El Colegio de Contadores Públicos de México y la Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI) formalizaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la formación de los estudiantes de contaduría y carreras afines, integrándolos en la vida colegiada y brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo profesional.
El convenio, realizado el 29 de mayo, fue firmado en el salón Presidentes del Colegio por Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente de dicha institución, y Verónica Adriana Palma Esteves, rectora de la UCI, con el objetivo de impulsar la formación práctica y profesional de los estudiantes universitarios.
En calidad de testigos de la firma del convenio, estuvieron presentes, por parte del Colegio, Héctor Vázquez González, vicepresidente de Vinculación Universitaria; María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; y Cristina Saldaña Padilla, jefa de Vinculación Universitaria. Por parte de la UCI, acompañaron Freddy Álvarez González, decano de la Casa de la Investigación; Pamela Zanatta Álvarez, decana de la Casa de los Saberes; y Mónica Bracamontes Romero, coordinadora de Vinculación Institucional.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del Colegio dijo que este convenio es una gran oportunidad para los estudiantes, ya que no sólo podrán acceder a una formación académica de calidad, sino que también se integrarán a la vida colegiada de una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito contable del país. “Ser parte de esta comunidad les permitirá acceder a una serie de beneficios, así como la posibilidad de establecer contactos con profesionales del sector que les brindarán herramientas fundamentales para su desarrollo y éxito profesional”.
En su turno, la rectora de la UCI expresó su satisfacción por la firma del convenio y mencionó que el compromiso de la Universidad es proporcionar a los estudiantes una educación integral. “Este convenio será clave para que nuestros estudiantes se inserten de manera más eficiente en el entorno laboral y desarrollen las competencias que exige la profesión”.
El convenio también establece compromisos para impulsar el desarrollo profesional y académico de los estudiantes mediante una serie de beneficios exclusivos. Entre los más destacados se encuentran:
Con este acuerdo, se busca formar a contadores públicos mejor preparados, con una visión integral y capaz de enfrentar los retos actuales que la profesión exige.
Eventos recientes
El 23 de junio el Colegio fue sede del curso Aspectos fiscales clave de la operación de empresas IMMEX, donde exploró el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) desde sus beneficios y obligaciones, con el fin de guiar a los contribuyentes y que eviten riesgos derivados de la constante revisión de las autoridades.Julián Luna Poblano y José Luis Ortiz Coronado fueron los expertos citados para este evento coordinado por la comisión técnica de Comercio Exterior, representada por Juan Antonio Castro Chávez.Para comenzar, los ponentes dictaron que el programa brinda, a nombre de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la secretaria de Economía (SE), un diferimiento de aranceles para la importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o exportación; sin embargo, estos beneficios dados por el programa son exclusivos para contribuyentes en el Régimen General de Personas Morales y residentes en México.Como requisito, para evaluar la aplicación del IMMEX, se solicita la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien en conjunto con un contador público registrado emitirá un reporte de mercancía sensible según el anexo II del del decreto del programa. Estas mercancías son denominadas sensibles debido a su susceptibilidad de ser desviadas para fines distintos al programa o de alterar el mercado y se encuentran bajo vigilancia federal. Adicionalmente, la autoridad corrobora el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, a través de una opinión de cumplimiento que dictamina distintas consideraciones con sustento en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF); entre los elementos a validar se encuentran los créditos fiscales, la presentación de declaraciones informativas, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la capacidad de emisión de comprobantes fiscales, etc.La renovación de este programa se realiza de forma automática al presentarse el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pero la SE vuelve a verificar las mismas medidas de desempeño presentadas en la solicitud, por lo que el contribuyente deberá mantener su cumplimento fiscal o subsanar cualquier incumplimiento de forma imperativa.Para continuar con la ponencia, se desarrolló el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en alineación con el programa IMMEX. En el caso del IVA, se señaló que éste debe ser declarado en la documentación aduanera ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puede ser pagado a través de un crédito si se cumplen los requisitos pertinentes, pero se mantiene su consideración como costo financiero. Además, se señaló que la autoridad ha endurecido sus criterios de fiscalización a las operaciones virtuales, sobre todo con aquellas que implican un reingreso al país; en estos casos, los expertos sugieren ser diligentes en este tipo de operaciones para evitar un incumplimiento o la doble tributación.Finalmente, para concluir con el evento, se destacó la importancia de la contabilidad para empresas en el programa IMMEX, como el control de los inventarios, que debe contemplar cambios en el tratamiento de los materiales, el modelo de éstos y su desperdicio. Todos estos elementos contribuyen a brindar certeza a la autoridad al respecto de la empresa y pueden ser la diferencia entre mantener o perder el acceso al programa.
La comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio realizó el pasado 20 de junio el curso Pericial contable sobre la materialidad de operaciones cuestionadas, impartido por Guadalupe González Lobato y Ricardo Landín Quinto, integrantes de la comisión organizadora, bajo la coordinación de Maribel Ballesteros Celaya.Durante la exposición, se comentó que la prueba pericial contable constituye uno de los medios probatorios técnicos más relevantes en los procedimientos tributarios y contenciosos administrativos, al permitir que los órganos jurisdiccionales cuenten con elementos especializados para valorar hechos relacionados con la contabilidad, la auditoría, las finanzas y los sistemas contables.Los ponentes subrayaron que este tipo de prueba resulta especialmente importante en la actualidad para acreditar la materialidad y existencia de las operaciones fiscales frente a presunciones de simulación por parte de la autoridad. Asimismo, señalaron que para que una prueba pericial sea admitida y valorada eficazmente debe cumplir requisitos procesales como la pertinencia, la idoneidad y la oportunidad de su presentación.Durante la sesión también se explicó que un dictamen pericial sólido debe sustentarse en una metodología objetiva y documentada, capaz de establecer una trazabilidad clara entre registros contables, estados financieros, movimientos bancarios, flujos económicos y comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI). Se enfatizó que la función del perito consiste en emitir opiniones técnicas sustentadas en evidencia documental, sin invadir atribuciones que corresponden exclusivamente a la autoridad jurisdiccional.Otro de los temas abordados fue la intervención del perito tercero en discordia cuando los dictámenes presentados por las partes resultan contradictorios. Se comentó que este especialista actúa como un auxiliar independiente de la justicia, encargado de emitir una opinión técnica imparcial que contribuya a reducir la incertidumbre y a reconstruir objetivamente la realidad económica de las operaciones analizadas.Asimismo, se revisó la evolución de los procesos de fiscalización en México y la manera en que la autoridad fiscal ha fortalecido sus mecanismos de revisión. Los expositores señalaron que actualmente ya no basta con exhibir facturas, contratos o registros contables de manera aislada, sino que es necesario demostrar la trazabilidad financiera de las operaciones, la capacidad operativa de las partes involucradas, la existencia de infraestructura suficiente y una razón de negocios que justifique la operación realizada.También se comentaron los riesgos asociados a la simulación de operaciones y las consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas, entre ellas el rechazo de deducciones, la imposición de sanciones económicas e incluso posibles implicaciones penales.Finalmente, se destacó que, ante los actuales esquemas de fiscalización, la acreditación de la materialidad de las operaciones representa uno de los principales desafíos para los contribuyentes, por lo que la participación de los peritos contables resulta cada vez más relevante para aportar certeza técnica y contribuir a una adecuada impartición de justicia.
El Colegio presentó, este 15 y 16 de junio, el foro Fiscalización del SAT, IMSS y resoluciones de tribunales con el objetivo de dar a conocer los principales riesgos fiscales para lo que resta del año, así como las herramientas para anticipar revisiones, atender requerimientos y reducir contingencias para los contribuyentes.A lo largo del encuentro, especialistas fiscales analizaron el panorama en México a partir de la reciente reforma fiscal, el plan estratégico del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los criterios administrativos y jurisdiccionales más relevantes. Para comenzar, Ángel Turanzas Díaz expuso el Plan de Fiscalización del SAT, el cual prioriza una recaudación más eficiente mediante el uso intensivo de información digital. Destacó que la autoridad buscará incrementar la fiscalización y facilitar el cumplimiento voluntario.Además, destacó que las principales acciones de este plan son el fortalecimiento del prellenado de declaraciones con base en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la precarga de información financiera y la simplificación de formatos. Asimismo, explicó que se ampliará la presencia institucional mediante módulos de atención y oficinas móviles con servicios más accesibles.Sin embargo, advirtió que la fiscalización será más selectiva. “El SAT enfocará sus auditorías en contribuyentes con conductas de riesgo, como operaciones con empresas factureras, pérdidas fiscales recurrentes, discrepancias en ingresos, abusos de estímulos fiscales o inconsistencias en comercio exterior”.Por su parte, Jorge Hernández Lara detalló que la fiscalización estará marcada por una mayor coordinación entre autoridades fiscales y de seguridad social. El uso del CFDI de nómina como fuente única de información permitirá cruces automáticos en tiempo real entre SAT, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).“Esta interconectividad facilita la detección de discrepancias entre ingresos declarados y salarios reportados, así como prácticas irregulares”, puntualizó.Asimismo, versó sobre la correcta gestión de las horas extras, particularmente ante la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas, lo que, en voz del especialista, implicará nuevos retos de cumplimiento para las empresas.Cecilia Bustamante Bejarano abordó los mecanismos de fiscalización más utilizados por la autoridad, como cartas invitación, vigilancia profunda y revisiones electrónicas. Subrayó la importancia de sustentar adecuadamente las deducciones y demostrar la materialidad de las operaciones.En materia jurídica, Carlos Rubio Rojas explicó los criterios más relevantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y del SAT. Señaló que no todos los actos de la autoridad son impugnables, como es el caso de cartas invitación o formularios múltiples de pago, al no constituir resoluciones definitivas.Precisó cuándo un crédito fiscal adquiere firmeza y los plazos con los que cuentan los contribuyentes para ejercer su defensa. En caso de omisión, la autoridad puede proceder al cobro coactivo.Finalmente, Jorge Fuentes Pérez destacó el impacto práctico de la fiscalización en las empresas y la necesidad de implementar estrategias preventivas desde la contabilidad; por ello, recomendó fortalecer la verificación de CFDI, optimizar sistemas electrónicos y utilizar checklist de riesgos fiscales para anticipar posibles contingencias.
