El 10 de abril se presentó en el Colegio el curso PTU:
determinación, reparto y aspectos de seguridad social, bajo la coordinación Arturo
Luna López, integrante de la comisión técnica de Seguridad Social. Durante el
curso se dieron las bases para calcular la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de la empresa y una guía para identificar quiénes tienen derecho
a recibirla, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones
laborales vigentes.
El evento contó con la participación de Hugo Tulio Meléndez
Nieto, integrante de la comisión representativa ante Organismos de Seguridad
Social del Colegio de Contadores Públicos de México, y Rubén Darío Dávalos
Palomera, integrante de la comisión técnica de Seguridad Social.
Para comenzar, se señaló el marco normativo aplicable al
cálculo y reparto de la PTU, que incluye la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley de Impuesto Sobre
la Renta (LISR). Durante su presentación los expertos señalaron que la PTU no es
una prestación determinada por el patrón, ya que debe quedar a cargo de la
Comisión Mixta de PTU, organismo constituido anualmente y cuyo trabajo será
determinar la existencia de utilidades a repartir; además, el patrón tiene obligaciones
de comunicación con las autoridades fiscales, pero también con los trabajadores
y trabajadoras.
Los expertos señalaron que los patrones obligados a repartir
la PTU son “todas las unidades económicas de generación de bienes o servicios,
personas físicas o morales, que tengan trabajadores a su servicio”. Sin embargo,
existen excepciones dispuestas en el artículo 126 de la LFT que incluyen
empresas durante su primer año de funcionamiento, las dedicadas a la
elaboración de un producto nuevo, las instituciones de asistencia privada, así
como el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones públicas
descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
Adicionalmente, existen tres filtros para los beneficiarios
que ayudan a determinar los trabajadores que participan en el reparto de
utilidades. Primero, los trabajadores excluidos incluyen la alta dirección y el
sector doméstico; segundo, los beneficiarios condicionados que consideran a los
trabajadores eventuales siempre que hayan trabajado al menos 60 días durante el
año y a los trabajadores de confianza, pero con un tope; tercero, trabajadores
incluidos con una protección especial, como las madres en periodos pre y posnatales
o las víctimas de riesgo laboral.
Finalmente, se destacó la importancia del salario base de
reparto, que se utiliza para el cálculo y determinación de la PTU, sustentado
en la LFT, que considera los días laborados del trabajador y el monto del salario
devengado por él. El cálculo de este salario base de reparto dependerá de cada caso,
lo que provoca variaciones si el trabajador tiene un sueldo fijo o recibe
comisiones.
Con el fin de esclarecer en este último punto, los ponentes
compartieron ejemplos prácticos que permitieran al auditorio afianzar los
conocimientos y se brindó un espacio para resolver dudas específicas.
Eventos recientes
El pasado 17 de abril, el Colegio organizó el foro Ética en la contraloría financiera, un espacio de análisis que promovió en los asistentes una cultura basada en la ética en cada nivel de la organización.En la introducción, Margarita Aranda subrayó que el cumplimiento del Código de Ética Profesional representa una ventaja estratégica fundamental para la gestión de riesgos y la preservación de la confianza en las instituciones. Agregó que la base de la actuación en la contraloría recae en cinco principios: la integridad, la objetividad, la diligencia y competencia profesional, la confidencialidad en el manejo de la información sensible y un comportamiento profesional.Además, habló sobre el análisis de las amenazas emergentes generadas por el uso de la tecnología; en este punto advirtió que la dependencia de herramientas digitales puede vulnerar la ética si los datos disponibles son insuficientes. Por ello, exhortó a los asistentes a no permitir que el uso de sistemas automatizados sustituya su juicio profesional, especialmente si no se cuenta con la especialización necesaria para explicar sus resultados.En tanto, Noé Rafael Wong Serna habló sobre la gobernanza y el ejercicio profesional frente a los desafíos globales. Al respecto, mencionó que las mejores prácticas y procesos efectivos permiten avanzar de manera integral en el cumplimiento de los objetivos institucionales.Al platicar sobre el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, el panelista remarcó que este busca trazar un camino desde el rumbo estratégico y la generación de valor hasta la revelación de información; “subraya la importancia de la integridad, la ética y el respeto a los derechos humanos, vinculándolos directamente con la honestidad y la responsabilidad en el cumplimiento legal y convencional”, aseguró.Por su parte, Sergio Sánchez Arciniega profundizó en el papel de la