presentó el curso Ética en el servicio público, el 9 de noviembre, en el que se abordaron cuatro temas primordiales relacionados con esta disciplina: a) Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su impacto en la administración pública; b) la ética pública frente a la corrupción; c) diagnóstico de la corrupción actual y la relación con el Código de Ética de la Administración Pública Federal y d) el Código de Ética en la Administración Pública Federal.
Las ponencias estuvieron a cargo de Adrián Castillo García, vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral en la Anade; Óscar Diego Bautista, investigador en Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEMEX; Jaime rodríguez Alba, maestro en Sociología por la UCM (Universidad Complutense de Madrid); Héctor Torres Sánchez, líder de Contaduría Pública en la EBC; Alfredo Páez Herrera, jefe de la unidad de control y mejora de la Administración Pública Federal, quienes contaron con el apoyo de las coordinadoras Rosa María Cruz Lesbros, Lucelia Cuevas Rasgado y Laura Olivia Villaseñor Rosales, comisionadas técnicas de Contabilidad y Auditoría Gubernamental en el Colegio.
Adrián Castillo García, primer ponente de la tarde, habló del Convenio 190 de la OIT, el cual reconoce el derecho de toda persona a “un trabajo libre de violencia y acoso, en especial tratándose de las derivadas del acoso por razones de género, ya que constituyen una violación a los derechos humanos”.
Al respecto Castillo García comentó que el mundo laboral en México tuvo una gran transformación, en la que destacó la regulación a la Ley General del Trabajo, que deriva en una nueva relación entre las empresas, trabajadores, el Estado y la OIT.
El segundo tema versó en función de la ética frente a la corrupción a cargo de Diego Bautista, quien destacó que el tema de la corrupción es un problema mundial, no es exclusivo de un país; no obstante, el término puede tener diferentes acepciones.
“En un primer momento hay una versión económica de la corrupción. Cuando una persona obtiene beneficios en dinero por vías no convencionales o de forma indebida. En este caso intervienen dos partes: corruptor y corrompido. Cuando un servidor público pide dinero al ciudadano, estamos hablando de extorsión, pero si es a la inversa, si un ciudadano pide dinero al servidor público, entonces estamos hablando de soborno”.
En sus comentarios finales expresó que la corrupción genera desviación de recursos, incumplimiento de objetivos en los programas de gobierno, pobreza, desigualdad, desempleo, cuyos efectos se traducen en distintas formas de sufrimiento humano. En tanto, la ética aplicada conduce a una mayor responsabilidad en los gobernantes y a la defensa de los interese ciudadanos.
“La ética es un poderoso instrumento de control de la corrupción, por lo tanto necesitamos impulsar una cultura ética que llegue a todos los servidores públicos hasta lograr la interiorización de valores”.
En este sentido Jaime Rodríguez Alba, dijo que la corrupción es un acto intencional y que los códigos relacionados con la ética no tienen adecuados protocolos de cumplimiento ni tienen protocolos de socialización, por lo tanto, se quedan en una suerte de letra muerta; además, generan en las urbanizaciones algo que es terriblemente peligroso, que es una suerte de doble moral porque consiste en tener puesto en nuestra misión visión, valores, etcétera, cosas que suenan muy bonitas, pero en la práctica es totalmente contraria a eso, eso genera un sentimiento.
“Antes no teníamos nada. Hoy tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, 32 sistemas estatales anticorrupción y 2400 sistemas municipales anticorrupción. Hay comités de participación ciudadana, hay una secretaría ejecutiva, etcétera, y la corrupción sigue. Estamos dedicando los recursos y grandes recursos; sin embargo, algo no está funcionando”, por lo que exhortó a reforzar medidas para que la ética prevalezca más que la corrupción.
Entre tanto, Héctor Torres Sánchez participó con el tema Diagnóstico de la corrupción actual y la relación con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, en el que puso sobre la mesa que a pesar de que el gobierno actual tenía como uno de los compromisos erradicar por completo la corrupción, ésta prevalece y los datos estadísticos como el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, México sigue figurando con un alto índice, a pesar de los esfuerzos, pues México figura en el lugar 31 del ranking.
El contador Torres Sánchez argumentó que la experiencia internacional establece que la transparencia es uno de los más importantes antídotos contra la corrupción, favoreciendo la rendición de cuentas.
“La regla es simple. A mayor opacidad, mayor oportunidad para la incidencia de actos de corrupción”.
Para cerrar el evento, Alfredo Páez Herrera participó con el tema Código de Ética en la Administración Pública Federal, en el que destacó que el Código de Ética constituye un elemento de la política de integridad para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro.
“El Código de Ética en la administración Pública Federal es un instrumento en el que se destacan los principios y valores fundamentales que sirven de guía para indicar qué conducta está prohibida y se establece un compromiso de lo que se espera de los servidores públicos”.
Referente a la importancia de los Códigos de Ética agregó que son un referente de un recordatorio moral y que invitan a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones.
