El pasado 7 de mayo la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio llevó a cabo el curso Criptomonedas, tokens y su normativa internacional, donde Leonardo Fabián Brum Ramírez, integrante de la comisión, dio a conocer la regulación internacional de criptoactivos, así como los diferentes tipos de activos digitales.
Para dar inicio con el evento, el ponente habló sobre la evolución del ecosistema de Ethereum que ha permitido la creación masiva de criptomonedas gracias a la facilidad de desarrollar activos digitales mediante contratos inteligentes en la cadena de bloques. En ese sentido, destacó el papel del estándar ERC-20 y el lenguaje de programación Solidity en esta revolución, así como la distinción entre emisión de tokens y tokenización como procesos claves en este entorno.
Brum Ramírez realizó un análisis de las diferencias en la definición de criptomonedas y criptoactivos a nivel internacional, subrayando la falta de consenso y la diversidad de términos y definiciones según la jurisdicción. Citó ejemplos de regulaciones y definiciones en países como México, Estados Unidos, India, Emiratos Árabes Unidos, China, Hong Kong, Unión Europea, Suiza, Malta, Inglaterra y Australia, realzando la complejidad y la necesidad de una armonización internacional para una regulación coherente en este sector emergente.
Respecto a las diferencias entre criptomonedas y tokens, comentó que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son nativas de una blockchain y se utilizan principalmente como depósito e intercambio de valor, en cambio los tokens son creados sobre una blockchain mediante contratos inteligentes, representando una variedad de usos como tokens de utilidad, tokens que representan valores (security tokens) y tokens que representan activos del mundo real (RWA). Brum Ramírez explicó los estándares de tokens más relevantes, como ERC-20 para tokens fungibles y ERC-721 para tokens no fungibles (NFTs), resaltando su importancia en la economía digital actual.
En cuanto a los tokens de utilidad, se enfatizó su papel como herramienta para acceder a redes y servicios descentralizados, lo que permite la creación de modelos de negocio automatizados y altamente eficientes. Por otro lado, el expositor discutió el surgimiento de los security tokens y los tokens que representan activos del mundo real (RWA), destacando su impacto en la tokenización de activos tradicionales como acciones, bonos y bienes raíces.
“Estos avances tecnológicos han facilitado la inversión global y la adopción de modelos de negocio más eficientes y transparentes, todo dentro de un marco regulatorio que busca adaptarse a estas nuevas formas de financiamiento y transacción de activos digitales”, manifestó el expositor.
Algunos de los diversos tipos de ingresos dentro del ecosistema crypto se encuentran el pago o remuneración por servicios, el staking como método DeFi para obtener rendimientos, la inversión/especulación/HODL, los ingresos por lending/préstamos, regalos, airdrops e incentivos, minería/oferta, y fork/bifurcación de la red, entre otros. “Cada uno de estos tipos de ingresos tiene implicaciones fiscales que varían según la jurisdicción”.
Además, Brum Ramírez abundó en aspectos clave de la regulación internacional, como el tratamiento de bifurcaciones y airdrops en términos de impuestos sobre la renta en países como EE. UU., Finlandia, Reino Unido, y otros, así como las implicaciones fiscales de actividades como las ICOs y la minería en distintas naciones. “La diversidad de enfoques regulatorios y fiscales refleja la complejidad de este campo emergente y la necesidad de comprender las implicaciones legales y tributarias al participar en el ecosistema de criptomonedas y tokens”.
Por último, Leonardo Fabián presentó un resumen de la regulación internacional, en primera instancia se centró en los Estados Unidos, donde mencionó las leyes de valores promulgadas en la década de 1930 y cómo la SEC y la CFTC aún no han logrado un consenso claro sobre la regulación de criptoactivos como el XRP de Ripple Labs. Se debatieron las implicaciones fiscales en los EE. UU., donde la IRS considera las criptomonedas como propiedad y establece directrices para su tratamiento impositivo, desde la compra hasta la venta, el comercio y el uso en transacciones.