transparencia y la rendición de cuentas como los mecanismos que garantizan la confianza de los inversionistas; sobre ello, aclaró que la transparencia es la vía fundamental para que los grupos de interés tengan acceso real a la información financiera de una entidad, “ya que ofrece una visión clara, completa y oportuna sobre su situación económica y desempeño operativo”.Bajo la misma línea, se resaltó la importancia de la distribución integral de los informes financieros comunes; sin embargo, la rendición de cuentas trasciende el cumplimiento normativo al incorporar cualquier otro informe de utilidad para el monitoreo y la evaluación de la entidad.En su turno, Roxana Cabrera Aldui señaló que muchas organizaciones caen en el error de realizar estrategias fiscales carentes de un sistema de control interno; “es necesario llevar a cabo auditorías, proteger la reputación de la entidad y cumplir cabalmente con los principios de integridad”. Sobre lo anterior, precisó que el papel del contador es actuar como un protector de la legalidad y la ética al interior de las empresas.“La ética no se enseña con manuales, se demuestra con controles bien diseñados, efectivos y decisiones íntegras”, aseguró.Por último, Line Vera compartió un panorama sobre el fraude en las organizaciones en México; ante esto, destacó que el 45% de las compañías ha experimentado intentos o la materialización de fraudes. Sobre este tema, detalló que el 35% de los casos provienen de agentes externos, el 32% corresponden a fraudes internos y un 33% involucran una combinación de ambos factores. “Esto muestra la necesidad de una vigilancia profunda por parte de los órganos de control”.Concluyó el foro mencionando que la capacitación en ética y cultura organizacional es la primera línea de defensa, seguida por el establecimiento de controles antifraude, sistemas de control interno y debida diligencia hacia proveedores y personal.
Este 10 y 17 de abril, el Colegio llevó a cabo el foro sobre los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF), donde se reunieron Néstor Hernández Vázquez, Rosa Gutiérrez García, Elmer Lara Santacruz y Román Núñez Muñoz, para analizar los estándares globales que rigen la preparación de futuros profesionales de la contabilidad.Durante la presentación, Hernández Vázquez hizo hincapié en la importancia de estos lineamientos emitidos por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). También destacó que el interés público como objetivo central es fundamental para establecer requisitos de ingreso a los programas de formación que sean justos y proporcionales.Enfatizó que “estos criterios buscan asegurar que solo las personas con una probabilidad razonable de éxito accedan a la formación profesional, evitando barreras, pero manteniendo la integridad de la carrera”.De igual forma, el contador Hernández profundizó sobre el PIF 2; al respecto explicó que esta norma define la competencia técnica como la capacidad de aplicar el conocimiento profesional según estándares establecidos. En su presentación, señaló las áreas críticas de aprendizaje como la contabilidad financiera, auditoría, impuestos y finanzas, con niveles de competencia que varían de básico a intermedio según el área.Por su parte, la doctora Rosa Gutiérrez habló acerca de las novedades y la relevancia que tiene el PIF 4, el cual está centrado en el desarrollo profesional inicial respecto a valores, ética y actitudes profesionales. En la ponencia, indicó que la formación ética no es un complemento, sino el pilar fundamental que permite a los profesionales actuar en favor del interés público.De igual forma, puntualizó que los atributos clave que deben manifestarse en cada encargo profesional incluyen el cumplimiento irrestricto de los requerimientos de ética, el mantenimiento de la objetividad e integridad, la independencia de criterio y la diligencia debida. A su vez, abordó la importancia de la Norma Internacional de Gestión de Calidad (NIGC 1) y la NIA 220.Para dialogar sobre el PIF 3 se presentó Elmer Lara, quien aclaró que la formación del contador debe trascender el dominio técnico para integrar habilidades interpersonales y organizacionales que garanticen la excelencia en el servicio al interés público. Resaltó que, en las etapas iniciales de la carrera, el profesional requiere de una supervisión estrecha y una estructura de apoyo que permita la transición gradual hacia la autonomía.Advirtió sobre la importancia de este pronunciamiento, ya que se toma como requisito para elevar la calidad de la práctica contable y asegurar que el profesional sea un aliado estratégico en el área financiera.Para cerrar el foro, los panelistas versaron sobre las directrices que marcarán el ejercicio del contador frente a la evolución tecnológica y las nuevas dinámicas de gestión de equipos. Se recalcó que la comunicación transparente y la colaboración son fundamentales para mitigar riesgos y elevar la calidad de los servicios profesionales.
