El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, llevó a cabo el 18 de agosto el evento El peritaje contable en aspectos fiscales de comercio exterior, encuentro en el que se analizaron los retos que enfrentan las empresas en materia aduanera y fiscal, así como la importancia de la labor pericial para sustentar hechos y operaciones ante las autoridades y los tribunales. La sesión contó con la participación de Ricardo Landín Quinto y Guillermo César Aguilera Galindo, integrantes de la comisión, y fue coordinada por Dalia Ernestina Granados Ramos.
Durante su intervención, Ricardo Landín Quinto destacó que el comercio exterior y las aduanas ocupan un lugar prioritario para las empresas, debido a su estrecha relación con las áreas contables y fiscales. Explicó que las revisiones y controversias aduaneras pueden generar efectos directos en materia tributaria, por lo que el peritaje contable requiere una visión multidisciplinaria que integre conocimientos de contabilidad, auditoría, finanzas y derecho fiscal y aduanero. En este contexto, refirió que el dictamen puede ser un elemento de prueba en auditorías, recursos de revocación y juicios de nulidad.
Al abordar los aspectos técnicos de la materia, Landín Quinto analizó la importancia de la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, los precios de transferencia y las operaciones virtuales, así como la correcta determinación de contribuciones como el Impuesto General de Importación, IVA, IEPS y Derecho de Trámite Aduanero. Asimismo, señaló que el cumplimiento de permisos, normas oficiales mexicanas y cuotas compensatorias resulta indispensable para evitar sanciones. También hizo referencia a los cambios derivados de la digitalización y a la necesidad de fortalecer los controles internos de inventarios, particularmente en empresas que operan bajo programas IMEX.
Por su parte, Guillermo César Aguilera Galindo explicó que las operaciones de importación y exportación deben observar una serie de requisitos fiscales y aduaneros para que sus efectos puedan reconocerse correctamente. Enfatizó que, tratándose de importaciones, el cumplimiento de las disposiciones y el pago de las contribuciones correspondientes son fundamentales para efectos de su deducibilidad en materia de ISR. Para ejemplificar la función del perito, presentó casos en los que fue necesario confrontar facturas, pedimentos, cuentas de gastos y registros contables para esclarecer diferencias entre las partes y acreditar el cumplimiento de disposiciones aplicables al comercio exterior.
Más adelante, Aguilera Galindo destacó que el análisis pericial debe seguir la trazabilidad completa de la operación, desde el flete internacional y los anticipos entregados al agente aduanal hasta el costeo de las mercancías y su tratamiento fiscal al momento de la venta. También detalló los elementos que debe reunir un dictamen, entre ellos la identificación de las partes, la metodología empleada, el desahogo del cuestionario y los papeles de trabajo que sustentan las conclusiones. En este sentido, subrayó que la evidencia documental y los registros contables constituyen la base para que el análisis pueda ser valorado dentro de una controversia.
Al cierre de la sesión, Landín Quinto retomó la importancia de que las empresas mantengan trazabilidad, materialidad y razón de negocio en sus operaciones, particularmente en un entorno de fiscalización electrónica y análisis masivo de información. Ambos participantes coincidieron, desde sus respectivos planteamientos, en la necesidad de que el trabajo del perito se sustente rigurosamente en documentación y principios contables. Finalmente, se enfatizó que el dictamen es un instrumento auxiliar para el juzgador, quien tiene la facultad de valorarlo y determinar su alcance al resolver la controversia.
