El 21 de mayo, el Colegio fue sede del 7.° Simposio patrimonial internacional, bajo la coordinación de Juan Ignacio Rivero Celorio, integrante de la comisión técnica Fiscal Internacional. La intención del evento fue ofrecer una visión integral del impacto fiscal de las inversiones patrimoniales a nivel internacional.
Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, asistió la apertura del simposio donde señaló la importancia del simposio, ya que el tema que desarrolla es de gran trascendencia debido a que “vivimos tiempos complejos donde la dinámica fiscal, política y económica nos demanda reflexionar sobre los riesgos las inversiones”, para poder mantener esos patrimonios seguros o encontrar oportunidades únicas que solo pueden ser reconocidas con conocimiento.
El primer panel del evento, titulado Tópicos importantes en las inversiones de mexicanos en USA, donde se contó con la participación de Gerardo Napolitano Pompa, integrante de la misma comisión mencionada, y Mario Elias García, experto en tributación con experiencia nacional e internacional. Durante el panel se desarrollaron aspectos clave que los mexicanos deben considerar si tienen inversiones en Estados Unidos o si quieren tenerlas.
Los expositores puntualizaron que este tipo de información es accesible a partir de la experiencia profesional, por lo que es importante permanecer en vinculación con otros profesionales para mantenerse a la vanguardia y en actualización constante sobre lo que se hace para enfrentar apropiadamente distintas situaciones.
Primero, se exploraron las consideraciones fiscales aplicables a herencias y donaciones, así como las implicaciones de la residencia fiscal de los inversores. Los ponentes comentaron que tener un plan para de sucesión es tan importante como tener un buen plan de inversión, ya que es una forma más de blindar activos y mitigar riesgos.
Posteriormente, tras hablar de las mejores prácticas para la inversión en bienes raíces en Estados Unidos, se desarrolló sobre la Corporate Transparency Act (CTA), una ley que entró en vigor al inicio del 2024 y cuyo objetivo es combatir la corrupción y el lavado de dinero mediante la identificación de los beneficiarios finales de las empresas, entendiendo como tales a las personas que posean el 25% de las organizaciones o ejerzan un control notorio en ellas. A partir de marzo de este año, esta obligación solo aplica a empresas extranjeras, por lo que los inversores mexicanos deberán considerar reportar los datos que solicita esta normativa para evitar multas de hasta 10,000 dólares por incumplimiento o riesgos legales adicionales.
Posteriormente, durante la jornada, Gabriela Pellón Martínez y Cecilia Diaz de Rivera, profesionales en Derecho experimentadas en la gestión patrimonial, desarrollaron el segundo panel del simposio, Plática y Guía de Planeación Vehículos de Sucesión.
Las expositoras describieron el papel de la gestión patrimonial y la importancia de que ésta sea multidisciplinaria para que integre de forma apropiada aspectos financieros, legales y fiscales en la planeación que lleve al crecimiento, preservación y protección del patrimonio.
Así mismo, relataron la importancia que tiene extender ese interés por el conocimiento de los aspectos técnicos que influyen en la gestión, al patrimonio en sí mismo. Conocer el patrimonio, de qué está compuesto, la residencia fiscal, edad de los clientes y la composición de sus familias, facilita a los gestores identificar riesgos y encontrar oportunidades.
También se retomó la idea descrita en el panel previo, “la sucesión del patrimonio preserva y protege a los inversores”, por lo que tener un plan de sucesión definido con anticipación es una estrategia más para mitigar riesgos.
Al respecto, las ponentes desarrollaron el papel que tienen los fideicomisos con la gestión patrimonial; se expuso que puede presentar una oportunidad, pero implica una serie de limitaciones al implicar ceder una parte del control a una entidad externa. Debido a esta complejidad, se compartieron alternativas como los Trust en Estados Unidos y Limited Partnership (LP) en Cánada; ambos con sus propias implicaciones que deben ser valoradas para un apropiado manejo patrimonial.