En lo que respecta al marco normativo en material de ética pública, Alfredo Páez mencionó que para ello se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General del sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Eventos recientes
El 1 de octubre se presentó el curso Repse y sus informativas en el ICSOE y Sisub, coordinado por la comisión técnica de Seguridad Social representada por la coordinación de Miguel Arnulfo Castellanos Cadena y la participación de Miguel Ángel Silva Pedroza como ponente. El evento tuvo como intención revisar las obligaciones del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sus informativas, criterios de fiscalización y las herramientas empleadas para reducir riesgos de incumplimiento en materia de seguridad social.El análisis partió del contexto que antecedió a la reforma de 2021, cuando los esquemas de outsourcing e insourcing dieron lugar a diversas prácticas indebidas, entre ellas el registro de trabajadores con salarios inferiores a los reales, la fragmentación de nóminas y el uso de empresas sin infraestructura para facturar servicios de personal. Estas situaciones impulsaron un mayor control de las autoridades y culminaron con la prohibición de la subcontratación de personal y la creación del régimen de servicios especializados.En el esquema actual, según comenta el especialista, la STPS administra el Repse y verifica que las empresas que prestan servicios u obras especializadas cumplan con los requisitos establecidos. Entre los criterios relevantes se encuentra que el servicio no corresponda al mismo objeto social ni a la actividad preponderante del beneficiario; asimismo, la presencia de trabajadores del proveedor en las instalaciones del cliente constituye un elemento importante para determinar cuando el servicio puede requerir Repse.Adicionalmente, se destacó que la responsabilidad de cumplimiento no recae únicamente en el contratista, ya que las empresas beneficiarias deben verificar que sus proveedores cuenten con Repse cuando corresponda, mantengan opiniones de cumplimiento positivas y entreguen la documentación que acredite sus obligaciones laborales y de seguridad social. Uno de los aspectos destacados fue que una opinión de cumplimiento positiva no garantiza la inexistencia de irregularidades. Durante la sesión se presentó el caso de una empresa que contaba con opiniones positivas ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) e Infonavit, pero que posteriormente obtuvo una opinión negativa en un dictamen de seguridad social debido a deficiencias en la integración del salario base de cotización. El ejemplo evidenció la importancia de mantener un cumplimiento integral y no limitarse a satisfacer los filtros formales.Las obligaciones informativas constituyen otro componente esencial. A través de plataformas como IXOE y SISUB se reportan los contratos de servicios especializados y la información de los trabajadores involucrados. Estas plataformas conservan un histórico de las declaraciones y permiten presentar complementarias, por lo que se enfatizó la necesidad de contar con información completa y congruente antes de realizar los envíos.Esta exigencia cobra mayor relevancia ante el intercambio de información entre STPS, IMSS, Infonavit y SAT, debido a que los cruces de datos permiten detectar inconsistencias entre facturación, contratos, trabajadores registrados e informativas, lo que puede derivar en revisiones posteriores. Entre las consecuencias del incumplimiento se encuentran opiniones negativas, créditos fiscales, multas, inspecciones, suspensión de pagos por parte de clientes y, en determinados casos, la cancelación del Repse.La sesión concluyó destacando que el Repse no debe entenderse únicamente como un registro administrativo, sino como parte de un sistema de cumplimiento que articula obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. La revisión permanente de proveedores, la correcta presentación de las informativas y la congruencia de la información ante las distintas autoridades son elementos fundamentales para prevenir riesgos y fortalecer el cumplimiento empresarial.
Del 28 de septiembre al 1 de octubre se presentó la 22.ª Semana de temas fiscales selectos en el Colegio, donde se reunieron expertos en materia fiscal y legal para comentar tópicos de actualidad necesarios para dominar el entorno de fiscalización complejo y cambiante al que se enfrentan las personas especialistas en contaduría pública. El evento fue precedido por la comisión técnica de Investigación Fiscal, representada por cuatro coordinadores: Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Marcial Agapito Cavazos Ortiz, Juan Alejandro Solano González y Alejandro Javier Sánchez Calderón.Durante el primer día del evento, la presidenta Rosalía Ortega López dedicó unas palabras de apertura, donde señaló la importancia de preservar conocimientos actualizados dentro del entorno fiscal, ya que la complejidad de éste demanda un conocimiento pleno y en constante búsqueda de las mejores prácticas alineadas a normativas que cambian de periódicamente.Comenzando con los espacios de actualización, Edyth Ramírez Sánchez y Adrián Urbina Galicia presentaron su ponencia dedicada a la deducción de inversiones. Donde se comentó la definición contable y fiscal de inversión y de gasto, a fin de distinguirlos y evitar confusiones que lleven al incumplimiento. Con ello, los ponentes desarrollaron los requisitos y límites de las deducciones aplicables a las inversiones determinados por la Ley de Impuesto Sobre la Renta y calculados sobre el monto original de la inversión (MOI).Por su parte, Plácido Del Ángel Herrera y Humberto Cruz Hernández desarrollaron Lo último en CFDI, una exposición que recupero