Entre otros países, se mencionaron la India, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), China, Hong Kong, la Unión Europea (UE), Suiza, Malta, Inglaterra y Australia. Cada uno tiene su propio marco regulatorio y enfoques fiscales hacia las criptomonedas, desde impuestos sobre ganancias de capital hasta regulaciones de PLD y KYC. El ponente destacó iniciativas como la Rupia Digital en India, la Zona Franca Oasis Digital en Dubai, el marco regulatorio MiCA de la UE y las regulaciones específicas de criptomonedas en Suiza y Malta, entre otros. Finalmente se presentaron problemas prácticos como la falta de definiciones claras, carencia de información fiscal y posibles soluciones parciales, además de un proyecto llamado Ágora que busca mejorar la eficiencia de los pagos internacionales a través de tokenización y contratos inteligentes.
Eventos recientes
Del 28 de septiembre al 1 de octubre se presentó la 22.ª Semana de temas fiscales selectos en el Colegio, donde se reunieron expertos en materia fiscal y legal para comentar tópicos de actualidad necesarios para dominar el entorno de fiscalización complejo y cambiante al que se enfrentan las personas especialistas en contaduría pública. El evento fue precedido por la comisión técnica de Investigación Fiscal, representada por cuatro coordinadores: Miguel Mauricio Urrutia Schleske, Marcial Agapito Cavazos Ortiz, Juan Alejandro Solano González y Alejandro Javier Sánchez Calderón.Durante el primer día del evento, la presidenta Rosalía Ortega López dedicó unas palabras de apertura, donde señaló la importancia de preservar conocimientos actualizados dentro del entorno fiscal, ya que la complejidad de éste demanda un conocimiento pleno y en constante búsqueda de las mejores prácticas alineadas a normativas que cambian de periódicamente.Comenzando con los espacios de actualización, Edyth Ramírez Sánchez y Adrián Urbina Galicia presentaron su ponencia dedicada a la deducción de inversiones. Donde se comentó la definición contable y fiscal de inversión y de gasto, a fin de distinguirlos y evitar confusiones que lleven al incumplimiento. Con ello, los ponentes desarrollaron los requisitos y límites de las deducciones aplicables a las inversiones determinados por la Ley de Impuesto Sobre la Renta y calculados sobre el monto original de la inversión (MOI).Por su parte, Plácido Del Ángel Herrera y Humberto Cruz Hernández desarrollaron Lo último en CFDI, una exposición que recupero el estado actual de este elemento fundamental para la fiscalización mexicana y cuyo incumplimiento normativo en su expedición puede implicar un riesgo para la continuidad del negocio. Por ello, se detallaron las obligaciones vinculadas a estos comprobantes y el papel que han tomado para la trazabilidad de operaciones y la recaudación fiscal en general.El segundo día fue inaugurado por Santiago Vélez Suberbie y Oscar Narciso Brum Barrón, quienes hablaron sobre los pagos de dividendos y la reducción de capital que, aunque suponen mecanismos corporativos para transferir recursos de la empresa a los socios y se encuentran intermediados por la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), ambos cuentan con aspectos contables y legales propios que generan un impacto fiscal. Elio Fernando Zurita Morales y Daniel Eugenio De la Parra Huerta abordaron en su ponencia dos conceptos fundamentales para cualquier organización: razón de negocios y materialidad de las operaciones, los cuales se encuentran estrechamente vinculados ya que, como se desarrolló por los expertos, la razón de negocios brinda justificación a las operaciones y la materialidad les da trazabilidad.La fusión y escisión de sociedades fueron los temas de apertura para el tercer día de jornada, encabezado por Ángel José Turanzas Díaz y Paola Irene Salvador López, donde se comentaron los requisitos legales y consideraciones, tanto contables como fiscales. Además, señalaron la importancia de reconocer que una reorganización no debe evaluarse solo por su viabilidad fiscal, pues debe demostrarse la sustancia económica y analizar las obligaciones de