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El pasado 18 de agosto, la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio llevó a cabo el curso Presentaciones financieras con IA: del balance a la narrativa virtual, impartida por Alejandro Méndez Rueda, integrante de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero, y coordinada por Viridiana Gutiérrez López, integrante de la comisión organizadora.Durante su participación, Méndez Rueda explicó cómo la inteligencia artificial está transformando distintas actividades de la contaduría pública, desde la automatización de procesos hasta el análisis de información financiera y la generación de reportes.El expositor señaló que la incorporación de estas herramientas no depende únicamente de contar con tecnología avanzada, sino de disponer de datos de calidad, procesos consistentes y evidencia que permita respaldar las decisiones. En este sentido, comentó que tareas repetitivas como la captura de facturas, las cuentas por cobrar y pagar y las conciliaciones bancarias son algunas de las actividades con mayor potencial de automatización.Al hablar de auditoría, refirió que la IA permite analizar poblaciones completas de transacciones, en lugar de limitarse a muestras, facilitando la identificación de operaciones duplicadas, datos atípicos y posibles patrones de riesgo. Asimismo, explicó que estas herramientas pueden apoyar la elaboración de reportes, memorándums financieros y narrativas ejecutivas.El ponente, también habló sobre papel del criterio profesional. En ese sentido, Méndez Rueda enfatizó que la inteligencia artificial puede generar respuestas incorrectas con apariencia de certeza, por lo que los resultados deben ser revisados y validados por una persona. Destacó la importancia de utilizar instrucciones o prompts claros y estructurados para obtener resultados más precisos.Como parte de la exposición, ejemplificó el uso de herramientas como Copilot para procesar información financiera en Excel, así como para apoyar en la elaboración de propuestas de pólizas, notas explicativas y conciliaciones. A la par, advirtió sobre la importancia de proteger la privacidad, seguridad y confiabilidad de los datos utilizados por estas tecnologías.Finalmente, analizó la evolución del contador hacia un perfil más orientado al análisis y a la toma de decisiones estratégicas. Concluyó que la IA representa una herramienta para ampliar las capacidades del profesional, pero que la responsabilidad, la supervisión y el juicio profesional permanecen en manos del contador.
El 15 de agosto el Colegio fue sede del curso Características del sistema automatizado en actividades no financieras, con la intención de dar a conocer características, funcionalidades y requisitos indispensables de un sistema automatizado alineado a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A la cita acudieron Teresita del Niño de Jesús Mendoza Espinosa, socia fundadora de Diaso, una línea de sistemas de software diseñada para la optimización de procesos administrativos y el cumplimiento normativo empresarial; y Yessica Trujillo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero, quien además se encargó de la coordinación de este espacio.Para comenzar, Mendoza Espinoza comentó la relevancia de preservar el cumplimiento de estos sistemas automatizados debido a la reciente reforma del 7 de agosto de 2026 en la LFPIORPI, que establece obligaciones de implementación y operación para actividades vulnerables. Por ello, el primer paso de este curso de actualización fue definir qué es un mecanismo automatizado y de qué manera está regulado por el cuerpo normativo citado.Un mecanismo automatizado es un conjunto de procesos, sistemas o herramientas tecnológicas que permiten la revisión continua de actos u operaciones; según comenta la experta, estos sistemas pueden estar compuestos de diversas herramientas, como bases de datos u hojas de cálculo, pero deben contener funciones alineadas con la norma y deben ser verificables por la autoridad. Además, estos mecanismos deberán alinearse al capítulo XIII, artículo 41 de la LFPIORPI, por lo que la ingeniera Mendoza desarrolló los supuestos que debe cumplir un mecanismo automatizado entre los que destacó que los datos recuperados deben ser conservados y actualizados, con el fin de ser accesibles a lo largo del tiempo para sustentar operaciones previas; y la capacidad de emitir alertas sobre las operaciones con Personas Usuarias de Grado de Riesgo alto y Personas Políticamente Expuestas, con el fin de mantener vigilancia activa en los datos recuperados.Adicionalmente, se destacó la importancia de mantener un enfoque basado en riesgos (EBR) para la carga y procesamiento de la información de estos sistemas automatizados, con el fin de aprovechar la información como una herramienta estratégica de detección temprana de riesgos y no solo como un extractor y almacenamiento de información que no dirija la toma de decisiones.El curso continuó con la exploración de un sistema ejemplo que permitió a la audiencia identificar las mejores prácticas y posibilidades al alcance, como la determinación de monitores que permita al sistema alertar sobre excesos en transacciones o un cambio en la tendencia de las operaciones con cada cliente. Con este ejemplo, la experta señaló la importancia de que el sistema analice todas las operaciones para comparar e identificar riesgos, no solo aquellas que presenten anomalías, ya que las operaciones totales son las que permiten visualizar operaciones que salen de la media.