Eventos recientes
En el marco de las celebraciones por el Día del Contador, la Universidad Panamericana (UP) fue el escenario de un importante panel que reunió a Adolfo Ramírez, presidente del Colegio; Elsa Beatriz García Bojorges, presidenta del Consejo Emisor en el CINIF; Víctor Esquivel, socio director en KPMG; y Santiago García, rector de la UP campus México. Este encuentro tuvo como objetivo abordar los retos actuales que enfrenta la contaduría pública, así como discutir la relevancia de la sostenibilidad en el ámbito financiero.La mesa, que atrajo a estudiantes, académicos y profesionales del sector, comenzó con una bienvenida por parte del rector de la universidad, quien destacó la importancia de formar a los futuros contadores en un entorno que exige disciplina, adaptabilidad y compromiso social.Durante la primera charla, la contadora Elsa Beatriz García advirtió que, hoy en día, las prácticas de reducción y consumo han sido altamente agresivas con el medio ambiente; por ello, “es fundamental la sostenibilidad, que podemos abordar desde muchos ángulos, pero, sobre todo, desde el punto de vista empresarial”.En su mensaje, Elsa agregó cómo los contadores pueden desempeñar un papel clave en la implementación de prácticas sostenibles a través de la elaboración de reportes que reflejen el impacto ambiental y social de las empresas.Por su parte, Adolfo Ramírez, al ser cuestionado sobre el papel que cumplen las instituciones de representación en el contexto actual, resaltó la importancia de la capacitación, la participación en foros y el networking como herramientas para generar valor y crecer profesionalmente. “El reto consiste en conocer cuál es nuestra posición, qué es lo que nos gusta hacer y a dónde queremos llegar, ya que esto nos permite conectar con otros profesionales, intercambiar conocimientos y generar oportunidades”, remarcó.También, aseguró que el contador público debe adaptarse a la implementación de herramientas tecnológicas, pues esto ha originado una revolución en la cantidad de información que debe ser analizada por él, lo cual conlleva una serie de retos que deben superarse.En tanto, Víctor Esquivel coincidió en que la educación continua y la disciplina profesional son fundamentales para navegar en un panorama laboral en constante evolución. En palabras del director de KPMG, “los retos que ya se han platicado son oportunidades para los contadores públicos y otras profesiones. Estoy seguro de que el trabajo en equipo es la clave para generar valor desde la perspectiva humana".El evento concluyó con un llamado a la colaboración entre instituciones académicas y el sector privado, con el fin de promover un entorno propicio para el desarrollo de habilidades y competencias que respondan a las demandas actuales y futuras de la contaduría en México.
Este 16 de mayo, el Colegio presentó el foro Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero, lugar al que se dieron cita Edmundo Romero Lázaro, de la comisión de tecnologías financieras; y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación. En la charla, los especialistas platicaron los aspectos que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero, compliance, gobierno corporativo y criterios ASG (ambiental, social y de gobernanza).En la apertura, Edmundo Romero explicó que, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el lavado de dinero se define como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.Sobre lo anterior, informó que las etapas del lavado de dinero se establecen en la colocación, recolección física del efectivo para ingresarlo al sistema financiero; estratificación, conversión de los fondos precedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras para disimular el rastro documentado; e integración, dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean normales.Por otro lado, señaló que el financiamiento al terrorismo es la provisión o recolección de fondos, con el conocimiento de que serán utilizados para cometer o apoyar la realización de un acto terrorista. “Su combate tiene como base acabar con la fuente de ingresos para las organizaciones terroristas y con ello, impedir la realización de actos”, precisó.Además, mencionó que la radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza más grave en los últimos años, especialmente debido al desarrollo de nuevas tecnologías y al creciente uso de Internet y los medios sociales.Al abordar las diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el ponente puntualizó que el lavado de dinero siempre se va a dar respecto de recursos que provengan de actividades ilícitas; además, el único interés por parte de la organización criminal radica en sustraer sus ganancias. Por su parte, el financiamiento al terrorismo se puede dar con recursos provenientes de actividades lícitas o ilícitas. Los fines son el sostenimiento de la organización terrorista.Previo a finalizar su participación, Edmundo habló sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual busca evitar que el sistema financiero y la economía mexicana se vean afectados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incorporando nuevas medidas indispensables para quienes realicen actividades vulnerables señaladas en la ley.En tanto, la contadora Rosa Gutiérrez precisó que el compliance (cumplimiento normativo) hace alusión a la conformidad con las leyes, normas, reglamentos y regulaciones aplicables a una organización.Abonó que el cumplimiento normativo garantiza la observancia de la legislación aplicable, así como el compromiso con las normas de autorregulación, tales como el Código de Ética Profesional. Sobre los beneficios, la contadora consideró que se centran en prevención de sanciones, mejora de la reputación, eficiencia operativa y cultura organizacional.Sin embargo, entre los desafíos de implementar el compliance empresarial se encuentran la complejidad regulatoria, resistencia al cambio, costos y recursos, integración con la estrategia organizacional y el monitoreo y auditoría continua. “Para implementar un cumplimiento normativo se debe prestar atención en el desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación, establecimiento de canales de denuncia y revisión; para ello, todos los actores de una organización deberán participar en ello”, precisó la especialista.