revelación. Salvador Rotter Aubanel y Cecilia Bustamante Bejarano, por otro lado, comentaron las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida comúnmente como la Ley Antilavado. Entre lo recuperado, se desarrolló la implementación de metodologías basadas en riesgo y el monitoreo constante para detectar operaciones anómalas.Para el cuarto día, José Manuel Velderrain Sáenz y Carmina Alheli Calzada López presentaron información relevante sobre la deducción de intereses, incluyendo sus límites y las disposiciones aplicables a casos especiales como las obras de infraestructura pública, las construcciones y los rendimientos de deuda pública. Finalmente, Alejandro Guízar Acosta y Víctor Manuel Pérez Ruiz cerraron la jornada con una ponencia dedicada a las revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comenzando por un resumen del plan de fiscalización y las tendencias de acción de la autoridad: una fiscalización exhaustiva, enfocada en el análisis de fondo y forma. Durante el bloque se recuperaron los medios de defensa del contribuyente frente a estas revisiones, con el fin de destacar sus características, buenas prácticas y alcance de cada uno.El cierre de la jornada fue precedido por Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien dedicó el espacio para agradecer a los participantes por alimentar el foro con sus preguntas ya que con ello se demuestra el compromiso de mantenerse actualizados en un entorno tan complejo y dinámico como el fiscal.
El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo el curso Ciberseguridad estratégica para negocios y empresa el 30 de septiembre bajo la coordinación y moderación de Andrés Carrera Cué, integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes. La ponencia estuvo a cargo del especialista en la materia Ignacio José Domínguez Castillo, socio fundador y director general en Yakatiak Consultores y Asociados, quien hizo un repaso de las principales amenazas digitales, de las estrategias que deben implementar las empresas, del cumplimiento normativo que se debe aplicar y del impacto financiero que representan los ciberataques. Durante la jornada, se mencionó que los incidentes de ciberseguridad representan el principal riesgo operativo para las organizaciones. Hoy en día, las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) han sido un parteaguas para la automatización de los ataques informativos, lo que va incrementando la sofisticación de las amenazas como el ransomware, suplantación de identidad, filtración de información sensible, por citar algunos. En palabras del especialista, destacó que la implementación de contraseñas de alta complejidad son buenas prácticas, pero que no son suficientes si no se cuenta con esquemas de autenticación robustos, controles de acceso biométricos y esquemas de verificación continua basados en el modelo Zero Trust. Domínguez Castillo, con el tema del marco regulatorio, puso sobre la mesa la responsabilidad directa de la alta dirección en el establecimiento de controles internos. Asimismo, la normativa actual exige salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de infraestructura tecnológica. Adicional, el plan nacional de ciberseguridad y las directrices institucionales enfatizan la obligación de estructurar planes de seguridad, realizar auditarías periódicas del desempeño, implementar simulaciones de incidentes y gestionar copias de respaldo aisladas para asegurar la recuperación operativa rápida frente a acontecimientos adversos. Para cerrar el curso, el especialista destacó la importancia de consolidad una cultura organizacional orientada la concientización en seguridad, ya que la prevención de la ingeniería social, la gestión adecuada de canales de mensajería y la adopción de planes de continuidad de negocio reducen de manera significativa las vulnerabilidades perimetrales. El evento concluyó con la revisión de guías prácticas para la gestión de crisis, la evaluación de pérdidas reputacionales y la integración sistemática de presupuestos dedicados a la “resiliencia” tecnológica tanto en el sector privado como público.