el estado actual de este elemento fundamental para la fiscalización mexicana y cuyo incumplimiento normativo en su expedición puede implicar un riesgo para la continuidad del negocio. Por ello, se detallaron las obligaciones vinculadas a estos comprobantes y el papel que han tomado para la trazabilidad de operaciones y la recaudación fiscal en general.El segundo día fue inaugurado por Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón, quienes hablaron sobre los pagos de dividendos y la reducción de capital que, aunque suponen mecanismos corporativos para transferir recursos de la empresa a los socios y se encuentran intermediados por la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), ambos cuentan con aspectos contables y legales propios que generan un impacto fiscal. Elio Fernando Zurita Morales y Daniel Eugenio De la Parra Huerta abordaron en su ponencia dos conceptos fundamentales para cualquier organización: razón de negocios y materialidad de las operaciones, los cuales se encuentran estrechamente vinculados ya que, como se desarrolló por los expertos, la razón de negocios brinda justificación a las operaciones y la materialidad les da trazabilidad.La fusión y escisión de sociedades fueron los temas de apertura para el tercer día de jornada, encabezado por Ángel José Turanzas Díaz y Paola Irene Salvador López, donde se comentaron los requisitos legales y consideraciones, tanto contables como fiscales. Además, señalaron la importancia de reconocer que una reorganización no debe evaluarse solo por su viabilidad fiscal, pues debe demostrarse la sustancia económica y analizar las obligaciones de revelación. Salvador Rotter Aubanel y Cecilia Bustamante Bejarano, por otro lado, comentaron las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida comúnmente como la Ley Antilavado. Entre lo recuperado, se desarrolló la implementación de metodologías basadas en riesgo y el monitoreo constante para detectar operaciones anómalas.Para el cuarto día, José Manuel Velderrain Sáenz y Carmina Alheli Calzada López presentaron información relevante sobre la deducción de intereses, incluyendo sus límites y las disposiciones aplicables a casos especiales como las obras de infraestructura pública, las construcciones y los rendimientos de deuda pública. Finalmente, Alejandro Guízar Acosta y Víctor Manuel Pérez Ruiz cerraron la jornada con una ponencia dedicada a las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comenzando por un resumen del plan de fiscalización y las tendencias de acción de la autoridad: una fiscalización exhaustiva, enfocada en el análisis de fondo y forma. Durante el bloque se recuperaron los medios de defensa del contribuyente frente a estas revisiones, con el fin de destacar sus características, buenas prácticas y alcance de cada uno.El cierre de la jornada fue precedido por Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien dedicó el espacio para agradecer a los participantes por alimentar el foro con sus preguntas ya que con ello se demuestra el compromiso de mantenerse actualizados en un entorno tan complejo y dinámico como el fiscal.
El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo el curso Ciberseguridad estratégica para negocios y empresa el 30 de septiembre bajo la coordinación y moderación de Andrés Carrera Cué, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. La ponencia estuvo a cargo del especialista en la materia Ignacio José Domínguez Castillo, socio fundador y director general en Yakatiak Consultores y Asociados, quien hizo un repaso de las principales amenazas digitales, de las estrategias que deben implementar las empresas, del cumplimiento normativo que se debe aplicar y del impacto financiero que representan los ciberataques. Durante la jornada, se mencionó que los incidentes de ciberseguridad representan el principal riesgo operativo para las organizaciones. Hoy en día, las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) han sido un parteaguas para la automatización de los ataques informativos, lo que va incrementando la sofisticación de las amenazas como el ransomware, suplantación de identidad, filtración de información sensible, por citar algunos. En palabras del especialista, destacó que la implementación de contraseñas de alta complejidad son buenas prácticas, pero que no son suficientes si no se cuenta con esquemas de autenticación robustos, controles de acceso biométricos y esquemas de verificación continua basados en el modelo Zero Trust. Domínguez Castillo, con el tema del marco regulatorio, puso sobre la mesa la responsabilidad directa de la alta dirección en el establecimiento de controles internos. Asimismo, la normativa actual exige salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de infraestructura tecnológica. Adicional, el plan nacional de ciberseguridad y las directrices institucionales enfatizan la obligación de estructurar planes de seguridad, realizar auditarías periódicas del desempeño, implementar simulaciones de incidentes y gestionar copias de respaldo aisladas para asegurar la recuperación operativa rápida frente a acontecimientos adversos. Para cerrar el curso, el especialista destacó la importancia de consolidad una cultura organizacional orientada la concientización en seguridad, ya que la prevención de la ingeniería social, la gestión adecuada de canales de mensajería y la adopción de planes de continuidad de negocio reducen de manera significativa las vulnerabilidades perimetrales. El evento concluyó con la revisión de guías prácticas para la gestión de crisis, la evaluación de pérdidas reputacionales y la integración sistemática de presupuestos dedicados a la “resiliencia” tecnológica tanto en el sector privado como público.