El plazo máximo para el pago de la Participación en las Utilidades (PTU) en México vence el 30 de mayo y 29 de julio, para personas morales y físicas respectivamente; debido a ello, el 13 de mayo se presentó en el Colegio el Taller de PTU, implicaciones legales y fiscales, un espacio de formación que sirviera para despejar las dudas de las personas asistentes antes del fin de esos plazos.Bajo la coordinación de Pascual Guerrero Pasillas, integrante de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente, el taller contó con la participación de José Humberto Cárdenas Cabrera, integrante de la misma comisión, y Hugo Tulio Meléndez Nieto, miembro de la comisión representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Como punto de partida, Hugo Meléndez definió que la PTU no es una prestación determinada por el patrón; en su lugar, la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades se constituye anualmente para determinar si hay o no utilidades a repartir. De esta forma, la PTU no forma parte del salario ni está sujeta a descuentos no contemplados en la legislación aplicable.Aún con la participación de la comisión mixta, es el patrón quien se encarga de calcular y repartir la PTU, por lo que debe conocer el marco normativo aplicable a ella. Por esta razón, Meléndez señaló la importancia de conocer el marco normativo aplicable ya que, aunque en su mayoría está contenido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), de los artículos 117 a 131, se extiende hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y la Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Posteriormente, el ponente compartió aspectos clave a considerar para el proceso de preparación y determinación de la PTU, donde subrayó la obligatoriedad del reparto de utilidades y sus excepciones, así como los casos especiales y topes del cálculo de la PTU; además, cubrió la definición conceptos dos conceptos relevantes: personas eventuales y salario base de reparto. Todo lo anterior con sustento en diversos artículos de la LFT, exaltando la importancia de reconocer la amplitud del marco normativo que se relaciona con la PTU.Finalmente, el expositor comentó que el incumplimiento normativo en términos de PTU pueden resultar en multas equivalentes de 250 a 5000 veces el salario mínimo general y pueden escalar por cada trabajador afectado. En seguimiento del tema, Humberto Cárdenas se encargó de analizar las disposiciones contables relacionadas al PTU, donde comenzó por la explicación el Reporte Técnico 53, una guía expedida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) que busca guiar en el cumplimiento de las Normas de Información Financiera (NIF).Este Reporte Técnico está dirigido a empresas que hayan formado parte de un proceso de transferencia de empleados, como emisores o receptores, y estén obligadas al pago de la PTU, con el objetivo de brindar una línea de operación aplicable a la determinación. Posteriormente, Cárdenas comentó las disposiciones fiscales a considerar para la PTU, donde incluyó el ajuste anual por inflación, dividendos, utilidad y pérdida cambiaria, deducciones, ingresos exentos, entre otros.Para dar cierre al taller, el expositor brindó un caso práctico de determinación de la PTU, donde disipó las dudas del auditorio y expuso los conceptos comentados a lo largo del taller, con el fin de afianzar los conocimientos compartidos.
