En el marco de los procesos electorales en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una guía dirigida a quienes realizan actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Aunque no genera nuevas obligaciones normativas, esta guía propone lineamientos clave para reforzar los sistemas de control interno, fortalecer los esquemas de monitoreo transaccional y elevar el nivel de escrutinio en operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de origen ilícito canalizados con fines político-electorales. En ese contexto, el presente documento busca impulsar una cultura de cumplimiento más robusta, ética y estratégica, que permita a los especialistas anticipar riesgos y proteger la integridad de las operaciones de sus clientes y organizaciones.
La convergencia entre recursos económicos, estructuras políticas y dinámicas de poder durante los procesos electorales representa un escenario de alto riesgo en materia de lavado de dinero. En esta línea, las campañas políticas, la contratación de proveedores, las aportaciones ciudadanas y las operaciones de promoción del voto generan múltiples puntos de exposición para la infiltración de capitales ilícitos.
En consecuencia, la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han señalado la importancia de que los sujetos obligados refuercen sus mecanismos de prevención, identificación y reporte de operaciones atípicas en estos periodos. Sin embargo, no basta con cumplir la norma; es indispensable comprender el entorno, anticipar los riesgos y actuar con un enfoque preventivo que combine técnica, ética y sentido de responsabilidad social.
La Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales, emitida por la UIF y el SAT, tiene como objetivo proporcionar directrices prácticas para que los sujetos obligados refuercen sus mecanismos de prevención y detección de operaciones sospechosas en el contexto electoral. Aunque no impone nuevas obligaciones legales, la guía enfatiza la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos, especialmente durante los periodos electorales, en los que aumenta la posibilidad de que recursos ilícitos sean canalizados hacia actividades políticas.
La adopción de estas recomendaciones permite fortalecer la resiliencia institucional, blindar a las organizaciones frente a riesgos reputacionales y demostrar un compromiso activo con la transparencia y la integridad.
El especialista en PLD/FT es una figura clave en la implementación de medidas preventivas durante los procesos electorales. Sus responsabilidades incluyen:
La guía identifica diversas señales de alerta que deben ser consideradas por los especialistas en PLD/FT, entre las cuales destacan:
Estas señales no implican necesariamente la comisión de un ilícito, pero sí deben motivar un análisis exhaustivo y documentado, así como, en su caso, la presentación de reportes ante las autoridades competentes.
Para mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero durante los procesos electorales se recomienda:
La PLD en contextos electorales es un reto que exige una mirada crítica, una postura firme y una acción estratégica por parte de los especialistas en PLD/FT. Lo anterior se debe a que los procesos electorales no sólo son una manifestación de la vida democrática del país, sino también una ventana de oportunidad para que estructuras delictivas busquen inyectar recursos ilícitos en campañas, partidos o actores políticos, con el objetivo de influir en decisiones de poder o legitimar activos de procedencia ilegal.
En este escenario, el rol del especialista en PLD/FT se convierte en una primera línea de defensa, una barrera técnica que debe estar atenta a los detalles y ser consciente de los riesgos. No se trata únicamente de cumplir con una obligación normativa, sino de blindar a las organizaciones frente a la posibilidad de verse involucradas —incluso de manera indirecta— en esquemas de financiamiento electoral ilícito, con las graves consecuencias legales, reputacionales y operativas que ello conlleva.
Adoptar las recomendaciones de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales implica fortalecer los controles internos, actualizar los modelos de riesgo, capacitar al personal y establecer protocolos de actuación claros y efectivos. La aplicación de la debida diligencia reforzada, la identificación de señales de alerta específicas y la presentación oportuna de reportes de operaciones inusuales son herramientas clave para proteger a las instituciones, a los clientes y al sistema financiero en su conjunto en contextos electorales.
La prevención no puede esperar a que los riesgos se materialicen. Seamos proactivos, estratégicos y, sobre todo, guardianes de la legalidad en tiempos en que la tentación del dinero fácil acecha cada día.
Cámara de Diputados, 20 de mayo de 2021, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 2025, de Cámara de Diputados: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2021, Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales, 2025, de Colegio de Notarios el Estado de Veracruz: https://notariosveracruz.mx/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-ELECTORAL.pdf