La digitalización financiera ya no es una tendencia futura, sino una realidad que redefine la forma en que las personas interactúan con el dinero. Bajo esta premisa se desarrolló el foro Fintech en acción: de la banca tradicional a la revolución digital, realizado el 16 de abril y organizado por la comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, donde el especialista Alejandro Méndez Rueda expuso los principales cambios, retos y oportunidades del ecosistema financiero en México.Entrando al tema, el expositor ofreció un breve contexto para comprender la evolución del sistema bancario en el país, destacando hitos como la nacionalización de la banca en 1982 y su posterior privatización en los años noventa, proceso que permitió la entrada de nuevos competidores y capital extranjero, impulsando así la modernización del sector.En ese sentido, Méndez Rueda explicó que, aunque las funciones tradicionales de la banca se mantienen, su ejecución ha cambiado de manera significativa con la incorporación de herramientas digitales:Captación de recursos, ahora facilitada mediante plataformas digitales y apertura remota de cuentas Otorgamiento de crédito, apoyado en análisis automatizados y datos en tiempo real Facilitación de pagos, impulsada por herramientas como SPEI, CoDi y aplicaciones móviles Por otro lado, el ponente señaló que el avance tecnológico también ha fortalecido la supervisión del sistema financiero. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúan desempeñando un papel clave en la estabilidad del sector. También, destacó que la Ley Fintech de 2018 marcó un parteaguas al formalizar nuevas figuras tecnológicas y fomentar la inclusión financiera.Asimismo, hizo hincapié en que la transformación digital conlleva riesgos que no deben subestimarse. Entre los principales desafíos destacan:Incremento en fraudes digitales y esquemas de phishing Mayor dependencia tecnológica en la gestión financiera Diferencias en la protección de depósitos entre bancos tradicionales y plataformas digitales Ante este panorama, el especialista recomendó adoptar medidas de seguridad como la autenticación multifactor, el monitoreo constante de operaciones y la verificación del estatus regulatorio de las plataformas antes de utilizarlas.En otro orden de ideas, Méndez Rueda abordó el impacto de la digitalización en el ámbito fiscal, destacando la transición hacia un modelo de fiscalización electrónica. Explicó que este esquema se basa en cruces automatizados de información provenientes de CFDI, declaraciones, movimientos bancarios y registros contables, lo que permite a la autoridad realizar revisiones en tiempo real.De igual forma, enfatizó que la trazabilidad de las operaciones es un elemento clave en este nuevo modelo, ya que permite validar la congruencia de la información financiera, fiscal y laboral. En este sentido, herramientas como el REPSE y el SIDEIMSS resultan fundamentales para acreditar la materialidad de las operaciones, especialmente en servicios especializados.Finalmente, el expositor concluyó que el rol del contador público ha evolucionado significativamente. Más allá del registro de operaciones, ahora debe asumir una función estratégica y preventiva, enfocada en la validación de información, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en un entorno cada vez más digitalizado.