Este 13 de agosto, el Colegio llevó a cabo la octava edición del Foro de expertos en comercio exterior, un espacio dedicado al análisis y actualización profesional que reunió a especialistas y comisionados de la institución para abordar los principales retos que enfrenta México ante la evolución del entorno comercial internacional. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó la importancia de mantener una actualización permanente frente a las transformaciones que experimenta el comercio exterior.En el primer panel, Georgina Estrada Aguirre explicó que la incertidumbre derivada de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un factor que las empresas deben considerar en sus procesos de planeación, particularmente en materia de inversiones. Por su parte, Juan Antonio Castro Chávez analizó los desafíos relacionados con la fiscalización y la defensa de las empresas ante los cambios normativos; sobre ello, destacó la necesidad de fortalecer la preparación jurídica y contable para atender posibles controversias.En tanto, Rosaura Aguilar Peña y Gerardo Canseco Romero centraron su participación en la manifestación de valor electrónica y sus implicaciones para el cumplimiento. Explicaron que este mecanismo resulta relevante para determinar el valor en aduana de las mercancías, base para el cálculo de impuestos y cuotas compensatorias, y precisaron que la responsabilidad principal de transmitir y realizar la manifestación corresponde al importador. Los especialistas señalaron que dicha manifestación busca fortalecer la trazabilidad y congruencia de las operaciones mediante la integración de documentación como facturas, comprobantes de pago, contratos y gastos incrementables. Asimismo, resaltaron la necesidad de coordinación entre las áreas legales, fiscales y de logística de las empresas, así como con agentes aduanales y asesores externos.En el tercer panel, Leticia Yamel y José Luis Ortiz discutieron la relevancia del T-MEC para México y los retos asociados con su proceso de revisión. Destacaron la relevancia del tratado para el crecimiento del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la posición de México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.En este contexto, señalaron la relevancia de sectores como el automotriz, agrícola, de maquinaria y equipo eléctrico, combustibles y productos médicos, cuyas cadenas mantienen interdependencia entre los tres países. “La revisión del tratado representa un desafío para la certidumbre de las inversiones y las operaciones comerciales”, precisó José Luis.Posteriormente, Sandra López y Blanca Hernández abordaron la función de los aranceles y las alternativas disponibles para las empresas con el propósito de reducir su impacto; al respecto, señalaron que estos impuestos cumplen funciones de recaudación, protección de la industria nacional y regulación del comercio.También comentaron que los aranceles pueden incrementar los costos de importación y afectar los márgenes de las empresas, por lo que presentaron mecanismos como el programa IMMEX, PROSEC, la regla octava, entre otros.De igual forma, se presentaron Balam Riquelme y Marco Antonio Martínez, quienes abordaron los medios de defensa a partir de las características del actual sistema judicial. En su presentación, explicaron en qué consisten las herramientas jurídicas con las que cuentan las empresas ante posibles controversias derivadas de actos de autoridad.El sexto panel fue dedicado al incremento de las sanciones y a las medidas para prevenir dichos actos, los cuales están previstos en los artículos 176 y 178 de la Ley Aduanera; para ello, Berenice Egure y Julián Luna hablaron sobre fortalecer los procesos de verificación y control interno, particularmente en la identificación de proveedores extranjeros, validación de domicilios y correcta integración de la información relacionada con las operaciones.Los especialistas precisaron que “las empresas deben verificar previamente que las mercancías no estén sujetas a prohibiciones de importación o exportación y establecer controles sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a cada fracción arancelaria”.Finalmente, Gloria Rocío Estrada y Alberto Ruiz Rioja versaron sobre los cambios en la figura del agente aduanal y sus efectos en las operaciones contables. Los especialistas detallaron que la patente constituye la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a una persona física para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los distintos regímenes aduaneros.Explicaron la función del agente como representante legal de los importadores y exportadores, e informaron que su responsabilidad no se limita a facilitar los trámites administrativos, sino que comprende obligaciones fiscales, aduaneras, civiles y, en determinados supuestos, penales.