El Colegio, a través de su comisión de Finanzas y Sistema Financiero, llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre el foro Temas selectos del sistema financiero, espacio que reunió a especialistas de organismos reguladores, instituciones financieras y firmas de servicios profesionales para analizar distintos retos y transformaciones del sector. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la evolución del sistema financiero exige una actualización permanente frente a los nuevos modelos de negocio, tecnologías, riesgos y disposiciones regulatorias.Para dar inicio con las presentaciones, Martha Angélica León Alvarado, vicepresidenta Financiera de la CONSAR, abordó el financiamiento a fondos de capital privado y la evolución del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Explicó que, al cierre de agosto de 2026, los recursos del SAR superaron los 9 billones de pesos, equivalentes a 25% del PIB nacional, y señaló que los portafolios han transitado hacia una mayor diversificación. En este contexto, detalló que aproximadamente 2.3 billones de pesos se encuentran canalizados a infraestructura y empresas del sector privado, mientras que los instrumentos estructurados y alternativos, entre ellos CKD y CERPI, representan alrededor de 382 mil millones de pesos. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los controles de riesgo, la gobernanza y los criterios ASG en las inversiones de largo plazo.Por su parte, Oscar Morales Pluma, coordinador de Grupos e Intermediarios Financieros de la CNBV, analizó los retos de la supervisión y regulación frente a la innovación tecnológica. Explicó que la digitalización acelerada durante la pandemia modificó la operación del sector y planteó nuevos desafíos para las autoridades, particularmente por la incorporación de datos, algoritmos e inteligencia artificial. Al respecto, advirtió sobre riesgos como los ciberataques, el fraude digital, la suplantación de identidad y la opacidad algorítmica, aunque también destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos y prevenir fraudes. En este sentido, enfatizó la necesidad de fortalecer la gobernanza digital y avanzar hacia una supervisión tecnológica y transversal.En tanto, Patricia Adriana Sánchez Pelayo, directora de Control y Supervisión de la Región Metropolitana de la CONDUSEF, centró su participación en las prácticas y cláusulas abusivas. Explicó que estas pueden colocar a los usuarios en situación de desventaja o dificultar el ejercicio de sus derechos y compartió las herramientas disponibles para su atención y defensa, entre ellas el registro Redeco, las quejas electrónicas y los procesos de conciliación. Asimismo, informó que hasta agosto de 2026 la CONDUSEF había revisado 10,589 contratos, en los que detectó 1,833 cláusulas abusivas y ordenó la eliminación de 1,829, principalmente en Sofomes no reguladas, bancos y aseguradoras.El programa continuó con la participación de Sergio García Quintana, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, quien analizó los efectos de IFRS 18 en la presentación de información financiera y en el tratamiento de operaciones con instrumentos derivados. Explicó la importancia de clasificar estas operaciones de manera ordenada y coherente y enfatizó que el registro contable de las coberturas debe estar vinculado con el modelo de negocio y una estrategia adecuada de administración de riesgos. Posteriormente, Eric Osio Cerón, director General de Administración de Riesgos de la CONSAR, y Gabriela Lizette Luna Zambrano, encargada de Sostenibilidad de Afore XXI Banorte, abordaron la elaboración y revelación de reportes de sostenibilidad. Los especialistas destacaron la necesidad de avanzar de la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza hacia su medición, divulgación y conexión con la información financiera, mediante indicadores de calidad, trazabilidad y metodologías que permitan sustentar la información reportada.Finalmente, Martha Dorantes Paz, socia de Controversia Fiscal en Deloitte, y Juan Carlos Santillán Hernández, integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, analizaron los cambios en la deducción de créditos incobrables en las instituciones bancarias. Explicaron que, a partir de 2026, el esquema contempla distintas vías para efectuar estas deducciones, entre ellas la prescripción, la notoria imposibilidad práctica de cobro y el castigo bajo reglas específicas. Los ponentes advirtieron que las nuevas disposiciones implican una mayor carga administrativa para las instituciones de crédito y pueden generar un diferimiento de las deducciones, con efectos en el pago anticipado de impuestos, los activos por impuestos diferidos y las variaciones en la tasa efectiva de los estados financieros.
